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Lo humano de los derechos es que sean humanos

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Para que haya derecho es necesario que se trate de una fuente lícita. ¿Cuál es la fuente de los derechos humanos?

Para responder la pregunta, quiero seleccionar, entre decenas, una sola tesis aislada, además reciente. Me refiero a la del 2012 del Tercer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que parece, de principio, correcta. 

El Tribunal resuelve, con una aparente lógica constitucional que “con la adición al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos del ofendido o la víctima de un delito, cuyo objeto fue otorgarle la calidad de parte dentro de un proceso penal, dotándola de los medios necesarios para hacer efectivas sus prerrogativas, entre las que se encuentra su derecho a obtener la reparación del daño causado por el delito; consideración que se refuerza con la reforma a los artículos 1o., 103 y 107 constitucionales, de donde se advierte que el juicio de amparo ya no se limita a la protección de las denominadas garantías individuales de los gobernados, sino también de los derechos humanos reconocidos por la propia Norma Fundamental, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

De inmediato cita –sin especial necesidad, sin la necesidad de ese fundamento- la Convención y el Pacto Internacional para concluir en una injusta igualdad de derechos procesales analizando que “luego, si los artículos 8, numerales 1 y 2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 14, numeral 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promueven el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos entonces, la víctima u ofendido y el imputado tienen igualdad de derechos durante el juicio penal ante los tribunales”.

Con todo ello concluye que “el ofendido o víctima de un delito sí tiene legitimación para instar el juicio de amparo indirecto contra la resolución del tribunal de apelación que confirma el auto de libertad emitido a favor de un inculpado al vencimiento del plazo constitucional, porque si bien tal acto no afecta directamente la reparación del daño sí implica que, de facto, esa reparación no ocurra, por afectar la pretensión reparatoria elevada a categoría de derecho fundamental”.[1]

No deja de preocupar esa tendencia a citar las normas que contienen derechos humanos, a veces de la Convención Americana de Derechos Humanos, a veces del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc., con la finalidad de decir lo que ya dice la ley, lo que está claro, por ejemplo, en la Constitución Política.  No ignoro hasta la fecha los conceptos de control concentrado y control difuso tanto a nivel constitucional como convencional.  Entonces, si el derecho y /o la norma no exige control, no hace falta citar ni la Constitución –control difuso de constitucionalidad-, ni la Convención –control difuso de convencionalidad-.  No se olvide que, cuando se cita un argumento de autoridad es que el criterio propio carece de la misma, por ejemplo, cuando parece que la ley no es suficiente.

Pero, si reflexionamos ahora sobre el texto de lo que se ha resuelto, esa decisión nos enfrenta ante una solapada prisión por deudas contraria al artículo 17 de la Constitución Federal, con lo cual convierte el fundamento –y los propios derechos humanos que se citan- en una falacia.  En efecto, el derecho de recurrir no estriba en el derecho de impugnar sino en el de no afectar la pretensión reparadora de la víctima.  Nótese cómo el argumento esconde un modo de citar los derechos humanos, en contra del imputado, so capa de que se está resolviendo en protección de iguales derechos humanos de la víctima y, desde esa óptica, la “igualdad de derechos humanos” se utiliza para hablar de “igualdad de derechos procesales”.

Tuve que resolver -como Juez- en una ocasión: una pareja de norteamericanos habían asaltado un Casino en Nevada, sustrayendo seis millones de US dólares en billetes.  Cuando llegaron a mi país, los abogados que conocieron de su detención celebraron con los imputados un contrato de cuota litis con relación al bien objeto del delito.  Esto mismo nos puede ocurrir con los derechos humanos, es decir, que busquemos una fuente ilícita –como puede serlo una ley injusta y/o una decisión jurisdiccional- para darle contenido –como fuente- a los derechos humanos. Entonces se logra lo que hoy se ha logrado con “éxito”: el expansionismo de los derechos humanos sin contenido humano, peor aún, los efectos inhumanos del derecho humano, como ocurre, por ejemplo, con un mal entendido derecho de expresión que lleva a ofender, calumniar, injuriar, degradar, difamar, etcétera.

No se olvide que uno es el derecho y otros sus efectos.  ¿Cuándo el artículo primero de la Constitución Federal dispone que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” se refiere a derechos o se refiere a efectos?  Es claro que la “discriminación” por ejemplo, no es un derecho sino, un efecto de cualquier derecho humano: los derechos –que de previo deben ser derechos- deben respetarse sin discriminación. Aún ello, no es fácil admitir un ciego como notario público para que de fe o un paralítico como guardia de seguridad, para perseguir a los ladrones, lo que nos obliga admitir algunas “discriminaciones”, aunque hoy muchas personas han aceptado “auto discriminarse”, lo que nos coloca ante un serio problema en relación con la verdad de sus derechos.

