El Testigo Protegido

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En Analectas, Confucio declaraba: “Si gobiernas al pueblo por medio de leyes y los mantienes en orden por medio de castigos, ellos eludirán los castigos pero perderán su sentido de la vergüenza; pero si además gobiernas por medio de tu excelencia moral y los mantienes en orden por medio de tu conducta recta, ellos retendrán el sentido de la vergüenza y se pondrán a la altura de tu modelo

I.- Introducción

Por razones de política criminal y de utilidad en la lucha contra la delincuencia organizada, se ha justificado la utilización del testigo protegido y la reservación en el anonimato de su identidad en los distintos estados occidentales. En nuestro país, ésta institución ha sido utilizada de manera especifica en dos grupos de delitos, por su estructura organizada y permanente: La delincuencia organizada y se han realizado esfuerzos por definir jurídicamente hipótesis de terrorismo.

En este contexto, deberemos considerar la problemática que envuelve a la controvertida institución del testigo protegido y la reserva en el anonimato de su identidad, donde los argumentos esgrimidos hasta ahora subyacen en la sola obligación de resguardar personas y con ello la información prioritaria encaminada a la investigación de los delitos y de los delincuentes; si bien, se le considera una institución innovadora, realmente surge por el notorio avance de la delincuencia en el país y la corrupción.

Resulta clara la originalidad de la preocupación contemporánea, por prever al máximo las actividades de peligro por parte de la delincuencia organizada y los terroristas hacía el testigo, motivo que funda la necesidad de su protección, pero el aspecto que refier a la reserva de su identidad merece un tratamiento más amplio, esto dicho por la importancia de su declaración en el desarrollo de la investigación y del éxito del proceso penal.

Lo que me lleva a preguntarme lo siguiente: que tan cierto es considerar que la protección de determinados testigos y el resguardo en el anonimato de su identidad, debe entenderse como absoluta? Considerando el impacto en el proceso, el cual es muy grave, ya que actualiza una limitación en el derecho a la defensa del imputado y una transgresión al principio de contradicción, de igualdad de armas, y al debido proceso. Sin olvidar, que al mantener en el anonimato la identidad del testigo se genera, por un lado, la posibilidad de justificar una duda razonable o puede dar la pauta al error judicial.

Lo cierto es, que las condiciones para modificar el marco legal que refiere al tratamiento y protección de los testigos son propicias para ello, dando la pauta a la definición del rol de esta institución, el que muchas veces estará limitado por la participación de la víctima y del imputado, así como la identificación y definición de las amenazas reales y razonables de peligro a las que estará expuesta la integridad y seguridad de las personas que son testigos y declaran respecto de la comisión de un hecho delictivo.

Con lo que se actualiza el reto para el Estado Mexicano de reducir, prever y valorar al máximo la frecuencia de las situaciones graves de peligro, objetivo nada sencillo si se comprende lo anterior en el contexto del Debido Proceso (legal, constitucional y sustantivo).

II. Proceso Penal inquisitivo matizado o mixto

Tradicionalmente la protección ofrecida por el estado mexicano estaba dirigido a todas aquellas personas que se consideraba, se encontraban en una situación procesal especial (ya que en calidad de testigos están obligados a comparecer frente a los órganos judiciales del Estado), acorde con lo que establece el artículo 128, fracción segunda, del Código Federal de Procedimientos Penales, y el artículo 20 constitucional, apartado A (anterior a la reforma), por lo que las autoridades están obligadas a garantizar la protección de todas las personas sometidas a su jurisdicción, beneficio del cual gozan los testigos (En el debate legislativo se consideró, que un programa integral permitirá evitar que quien fuera víctima de la delincuencia organizada o bien, que hubiese rendido testimonio contra uno de sus miembros, fuese objeto de alguna represalia con lo que se pretendía sentar las bases de un efectivo programa de protección de testigos).

Una de las mayores preocupaciones para lograr que la investigación penal resulte exitosa, que es la de garantizar la recepción y preservación de la prueba. De modo que, cuando nos referimos a la prueba testimonial, habremos inmediatamente de advertir que, esta es, dentro de la diversidad de los medios probatorios, una de las más comunes en el proceso penal.

