¡Cuidado!… que los derechos humanos son humanos

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No es mi intención ahora exponer una teoría de los derechos humanos. Basta decir que, para que haya derecho, debe haber detrás de todo derecho su fuente: la persona humana.

Los Tribunales de Justicia, como si de una “barata de verano” se tratara, se “han vuelto locos” con los derechos humanos.  El problema es que si el derecho se protege sin ser y sin existir derecho, se deshumaniza y deja de ser humano.  Me limitaré escribir sobre tres principios que, sin sentido humano, pueden aplicarse sin derecho humano.  Tres principios que, porque no se han entendido desde el derecho, están causando impunidad e inseguridad.  Me refiero al principio pro persona, al de inocencia y, al principio de exclusión de la prueba que ha violado derechos.

Aristóteles –que por pensar y por respetar los derechos no ha pasado de moda- hablaba del “medius virtus”, es decir, que en los extremos no hay virtud y, por ende, valor y/o derecho humano alguno.  No olvido con esto que muchos han considerado que, en caso de violación, hay que matar el producto, esto es, al niño.  Ahí es claro que no hay término medio alguno, sino un extremo.  Pues bien, cuando nos vamos hacia los extremos –que es, por lo general, lo que hunde un barco- entonces, desde el principio pro persona unos miran a la víctima y odian al imputado y otros miran al imputado y ven en la víctima un estorbo procesal.  Igualmente, desde el principio de inocencia, el imputado debe considerarse inocente aun cuando todos –incluidos los jueces competentes- estén convencidos de que es el autor del delito.  Casi lo mismo ocurre con las “reglas de exclusión” cuando se suscitan en las investigaciones del delito violaciones a derechos humanos: se aplica una regla, se tasa la prueba, se reprime el análisis racional, impidiéndole al Juez que razone y decida, y se produce impunidad.

No ignoro que el párrafo precedente saca roncha a muchos “defensores” de los derechos humanos, mismos que posiblemente creen en el aborto, la destrucción de la familia nuclear, la fidelidad matrimonial y el mismo matrimonio. Mismos que –extrañamente-, ponen en duda la autoridad –porque el derecho les es anárquico- en las sociedades modernas.  Sé que no se puede decidir de forma general y no olvido que existe en todo esto un escalafón de diferentes situaciones y de distintos casos.  Pero es igualmente claro que la justicia exige de la equidad, cuando el derecho se aplica al caso concreto.  Es por esto que en derecho penal no puede acudirse a la regla, a la tasa, a la analogía.  Porque, un derecho humano sin derecho no es derecho.  Y…, cuando se crea un derecho que, porque no es humano, no es derecho, se destroza con esa ley a la persona humana, porque se destruye su naturaleza individual; se desmiembra con esa ley a la persona humana, porque se destruye su sociabilidad. 

La verdad se define como “adecuatio rei ad intellectus” (adecuación de la inteligencia a la realidad) y es que hay siempre, en todo, una realidad que es propia de la naturaleza. La humana es racional y, como la persona piensa, entiende entonces que una es la realidad y otra lo que procuran irracionalmente los sentimientos.  Cuando un derecho se apoya en el “deseo”, lo hace en el querer, no en el ser y por eso destruye a la persona.  Basta ver –de hecho, por las calles, para ser vistos con derechos- a los defensores de los “derechos humanos” para darnos cuenta que piden casi imitar a los animales en, por ejemplo, la sexualidad. Por eso, porque han perdido la racionalidad del derecho humano, no les importa la desnudez –contra el pudor-, ni el aislamiento y triste anonimato –contra la discriminación-, ni la ignorancia –por la libertad de expresión-, ni la libertad de conciencia –porque han dejado de creer-, sabios de sus propias sensaciones.  Pero el derecho, para que sea derecho es defensa de la naturaleza humana libre revestida de realidad racional.

