La derogación del arraigo

CELDAS

Es necesario divulgar en la sociedad, el cambio radical que afortunadamente se pretende implementar en la investigación y persecución de los delitos, así como en todas las actividades propias de la procuración e impartición de la justicia penal.

Lo anteriormente dicho, porque aún prevalece aquélla lógica tradicional que se confecciono en todo el siglo pasado por la evidente imposibilidad para investigar adecuadamente un hecho delictivo por parte de las instituciones encargadas, y en consecuencia, casi en automático el Ministerio Público solicitaba (y sigue solicitando) la imposición del arraigo para poder obtener los medios de prueba para sustentar y ejercer la acción penal (detener para investigar) lo que se pretende revertir con la instauración del nuevo sistema de justicia penal.

En otras palabras, el arraigo se traduce en la privación de la libertad arbitraria del imputado, para investigarlo y colocarlo en un estado de indefensión, susceptible a la tortura psicológica y física.

Esta “institución sui generis” se comprenden en el contexto y bajo la lógica del proceso inquisitivo puro, matizado o mixto, en el que el Ministerio Público es el encargado de investigar y acusar. Presupuesto errado, que igualmente ya ha sido corregido con la implementación del nuevo proceso penal acusatorio y oral, lo que progresivamente conllevará a la derogación del arraigo que aún tenemos en nuestra Carta Magna, lo que es incluso un compromiso insoslayable bajo la lógica internacional de los Derechos Humanos.

No olvidemos que dicha figura se consolidó porque en nuestra cultura resultaba “normal” el binomio: Privación de la libertad y Flagrancia, ya que por tradición inquisitiva han sido los pilares sobre los que subyace la lógica del proceso penal inquisitivo mixto o sutilmente matizado de aspectos de la lógica procesal acusatoria.

El debate no es nuevo y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció su posición, previó a la reforma de 18 de junio de 2008, considerando que dicha figura implicaba una detención que transgredia plenamente los derechos fundamentales (cuya denominación entonces era la de garantías individuales), según la redacción establecida entonces en el artículo 19.

Posteriormente y en este mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el contenido de la reforma constitucional de 2008, en lo referente al régimen de excepción y en particular a la “institución” del arraigo, como un elemento verdaderamente deplorable que atenta contra los derechos fundamentales, sin perder de vista, que además le otorga mayor margen a la autoridad ministerial y deviene en mayores restricciones para las personas.

Al respecto véanse las tesis aisladas emitidas por la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL.

La reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 73, fracciones XXI y XXIII; artículo 115, fracción VII y la fracción XIII, del Apartado B, del numeral 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal, pues establece un nuevo modelo de justicia penal para pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u oral. Además, introduce la figura del arraigo a través de la cual se permite limitar la libertad personal bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala en el artículo 16 párrafo octavo adicionado. En esta reforma se establece la procedencia del arraigo única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, emitida por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio Público. Hay que subrayar que en la misma reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en la que se establece como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las autoridades federales, y su artículo décimo primero transitorio modifica temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por un máximo de cuarenta días. Sin embargo, este artículo décimo primero transitorio en ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de arraigo, ni permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas órdenes. La racionalidad del transitorio sólo se refiere a la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales, de tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no modifica la competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla. Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente para emitirla, ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se solicitó fuera considerado grave y en la Federación o en el Estado no haya entrado en vigor el sistema penal acusatorio.

ARRAIGO LOCAL. EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS DIRECTA E INMEDIATAMENTE RELACIONADAS.

Dada la inconstitucionalidad de una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, debe corresponder en cada caso al juzgador de la causa penal, como autoridad vinculada al cumplimiento, determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático por la declaración de invalidez de la orden de arraigo. Es por ello que para los efectos de la exclusión probatoria, el juez de la causa penal deberá considerar aquellas pruebas que no hubieran podido obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona del indiciado, así como todas aquellas en las que él haya participado o haya aportado información sobre los hechos que se le imputan estando arraigado. En este sentido, se constriñe al juez de la causa penal a que, mediante un auto que emita en la etapa procedimental en que se encuentre el juicio penal, determine qué pruebas deben ser excluidas de toda valoración, lo cual debe hacer del conocimiento de las partes en el juicio.”

Sin importar dichos pronunciamientos, actualmente en el artículo 16 y 19 de la CPEUM, refieren textualmente a esta figura, y establece las pautas para su procedencia cuando se trate de delitos graves. Con lo que se permite transgredir legalmente el principio de presunción de inocencia que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La obligación de derogar el arraigo responde a la exigencia de respetar el sistema de protección de los Derechos Humanos y atender el reclamo de la sociedad y de la comunidad internacional hacia México.

Con todo, es dable precisar que cualquier debate mediante el cual se pretenda justificar la subsistencia del arraigo sólo se comprende bajo la lógica del viejo sistema inquisitivo o del régimen de excepción, porque es donde éste se concibió para soslayar las deficiencias comprendidas en el mismo, es decir la incompetencia para investigar  y sin importar que ahora dicha “figura” sea constitucional simplemente no deja de ser inconvencional. 

Publicado por Armando Juårez Bribiesca (autor) desde WordPress para BlackBerry

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