Entre los que destaca, el Derecho a obtener custodia o vigilancia adecuada -conforme a las circunstancias-, cuando hubiere sido testigo de hechos delictivos o hubiese recibido amenazas, lo cual hasta el día de hoy no se cumple.

Anterior a la Reforma Constitucional, el párrafo séptimo del artículo 16 enunciaba únicamente a la Delincuencia organizada y textualmente establecía:
“…
Ningún indiciado podrá ser detenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en aquellos casos en que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
…”

Por tanto, no es con la modificación a la Carta Magna en que se toca el tema de la delincuencia organizada y en consecuencia el tema del testigo protegido, ya que en nuestros sistema jurídico debido a su manifestación y su transformación dinámica se observan entre otras tendencias, además de una mayor organización, mayor violencia en su manifestación y su indiscutible transnacionalización (como puede verse en el tráfico de armas, estupefacientes, tráfico de personas, etc.) esta realidad dio la pauta para que en el año de 1996 se emitiera la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, misma que contiene la definición legal en los rubros que nos ocupan, que son del tenor siguiente:
“…
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
…”

Y en su capítulo sexto, de la protección de las personas establecía lo siguiente:
“Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera (Sin duda se actualiza una de las mayores preocupaciones para lograr que la investigación penal resulte exitosa, que es la de garantizar la recepción y preservación de la prueba. De modo que, cuando nos referimos a la prueba testimonial, habremos inmediatamente de advertir que, esta es, dentro de la diversidad de los medios probatorios)…”

El acierto de esta ley fue la de pretender la integración en nuestro ordenamiento jurídico, aunque de manera somera y muy escueta, los derechos contenidos en los diversos documentos internacionales suscritos por nuestro país, reconociendo, en un primer intento la obligación que se encuentra implícita tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 51; como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.1., preceptos vinculantes, que reconocen el Derecho de todas las personas a la seguridad e integridad personal y compromete a su vez, a los Estados parte a respetar y garantizar todos los Derechos reconocidos (art. 1.1. de la CADH y art. 2., apartados 1 y 2 del PIDCP)., por mencionar algunos.

Los fundamentos constitucionales se han modificado sustancialmente con la reforma de 18 de junio de 2008, y respecto al tema que nos ocupa en los párrafos séptimo y octavo del artículo 16 reformado, se establece una definición de lo que por delincuencia organizada se debe comprender.

Se trata de una disposición que nos ofrece una de las claves de comprensión de la reforma en su conjunto y que da lugar a distintos puntos de análisis y que contiene un elemento adicional, el cual hace una remisión a la ley en su última parte, de modo que le otorga las facultades al legislador para que en su momento establezca los diversos tipos de protección a testigos.

Modificándose el concepto de delincuencia organizada y se elimina el “simple acuerdo de organizarse”, para quedar de la siguiente manera:
“… La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia…”

Debemos tener presente que la obligación que tienen el Estado Mexicano de proteger a los testigos es permanente y sin importar la modalidad procesal, se debe evaluar si las personas que tienen esa calidad requieren de la protección por encontrarse ante una situación inminente de peligro por las características que derivan del o los hechos delictivos.

En caso de actualizarse objetivamente esa situación inminente, se debe considerar que se actualiza una situación procesal especial de peligro.

Si bien es cierto que la Procuraduría General de la Republica estableció el programa de protección a testigos, que es la forma que hasta el momento se tenía, para que un testigo que formara o no parte de una organización criminal colaborara con el órgano investigador en dicho cometido.

Dicho programa, era considerado y calificado como un instrumento jurídico de gran valía, ya que permitía al ministerio público de la federación: “optimizar la debida procuración de justicia en nuestro país, de manera especifica en el combate a las organizaciones criminales”.

Desde mil novecientos noventa y seis, diversas son las opiniones de los juristas que de manera contundente, se manifiestan en contra de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en el caso concreto a la protección de testigos, y la reserva en el anonimato de su identidad, ya que conforme transcurra el tiempo habremos de concluir que son fundadas.

Estos aspectos de protección y reserva en el anonimato de los testigos, que hasta el 2008 estaban reservados a la procuración de justicia, se deben replantear e integrar en el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio Único para la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde esta perspectiva judicial, se puede deducir una nueva lógica para contrarrestar las situaciones de riesgo en las que se puede ver incluido un testigo, en cada caso concreto.

