Prisión vitalicia


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“Lo esencial para la dicha, es la completa dignidad en el sentimiento, incluso en el dolor” 

Augusto Comte

I.- Introducción. II.- La perspectiva comparada: España. III.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su interpretación en torno a la prisión vitalicia. IV.- Conclusión

 

I.- Introducción

Debemos considerar que el análisis realizado por una sola rama del conocimiento respecto del tema que nos ocupa, deviene en un esfuerzo inconcluso que debilita la conformación de instituciones y de los conceptos; e incluso da la pauta para desvirtuar las investigaciones al fomentar perspectivas divididas o que incluso se pueden contraponer. Y de lo que en el fondo se trata, es de armonizar los procesos de conformación de soluciones que en conjunto permitan reorientar y reconfigurar coherentemente la política criminal y las políticas públicas que entraña el principio de reinserción social.

En este sentido, la institución de la prisión vitalicia implica considerar el abuso desenfadado y arbitrario del ius puniendi en el ámbito penitenciario, realidad que no paso desapercibida por el Constituyente Permanente el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, quien advirtió que la anterior lógica en torno a la privación de la libertad, consideraba “correcto” que la persona debía ser sometida a un determinado trato desde la perspectiva moral o médica (en un inicio la regeneración social y posteriormente la readaptación social). Los resultados que entrañan dichas pretensiones de “tratamiento” no han sido claros y, al final, las cárceles están llenas de gente procesada o pobre. Convirtiendo el ámbito penitenciario en las Universidades del crimen y potencializando la violencia que nos abruma.

La reforma al sistema de justicia penal nos da las bases para considerar que las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya no pueden ser degradadas y ser considerados como simples objetos que el Estado pretende transformar (del cuerpo o de la mente).

Lo anterior implica un impedimento real para materializar los Derechos Humanos con graves consecuencias negativas, que se pretenden superar de forma incipiente mediante la reinserción social (entendida como un conjunto de servicios que el estado otorga únicamente al sentenciado) para que las personas en prisión que acepten libremente los servicios contenidos en las políticas públicas penitenciarias y con base en el respeto a su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y el propio derecho a la dignidad personal.

Por otra parte, las omisiones o la ineficiencia por parte del Estado no deberán de entenderse como la base sobre la cual deba consolidarse en el futuro el uso excesivo de la prisión vitalicia o pretendiendo excusarse simplemente en el argumento de anteponer la seguridad de la generalidad.

Sin importar que la manifestación de la delincuencia resulte compleja (terrorismo o delincuencia organizada: homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud), se debe de respetar en todo momento la dignidad humana, lo que incluso es acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

“Artículo. 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.

(…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El mandato de respetar la dignidad humana implica que el delincuente no puede ser considerado como un objeto en la lucha contra el crimen con base en violación a sus derechos, para ello se han establecido presupuestos básicos que igualmente se deben de respetar y que se encuentra en el artículo 22, párrafo primero de la Carta Magna, que a la letra establece:

“Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

En este precepto de nuestra Carta magna, encontramos el fundamento constitucional de las penas y del principio de proporcionalidad de las mismas. Elementos que se encuentra vinculados directamente con los principios básicos de la existencia individual y social de todas las personas.

La nueva lógica constitucional coincide con los instrumentos internacionales en Derecho Humanos suscritos por el Estado Mexicano, en los cuales se reconoce el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano exista una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como el derecho de vivir en, y con la dignidad de la persona humana.

Por tanto el valor superior de la dignidad humana, se constituyéndose como un derecho Humano y que es la base y condición de todos los demás derechos, a saber: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y el propio derecho a la dignidad personal.

El derecho a la dignidad permite proteger un ámbito mínimo de las personas privadas de su libertad, e impone la exigencia de que al restringir o limitar el derecho a la libertad no debe permitirse a ninguna autoridad transgredir la dignidad humana.

El ejercicio de los derechos humanos puede sufrir restricciones o limitaciones (modulaciones), de acuerdo a las necesidades del interés general que mediante el derecho penal del enemigo se pretendan imponer en una sociedad que se jacta de democrática. En este marco, el Estado Mexicano tienen la responsabilidad de establecer un marco jurídico claro, que limite en forma precisa cuales son las formas permitidas por la ley para restringir o limitar la libertad y proteger adecuadamente la dignidad, por parte de todos los servidores públicos para evitar cualquier injerencia arbitraria o abusiva por parte del Estado.

Todo Lo anterior se concatena con la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“PRISIÓN VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.

Si por pena inusitada, en su acepción constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a través del tiempo, pues ésta surgió en principio como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del daño causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, además, era intimidatoria; en el derecho romano constituyó una reacción pública, en razón de la ofensa; en el periodo científico, en Alemania, se estimó que el fin de la pena es una coacción psicológica, de donde surgió la teoría de la prevención general; para la escuela clásica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecléctica propone que la pena pública puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, segundo párrafo, después de analizar las iniciativas, dictámenes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garantía del sentenciado la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislación mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisión vitalicia, porque contraviene el fin último de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional.”

