Coartar la coartada

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Para entender –o para dejar de entender- el sistema de justicia norteamericano es importante enfrentar el sistema desde lo que podemos llamar “una teoría de la coartada”.  ¡Es impresionante cómo ha calado en el sistema procesal un instituto que se introduce como método policial! Claro, es que cuando las instituciones son policiales, el sistema termina siendo policial y, lógicamente, los métodos resultan finalmente policiales. Es por eso que las reglas de exclusión buscan prioritariamente frenar esa “prepotencia” policial que tanto influye en el sistema de justicia de ese país.

El problema es que los países latinoamericanos podamos copiar, con sistemas distintos, los modos de proceder de los investigadores en los Estados Unidos de América.  El problema es que, copiando modos y sistemas, no sepamos respetar lo bueno que ha servido en el nuestro.  El problema es que, al cabo del tiempo –de mucho tiempo en y dentro de nuestro sistema- asumamos modos y sistemas distintos sin cuestionarnos si son o no mejores que los nuestros.  El problema es que asumamos lo malo y cedamos en lo bueno. El problema es que no sepamos qué es lo bueno nuestro y qué es lo malo de ellos.  Por ende, es conveniente aprender y dar respuestas, con la clara finalidad de resolver, desde nuestro modelo, los problemas que sufre el modelo sajón y aprender, desde el modelo sajón, lo que pueda resolver nuestros problemas.

Antes de entrarle al tema, conviene centrarnos en el ambiente intelectual  y académico que inspira el actuar legislativo.  En 2004 se propuso una codificación aunada que fue totalmente rechazada por las entidades federativas so capa de autonomía.  En 2008 se logró que cada Estado tuviera su propio código adjetivo y sustantivo.  Ese año CONATRIB redactó un código modelo que sirviera para la codificación de cada una de las entidades que no fue muy acogido.  Desde 2009 a 2011 SETEC financió los cambios normativos y, entonces, aunque copiados de uno y otro, surgieron los códigos propios.  Del 2011 al 2013, si quieres financiamiento debes admitir mi código, fue la respuesta última de la SETEC. A partir del 2013 el Ejecutivo Federal propone un Código Único y nadie se recuerda del pasado y todos se adhieren al éxito del futuro.  Este ambiente reina hoy cuando, a dos años que quedan de la vacatio legis, no muchos saben qué es, cómo es y para qué es esto del sistema acusatorio.

Dediquémonos ahora, entonces, al tema de la cortada.  ¡Es interesante! Casi todos los precedentes jurisprudenciales de los Estados Unidos de Norteamérica que hoy se cuestionan giran en torno al tema de la coartada, lo que, desde mi criterio, supone un error de principio. Cuando México –como muchos otros países latinoamericanos incluido Chile-, ingresa al modelo acusatorio, igualmente se ve “atiborrado” del modelo sajón.  Las Universidades y los Institutos de estudios en los Estados Unidos buscan Universidades en nuestros países para asociarse e invertir en el modelo.  Las Instituciones públicas y financieras procuran influir en las nuestras, a través de la primera que les abra las puertas.  Así se logra el beneplácito del Poder Judicial, del Ejecutivo a través de las Procuradurías y/o el Ministerio Público, los Cuerpos de Policía, los Cuerpos Periciales y, como casi siempre, por tener menos influencia, la Defensa pública. 

Si existe buena fe, qué importa, porque el “por qué” de una institución permite corregir sus yerros. El problema es que a veces, cuando ingresa el dinero y vemos que todos los problemas, al parecer se solucionan, se pierde la razón y con ella la academia y con la academia el estudio y los cuestionamientos,  y políticos y académicos se van de cabeza, sin pensar en las instituciones que están aceptando. Se inician los viajes, el shopping y las lisonjas  y comienza la capacitación: todos los cursos, talleres, diplomados y maestrías empiezan a utilizar casos prácticos para introducir a los alumnos en la pragmática del modelo de audiencias.  ¡Qué bueno, entonces, que las normas y los principios se hayan introducido desde la Constitución Política, para no admitir componendas!

