La Nueva Ley de Amparo

ley (1)

01 de abril de 2013

-No todos los conceptos pueden ser definidos,
pero tampoco todos “necesitan” serlo.
Hay aproximaciones a las definiciones de ciertos conceptos
y éstas son en parte “descripciones”-
Kant, Lógica.

Darle seguimiento a esta y a otras reformas, con los avances tecnológicos actuales, ha resultado verdaderamente sencillo, pero incluso con tales avances es el turno de enfocarnos y avocarnos al intercambio de ideas y sobre todo estar en la mayor disposición para recurrir con humildad a la siempre necesaria y constante capacitación para su correcta asimilación.

En lo personal, considero que desde la creación del Juicio de Amparo en 1840 y contemplando sus posteriores reformas hasta la actualidad, siempre había estado vinculado a la lógica de las garantías individuales. Pero, ahora con la promulgación el día de hoy de la Nueva Ley de Amparo, deberemos vincularla con la lógica de los Derechos Humanos en un doble ámbito Nacional e Internacional.

De igual forma habremos de advertir que para su asimilación no bastara con una somera lectura para comprender en su justa dimensión los conceptos, las nuevas instituciones que contempla y la lógica en que subyacen, congruentes con lo establecido en la reforma de 06 de junio de 2011, realizada por el Constituyente Permanente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modifica diversos ámbitos de manera sustantiva y considero que consolida su función histórica y el matiz que lo distingue, es decir el instrumento más noble que tutela todo el ordenamiento jurídico nacional.

Si bien, nos resulta apasionante estudiar la concepción histórica del juicio de amparo, al día de hoy, de igual forma debemos estudiar su evolución y consolidación bajo la lógica y protección de los derechos humanos. Tanto para la protección que otorga en lo individual como en lo social.

En este contexto, considero sumamente acertado que se haya tomado en cuenta la experiencia de nuestros Tribunales y devenga en causales precisas de improcedencia en determinadas materias e hipótesis.

Respecto al ámbito Internacional citado al inicio, no debe preocuparnos, puesto que los avances de nuestros juristas en esta materia han sido de tal envergadura que han propiciado su consolidación en el sistema Interamericano e Internacional de forma general, para comprender mi aseveración  basta con revisar meticulosamente la doctrina y los siguientes Instrumentos Internacionales:

a) Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, que en su artículo 25 a la letra establece:

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

b) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, que en su artículo 2º fracción tercera, a la letra establece:

“Cada uno de los Estados en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales [. . .]”

c) Declaración Universal de los Derechos del Hombre, expedida en París el 10 de diciembre de 1948, y que en su artículo 8º a la letra establece:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucional o por la Ley”

d) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, expedida en Bogotá en mayo de 1998, y en su artículo 18º a la letra establece:

“Toda persona puede ocurrir ante los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”

La evolución natural e histórica de nuestro Juicio de Amparo nos obliga a estudiar con renovados bríos su nueva estructura, instituciones y conceptos, pero sobre sobre todo su consolidación como el medio de defensa por excelencia para tutelar adecuadamente los Derechos Humanos.

Publicado por Armando Juårez Bribiesca (autor) desde WordPress para BlackBerry