“La imputación de la responsabilidad de nuestros gobernantes”

polìtico

“Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara; después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura.”

Jorge Luis Borges / El Aleph

En su libro Cien años de soledad Gabriel García Márquez a manera de introducción, escribe lo siguiente: “El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”. Actualmente el mundo y la sociedad ha evolucionado y progresado a tal grado, que a cada cosa e incluso a cada conducta le hemos asignado un nombre. Un ejemplo concreto respecto de una conducta, lo advertimos en la posibilidad de señalar la responsabilidad.

Al reflexionar sobre la responsabilidad de manera particular, nos habremos de dar cuenta que su evolución y asimilación en la historia humana ha dado la pauta el debate filosófico, tanto para obtener una noción, así como para instaurar su definición e instituir su concepto.

El progreso al que refiero, nos permite asumir el estudio del tema que nos ocupa, desde diversos puntos de vista científicos, pero, para efectos prácticos nos enfocaremos someramente en el ámbito moral, el ámbito jurídico y el ámbito político.

Respecto del ámbito moral, quiero comentarles que recién estoy releyendo “La Crítica de la razón pura de Immanuel Kant“, y en su obra, éste filósofo alemán aborda el tema de la responsabilidad partiendo de la imputación desde un sentido moral, que deviene en una idea menos fundamental de la espontaneidad absoluta de la acción. Es decir analiza la idea de imputabilidad en un doble ámbito cosmológico y ético.

Por otra parte, incorpora el vínculo entre libertad y ley, en donde la libertad constituye la ratio essendi de la ley y la ley la ratio congnoscendi de la libertad, por lo que en consecuencia comprende a la responsabilidad como un vínculo entre la obligación moral intrínseca del actuar conforme a la ley y la obligación moral de pagar el daño o cumplir con la sanción. Por lo que concluye concibiendo el argumento de que la culpabilidad moral está basada en la voluntad del actor y no en los resultados de sus acciones.

Así las cosas, tenemos el ámbito jurídico en el cual, Kelsen quien asimila el tema desde el ámbito jurídico dicho tema con otra perspectiva, es decir, entiende el concepto de la responsabilidad e imputación jurídica como la obligación que deriva de reparar el daño o de sufrir la sanción penal que establecen las normas por haberlas transgredido.

Esto dicho, por qué su objetivo es no atender a ningún contenido moral o criterios morales para definir el derecho. Sus aportes están orientados en visualizar a todas las normas como variantes de un enunciado reduccionista, en sentido distinto del término, es decir intentó reducir los fenómenos normativos a proposiciones empíricas.

Sus aportes con el transcurso del tiempo se han de modificado y superado gracias a la contribución de distintos juristas y filósofos. Lo que ha ocasionado un vinculo natural entre el concepto de imputación y de la responsabilidad. Las transformaciones (si las entendemos de está manera) que refieren a éstos conceptos, en el campo jurídico y moral, desde mi punto de vista, han sido paralelos y actualmente los entendemos desde la perspectiva contemporánea del positivismo incluyente (Dworkin).

Por lo que, el concepto de imputación y el de responsabilidad, se encuentran vinculados a la idea de acción, omisión, hechos, punibilidad, obligación de reparar el daño o perjuicio causado, como un derecho a la reparación, responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, justicia restaurativa, etc.

Por último, tenemos el ámbito político, en el que la extensión temporal y espacial de la imputación de los hechos, actos u omisiones son más complejos, ello por qué la imposición de una sanción puede ser jurídica, moral y política.

Resulta claro que la idea de responsabilidad, imputación y sanción política son inherentes al concepto mismo de democracia, que puede traducirse en un determinado comportamiento electoral sancionando al político al no ejercer el voto a favor de él en la siguiente elección por el modo en que ejerce el poder.

Pero, no debemos perder de vista que actualmente el peso de la opinión pública es tan relevante que la sanción social ya no se ejerce únicamente mediante el voto, sino también mediante el rechazo a través de las manifestaciones vía las redes sociales. En el que enérgicamente se expresan sobre un determinado actuar de un político. Por lo que la idea de sanción parte primeramente de un juicio moral, posteriormente se sustenta en el ámbito jurídico y termina en incidir en el ámbito político.

En este contexto, hemos sido testigos de las consecuencias que se originan al ejercer la sociedad un tipo de responsabilidad social, entendiéndose esta como un juicio de reproche (moral), vinculando con el comportamiento de un político y que han concluido o derivado en la separación del cargo del individuo. Dichos sucesos, considero que se traducen en una invitación para que los diversos actores sociales participen en un debate que nos permita ir más allá del juicio social, para establecer nuevos mecanismos de fiscalización, transparencia y sanción.

Ya que no debemos perder de vista, que el pretender diluir la responsabilidad política mediante el Derecho, por un lado, daña la imagen del Poder judicial y por el otro, tiende a generar la judicialización de la política.

Véase:

Tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del PRimer Circuito, de rubro:

PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA. SU AXIOLOGÍA CONSTITUCIONAL IMPIDE INTERPRETAR LAS NORMAS JURÍDICAS FUERA DE LOS CONTENIDOS MATERIALES PLASMADOS EN LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. La moralidad administrativa es el conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre, digna y respetuosa, así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión social. En ese campo, existen conductas no sólo generalmente aceptadas como inmorales, sino ilegales y hasta penalmente sancionadas. Así, la moralidad administrativa presenta dos niveles normativos; en el primero, como principio de la función administrativa, debe entenderse como aquel parámetro de conducta ética de los servidores públicos y particulares que ejercen dicha función, consistente en una obligación axiológica y deontológica del comportamiento funcional, según los postulados de la honradez, pulcritud, rectitud, buena fe, primacía del interés general y honestidad. En un segundo nivel, como derecho colectivo supone, en un aspecto negativo, la abstinencia de ciertas conductas o, en términos positivos, la realización material de un determinado acto o hecho acorde con el orden constitucional. Por otra parte, la moralidad administrativa se rige, entre otros, por el principio axiológico de la Constitución, que significa que las normas jurídicas no pueden interpretarse fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales; de ahí que implique para todos los servidores públicos el deber de actuar con honestidad, responsabilidad, ética, profesionalismo, siempre con respeto al interés público, a la primacía del interés general y a las normas sobre obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones.

Publicado en SDP Noticias: http://t.co/C7zigp9ZUR

Publicado por Armando Juárez Bribiesca (autor) desde WordPress para BlackBerry

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