II. La perspectiva comparada: España

En ese punto, advertiremos que la discusión sobre la prisión vitalicia, ya ha sido abordada por el derecho comparado y para efectos de la presente reflexión España es un buen referente, puesto que, ya que tiene la experiencia respecto a la reconfiguración de la temporalidad máxima de una sanción privativa de libertad impuesta en sentencia firme por un Juez en el proceso penal.

Y ello es así, porque cuentan con una jurisprudencia de fecha de 8 de marzo de 1994, misma que establece como pena máxima los 30 años, previstos en el Artículo 70 de su Código Penal de 1973, con el agregado de que servía de “condena nueva y autónoma a la que era aplicable el beneficio penitenciario previsto por la ley”.

Posteriormente el Tribunal Supremo español modificó su jurisprudencia sobre beneficios penitenciarios (en particular la redención de la pena), de manera sui generis, en el fallo de fecha de 28 de febrero de 2006 e introdujo la llamada “doctrina Parot”, según la cual debía aplicarse la redención de la pena a cada condena de manera individual (impuestas en los diversos procesos al o los sentenciados), y no a la pena máxima de 30 años (cuyo reconfiguración es independiente e inmutable y no queda sujeta a beneficio alguno). Para entender esta última jurisprudencia debemos considerar las razones que la sustentan, que son básicamente las siguientes:

a) Una primera aproximación gramatical conduce al Tribunal Supremo tener presente que, en modo alguno, el Código penal considera la limitación de treinta años como una nueva pena, y que sobre ella se aplican las redenciones de que pueda beneficiarse el reo, sencillamente porque no dice eso;

b) Contrario con lo anterior: la pena y la condena resultante son dos módulos diferentes; la terminología del Código penal español se refiere a la limitación resultante con el término de “condena”, de modo que construye los diversos máximos de cumplimiento de tal condena con respecto a las respectivas “penas” impuestas, tratándose de dos módulos distintos de computación, que se traducen, conforme a la regla primera, en el cumplimiento sucesivo de las diversas penas por el orden de su gravedad, hasta llegar a los dos tipos de máximos que diseña el sistema (el triple del tiempo de la más grave de las penas que se le impusieren o, en todo caso, el aludido de treinta años);

c) Esta interpretación resulta también de la forma con que el Código se expresa, pues tras el referido cumplimiento sucesivo de penas, el sentenciado dejará “de extinguir [es decir, de cumplir] las que procedan [esto es, las siguientes en el orden citado] desde que la ya impuestas [cumplidas] cubrieren el máximum de tiempo predicho, que no podría exceder de treinta años”;

d) Que los referidos treinta años no se convierten en una nueva pena distinta de las anteriores impuestas al reo, se demuestra también porque la condena total resultante se encuentra englobada bajo los parámetros de un concurso real, resultado de la aplicación del art. 69 del Código penal estudiado (al culpable de dos o más delitos se le imponen todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, o sucesivo, por las reglas del art. 70), sin embargo en nuestro sistema jurídico solamente resulta una nueva pena distinta de las diversas infracciones cometidas, como consecuencia de la aplicación de un delito continuado (ex art. 69 bis, hoy 74), o de un concurso ideal (ex art. 71, hoy 77), cuya construcción dogmática en la moderna doctrina permite afirmar que resulta una nueva pena distinta y diversa de las correspondientes a las infracciones cometidas;

e) Teleológicamente, porque carecería de cualquier sentido que por el expresado camino de la acumulación se convirtiera en una nueva pena única de treinta años un amplio historial delictivo, igualando injustificadamente al autor de un solo delito con el condenado a una multitud de ellos, como es el caso enjuiciado. En efecto, carecería de cualquier lógica que por tal regla significase punitivamente lo mismo, cometer un asesinato que doscientos;

f) Si se solicitase la gracia de indulto, no podría ser sobre la condena total resultante, sino de una, varias o todas las penas impuestas, en cuyo caso informaría, como órgano sentenciador, el que la hubiere impuesto, y no el órgano judicial llamado a aplicar la limitación (el último de ellos), lo que evidencia que las penas son diferentes, y por si fuera poco, la regla primera del art. 70 del Código penal de 1973, determina cómo ser verifica en ese caso el cumplimiento sucesivo “por haber obtenido indulto de las primeramente impuestas”;

g) Y, para terminar con el razonamiento, procesalmente es lo que determina con toda claridad el art. 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues con esta operación lo que se hace es fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas (dicho así en plural por la ley), “determinando el máximo de cumplimiento de las mismas” (expresado de igual forma así de claro).

Por lo que la forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: comenzara por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante.

El sentenciado al ser fue puesto en prisión en 1990, deberá cumplir las penas que se le impusieron en los distintos procesos en forma sucesiva, computándosele los beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente, con un máximo de ejecución de treinta años, que se extenderá hasta el año 2020. En conclusión se acumulan todas las penas relacionadas para el cumplimiento sucesivo por el sentenciado, con la limitación de treinta años de prisión.

En este contexto, el Tribunal Constitucional abordó el grado de disponibilidad y previsibilidad de la legislación y la jurisprudencia. Ya que las disposiciones aplicables del Código Penal de 1973 eran algo ambiguas, y el 8 de marzo de 1994 fue cuando el Tribunal Supremo ofreció las primeras aclaraciones.