Lo criticable del sistema tradicional, es la manera en cómo se ofrecen los testimonios de este tipo de personas (por escrito) y el valor que se les da (casi absoluto), aunado a los diversos criterios jurisprudenciales que están orientados en facilitar la condena del procesado.

III. Proceso penal acusatorio y oral mexicano

En virtud de la separación de funciones, impuesta por el principio acusatorio, la actividad investigativa compete exclusivamente a la policía bajo el mando del Ministerio Público, sin que los jueces penales tengan facultades en este ámbito.

Es decir que la etapa de investigación, se otorga ahora a la policía investigadora (bajo la dirección del M.P. y ya no bajo su estricto mando) y la acusación el Ministerio Público (Uno de los problemas más importantes que se deberá resolver, es en relación con el diseño de funciones que deben cumplir los actores en el proceso penal.

En la etapa de investigación, para determinar los efectos, la dinámica y oportunidad de formalización de la investigación ya que ésta es la base del nuevo proceso), quien reunirá los medios de prueba orientados al esclarecimiento los hechos aparentemente constitutivos de un delito, para que en el momento procesal oportuno ejerza la acción penal, toda actividad que se realice en esta etapa estarábajo el control judicial garantizado por el Juez de Control y/o de Garantías.

Con ello se establece la obligación de implementar una policía que cuente con la capacitación y la habilidad de poner en práctica métodos científicos que deriven en una óptima investigación de los delitos y con estricto respeto de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano.

Se establece un estándar técnico-jurídico que deberá asimilarse correctamente en legislación secundaria, ello para que se integre correctamente la carpeta de investigación y se resguarden correctamente los datos de prueba obtenidos.

En la etapa intermedia o de preparación del juicio, el Juez de Control -también llamado en doctrina Juez de Garantías- resuelve sobre Formas Alternativas de Terminación del Proceso o, de Solución del Conflicto y la Reparación del Daño, Los medios de prueba que se obtuvieron en la etapa de investigación, ante el Juez de Control se establecen los acuerdos probatorios, se depuran las pruebas, se admiten o se excluyen (considerando la exigencia jurídica que se establece para ello) y con ello se comienza a definir el objeto del proceso), de igual forma discrimina la posibilidad procesal de someter a Juicio Oral al imputado, también es quien en la mayoría de las veces y en casos graves y calificados, puede disponer medidas cautelares.

El juez de control, a solicitud de los intervinientes, puede ordenar la realización de diligencias precisas que hubieran sido rechazadas durante la investigación, pero de igual manera podrá rechazar tal petición si lo considera pertinente, si las diligencias, ordenadas en su oportunidad, no se hubieran cumplido por negligencia o hecho imputable a los intervinientes, así como las diligencias manifiestamente impertinentes, que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos notorios y, en general, todas aquellas que hubieran sido solicitadas con fines puramente dilatorios.

Posteriormente se realiza la etapa de Juicio Oral, se propone que se realice a cargo de un Juez distinto, quien desahogara los medios de prueba (datos, documentos, objetos, declaraciones previas, testigos, peritos, etc.), que se determinaron en la etapa intermedia contemplando en todo momentos los principios establecidos en la Carta Magna y los valorara bajo las reglas de la lógica para fundamentar y motivar correctamente la sentencia que emita (lo anterior en ningún modo debe entenderse como la configuración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad).

Los medios de defensa comprendidos en el proceso penal acusatorio deberán resolverse ante una segunda instancia, al igual que la revisión de las sentencias y aquellos que se actualicen ante el Juez de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones.

Los objetivos esenciales de los medios de defensa, es velar por las situaciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales de las personas sentenciadas al constituir un medio efectivo de control dentro propio del debido proceso y una garantía de oposición de la arbitrariedad de los poderes públicos (Se trata, pues, de un control y vigilancia que se lleva a cabo por órganos judiciales especializados y que constituye una pieza clave para modificar el sistema penitenciario y para garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos).

Bajo esta nueva lógica, es claro que los testigos protegidos y con su identidad reservada en el anonimato, no pueden gozar de un carácter absoluto e ilimitado, es decir, no se pueden transgredir los principios del proceso penal Acusatorio.

