Probidad y sistema acusatorio

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Casi todos los códigos, incluido el Código Nacional de Procedimientos Penales disponen que “los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, deberán de conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede”. (Cfr: art. 107)

No se trata, ésta, de una norma que deba aparecer en un código de procedimientos penales sino y, por el contrario, en una ley orgánica.  Cuando nuestra Constitución Federal dispone, en el artículo 17, como objetivo de la administración de justicia que  “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” se presupone la probidad.

Sin embargo, con la probidad vale la pena analizar el tema del perfil, el carácter, la razón moral por la cual un Juez actúa; los criterios éticos que le hacen conducirse conforme a la virtud sin ceder a las tentaciones; el cansancio que no exige descansos para lograr un bien loable, la fortaleza por la cual se prefiere la justicia.  Diez años de implementación del proceso acusatorio permiten detectar un posible “fracaso” en el “carácter” de muchos de los Jueces, la mayoría de los agentes del Ministerio Público y un buen grupo de Defensores públicos no sólo para el ejercicio de la función sino, con mayor preocupación, para el estudio de la misma y para resolver con independencia. 

Basta ir a una audiencia u otra para percibir esta realidad que se nota en las formas, los formalismos, la nulidad por la nulidad, el rigorismo procesal y, algunas muestras claras de prepotencia. Basta escuchar a los Ministerio Públicos y a los Defensores públicos lo que dicen de los Jueces.  Es quizá suficiente lo que de ellos dicen los peritos.  Estos sin ignorar la fuerza del artículo 14 constitucional:  “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

La escritura.  Casi una mayoría de los capacitadores en el sistema de justicia penal acusatorio han sido discípulos del sistema de justicia de los Estados Unidos y, por ende, han enseñado técnicas de litigio sin contenido procesal.  Es lógico que no pueden enseñar cómo se redacta un decreto, un auto y/o una sentencia y, por ende, las teorías de la interpretación, argumentación jurídica, de los derechos humanos, de la teoría del caso y/o de la teoría del delito.  Cuando la oralidad se vuelve documento, no ha pasado de moda la copia de los documentos que vienen de etapas anteriores.  Se suma la tendencia de algunos Jueces y/o Presidentes del Tribunal que, al redactar las sentencias transcribiendo las declaraciones de testigos y peritos, hoy exigen transcribir la videograbación de la audiencia para “vaciarla” en sus sentencias. 

Un juez se preocupaba del “acta mínima”.  Le pregunte por qué un acta mínima y no supo responderme. Esta vez fue una Juez que, para dictar sentencia, se pasó toda la noche y el fin de semana trascribiendo la videograbación, la cual luego “vació” en la sentencia, casi literalmente.  ¡Y aquella pobre Juez de Control! Sólo podía celebrar una audiencia por día, porque necesitaba que el Ministerio Público le dictara mientras ella iba copiando todo, literalmente, en su computadora, para luego sentarse a resolver. ¡Duraba horas!  Lo peor fue darme cuenta que en casi todos los Despachos judiciales se piden auxiliares para trascribir las audiencias que están video grabadas, documento necesario para luego dictar los autos.  ¿Para qué oralidad?

No sé si saben que una Juez multó a un abogado porque interpuso un recurso de revocación.  Ella consideró que le estaba faltando el respeto.  Otro Juez de Control mandó un oficio a la Procuraduría porque un abogado cuestionó que el Juez haya impedido el desahogo de unos medios de prueba que fueron ofrecidos por el Ministerio Público.  Claro, cuando aquel Juez joven escuchó la palabra “impertinente” exigió un cambio de Fiscal, por haber ofendido a la persona del Juez.  El Procurador, para evitar conflictos con el Poder Judicial, cambio al agente del Ministerio Público.  Hay un Circuito en el cual ninguno de los Defensores públicos recurre porque, dependiendo ellos del Poder Judicial, tienen miedo de que los Jueces logren que sean revocados de sus puestos. Una Juez se inhibe de conocer, siempre que la causa corresponde a un determinado defensor público porque un día le dijo prepotente.  ¡Así vamos dentro de la vacatio legis!

¡Estamos enfrentando la pantomima de la oralidad!  Hoy como ayer los autos y las sentencias son trascripciones literales de todo el contenido de una audiencia oral, porque no hemos aprendido –ni siquiera en las Salas y en el Pleno-, que una sentencia es el análisis factico desde la prueba desahogada en la inmediación y la contradicción para dilucidar la adecuación del hecho al tipo penal del que recae una sanción penal que tiende, en último caso, a la solución del conflicto.  Y, la oralidad documentada en la videograbación ha hecho que las sentencias sean más largas y los autos extensos, por miedo a que ese nuevo documento delate la inopia. La oralidad es lectura, verbalización, farsa.

La mayoría de los Jueces de Distrito y no pocos Tribunales de Circuito consideran que “fundar y motivar” es sinónimo de cantidad de papel, es decir, copia de tesis, copia de artículos, copia de normas, copia de jurisprudencia.  ¡Como en una clase de costura!  Es que, si ya lo dijo otro, da confianza y alivio.  Entonces, no se resuelve para el caso concreto sino que se mantienen –por analogía- decisiones pasadas que concuerdan.  Cuando la forma uniforma, por lo menos permite ver a todos iguales, aunque no sean los mismos. 

La probidad exige respetar, muchas veces, los escalafones.   Al Poder Judicial le hace mucho daño la influencia externa.  Se inició con los Consejos de la Judicatura.  Hoy se procura otro tipo de controles, por ejemplo, los Servicios Previos al Juicio.  Para muestra el artículo 235 del Código para Hidalgo se lee: “En caso de aprehensión por orden judicial, o de detención por flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público notificará a la oficina de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares para que pueda entrevistar al aprehendido o detenido antes de la audiencia de la vinculación a proceso”. Cuando una persona sea citada ante el Juez, dispone el artículo 242 del código en comentario que “junto con la citación se le informará al imputado que antes de la audiencia ante el Juez debe comparecer ante la Oficina de los Servicios Auxiliares de Medidas Cautelares para una entrevista”.  Finalmente, el agorismo 255 dispone que “en la audiencia  inicial el Ministerio Público podrá solicitar la imposición de alguna de las medidas cautelares previstas en el Artículo 269 de este Código  (Medidas cautelares). El Juez de Control recibirá el informe de la Oficina de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares y escuchará a las partes sobre este particular para resolver lo conducente”.

Hay tanta desconfianza en el Poder Judicial, que ya es común que un Gobernador, al tomar posesión, ponga al Magistrado que va a presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado.  Lo mismo ocurre a nivel de la Procuraduría y la Defensa Pública.  Por ende, hay una única voz de mando y, consecuentemente, no hay independencia interna ni externa, porque no hay división de poderes.  No interesan, entonces, las capacidades y conocimientos de los Jueces, Fiscales y/o Abogados, sino que sepan obedecer –dóciles y calladitos- coherentes con una línea de mando. 

Todo esto es contrario a la probidad.  El artículo 17 de la Constitución Política, al introducir los mecanismos alternativos de solución de controversia dispuso, en relación con la materia penal, que se regule “su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.  No se ignore esta norma cuando el artículo 21 prescribe que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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