¿COMPETENCIA POR RAZÓN DE SISTEMA?

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Tradicionalmente, la competencia de los jueces para dirimir los asuntos que ante su potestad se tramitan y resuelven puede clasificarse de la siguiente manera:

a)    Competencia por razón de grado

b)    Competencia por razón de territorio

c)    Competencia por razón de materia

d)    Competencia por razón de cuantía

e)    Competencia por razón de fuero

 

No es el objetivo de este breve artículo abordar el estudio detallado de cada uno de los tipos de competencias aducidas anteriormente; sí lo es, analizar un nuevo tipo de competencia que ha surgido en los lugares donde ya se encuentra vigente el sistema de justicia penal acusatorio y oral, a la que he denominado “competencia por razón de sistema”.

Debo precisar que si bien el tema lo abordo desde un punto de vista local, pues me refiero a la problemática suscitada en la legislación del Estado de Yucatán, lo cierto es que el mismo se puede originar en todos los Estados donde se encuentre en etapa de transición entre el sistema tradicional y el sistema acusatorio, o incluso a nivel federal, por lo que el problema bien vale la pena ser, tan siquiera, esbozado.

En principio, debemos tomar en consideración que la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 que estableció las bases del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal mexicano de corte acusatorio y oral, señaló en sus artículos transitorios que dicho sistema entraría en vigor cuando así lo previera conveniente cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones secundarias, siempre y cuando no excedieran del plazo de 8 años contado a partir del día siguiente de la publicación de dicha reforma constitucional. Para tal efecto, la reforma previó que la implementación podía ser regional o por tipo de delito.

De igual modo, esa misma reforma constitucional estableció la creación de los jueces de control, cuyas funciones, dentro del sistema procesal acusatorio mexicano, se pueden definir grosso modo, como las de un garante de los derechos de las partes dentro de las etapas de investigación formalizada e intermedia.

Sentado lo anterior, tenemos que a la fecha en que se redacta este trabajo, son mayoría los Estados que han iniciado la transición del “viejo sistema” al “nuevo” optando por la modalidad de implementación por regiones. Tal es el caso de Yucatán.

Así, tenemos que el Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, aprobado por la legislatura local en junio de 2011 y cuya entrada en vigor se previó para el 15 de noviembre del mismo año, precisó en su numeral transitorio primero que sus disposiciones se aplicarán gradualmente, hasta abarcar los tres Departamentos Judiciales del Estado de Yucatán, de acuerdo a la distribución que, mediante acuerdos generales, emita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de dicha entidad federativa.

Ahora bien, los artículos tercero y quinto transitorios del Código Procesal Penal de Yucatán establecen lo siguiente:

 

“ARTÍCULO TERCERO. Los procesos que, a la entrada en vigor del Código que se expide a través de este Decreto, se encuentren pendientes de trámite o aquellos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, deberán ser tramitados y concluidos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el Código de Procedimientos en materia Penal del Estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 15 de diciembre de 1994.”

“ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos penales relativos a hechos delictuosos de carácter permanente o continuado, que iniciaron bajo la vigencia del Código de Procedimientos en materia Penal del Estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 15 de diciembre de 1994 y que continúen desarrollándose en algún Departamento Judicial o región en donde se encuentre vigente el Código que se expide a través de este Decreto, se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos en materia Penal del Estado de Yucatán, primero mencionado.”

 

De lo anterior tenemos que se obtienen dos reglas generales para la aplicación del nuevo Código Procesal acusatorio:

1.- Los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor de dicho Código, se sustanciarán conforme a las reglas del Código de Procedimientos en materia Penal del Estado de Yucatán que regula el denominado “sistema mixto-inquisitivo” de enjuiciamiento penal; los que inicien después, se tramitarán conforme a lo dispuesto en el nuevo código acusatorio.

2.- Los procesos penales relativos a hechos delictivos de carácter permanente o continuado que iniciaron bajo la vigencia del antiguo Código y que continúen desarrollándose en algún territorio donde ya se encuentre vigente el nuevo Código acusatorio, deberá sujetarse a las disposiciones del código mixto inquisitivo. Como ejemplo de este tipo de delitos podemos mencionar el abandono de personas o el secuestro.

