El Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones

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“Los Derechos Humanos no se detienen ante los muros de las prisiones”

NIMROD MIHAEL CHAMPO SÁNCHEZ

ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA

La figura del juez de vigilancia y de ejecución de sanciones –como uno de los productos más destacados de la reforma constitucional en materia penal de 2008– requiere todavía de muchas horas de discusión y reflexión, sobre todo en el ámbito del Derecho Comparado. Para los autores de este estudio, el primero profesor del INACIPE, y el segundo asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, buena parte del éxito de esta institución tendrá como base la formación interdisciplinaria de las personas que ocupen dichos cargos.

I.- INTRODUCCIÓN.

 

El tema que hoy nos ocupa, es la figura jurídica denominada Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones. Si bien, las reformas en el sistema penitenciario han producido cambios importantes en las instituciones a nivel normativo, se ha logrado muy poco en el plano fáctico, por lo que la percepción de lo logrado es bastante desalentadora. Consideramos esencial, realizar un análisis que, sin pretender agotar el tema de forma exhaustiva por su complejidad. En una primera parte, realizaremos una breve referencia de la política criminal, en virtud de la importancia que implica su implementación práctica[1]. En una segunda parte se esbozará, con la debida brevedad, el modelo tradicional del procedimiento penal, la ejecución de la pena en general, y la competencia que hasta antes de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, se le adjudicaba a la autoridad administrativa en materia del sistema penitenciario.

Asimismo, en una tercera parte, se hará una somera referencia en el derecho comparado sobre la figura del juez de ejecución de sanciones, analizando someramente algunos países que ya contemplan esta figura. Finalmente En un cuarto punto, se analizará el desplazamiento de las competencias que antes recaían en las autoridades administrativas y el desplazamiento de dichas competencias al Juez de Ejecución de Sentencia y/o Juez de Vigilancia de Ejecución de Sanciones. Se plantean las competencias que debe poseer el juez de ejecución de la pena, teniendo en cuenta que, el marco normativo secundario no se ha desarrollado en nuestro país.

Es considerado por muchos, que el proceso penal concluye con la firmeza de la sentencia condenatoria, cuando en realidad falta, aún, que la sentencia sea ejecutada. Sin duda existe un divorcio entre el objetivo del juez y el de las personas o instituciones que aplican la sanción dentro del régimen penitenciario. Queda claro que la finalidad de la pena impuesta por el Juez de sentencia (si es que acaso la tiene) se ve burlada, por el sistema penitenciario que contradice los proyectos de una sentencia condenatoria realmente humanizada.

 

II.- POLÍTICA CRIMINAL

 

Esta comprende el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal[2]y, como tal, forma parte del conjunto de la actividad política de una sociedad. En este sentido, la política penitenciaria es la parte de la política criminal que se ocupa de regular el uso de la privación de libertad, tanto preventiva como con carácter sancionador. A su vez, por política criminal puede entenderse la política respecto del fenómeno criminal, la que no sería más que un capítulo de la política general.

Las normas que articulan el sistema penitenciario, en cualquier ordenamiento jurídico, son determinadas por la política criminal que se pretenda. En nuestro ordenamiento legal, hasta hoy, un rasgo común es que el juez sólo se limita a tomar la decisión y, luego, es otra institución quien se ocupa de ejecutar la sentencia; Por esta situación, los condenados a prisión, han carecido de medios de defensa jurisdiccionales en contra de las arbitrariedades de las autoridades penitenciarias dependientes del ejecutivo.

En este sentido, la dogmática jurídico-penal –por influencia de Claus Roxin– establece la necesidad de que los conceptos jurídicos-penales se construyan conforme a un sistema que se caracterice por su orientación, por decisiones valorativas, pero sobre todo, por criterios político-criminales; sustentado en la claridad, certeza y orden conceptual, referenciado a la realidad y orientación de las finalidades que pretenda obtener la política criminal, básicamente el ius puniendideberá orientarse al respeto de la persona y su dignidad.