Por lo que se ha considerado que la protección a los testigos tiene como piedra de toque, hacer posible, el necesario equilibrio entre el derecho a un debido proceso y adecuada la tutela de los derechos inherentes a los imputados y a las víctimas.

En este contexto, al funcionario judicial competente le corresponde imponer las medidas que a solicitud del Ministerio Público o al coadyuvante, se consideren pertinentes y oportunas, para aplicar los procedimientos especiales u ordinarios, que tengan como objetivo la protección del estado Mexicano a aquellas personas que se encuentran en una situación procesal especial, esto para poder equilibrar las pretensiones del Ministerio Público, de la Víctima, del imputado y de los Testigos.

Por otra parte, si nos enfocamos al interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, habremos de darnos cuenta del por qué, son una parte esencial del derecho de defensa, en un proceso diseñado de manera tal, que es el único medio existente para controvertir o desvirtuar dicha prueba.

De ahí que podemos sostener que la reservar en el anonimato la identidad de un testigo protegido, no es recomendable ya que entonces se limita el derecho a la defensa parcialmente y además, los pactos internacionales que no reconocen limitación alguna, bajo ninguna circunstancia al contrainterrogatorio.

El convencimiento que debe existir en el juez para arribar a la sentencia, debe ser más allá de toda duda razonable, es decir, no puede fundar su decisión únicamente, ni en una medida determinante, en testimonios anónimos, señalando que los principios del debido proceso exige igualmente que, en los casos necesarios, los intereses de la defensa sean ponderados con los de testigos citados a declarar.

En esta misma línea, en el nuevo proceso penal en México, el contrainterrogatorio de los testigos tendría como finalidad última desvirtuar las declaraciones de los mismos, en otras palabras, lograr que el juez deseche dichas declaraciones como medio de prueba, que no crea en el testigo, formar en el juez la convicción de que el testigo miente o que no tiene una percepción correcta de los hechos, pues su declaración se ha visto influenciada por los elementos que mencionamos anteriormente.

Parece evidente que la declaración de los testigos protegidos genera, al menos, al establecer las pautas para fundar una duda razonable que le impide al tribunal alcanzar la convicción exigida por la ley. Ya que el derecho de defensa ha sido consagrado como parte del debido proceso en la normativa internacional y en distintos ordenamientos jurídicos internos.

Debemos reflexionar si nuestro sistema jurídico penal acusatorio y oral, es congruente con los estándares internacionales, en forma específica a ciertos aspectos de la defensa que son trascendentales, como lo es el interrogatorio de testigos.

Si consideramos el derecho a la defensa de interrogar y contrainterrogar testigos, tanto de cargo como de descargo, en las mismas condiciones, por lo tanto deberíamos entender que quedaría prohibido a los tribunales de los Entidades Federativas ocultar a la defensa la identidad del testigo, pues esto significaría transgredir el debido proceso.

Si seguimos en esta línea argumentativa, habremos de revisar los Tratados Internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el tema de la prueba, señalando que dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa, y entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores vulnera el derecho de la defensa a interrogar testigos.

Los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos que establecen el derecho de defensa en el marco del debido proceso, principalmente son:

-La Declaración Universal de Derechos Humanos,
-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
-La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo que denota la preocupación que existe incluso a nivel internacional existe en torno a las garantías procesales que las distintas legislaciones deben brindar a sus habitantes.

Éste es un punto sin duda relevante, pues es precisamente dentro de lo que se designa como “medios adecuados” que se encuentra la posibilidad que debe tener la defensa de conocer la identidad del testigo, desde que es ésta la que va a permitir a la misma efectuar las preguntas conducentes a desvirtuar las declaraciones del testigo, finalidad perseguida en el juicio por el contrainterrogatorio.

Desde el punto de vista ha definido el debido proceso como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar el Derecho a la defensa y el derecho a la libertad probatoria.

Uno de los componentes esenciales del derecho a defensa es la facultad de aportar elementos de prueba que sirvan al objetivo de sostener una defensa activa en juicio, así como a controlar la prueba de cargo”.

El debido proceso garantiza a la parte la facultad de producir, sin obstáculos arbitrarios o irrazonables, los elementos necesarios para fundamentar las alegaciones de hecho”. Esta incluiría, el derecho a la “contraprueba”, entendido como el derecho a contrainterrogar a los testigos de la contraparte y el derecho a investigar sobre las fuentes de prueba, antes que tenga lugar el juicio.

