La pretendida reforma al artículo 1 de nuestra Carta Magna

Carta Magna

“Te deseo que vivas en una época interesante”

Proverbio Chino

En todas las diversas épocas de la humanidad, siempre ha existido la pugna por establecer límites a quienes ejercen el poder. Para contextualizar, debemos precisar que primeramente se desarrolló la idea rudimentaria de establecer inmunidades (señores feudales), posteriormente se establecieron diversas formas en documentos, principalmente de índole político y jurídico (Carta de Juan sin Tierra).

A partir de lo anterior se ha dado la pauta, con el transcurso del tiempo a la formulación constitucional, que se vinculó a la instauración de un gobierno representativo y democrático, es decir, se superaron las ideas de que se debía asignársele de manera independiente un límite a la forma de ejercer el poder a los gobernantes.

Y con la natural evolución del constitucionalismo (pesos y contrapesos), se pensó en la temporalidad de los cargos que se les asignaba a los gobernantes en turno e incluso se planteó la posibilidad de que éste se les revocara, por lo que entonces ya no tuvo más sentido de pensar en la limitación del poder en razón del individuo gobernante. 

El nuevo problema, ahora consistía en que los gobernantes estuvieran identificados con la sociedad, que su interés estuviese vinculado con el interés y la voluntad de la generalidad, gestando la necesidad de limitar el poder de una forma distinta, aún cuando los gobernantes respondieran a la sociedad o ante los intereses más fuertes de un determinado partido político hegemónico. Dando lugar a la idea del gobierno por sí mismo o el poder de los pueblos sobre sí mismos, que como bien nos ha quedado claro, quien ejerce el poder no es el pueblo, y que el poder popular del que tanto se habla, no es el gobierno de cada uno, sino el gobierno de cada uno para todos los demás, que incluso puede dar lugar a los gobiernos demagógicos que pretenden perpetuarse en el poder, como ocurre con esa terrible y actual moda sudamericana.

Por consiguiente, ahora la sociedad asimila de forma distinta la idea de un gobierno opresor, mediante la política especulativa, que se considera como la tiranía de la mayoría, o dicho de otra forma, como una de las nuevas formas de oprimir a un determinado sector de la sociedad (considerándolo los enemigos o los otros), por lo que la sociedad misma ahora, debe estar siempre vigilante y manifestar su rechazo contra esas nuevas formas tiránicas.

Sin lugar a dudas, la preocupación por limitar esas nuevas manifestaciones del poder, desde una perspectiva distinta, surge con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

El desarrollo y evolución en ese sentido se ha consolidad con la lógica internacional de los Derechos Humanos en aras de establecer nuevos límites a quienes ejercen el poder, con base en y para la persona. Sobra decir que la lucha de estas dos fuerzas antagónicas (la forma de quienes ejercen el poder y la sociedad), es clave en toda la historia humana, y sobre todo (desde mi punto de vista) la más progresiva y uniforme.

Lo anteriormente dicho, me lleva a reflexionar respecto de la iniciativa de reforma al artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (Consultada el día jueves 13 de junio de 2013)[1]  iniciativa en la que es dable destacar principalmente el fundamento de sus argumentos, que toma como base el párrafo primero, in fine, del artículo en comento, la tesis aislada 30/2012, de la Segunda Sala de la SCJN, y el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales. Para pretender reformar dicho precepto, en aras de establecer un nuevo párrafo que permita superar una contradicción (inexistente desde mi punto de vista), el cual a continuación transcribe:

“De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo establecido en su artículo 133”

Desde mi perspectiva, lo que en el fondo se pretende con esta iniciativa de reforma, es mantener y preservar las limitaciones y/o restricciones que actualmente se encuentran en el texto de nuestra Carta Magna y que precisamente se contraponen con la lógica de los Derechos Humanos.

Para ser concreto, me referiré únicamente al régimen de excepción establecido en la reforma de 18 de junio de 2008, el cual se denomina el Derecho Penal del Enemigo y hay que enfatizar que es un tipo de Derecho autoritario que no es excepcionalmente compatible con la lógica de los Derechos Humanos.