Históricamente arraigado y acorde a Derecho, la facultad de la ejecución de las penas corresponde a la autoridad administrativa; a ella se ha conferido llevar a cabo el cumplimiento y el otorgamiento de beneficios, por ejemplo, preliberacionales, sin que dichas atribuciones estén sujetas a control judicial. Dichas circunstancias, que en determinado momento se confronta con el enfoque garantista, han dado la pauta a consecuentes violaciones de Derechos de los internos. Lamentablemente esta práctica forma parte de la cotidianeidad del sistema jurídico carcelario aun en vigencia en nuestro país, no obstante los compromisos internacionales adoptados por México como, la proclamación de Derechos Humanos, convenciones, reglas y principios concernientes a la privación de la libertad.

En este sentido, destacamos la necesidad de establecer “un control judicial sobre la pena”, lo que implica necesariamente –como eje prioritario–, “constituir al condenado como “sujeto”de la ejecución que puede reclamar en forma contradictoria durante el desarrollo de la ejecución penal.

 

III.- PROBLEMÁTICA ACTUAL

 

El grado de Democratización de un Estado (en otras palabras, el grado de su desarrollo como Estado Democrático de Derecho) puede medirse echando una mirada al proceso penal. En este orden de ideas tenemos diversos factores que influyen en la medición de la calidad de nuestro proceso penal. La institución que nos ocupa, adquiere relevancia trascendental, ya que sin duda alguna, la fase de ejecución de las sanciones penales, es el momento adecuado, en que se ejerce el poder punitivo estatal con mayor vigor y desenfado, cuando mayor descarga de violencia se le imprime; en este sentido Gabriel Bombini opina: “(…) por lo tanto más que nunca los conceptos jurídicos que se desarrollen deben construirse sistemáticamente en función de los principios de respeto y dignidad de la persona, (…) y conforme el esquema de principios fundamentales de ellos derivados que forman el marco normativo constitucional para la aplicación de las penas con el objeto de minimización de la violencia estatal”. [3]

Desde la perspectiva del procedimiento penal, el modelo tradicional establece que la ejecución de la pena, en general, es competencia de las autoridades administrativas, lo que conlleva diversos problemas como: los amplios márgenes de discrecionalidad de las autoridades administrativas penitenciarias; la difusa transparencia que impera en su operación; la carencia de recursos humanos, financieros e infraestructura del sistema penitenciario mexicano; una sobrepoblación preocupante, entro otras[4].

La situación histórica y actual de nuestras cárceles debe ser considerada indigna de la condición humana, sobre todo con vistas a la alimentación, asistencia sanitaria, género y situación social en particular. Este estado de cosas es tanto más preocupante si se considera que hay más personas en prisión preventiva que sentenciadas.

La óptica correccionalista vigente que, como hemos visto, se pretendió implementar ha denotado, desde nuestra perspectiva, un rotundo fracaso. Las leyes federales efectivas que regularían la ejecución integralde las penas privativas de libertad, han brillado hasta ahora por su ausencia, impidiendo el efectivo cumplimiento de reinserción social de los sentenciados. La cual debe ser superado por una concepción que establezca un eficaz sistema de ejecución de penas en su conjunto, con la finalidad de establecer un marco normativo que permita la reinserciónde los sentenciados, respetando sus garantías.

La necesidad de implementar una figura que garantice los Derechos Humanos de los internos es un imperativo real, concreto e impostergable. Para subsanar la deficiencia que ha implicado la omisión de atender el efectivo cumplimiento de la sanción impuesta por virtud de sentencia firme. Es un compromiso que debemos cumplir de manera integral, para alcanzar el fin de la pena, esto es, la reinserción social. Precisamente, una forma de intentar ayudar a remediar estos problemas (no la única) es la figura del Juez de Vigilancia de Ejecución de Sanciones, cuya figura se vislumbra ya, después de la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, que modifico, entre otros, el artículo 21 de nuestra Carta Magna, para quedar como sigue:

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duraciónson propias y exclusivas de la autoridad judicial.”