El derecho a la defensa comprende el conjunto de oportunidades y medios procesales referidos tanto a la alegación como a la prueba que han de estar a disposición de las partes para la defensa de sus respectivas posiciones.

Las partes, en atención al principio contradictorio que domina los procesos contenciosos, no deben ver obstaculizado su derecho a hacer valer cabalmente sus argumentos jurídicos y fácticos”. E igualmente precisa:

“El acusado tiene derecho a controlar la prueba presentada por el acusador privado o el Ministerio Público, con facultad para formular preguntas a los testigos de cargo, así como a promover testigos y otras pruebas en su descargo. Estas facultades son inherentes al derecho da la defensa (…), además de estar expresamente consagradas en los Tratados sobre Derechos Humanos”.

Si bien en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Corte no se ha pronunciado de manera particular respecto de los Testigos Protegidos, si se ha emitido una vasta jurisprudencia de los criterios de valoración de la prueba, en los siguientes casos: Bueno Alves; Contra Honduras hasta el 2004; Loayza Tamayo y otros; Comunidad Indígena Yakye Axa; Masacre de Pueblo Bello; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa; Trabajadores Casados del Congreso; La Cantuta; Huilca Tecse; Zambrano Vélez; Suarez Rosero; Trujillo Oroza; Maritza Urrutia; Herrera Ulloa; Tibi; Caesar; Fermín Ramírez; Gutiérrez Soler; Raxcacó Reyes; Palamara Iribarne; García Asto y Ramírez Rojas; Masacre de Mapiripán; Gómez Palomino; Blanco Romero; López Álvarez; Acevedo Jaramillo; Baldeón García; Masacre de Iutango; Ximenes Lopes; Servellón García; Almonacid Arellano; Penal Miguel Castro y Castro; Escué Zapáta; Cantoral Humaní y García Santa Cruz; Castillo Páez; Blake; Paniagua Morales y otros; Suárez Rosero; Castillo Petruzzi y otros; Durand Ugarte; Cantoral Benavides; Hamaca Velásquez; Tribunal Constitucional; Cantos; Bulacio; Molina Theissen; Hermanos Gómez Paquiyauri; De la Cruz Flores; Carpio Nicolle y otros; Lori Berenson Mejía; Hermanas Serrano Cruz; Comunidad Moiwana; Yatama; Acosta Calderón; Las niñas Yean y Bosiuco; Gutierrez Soler; Raxcacó; Baena Ricardo y otros; Última tentación de Cristo; Ivcher Bronstein, Villagrán Morales y otros; Cesti Hurtado; Comunidad Mayagna; Las Palmeras; Castillo Oroza; Hilaire, Constantine y Benjamín y otros.

En concreto podemos citar, el fallo Castillo Petruzzi, en el que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos resuelve que a los acusados debe concederse la facultad de interrogar y contrainterrogar a los testigos en las mismas condiciones que al persecutor, con el objeto de ejercer su defensa. Siendo esto así, es posible argumentar que el testigo protegido del que se reserva su identidad, rompe la igualdad de armas, al impedir que la defensa desconozca la identidad de los testigos, pues ya no estaría en las mismas condiciones que el Ministerio Público, atendiendo el principio de contradicción de la prueba.

Creo que lo relevante de este fallo, para efectos de la institución en análisis, únicamente está dado por la preocupación referida a que se respete el derecho a contraexaminar a los testigos, no obstante, de allí no se sigue ninguna conclusión respecto al tema que nos ocupa.

Los derechos de la defensa deben garantizarse conforme a las exigencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, ya que es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del indicado se transgrede el debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno para desacreditar e incluso a interrogar o contrainterrogar al testigo.

Lo que en definitiva importa, es lo que refiere al testimonio, y no quién es el testigo; y, además, podría agregarse que conocida tal declaración, existirá la posibilidad de interrogación posterior al testigo sobre lo declarado.