 

Ahora bien, la incompetencia por razón de sistema a que aludo se ha suscitado a raíz de los conflictos competenciales que genera la aplicación de dos códigos procesales que regulan una sola materia (en este caso penal) en una misma entidad federativa, los cuales se suscitan a pesar de que, aparentemente, la aplicación de uno y otro conflicto se encuentra perfectamente delimitada.

Así, han surgido conflictos en casos donde, por ejemplo, el ofendido acude a denunciar un delito acaecido en un territorio donde ya se encuentra vigente el nuevo Código Procesal Penal acusatorio, empero, el delito se cometió con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Código. ¿Qué Código debemos aplicar? ¿el nuevo o el viejo?. La respuesta correcta sería que el nuevo, ya que los transitorios de éste aluden a los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de éste, no así de los delitos, lo que nos lleva a tomar en consideración que, al menos en Yucatán, el criterio rector para determinar qué código resulta aplicable al caso concreto es si la denuncia o querella se interpuso antes o después de la entrada en vigor del código procesal penal acusatorio, pues es en este momento cuando se considera que ha iniciado el proceso penal.

El problema se agrava, si tomamos en cuenta que en Yucatán, se cometió un error a la hora de emitir los acuerdos generales que establecen la competencia territorial de los jueces de control del Estado, pues se estableció que dichos jueces tendrán competencia para conocer de los delitos que se cometan en el territorio donde ejercen su jurisdicción, lo cual contraviene claramente lo dispuesto en los transitorios del mencionado Código Procesal Penal acusatorio, que señala que el criterio rector para determinar qué código resulta aplicable, no es –como ya dijimos- la fecha de comisión del delito (salvo en el caso de delitos permanente o continuados), sino la fecha de interposición de la denuncia y/o querella.

Esto, desde luego, ha generado problemas, pues los Jueces de Control aducen carecer de competencia en razón de que los acuerdos generales que la establecen señalan que se debe tomar en cuenta la fecha de comisión del delito y no así la fecha de interposición de la denuncia y/o querella, lo que ha motivado que varios jueces planteen su incompetencia “por razón de sistema”

El problema no es, por supuesto, minúsculo y lleva a la reflexión respecto a los problemas que puede suscitar este nuevo tipo de competencia que ha surgido.

En efecto, no es lo mismo someter un asunto a la potestad de un Juez de Control que a un Juez “tradicional”. Pongo un ejemplo. Supongamos que el Fiscal Investigador solicita, por escrito, al Juez de Control, el obsequio de una orden de aprehensión y éste, a su vez, alega que es incompetente para conocer de dicho asunto en virtud de que la denuncia se interpuso con anterioridad a la entrada en vigor del Código Procesal Penal acusatorio. ¿Qué implicaciones tiene esta incompetencia?

De entrada, debemos considerar que la carpeta de investigación no es –en modo alguno- una averiguación previa. Bajo esa premisa, tendríamos que considerar que todo lo investigado por el Fiscal Investigador tendría que ser “integrado” a una averiguación previa bajo los cánones del Código de procedimientos que regule el sistema mixto-inquisitivo, a efecto de encontrarse en aptitud de solicitar nuevamente dicha orden de aprehensión, ahora ante un Juez “tradicional”. Esto, por supuesto, con el consecuente retraso y/o inefectividad en la procuración de justicia, pues prácticamente se tendrá que rehacer la investigación del delito.

No pretendo ser exhaustivo con el problema abordado, sino únicamente sentar las bases para la discusión, ante el foro, de los problemas “prácticos” que genera la aplicación de dos códigos de una misma materia en una sola entidad federativa.

Creo que es un buen momento para abrir el debate sobre este nuevo tipo de competencia que se ha generado. Máxime si tomamos en consideración que actualmente se encuentra en discusión el Código Procesal Penal Único cuyo entrada en vigor también sería gradual, lo que va a implicar este mismo problema: la existencia de dos códigos que regulan dos sistema diferentes con jueces diversos y con métodos distintos. Creo estamos a tiempo para reflexionar sobre el tema.

Luis David Coaña Be

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Docente certificado por la SETEC. Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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