A este respecto, el Dr. Sergio García Ramírez opina que la figura no ha sido incluida en el marco constitucional de manera expresa, no al menos en la redacción del artículo 18 que sería su sede natural. El legislador debió ser explícito en el establecimiento de la figura y determinación suficiente de sus atribuciones y características, ya que sus funciones van más allá de precisar modificaciones y tiempos penales, sino que involucran la resolución de diversos puntos controvertidos y cuestiones concernientes a los derechos del sentenciado.[5]Existe ya una propuesta de Reforma Constitucional en el que se adiciona un décimo párrafo al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18.-…

 

“Las leyes locales establecerán las funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien será nombrado por los Órganos Jurisdiccionales y fungirá como garante de la ejecución penal, fiscalizando la actividad penitenciaria y velando por los derechos de los internos[6].”

 

 

IV.- DERECHO COMPARADO

 

En el Derecho Constitucional comparado, existe la figura del Juez de Ejecución de Sanciones, Argentina y España, entre otros, son países que ya contemplan esta institución con diferentes denominaciones, otorgándole diversas facultades y atribuciones. La piedra de toque de todas estas reformas es la fiscalización de la ejecución de la pena.

De acuerdo con la institución española elJuez de Vigilancia Penitenciariafue introducida al sistema en 1976 por la Ley Orgánica 1/1979 y, desempeña muchas de las funciones que se requieren en nuestro país; éste tiene atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario pudiesen producirse.

De manera que tiene facultades para tomar las decisiones e implementar las medidas necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo. Así también resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan. Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena y aprobar las sanciones de aislamiento en celda.

La citada Ley Orgánica configura a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, como los órganos jurisdiccionales a los que corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pueden producir en el cumplimiento de aquéllas; completándose así, en términos jurídicos, la totalidad de las facetas que componen modernamente la política criminal, bajo el control jurisdiccional.

Los objetivos esenciales de la institución del Juez de Vigilancia Penitenciaria es velar por las situaciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales de las personas sentenciadas al constituir un medio efectivo de control dentro del principio de legalidad y una garantía de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata, pues, de un control que se lleva a cabo por órganos judiciales especializados y que constituye una pieza clave del sistema penitenciario para garantizar el respeto de los derechos de los internos.

En Argentina este tema está vinculado a la existencia de un derecho ejecutivo penal, distinto del penal y del procesal penal. La ejecución procesal penal por ejemplo distingue entre el tribunal del juicio –el que dictó la sentencia- y el tribunal de ejecución. Por otra parte, el ordenamiento jurídico establece la competencia del juez de ejecución penal, con expresas facultades de control de raigambre constitucional referidas al trato de los detenidos, obligaciones que debe cumplir el imputado en los casos de suspensión del procedimiento o prueba, cumplimiento efectivo de las sentencias de condena, resolución de las sentencias de condena, resolución de los incidentes y a la reinserción social de los liberados condicionalmente.

El juez de ejecución penal ocupa el cargo para solucionar los problemas que pueden aquejar a los internos y también al personal penitenciario en relación con ellos. Respecto a la aplicación de la pena, se pretende que no quede en manos exclusiva de la autoridad penitenciaria, esto es, en la órbita administrativa. Para lograr su objetivo, el Juez es asistido por un secretario y un grupo interdisciplinario integrado por especialistas en medicina, psiquiatría, psicológica, sociología, asistencia social y en su caso, antropología. En estos casos, que utilizamos como ejemplos, la implementación de la judicialización penitenciara ha evidenciado una serie de dificultades que, a juicio del Profesor Mapelli Caffarena,[7] es un proceso inconcluso por los siguientes problemas:[8]

  1. Desde el plano competencial, No existe un claro deslinde de las competencias del juez y las atribuciones de la Administración Penitenciaria.

  1. Desde el plano procedimental, se carece de una ordenación legal del procedimiento a seguir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; además se niega la legitimación activa a las víctimas para instar la revisión de las decisiones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de la pena de prisión, y a la Administración Penitenciaria para postular la revisión de las resoluciones del aludido juez referentes al régimen y el tratamiento penitenciario.

  1. Desde el plano de formación y requisitos necesarios, no se prevé una formación específica del Juez de Vigilancia Penitenciaria en ciencias criminológicas y victimológicas, a pesar de la naturaleza transdiciplinaria de las materias sujetas a su examen.

