El trauma de la entrevista policial del imputado:

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Analicé, en su oportunidad, el problema de la cortada.  Hoy, es posible sostener que el fracaso del modelo jurisprudencial norteamericano se debe –también con la coartada- al trauma del interrogatorio policial.

Es posible admitir –desde el estudio de los precedentes jurisprudenciales norteamericanos- que en los Tribunales de Justicia no se da una verdadera protección de los derechos humanos de las personas –víctima, ofendido e imputado-, porque esa jurisprudencia se limita a proteger a los ciudadanos de los policías y, por ende, prevenir a los policías, de los efectos procesales de sus actuaciones. Se trata de simples advertencias profilácticas. (Cfr: New York vs, Quarles. 467 U.S., 649 (1984))

El objetivo de la exclusionary rule –dice Manuel MIRANDA ESTRAMPES- es “disuadir a los cuerpos y agencias policiales de actuar en el futuro al margen de las normas constitucionales, sancionándoles con la exclusión en juicio de las pruebas obtenidas inconstitucionalmente, eliminando en consecuencia el incentivo que pudiesen tener dichos cuerpos de actuar al margen de la ley (…) La aplicación de la exclusionary rule envía un mensaje de advertencia a los cuerpos policiales, indicándoles que de realizar actuaciones contrarias a la Constitución las pruebas que así obtengan no podrán ser utilizadas para fundamentar una acusación penal”. (Pág278)

Sin embargo, para Javier MIJANGOS Y GONZÁLEZ “en Miranda vs Arizona la Corte Suprema de los Estados Unidos se enfrentaba al eterno dilema entre la eficacia de la actuación de las fuerzas policiales y los derechos de los particulares. El poder público tiene como uno de sus principalesobjetivos, realizar investigaciones, de forma eficaz y eficiente, que permitan solucionarlos crímenes a los que se enfrenta.Por otro lado, los particulares —en cualquier sistema jurídico occidental— cuentan con una serie de derechos que los protegen frente a prácticas de la policía que puedan ser consideradas abusivas”.

En busca de unacomodo entre estos intereses –sigue diciendo el Secretario de la Primera Sala-, la Corte Warren, en 1966, adoptó un criterio a favorde los derechos de los detenidos que causó gran controversia, principalmente entreaquellos que consideran que la decisión implicó atar de manos y pies a las fuerzas policiales. “(…) Es la historia de un caso que cambió el Derecho Penal en los Estados Unidos —yen buena parte del mundo occidental—, y que permanece en el imaginario popularcomo uno de los mayores logros en contra de la impunidad de los cuerpos policiales”. (Cfr: Miranda vs Arizona, 384 U.S., 436 (1966).

No dejan de ser interesantes estas disyuntivas.  Nuestra Constitución Federal no es contraria al interrogatorio policial y/o ministerial. Porque protege al imputado en su derecho al silencio, prohíbe “toda incomunicación, intimidación o tortura”.  Exige, antes de la entrevista, conocer los motivos de su detención, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.  No impide el interrogatorio porque “la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”.  De hecho, permite al imputado prestar “ayuda eficazpara la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada” (Cfr: artículo 20, B). No se olvide que “el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo”. (Cfr: art. 20, B. VI)

¿Debe ser un objetivo, en el proceso acusatorio penal mexicano, la entrevista policial del imputado?  Las respuestas a esta pregunta han oscilado pendularmente.   Desde el artículo 376 del Código Nacional “durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito,podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado,realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones pertinentes”.  Sin embargo no se otorga, ni en las obligaciones de la policía y/o las potestades del Ministerio Público, el de interrogar al imputado.  La única entrevista del imputado que se admite es las que pueda tener con su abogado defensor.

El proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales introducía, en el artículo 144, fracción IX, el derecho del imputado de “tener acceso a los registros de investigación cuando se encuentre detenido, se pretenda entrevistarlo o recibírsele su declaración y a obtener copia de los mismos”. La tendencia de ese proyecto era, desde el artículo 160, la de “entrevistar al imputado, con pleno respeto a los derechos que lo amparan”; la de documentar “toda la información que el imputado le proporcione en el informe policial homologado” y, la facultad de “videograbarlas”.  En estos casos si el imputado manifiesta a la policía “su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar ese hecho al ministerio público para que se inicien los trámites a efecto de que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas”.

Puedo concluir hasta aquí, que admitiéndose la entrevista policial y/o ministerial, sólo puede ser lícita –conforme a la constitución-, en presencia de su abogado defensor.  Ese derecho de defensa exige, previamente, que el imputado conozca sus derechos; la razón de su detención; la acusación, su acusador y los datos de prueba en su contra, lo que supone que haya tenido acceso a los registros de la investigación. No es posible aceptar que la entrevista haya sido admitida por la legislación penal y, por ende, si fuera realizada sería ilegal. En definitiva, desde el Código Nacional, la entrevista del imputado sólo puede realizarse para lograr en su favor beneficios en o para el proceso. Esto significa que, desde el derecho comparado, la experiencia jurisprudencial norteamericana, como criterios de acción,  carece de importancia.  Resulta importante para México solo como referencia crítica y como criterios de interpretación “negativos” de los derechos contenidos en la Constitución Política.

No deja de preocupar que México haga girar todo efecto probatorio en torno al abogado defensor.  Desde la trilogía del derecho de defensa –defensa letrada, defensa material y defensa técnica-, el abogado defensor sólo cumple –si es que cuenta con título valido- con la de ser letrado. Objetivamente -aunque es especialmente importante que los abogados defensores sean expertos en derecho procesal penal-, el derecho de defensa material –ofrecer prueba de descargo y contradecir la de cargo-, y el de defensa técnica –el análisis procesal y constitucional de los medios de prueba-, se puede cumplir con la presencia del imputado.  Sin embargo –aunque el abogado defensor no agota el derecho de defensa-, es siempre importante que el imputado cuente con un abogado defensor.  Ahora, particularmente, para el caso en que se pida una entrevista.

¿Se necesita la entrevista?  Nótese que vuelvo a hacerme la misma pregunta, aún todavía sin respuesta.  El estudio de los precedentes jurisprudenciales norteamericanos y el estudio de la jurisprudencia obligatoria mexicana me permiten sostener que no hace falta, como medio procedimental, la entrevista.  La entrevista es –lo ha sido siempre- una necedad policial. Ha sido, casi siempre, una puerta sutil a la tortura.  La entrevista policial en el proceso penal es –con sus distintos métodos y estrategias- una técnica manipuladora de la conciencia, que doblega la voluntad y agrede la inteligencia humana.  Por eso, la entrevista no es ni un dato de prueba, ni un medio de prueba y, consecuentemente, no es prueba.  La falta de entrevista elimina del procedimiento de investigación la cortada y, lógicamente, la violación de los derechos humanos que se produce a través del polígrafo. 

Aunque a la fecha hayamos copiado tanto del modelo procesal penal de los Estados Unidos de Norte América, la realidad normativa nos permite alejarnos, poco a poco, de él, para superarlo.  Es cada vez más importante entender que “la evidencia es el testigo que no miente” y que no hay entrevista policial que no vaya acompañado –por sus distintos métodos- de una solapada y peligrosa tortura. En las técnicas de entrevista se utilizan verdaderos métodos mortificantes que, por lo menos, denigran a la persona humana.

 

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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