Política criminal (México-Chile)

“Sólo somos abogados, no filósofos. El derecho tiene su propia disciplina, su arte específico. Cuando vas a la facultad de derecho te enseñan lo que es pensar como un jurista, no como un filósofo. Los juristas no intentan decir grandes cuestiones conceptuales de la teoría ética o política. Deciden cuestiones concretas al por menor, una por una, de una forma más limitada y circunscrita. Sus herramientas de argumentación no son aquellas imponentes que se encuentran en los tratados de filosofía, sino los más caseros y confiables métodos del análisis textual detallado y la analogía” 

Ronald Dworkin

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  • Articulo “Política Criminal (México y Chile)”, en coautoría con el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Marco Antonio Medina Ramírez (Chile), Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, México, 2011, IIJ-UNAM, Julio-Diciembre, Número 18, pp. 163-214, ISSN: 1870-0586.

Esta publicación aborda acertadamente a mi juicio, una de las cuestiones fundamentales que surgen a propósito de la modernización del Estado en el ámbito de la justicia, la siempre olvidada y menospreciada Política Criminal en la ejecución penal.

Efectivamente el Estado se ha esmerado los últimos diez años en transformar dramáticamente el modelo de gestión de la justicia penal. La inversión de recursos comprometida en la tarea progresiva de implementación del nuevo sistema que permitió pulir y afinar distintos aspectos de la investigación y del enjuiciamiento, derivó en el reconocido éxito de la reforma procesal chilena.

Este cambio radical ha servido de inspiración a otros países (incluyendo a México) de la región para emprender el mismo camino, por este motivo Chile ha recibido innumerables delegaciones de expertos, operadores y responsables de los sistemas de justicia del continente e incluso más allá de los océanos.

La gran obra levantada prácticamente desde cero ya disfruta de una consolidación que parece alejar el fantasma de los movimientos de contra reforma que siempre estuvieron presentes a la hora de defender el sentido modernizador y de apego a la normativa internacional del debido proceso como expresión del respeto y promoción de los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos.

La magnitud de la empresa indefectiblemente dejó en el camino aspectos que se supusieron de segundo orden y sobre los cuales –se estimó- no se debían desperdiciar energías. Uno de estos temas fue la construcción de una política pública moderna y respetuosa de los derechos de las personas condenadas.

La nueva institucionalidad hasta la fecha sigue conviviendo con un código penal sustantivo de más de cien años que a menudo sufre enmiendas ‘actualizadoras’ que cohabitan a su vez con leyes especiales que expanden el ya frondoso alcance del instrumento penal de control social. Este fenómeno reconocido en muchos países ha tomado mayor fuerza como consecuencia de la influencia de movimientos conocidos como de ‘ley y orden’.

Parecen ser días complejos para la aspiración del Derecho Penal liberal de construcción sistémica de figuras penales y castigos que respondan a la efectiva y jerarquizada  tutela de bienes jurídicos.

Las cárceles permiten neutralizar a la manzana podrida por el tiempo de la condena, fin meramente retributivo que paradojalmente y al mismo tiempo es rechazado como pesada carga de recursos fiscales.

El nuevo sistema de justicia imprimió una velocidad al castigo nunca antes vista y como consecuencia de ello rápidamente colapso el aparato carcelario y todas sus instituciones anexas. Este aspecto es necesario abordarlo de manera urgente, tanto porque es sin duda constituye una urgente problemática de violación de los Derechos Humanos, sino también porque los elevados índices de reincidencia entre las personas privadas de libertad es cada vez mayor.

Las sanciónes privativas de libertad afectan no solo al preso sino a un extendido grupo familiar y social. Este sector creciente de la población, los más pobres entre los pobres, están sujetos únicamente a la autoridad administrativa que actúa sin contrapeso alguno, sin posibilidad de reclamo afectivo, ajeno por lo general al poder tutelar de la jurisdicción.

Esta publicación atiza mi inquietud por proyectar, que mi labor desde el estrado como la de mis colegas no sea un final, sino el comienzo de una nueva y justa etapa que no reniegue de los principios y aspiraciones de un Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Cristián Soto Galdames

Juez 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de Chile

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