 

 

V.- EL JUEZ DE VIGILANCIA Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES

El reconocimiento de la institución del Juez de Vigilancia Penitenciaria y/o Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones, en nuestro sistema jurídico debe ir acorde con la más avanzada filosofía del respeto por los Derechos Humanos, con lo cual, en definitiva, se cumpliría con el principio de que “el derecho no se detiene ante los muros de la prisión“.

Es necesario también partir del principio de que el cumplimiento de una sentencia significa: en primer lugar, el sometimiento pleno a la ley y al derecho y, en segundo lugar, que su inobservancia constituye un incumplimiento a la propia Constitución.

En este sentido primeramente debemos tener en cuenta la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia penal. En esta se ha replanteado ya la política criminal. Esto impulsado por la tendencia garantista que supone reducir las penas, pretendiendo ampliar el catálogo de sanciones, descriminalizar conductas, e implica la manifestación en contra de la pena de muerte y la cadena perpetua. Lo anterior nos lleva a replantear el régimen jurídico de la ejecución de sanciones, y la asimilación en nuestra Carta Magna de la figura del juez de vigilancia de ejecución de sanciones. Por lo que discutir el éxito de la reforma, no es un tema para el que tengamos tiempo ahora, el tema radica en buscar una implementación eficaz de la institución que nos ocupa. Ya que su introducción permitirá, sin lugar a dudas, limitar la discrecionalidad y omisión, de las autoridades administrativas, sujetando su actuación a un adecuado control jurisdiccional, así como asegurar una aplicación efectiva y adecuada de la sanción. Evitando a su vez violaciones a los derechos fundamentales de los internos.

Otro tema, es la obligación que tendrá el juez de dar plena vigencia a la aplicación de la sanción penal; lo cual implicara el propósito de salvaguardar los derechos de los internos primordialmente, con miras a ofrecer un mecanismo de control jurisdiccional de la actividad penitenciaria[9], esté Juez es un funcionario judicial que está encargado de asegurar los derechos del sentenciado en caso de abuso de los empleados de su custodia.

Así mismo, dicho funcionario tendrá la jurisdicción de controlar la legalidad de las decisiones que las demás autoridades penitenciaria tomen cuando las mismas no estén contenida en la sentencia y vigilara la aplicación de las sanciones de carácter disciplinarias en el recinto carcelario. Sus funciones se concentraran en la etapa de aplicación de la sentencia, y no se debe omitir considerar que el fin último del proceso penal, es conseguir la reinserción del sentenciado a la sociedad. Y este proceso de reinserción necesariamente deberá comenzar al momento que el sentenciado comienza a cumplir con su condena, lo cual implica la participación tanto del interno como de los profesionistas que intervienen en el Consejo Técnico Penitenciario, que estarán en coordinación con el Juez de ejecución de Sentencias.

Un problema interesante surge, cuando el Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones, se constituye en la instancia de vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables, en este caso deberá velar por el respeto a los valores constitucionales a escala de la ejecución de penas. De conformidad a un sistema garantista el condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan e incluso los tratados internacionales. De tal forma que podrá plantear ante el tribunal que corresponda las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas, estime convenientes. Con esa finalidad lo relativo a las fijaciones sucesivas de pena, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia del tribunal, que procederá siempre basando su criterio en los informes y recomendaciones del personal profesional carcelario.

El Proceso Penal entonces, no termina, con la pena impuesta en la Sentencia del Tribunal de Juicio, si no que el Ministerio Público, el querellante, el condenado y su defensor podrán plantear, ante el Juez de Vigilancia y de Ejecución Sanciones, incidentes relativos a la ejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad. Durante el trámite se deberá permitir incorporar elementos de prueba e inclusive, el tribunal, tendrá la posibilidad, cuando sea posible, ordenar una investigación sumaria.

De igual forma y durante el trámite de los incidentes, el tribunal de ejecución de la pena podrá ordenar la suspensión provisional de las medidas de la administración penitenciaria que sean impugnadas en el procedimiento, si lo considera oportuno; pudiendo hacer comparecer, ante sí, a los sentenciados o internos (según sea el caso) y/o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control.