Esto es, un testigo debe declarar acerca de todas y cada una de las circunstancias que digan relación con los hechos investigados, pero tiene el pleno derecho de omitir cualquier dato que pudiere identificarlo, por un fin mucho mayor, que ya no es averiguar la verdad sino conservar la vida y la integridad física y psíquica de una persona, por lo tanto […], en este caso concreto, no puede constituir el secreto de la individualización de los deponentes una causal de nulidad de la sentencia, porque no se ha impedido al defensor ejercer las facultades legales”.

Debemos distinguir perfectamente que por el hecho de colaborar con la justicia, por un lado, un Testigo puede recibir un beneficio (reducción de condena), por el otro, derivado de las condiciones de peligro (real e inminente) y la complejidad que supone la causa penal se actualiza la necesidad de solicitar y otorgar la protección del Estado Mexicano.

El Ministerio Público de manera objetiva habrá de valorar esas condiciones de peligro, la complejidad de la causa penal y la versión del Testigo, en cada caso en particular para determinar para determinar si esta es fundamental para la persecución del delito.

IV.- Conclusiones

La lógica que obliga a sustentar la figura del Testigo Protegido y la reserva de su identidad en el anonimato en el sistema procesal penal inquisitivo (Matizado de acusatorio), transgrede el derecho de defensa y en el Sistema procesal acusatorio (con graves secuelas del inquisitivo en algunos casos), es diametralmente distinta, pero se mantiene dicha transgresión, ya que hasta ahora en la experiencia y los resultados en todos los aspectos son lamentables.

Si a lo anterior le agregamos que a la valoración del testimonio que rinda el testigo protegido y con su identidad reservada en el anonimato ante el Juez que dictara la sentencia, la valoración y desahogo de su versión debe modificarse substancialmente distinta, esto porque el nuevo proceso penal acusatorio y oral obedece a instituciones procesales disimiles, principios, etc.

En consecuencia, la manera de litigar en cada modalidad, es determinante ya que no es lo mismo presentar por escrito la versión de un testigo protegido, al que su valor se le dará por cierto en la medida en se cuide meticulosamente el escrito que se le ofrece al Juez y por lo que es importante vincularlo con los argumentos que posteriormente habrán de invocarse (jurisprudencia), esto dicho, porque en el sistema procesal inquisitivo matizado, se han desarrollado diversas jurisprudencias que solo están orientadas en facilitar la condena del imputado.

Situación distinta acontece en el proceso penal acusatorio y oral, en el que deberá someterse a reglas distintas de valoración y desahogo la versión del Testigo (prueba), en que incluso es posible interrogarlo y contrainterrogarlo, en incluso desvirtuar su credibilidad.

Pero la realidad, es que sólo nos queda reflexionar de manera personal y formular una enérgica crítica respecto a la lógica en que se ofrece y se valora un testigo protegido en un sistema y en otro.

En lo personal debo decir que sin importar tu estatus social o la actividad a la que te dediques (un ciudadano ordinario, un político destacado o un general del ejército) en el proceso penal inquisitivo siempre resultara “complicado” (casi imposible) enfrentar dicho proceso sustentado en la versión de un testigo protegido, en pocas palabras te enfrentaras a una maquinaria (trituradora de carne pobre) difícil de detener.

V.- BIBLIOGRAFÍA.

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Resolución 55/25 de la Asamblea General.
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Estatal de Protección a Testigos. Chihuahua.
Ley de Protección a Testigos y a Terceros Involucrados en el Proceso Penal para el Estado de Yucatán.

Ley Modelo sobre Protección de Testigos (elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Tesis:

Época: Décima Época
Registro: 2010355
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2015 10:30 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a. CCCXXVII/2015 (10a.)

TESTIGOS PROTEGIDOS. MEDIDAS PARA NO AFECTAR EL DERECHO DE DEFENSA DEL INCULPADO EN LOS CASOS EN QUE EXISTA DECLARACIÓN DE AQUÉLLOS.