La “generosidad” permite la “entrega” sin condiciones de manuales, planos, equipo, cursos, presentaciones, libros, profesores y casos.  Si alguno –de los que mandan- esta rejego, se le monta un viaje a algún país socio, para convencerlo. Al final del viaje, como de milagro, viene curado, y el que era opositor deviene en un socio fanático. Pero es interesante que todos los casos que se utilizan para los talleres –no conozco uno sólo que sea distinto- parten de la cortada. Son casos especialmente experimentados.  Aunque haya prueba científica, investigación policial, lo más nuevo de la criminalística, al final, todo se concreta en interrogar y contra interrogar al imputado para destruir su coartada y “demostrar” su culpabilidad.

Disculpen que no tenga una lista de casos y/o que no haya hecho una estadística de éstos para demostrar si todos o solo algunos parten de la cortada.  Pero hasta hoy, todos vienen iguales.  Y, lo son, los casos que han traído a nuestros países; los que utilizan en nuestras Universidades; los que se utilizan en sus Institutos; los que tengan relación con ellos en cualquier parte del mundo.  Cuando en los talleres de capacitación alguno de los alumnos les hace ver que su cliente se abstiene de declarar, que se acoge al derecho constitucional de guardar silencio, que no va a admitir ser interrogado, todos, incluidos los nacionales se enojan con ese que es coherente con el derecho, porque “así no sirve el caso” y “no se logra el objetivo académico”. Al final todos ceden, contentos, porque han aprendido interrogar –como excelentes defensores-, y/o contra interrogar –como preparados fiscales- al imputado, sin que ninguno de los dos haya perdido o ganado.

¡Es interesante esto de la coartada!  ¡Más aún, que se pueda aprender una técnica de litigio sin necesidad de aplicar –y mucho menos conocer- el derecho!  Más aun, la “genialidad” de que cualquier profesor extranjero pueda enseñar, porque, desde las técnicas de litigio, no hace falta conocer el derecho nacional, basta la técnica.  Si de dos alumnos el fiscal cuenta con más habilidades para interrogar, el imputado termina siendo culpable del delito.  Por el contrario, si el abogado defensor es el más hábil, el imputado termina absuelto.  No se trata –como pueden darse cuenta- de comprobar probatoriamente la conducta, y desde la conducta, la culpabilidad y, desde la culpabilidad la forma de participación y, desde la forma de participación, si hubo dolo o culpa.  Si se destruye la coartada, si se desmiente, si es inverosímil, si no se puede probar, el imputado es culpable.  Si se mantiene la coartada, si no puede ser desmentida -aunque no sea cierta-, si se comprueba -aunque sea con mentiras o, con artimañas-, el imputado es inocente. 

Es lógico que el producto de un proceso así nos lleve a algún error tarde o temprano. ¡Claro, ante un jurado, la respuesta que se necesita es, únicamente: culpable!  Es que el proceso exige, únicamente, “libre convicción”, una frase que –cuidado-, ha admitido el artículo 20 constitucional, inicialmente en el apartado A, fracción II; especialmente en el apartado A, fracción VIII. Pero, igualmente cuidado, porque ese proceso nos puede llevar a la duda y, en la duda el Juez –que no cuenta con jurado- debe absolver.  La lógica, el estudio racional del caso, el conocimiento científico de los hechos desde la prueba y  la sana crítica, no son obligación de los jurados, sino de nuestros Jueces. 

La coartada introduce, a su vez, un problema serio en relación con la carga de la prueba.  Si el Ministerio Público demuestra que no existe y/o que es falsa la cortada, el imputado debe admitir, o el procedimiento abreviado que le concede un rebajo de pena y/o enfrentarse al juicio oral y público y soportar una pena mayor, por su terquedad y pertinacia.  El abogado defensor se ve obligado a probar la coartada admitiendo, con ello, la carga de la prueba –un modo sutil de revertirla en perjuicio del imputado-, para tratar de demostrar la inocencia de su cliente.  El proceso ya no se centra en un juicio de culpabilidad.  Se trata de una inocencia que no se centra en si el imputado es o no autor del hecho sino, si el imputado puede demostrar o no la veracidad de su coartada. La función del Ministerio Público es mantener, en juicio,la coartada, para lograr la condena.

 

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.