En los casos en que se tenga una libertad condicional, el Juez deberá tener las facultades para imponer las medidas que considere pertinentes para lograr la reinserción social. Atribuirle el papel de resolver cuestiones consistentes, en vigilar la adecuada ejecución de las sanciones con base en el principio de legalidad y con estricto apego a la protección de los derechos humanos y garantías de los sancionados; resulta en una ambiciosa transformación y creación de dicha  institución.

  

V.- CONCLUSIONES.

  1. Es evidente que el sistema penitenciario no funciona correctamente en nuestro país, existen problemas muy graves dentro de las instituciones en las cuales se cumplen las penas privativas de libertad, tales como: sobrepoblación, tráfico y consumo de drogas, violencia, privación de derechos, corrupción, por mencionar algunos. Por estas razones es necesario replantear la política criminal, no sólo a nivel penitenciario, sino de manera general y, así, intentar terminar con la separación que hoy existe entre el Derecho Penal –en especial con los conceptos de la teoría del delito– y el Derecho Penitenciario.
  2. La Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008 abrió la puerta para considerar con atención urgente la discusión de la implementación del Juez de Vigilancia de Ejecución de Sanciones. Dicha discusión es necesaria,  ya que es ineludible considerar la forma  en la que dicha figura será llevada a la práctica. La creación de dichos jueces obliga necesariamente a determinar facultades y atribuciones de manera minuciosa en la legislación secundaria para incorporarlos a la carrera judicial. En consecuencia se deben reformar nuestra Carta Magna en el sentido de incluir, de manera expresa, la figura para integrarlos a nuestro sistema jurídico.
  3. Será de mucha utilidad tomar como referencias, mediante el estudio del derecho comparado, las experiencias y buenas prácticas de otros países, sin olvidar que no se debe pensar de forma simplista y que solo se trata de copiar figuras jurídicas y aplicarlas en nuestro país sin ningún tipo de estudio sociológico, político, jurídico, etc. al contrario, se deben realizar dichos estudios para que se permita su efectiva implementación en nuestro sistema y cultura jurídica. Precisamente, las incursiones que en derecho comparado existen, refiriéndonos en concreto a los casos de España y Argentina nos permiten vislumbrar la gran brecha que aún permanece entre lo que pretenden las leyes y la realidad. Esto dicho por que las leyes que establecen las atribuciones y facultades del Juez de Vigilancia Penitenciaria tienen un deficiente funcionamiento en la práctica, al final se tiene una reforma con un proceso inconcluso, ya que a pesar de existir la figura del Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones no tiene la preparación transdisciplinaria que se requiere, lo que evita la reinserción social óptima e integral del condenado.

 

[1]Reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública; publicada en el Diario oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

[2]BINDER, Alberto, Justicia penal y Estado de Derecho, AD-HOC, Buenos Aires-Argentina, 1993. p. 82.

[3]Disponible en: http://www.cejamericas.org/doc/documentos/judicalizacion_pena.pdf, p. 3.

[4]GARCIA RAMÍREZ, Sergio, El sistema penal, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, Colección: estudios jurídicos, pp. 460-500.

[5]GARCIA RAMÍREZ, Sergio. La reforma constitucional penal. ¿Democracia o Autoritarismo?, 2ª Ed., México, Porrúa, 2009. pp. 191 y 192.

[6]http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=11294&lg=60

[7]MAPELLI CAFFARENA, Borja. Práctica Forense Penitenciaria. Madrid, España. Civitas. 1995, passim.

[8]En este mismo sentido: SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Ignacio José. El juez en la ejecución de las penas privativas de libertad. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2005, núm. 07-11, p. 11:1 -11:20. Disponible en internet: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-11.pdfISSN 1695-0194

[9]El proyecto del Senado al que anteriormente nos referimos tomo como modelo, el sistema de jueces de aplicación de condenas existentes en otros países de Latinoamérica denominado como Juez de Vigilancia Penitenciaria.

  • Artículo “El Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones (link)”, en coautoría con el Maestro Nimrood Mihael Champoo, Revista de Ciencias Penales Iter Criminis, México Distrito Federal, núm. 18, cuarta época, Noviembre-Diciembre 2010, pp. 27-37, ISBN 1665-1464.

 

Publicado por Armando Juårez Bribiesca (coautor) desde WordPress para BlackBerry

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