Las declaraciones de los testigos protegidos no pueden tener, apriorísticamente, un valor preponderante, pues están condicionadas a la constatación de efectividad/utilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales; de ahí que dichas declaraciones constituyen meros indicios susceptibles de adminicularse con otros medios de prueba. Ahora bien, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien por un lado la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio del derecho de defensa y, por otro, el deber de las autoridades de garantizar los derechos a la vida e integridad de los testigos sin rostro puede justificar la adopción de medidas de protección de aquéllos, en dichos supuestos debe analizarse si las reservas de identidad se adoptaron sujetas a control judicial, fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que se trata de una medida excepcional, y verificando la existencia de una situación de riesgo para el testigo. Así, la afectación al derecho de defensa debe estar contrarrestada por medidas de contrapeso, por ejemplo, que: i) la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y que tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio para que pueda formar su impresión sobre la confiabilidad del testigo y su declaración; y, ii) la defensa tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso; debe destacarse que, aun cuando se adopten medidas de contrapeso que parecerían suficientes, la condena no puede estar fundada sólo o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 338/2012. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 160633
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1
Materia(s): Penal, Constitucional
Tesis: III.1o.P. J/18 (9a.)
Página: 563

TESTIGOS PROTEGIDOS EN DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA RESERVA DE SU IDENTIDAD CONCLUYE CON LA CONSIGNACIÓN Y DEBE REVELARSE A LOS INCULPADOS EN LA AUDIENCIA EN QUE RINDAN SU DECLARACIÓN PREPARATORIA.

Dado que el artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece: “Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.”, es necesario hacer del conocimiento del inculpado, en la audiencia pública en la que rinde su declaración preparatoria, los nombres reales y datos generales de los testigos protegidos que declaren en su contra en términos del artículo 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; lo anterior es así, toda vez que la reserva de la identidad de los testigos a que se refiere el primero de los preceptos citados, termina con la consignación de la averiguación previa al Juez, por ser el acto procesal en que se ejerce la acción penal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 508/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Félix Dávalos Dávalos. Secretario: Gabriel Bernardo López Morales.

Amparo en revisión 417/2010. 23 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.

Amparo en revisión 510/2010. 23 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: Ana Victoria Cárdenas Muñoz.

Amparo en revisión 556/2010. 27 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. Secretaria: María Esperanza Zamorano Higuera.

Amparo en revisión 20/2011. 4 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: Ana Victoria Cárdenas Muñoz.

Época: Novena Época
Registro: 177765
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Julio de 2005
Materia(s): Penal
Tesis: II.2o.P.124 P
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TESTIGOS PROTEGIDOS. PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO, TRATÁNDOSE DE DELITOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Testigo es toda persona física, que manifiesta ante los funcionarios de la justicia lo que le consta, por haberlo percibido a través de los sentidos, en relación con la conducta o hecho investigado; es un órgano de prueba, en cuanto comparece ante el agente del Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional a emitir su declaración. Pero, en tratándose del tema de la valoración de su testimonio, es importante atender a dos aspectos: la forma (que se refiere también a lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio. Es decir, en términos generales la valoración de un testimonio se hará, en primer lugar, atendiendo a los aspectos de forma previstos en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y, si bien es cierto que tratándose de delitos vinculados con la delincuencia organizada debe en principio estarse al contenido de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también lo es que en dichos preceptos no se regulan exhaustivamente los parámetros de valoración del aspecto formal y material del dicho de un testigo protegido; de ahí que al ser el Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria ordenada por el artículo 7o. de la propia ley especial, resulta indiscutible que deberá atenderse a los parámetros que el citado artículo 289 del ordenamiento procesal federal citado establece, en todo lo conducente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 202/2004. 18 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz.

Época: Novena Época
Registro: 176170
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Enero de 2006
Materia(s): Penal
Tesis: II.2o.P.195 P
Página: 2449

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE PSICOLOGÍA FORENSE. NO ES IDÓNEA PARA JUSTIFICAR LA FALTA DE PROBIDAD E INDEPENDENCIA DE UN TESTIGO PROTEGIDO.

El desahogo de la prueba pericial en materia de psicología forense es inconducente para desestimar las declaraciones de los testigos protegidos, al existir otras formas de justificar su falta de probidad e independencia al declarar, como pudiera ser el resultado de los interrogatorios que se le practiquen, o bien, que sus atestes se desvirtúen por encontrarse en oposición con otras pruebas, para lo cual el juzgador en su momento habrá de atender a las reglas de la valoración de la prueba que para tal efecto se establecen en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 38/2005. 27 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretario: Jesús Terríquez Basulto.

Publicado por Armando Juårez Bribiesca (autor) desde WordPress para BlackBerry