Ese régimen de excepción fue confeccionado por el alemán Carl Schmitt siguiendo el pensamiento del militar prusiano Carl von Clausewitz, quien destacaba que uno de los fenómenos más frecuentes en los conflictos entre los hombres es que cada uno de los bandos afirme representar al “enemigo justo” y, por este camino convierta a su rival en un “enemigo absoluto”, Considerando como tal a todo aquel a quien se le acusa de trasgredir principios a los que se les atribuye una validez universal.

La dinámica de esa enemistad absoluta conduce de manera inevitable a una escalada de violencia inevitable, simplemente por que se trata de una guerra en donde se pretende aniquilar al denominado adversario denominado enemigo absoluto, degradándolo al grado de inmoral e inhumano con el que no es posible de establecer otro tipo de decisiones políticas, por que no es posible restringir su hostilidad.

Por ello la manifestación de guerra está orientada a emitir actos de violencia para obligar al contrincante a cumplir la voluntad de quien cree que tiene la razón absoluta, por defender unilateralmente su denominada “ideología de guerra” o bien podríamos decir “narcoguerra” y en consecuencia la violencia que debe aplicar a su “enemigo” depende del grado de exigencia que le imprima a la percepción que tenga de sus manifestaciones.

En esta lógica cuando en el derecho se pretenden subsumir estos argumentos, se debe considerar a las personas como los enemigos absolutos y en consecuencia se le denomina los “otros”, es decir seres que tienen limitados sus derechos. Por tanto el Estado tiene la legitimidad de declararles la guerra.

Si consideramos la perspectiva política, se podría afirmar incluso que: Cualquier acción que deriva de un pensamiento político auténtico, debe considerar que todo grupo organizado de hombres representa un peligro en potencia para otros grupos. Esta tesis se basa en la observación de que el orden que rige en cada grupo social puede conservarse mientras tiene la capacidad de diferenciarse de su entorno en el que deben manifestar valores e intereses congruentes con los establecidos, lo contrario habrá de arrojar elementos que permitirá denominarlos como hostiles y su sola manifestación, les dará la denominación jurídica de los “enemigos”, ya que se hace patente su violencia y agresividad, misma que impera y gobierna a ese grupo. Es importante considerar el vínculo entre el orden y su transgresión, con lo que se transgrede la relación de poder.

Si bien, la función por excelencia del Estado es preservar la convivencia social pacífica, la misma no se debe anteponer para justificar un ordenamiento jurídico con un régimen de excepción con rasgos netamente totalitarios. Ello permite esgrimir argumentos difusos con el pretexto de abatir la delincuencia y anteponiendo rígidamente la seguridad, teniendo en consecuencia el establecimiento y pugna por preservar, en la Carta Magna el Derecho Penal del Enemigo.

El Derecho Penal del Enemigo, como sabemos tiene una serie de características que lo vuelven, en un modelo excepcional propio de un Estado autoritario, el cual se confronta flagrantemente con los Derechos Humanos. Tal afirmación se materializa cuando el Estado pretende limitarlos en aras de procurar la seguridad (una falacia), o bien bajo el discurso de que el derecho penal como forma de control social formal, en que se actualiza como de última ratio, subsidiario y fragmentario. Las características generales de este tipo de derecho excepcional son:

-Implementación de una legislación de guerra.

-Se limitan gravemente los Derechos Humanos.

-Se sancionan actos preparatorios, justificándose con la idea de la seguridad.

-Las sanciones y medidas cautelares resultan gravemente desproporcionadas.

 En términos generales, este tipo de derecho penal señala como enemigos a quienes cometen delitos que el Estado cataloga como “graves” y como personas a todos aquellos criminales que cometen delitos no contemplados en dicho catálogo.

En este sentido a las personas se les aplica un derecho penal ordinario, y a los “enemigos”, se les debe aplicar un derecho penal de excepción que tiene la finalidad de combatirlos, incomunicarlos y eliminarlos del entorno social.

Lo peligroso de los planteamientos por modificar el artículo primero de nuestra Constitución, es en aras de mantener este tipo de Derecho, es en aras de preservar esa política de la guerra y del miedo, en las que equivocadamente el Estado busca su legitimación, lo cual resulta incompatible con las estructuras jurídicas de un Estado que pretende denominarse social y democrático de Derecho.


Publicado en SDPNoticias (vie 14 junio 2013 21:34):  http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/06/14/la-pretendida-reforma-al-articulo-1-de-nuestra-carta-magna