La víctima como objeto de prueba

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La víctima no sólo es sujeto procesal sino, a la vez, objeto de prueba, y casi siempre medio de prueba. Claro, si analizamos el proceso desde el imputado éste es represivo de una conducta ilícita y, por ende, para evitar error se introducen –como dudas- principios procesales –no necesariamente constitucionales- de conveniencia.  

La primera duda es la adecuación de la conducta al tipo penal: ¿es delito el hecho denunciado? La segunda duda es la veracidad: ¿es cierto lo que se denuncia?  No se trata de dudar de la víctima sino de que exista una valoración subjetiva de las circunstancias para determinar lo fáctico y/o para enfocar, dentro de los hechos al autor.  La tercera duda es la reprochabilidad: ¿es el imputado el autor del hecho? Por esto, se introduce el principio de inocencia que exige predeterminar como inocente al que se acusa previo a demostrar su responsabilidad.  Algunas legislaciones han considerado que la inocencia prevalece hasta que no exista sentencia firme. Esto les significa considerar la verdad como monopolio del Tribunal de Juicio, lo que causa cierta impunidad, especialmente en un sistema de justicia donde sólo un 95% de las causas arriban a Juicio oral. Entonces, lo obvio se enfrenta al absurdo.

Una cuarta duda es la duda misma.  El principio “in dubio pro reo” exige absolver en esa condición intelectual.  Con el de inocencia la duda beneficia siempre al imputado, con lo cual desfavorece a la víctima y, por ello, víctima del delito muchas veces la hace víctima también del proceso.  Se suma a todo esto, una quinta duda que exige al órgano acusador la carga de la prueba ante el silencio y/o ante la coartada del imputado.  El sistema continental ha exigido siempre al Ministerio Público demostrar la falsedad de la coartada, sin revertir la carga probatoria al imputado cuando rechaza cargos.  Es claro, si la investigación es suficientemente valiosa para acusar y demostrar el hecho y su autor, la coartada cae por su propio peso. No hace falta, por eso, que el imputado compruebe que la coartada es cierta porque la misma investigación debe desmentirla.  Una duda que produce el sistema norteamericano: ¿Por qué los policías quieren siempre interrogar al imputado?

En el proceso acusatorio es necesario recibir denuncia de la víctima u ofendidos.  No basta una simple entrevista, como sí ocurre con testigos y oficiales actuantes. Si la víctima falta porque, por ejemplo, ha muerto, la denuncia se interpone por alguno de los ofendidos. Sin embargo  el cuerpo muerto es siempre la mejor denuncia del hecho de homicidio.  El Ministerio Público no tiene derecho de valorar los hechos hasta tanto no cuente con una denuncia.  Es posible decir que la denuncia es un derecho de la víctima u ofendidos y la primera obligación del órgano acusador.  Se trata de una denuncia encaminada a dos objetivos probatorios: el hecho ilícito y el daño que, producido por el hecho debe ser reparado.  No se acude ya al Código Federal de Trabajo para predeterminar el monto del daño en la persona de la víctima.  Como el hecho ilícito, el daño también se demuestra en juicio y/o con la investigación.

El párrafo anterior es especialmente importante. Da pena los montos que se fijan en la legislación laboral respecto al valor  de  la vida, de un miembro, de la persona humana. Desde los mecanismos alternativos nuestra Constitución Política exige que éstos “asegurarán la reparación del daño” a la víctima. (Cfr: art. 17). El artículo 20, Apartado C, Fracción IV dispone que la víctima tiene derecho a “que se le repare el daño”.   Con esa finalidad “el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño”.  La “víctima u ofendido (podrá) solicitar directamente” esa reparación.  En todos los casos “el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria”.  “La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño”.  No es posible, luego de la lectura de ese numeral, seguir acudiendo al Código de Trabajo.

Pero especialmente, la víctima es fuente de prueba, medio de prueba, objeto de prueba y sujeto probatorio.  En efecto, la fracción II del artículo 20, C dispone que la víctima puede “coadyuvar con el Ministerio Público”.  Se trata de una función procesal que el Código Nacional ha atribuido a la víctima, equivocadamente, hasta la etapa intermedia (Cfr: art. 338).  Desde la denuncia la víctima tiene derecho “a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes”. Si el Ministerio Público espera –lo diga o no el Código Nacional- hasta la etapa intermedia, actuará contrario a la Constitución Federal, cometerá, por lo menos, unos diez errores procesales y más de una docena de errores estratégicos.  La víctima es la principal fuente de prueba en la mayoría de los tipos penales, especialmente cuando el delito la convierte en escena del hecho punible por la relación que se dé con la acción del imputado.

Especialmente, si desde la víctima o los ofendidos enfocamos el procedimiento de investigación para obtener, con el desahogo de datos de prueba, los necesarios medios de prueba, para resolver alternativamente y/o su desahogo comprobatorio en juicio, es muy posible que no se cometa el error de producir actos procesales ilícitos que causen medios de prueba nulos.  El imputado es solo una de las fuentes de prueba, lo que comparte con cuatro fuentes más, es decir, el lugar del hecho, la víctima del hecho, el objeto o instrumento con el que se comete y/o realiza el  hecho, el bien jurídico sobre el cual se comete o el cual se viola con el hecho.  ¿Por qué entonces de produce prueba ilícita?Se produce prueba ilícita por el error policial –técnica muy utilizada por la policía de USA- de querer iniciar o terminar la investigación con la entrevista del imputado, esto es, convertir al imputado como la fuente de las demás escenas, de los demás medios de prueba. 

Parece lógico decir –por lo menos en la mayoría de los casos- que desde el objeto sustraído se puede llegar al autor del robo; que desde el lugar donde se sustrajo se puede llegar al que llegó al lugar; que desde el instrumento utilizado para la sustracción, se puede llegar al que utilizó el instrumento.  Tres fuentes que prescinden del imputado.  Así es posible proceder con todos y cada uno de los distintos tipos penales, a través de una estrategia de investigación y las técnicas propias para cada uno.  Otros delitos pueden iniciar su investigación desde el cuerpo de la misma víctima.  ¿Por qué entonces se ha enfocado la investigación policial en y desde el imputado? Por error, por falta de pericia, por ausencia de técnicas de investigación, por prepotencia, por Inidoneidad de los métodos de investigación, etc. Hoy es posible hacernos la pregunta en, por ejemplo, el caso Miranda vs Arizona. ¿Qué necesidad había de entrevistar a Ernesto Arturo Miranda?  La respuesta es totalmente clara: ninguna.

Si queremos comprobar el hecho denunciado, es posible centrarnos en la víctima u ofendidos con dos objetivos. El primero llegar desde ella al medio de prueba; el segundo, que ella nos ofrezca –recibir de ella- los medios de prueba. Este descubrimiento probatorio debe hacerse en relación al hecho delictivo y en relación al daño producido por el hecho delictivo, esto es, con dos objetivos que, procesales son igualmente constitucionales.  No habrá error y nos evitamos producir tanto precedente jurisprudencial protector de derechos humanos y/o procesales del imputado, como ocurre con la jurisprudencia norteamericana, si evitamos descubrir los medios de prueba en y desde el imputado y lo hacemos, como se propone, desde sus mejores fuentes de prueba. 

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.