No obstante, la práctica de las autoridades penitenciarias y los tribunales españoles consistía en considerar la condena que se debía cumplir como resultado de la pena máxima de 30 años establecida en el Artículo 70 del Código Penal de 1973 como si fuera una condena nueva y autónoma, a la que se aplicaban beneficios penitenciarios tales como la redención de penas por trabajo. Consecuentemente, en la época de los delitos cometidos por la demandante y en la que se tomó la decisión de combinar sus condenas, la legislación española relacionada, incluida la jurisprudencia, en su conjunto, era lo bastante precisa como para permitirle comprender el alcance de la condena y su modalidad de ejecución.

III.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su interprtación en torno a la prisión vitalicia

La señora Del Río Prada demando al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional se había empleado para retrasar la liberación de presos de ETA (Doctrina Parot) y consideró que los principios aplicados por la Audiencia Nacional para calcular los beneficios penitenciarios de la demandante se habían basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en el fallo de 28 de febrero de 2006, una sentencia que tenía alcance general y, por tanto, era también aplicable a individuos que no eran miembros de ETA. Por consiguiente, se desestimó la queja de la demandante en virtud del Artículo 14 porque estaba manifiestamente mal fundada.

En consecuencia, la demandante no podía haber previsto que el método para calcular la redención de pena sería objeto de un cambio de la jurisprudencia (fallo del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006) que arrojaba dudas sobre la fecha de su puesta en libertad. El Tribunal reiteró que el principio de que la ley es la única que puede definir un delito y prescribir un castigo (no hay castigo sin ley), consagrado en el Artículo 7, que prohíbe expresamente que se haga una interpretación amplia de las leyes penales, en detrimento del acusado. La aplicación de la nueva interpretación del Tribunal Supremo había prolongado de forma retroactiva la condena de la demandante en casi nueve años, porque la redención de pena por trabajo realizado en prisión, de la que habría podido beneficiarse, se declaró inválida. Por tanto, esta medida no solo afectó a la ejecución de la condena impuesta a la demandante, sino que también tuvo una repercusión decisiva en el alcance del “castigo” según el significado del Artículo 7.

El Tribunal Europeo advirtió la ausencia de jurisprudencia anterior en la línea de la nueva interpretación del Tribunal Constitucional Español además, el Gobierno aceptó que la prisión y la práctica judicial seguían rigiéndose por el fallo de 8 de marzo de 1994 en el periodo en cuestión.

En este sentido, el Tribunal. Europeo de Derechos Humanos subraya que los tribunales nacionales no podían aplicar de forma retroactiva y en detrimento de las personas afectadas el espíritu de unos cambios legislativos producidos después de que se cometieran los delitos.

Por tanto, había sido difícil, si no imposible, que la señora Del Río Prada previera que el método para calcular la redención de pena iba a ser objeto de un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en 2006 y que ese cambio se le iba a aplicar de forma retroactiva, lo cual iba a suponer la prolongación sustancial de su periodo de encarcelamiento. En consecuencia, el Tribunal concluye que hubo una violación del Artículo 7.

Destacando que la señora Del Río Prada no impugnó la legalidad de su permanencia en custodia antes del 2 de julio de 2008, la fecha propuesta inicialmente para su puesta en libertad. Protestó por el hecho de que su detención se prolongara después de esa fecha.

Dado que la señora Del Río no había podido prever la aplicación retroactiva a su caso del cambio de jurisprudencia sobre el cálculo de la redención de penas, su detención dejó de ser “legal” el 3 de julio de 2008, en violación del Artículo 5 pár. 1.

En el presente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó la sentencia que rechaza la aplicación de la ‘Doctrina Parot‘ y consideró que España debía garantizar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad posible.

Aunque le correspondía al Estado demandado, bajo la supervisión del Comité de Ministros, escoger de qué forma iba a cumplir sus obligaciones en virtud del Artículo 46 (ejecución de los fallos), el Tribunal puede, en casos excepcionales, indicar el tipo de medida que debe tomarse para poner fin a la infracción descubierta.

IV.- Conclusión

En nuestro país, el debate en torno a la prisión vitalicia sigue los parámetros instaurados conforme al Sistema Interamericano, mismos que refieren que los fundamentos sobre la pena de muerte se encuentran superados, progresivamente y de forma sistemática, con lo que se advierte el agotamiento de los discursos tradicionales (populismo penal y la gestión punitiva de la pobreza) que justifican y determinan el tiempo de la imposición de la prisión como una pena (sin importar aún prevalece la perspectiva ilógica de imponer condenas que superan la ficción jurídica de hasta 300 años o tres cadenas perpetuas) y las condiciones de su cumplimiento. Lo que se contrapone con los principios y directrices actuales que sirven para determinar (en que cada caso en particular), cuando se transgrede la dignidad humana y por supuesto, los Derechos Humanos (que como ya en otra ocasión he referido: no se detienen ante los muros de las prisiones).

Publicado por Armando Juårez Bribiesca (autor) desde WordPress para BlackBerry

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