El único principio que debe regir el juicio del Juez es el de discrecionalidad, que brilla por su ausencia en la Constitución Federal, esto es: ¡tú decides!  Y, porque es al Juez al que corresponde decidir, es lo propio la lógica, el pensamiento racional, la sana critica, la ponderación, la ilustración de su inteligencia con el conocimiento científico y, consecuentemente, los principios de verdad real, proporcionalidad, inocencia, libertad, sociabilidad, en definitiva, resolver los problemas en torno a la dignidad de la persona humana que gira sobre el conflicto.  Me da pena decirlo, pero la justicia no se logra como efecto del debido proceso sino del mirar a la persona como sujeto de derechos, como persona en su individualidad y, objetiva y necesariamente, en su sociabilidad. En una sociedad que le exige deberes y obligaciones y que, por ello, en razón del bien común, puede prudencialmente sancionarlo.

Desde el principio pro persona se interpretan los derechos desde la justicia, esto es, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Se entiende que la injusticia es quitar lo suyo –el derecho- al acreedor del mismo.  Por eso, desde la discrecionalidad rige a los Jueces la virtud de la justicia y, para conseguirla, la virtud de la prudencia –procul videre- y, para resolver conforme, aun cuando haya oposición, la virtud de la fortaleza.  Esto significa que desde el principio pro persona no hay nada nuevo, todo sigue siendo lo mismo, porque la persona no ha cambiado en su  naturaleza, porque no cambia sino que perfecciona a la justicia. 

Desde el principio de inocencia se entiende que el pensamiento racional evoluciona desde la ignorancia hasta la certeza.  Esto sin ignorar y sin dejar de admitir estándares probatorios.  Por eso, todo imputado –al que se le imputa un delito- es inocente hasta que se demuestre lo contrario.  Y, la culpabilidad se demuestra no en sentencia sino con la investigación que facilita la prueba. Es por eso que el sistema acusatorio admite –sin injusticias y sin componendas- la solución del conflicto mediante formas abreviadas y/o alternativas, porque se ha arribado a la verdad y no hace falta el juicio comprobatorio de la misma.

Desde el principio de exclusión se anula la prueba que ha violado derechos humanos, porque no se puede condenar a alguien como delincuente mediante actos delincuenciales, esto es, no se puede torturar al imputado por haber torturado, peor aún, torturarlo para demostrar que ha torturado. Para evitar la tortura y para facilitar la defensa, con la clara intención de demostrar la verdad, con el deber de no condenar a un inocente, se protegen los derechos del imputado.  Para esto, el proceso exige el descubrimiento de la verdad a través de la prueba.  Pero, no al imputado sino a la prueba le hemos dado “derechos” produciendo “ilicitudes” probatorias contra claras demostraciones de la verdad.  Entonces, la exclusión probatoria que produce impunidad, facilita no dar lo suyo a quien le corresponde produciendo una injusticia. 

Si no se quiere equívocos al concebir los derechos basta una sola ley: la fuente de los derechos humanos es la persona humana.  Esa persona humana que es fuente de sus derechos es una persona individual –con derechos individuales- y es una persona social –con derechos y obligaciones sociales-, que al igual que le facilitan ser y hacerse, igualmente le exigen, para servir al ser y al hacerse.  No nos hemos equivocado cuando defendemos un derecho hasta acrecentar a la persona humana en su realidad de persona.  Cuando destruimos a la persona o a la sociedad en defensa de un derecho es porque no hay, en ese derecho, derecho humano alguno.

Hoy que está de moda -en casi todo- lo “light”, y, por ende, todo lo que fue deja de ser lo que era,  aunque queremos seguir llamándolo como fue; hoy que se tiene miedo a la exigencia, aun cuando ningún ideal se hace realidad sin sacrificio, sin esfuerzo, sin lucha, no conviene una lista de derechos humanos light.  Si queremos construir la sociedad –y/o reconstruirla- hemos de apostar al derecho.  Y, el derecho solamente es derecho cuando es derecho humano, es decir, cuando construye –y no destruye- a la naturaleza de la persona humana, también en y desde el derecho procesal penal acusatorio.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.