En efecto, piénsese si una persona quiere ser coche y ser tratado como coche sujeto, en la carretera, a las leyes de tránsito; o que un hombre quiera casarse con, por ejemplo, una vaca; o que a alguno le sea preferible ser un animal, para admitir un trato igual a la mascota, porque se siente, quizá, discriminado como persona y aceptado como amuleto.  Piénsese igualmente en la “auto esclavización” de muchos en el ámbito afectivo, laboral, profesional, familiar, educativo, etcétera. ¡Cuántas mujeres, por ejemplo, soportando la agresión intra familiar como un mal menor! ¡Cuántas, admitiendo componendas inmorales en las injustas relaciones de trabajo! Pero, igualmente, cuántos niños soportando, al interno del ambiente familiar, la discriminación, el trato despectivo, el hambre, la soledad, la agresión y, los distintos problemas entre sus progenitores. ¡Cuántos niños producto de las secuelas psicopatológicas del divorcio! ¡Cuánto suicidio por no hallar un sentido humano a la vida humana! ¡Cuántos deseos de respuesta sin respuesta cuándo, por ejemplo, se procura una respuesta equívoca desde la sensualidad! ¡Cuánta trata de personas! ¡Cuánta prostitución! ¡Cuánto pederasta!

Para que –a futuro- un pederasta –por ejemplo- no pida matrimonio con un mejor de edad, los derechos humanos exigen una fuente lícita.  Nada mejor que la persona humana como fuente de los derechos humanos.  Con esa finalidad, hoy se hace cada vez más obligatorio estudiar filosofía de la persona; filosofía de la conducta; filosofía de la sociabilidad; sociología; antropología y, por qué no, religión, esa tendencia de las personas de sentirse “ligadas” –re ligare- a un ser Superior, que les ofrece respuestas más claras que aquellas que queremos dar “los sabios” de los derechos humanos.

Cuando una persona no entiende la dimensión de lo humano, es muy difícil –sino imposible- que pueda comprender –conocer y disfrutar- sus prerrogativas.  Si los derechos humanos son humanos, es claro que debemos tener un concepto mínimo de lo humano.  Claro, lo humano es lo que aúna. Por eso, cuando nos sentimos discriminados de lo humano, es posible que nos sintamos igualmente discriminados de los derechos, y nos sintamos discriminados por los humanos. ¿Qué hay que hacer? Nunca procurar unos derechos exclusivos –porque nos sentimos discriminados- sino, volver a lo humano.

[1] [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2669. OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE LIBERTAD DECRETADO A FAVOR DEL INCULPADO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL, YA QUE TAL DETERMINACIÓN, DE FACTO, IMPLICA QUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO NO OCURRA.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

Las objeciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales

Objecion en el Juicio

EDWARD C. A. WORRALL GONZÁLEZ[1]

ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA[2]

Sumario: I.- Introducción. II.- Las objeciones. III.-Conclusiones.

 

“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, tal como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”

John Rawls

I.- Introducción

 

La reciente promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que participaron todas las fuerzas políticas para llevar a cabo su concreción (en adelante CNPP), por un lado permite observar que él mismo se entiende bajo auténticas formas democráticas de un gobierno que hace efectiva la vigencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, y por el otro, que contempla diversos medios de defensa cuya teleología está orientada en controlar así como en unificar la formalidad y justicia que deben comprender todas las decisiones jurisdiccionales.

En este contexto y siguiendo las ideas que Alberto Binder expone en su libro Introducción al Derecho Procesal Penal, es que nos resulta posible identificar que los medios de defensa se entienden bajo una idea de estricto control de las decisiones jurisdiccionales fundadas en cuatro ámbitos, que se enuncian de la siguiente forma:

a) La sociedad debe controlar cómo sus jueces administran justicia (lo que se verifica fundamentalmente  a través  del principio de publicidad);

 b) El sistema de justicia penal debe desarrollar mecanismos para permitir la planeación institucional (vinculándose directamente con el tema de la gestión judicial);

 c) Los sujetos procesales tienen un interés en que la decisión judicial sea controlada, y

d) Al Estado le interesa controlar cómo sus jueces aplican el Derecho.

Es dable precisar en relación a lo anterior, que los medios de defensa en el nuevo proceso penal acusatorio y oral implementado en México, se vinculan de forma específica a los dos últimos puntos.

En consecuencia, las objeciones -rubro que da título al presente artículo- devienen en un límite en relación a las preguntas que pueden formular tanto el Ministerio Público como la Defensa en audiencia oral (Cfr. CNPP Artículo 374. Objeciones: La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El Juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno). Visto así, las objeciones son un auténtico medio de defensa contra lo que se pregunta a un testigo, o incluso en contra de determinado medio de prueba (datos de prueba) que se pretende desahogar en audiencia de juicio oral.

Respecto de este tipo de control al que nos referimos, Andrés Baytelman y Mauricio Duce nos comentan en su libro Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba, que las objeciones son incidentes que al presentarse en el contexto de un juicio oral tienen un formato mucho más desformalizado, en virtud de estar regidos simplemente por la lógica del debate, y son una clara consecuencia de la idea del principio de contradictoriedad que orienta a un juicio oral acusatorio. Esto es, la idea de que la contraparte tiene derecho a intervenir en forma activa en la producción de prueba y a controlar que las actividades realizadas por su contrario sean hechas correctamente (Cfr. CNPP Artículo 354. Dirección del debate de juicio: El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del Presidente, lo resolverá el Tribunal.).

De igual forma refieren Baytelman y Duce que “…el mecanismo de las objeciones es la manera en que las partes en juicio pueden manifestar su disconformidad respecto de cualquier actividad de la contraparte que pueda afectar sus derechos (o intereses)…”. Y esto resulta bastante claro desde la esencia misma de la adversarialidad, toda vez que la razón de objetar estará surgiendo de la valoración que el litigante haga en torno a que la prueba presentada pueda en un momento dado resultarle perjudicial a su teoría del caso.

Ahora bien, por cuanto hace a las destrezas de litigación, las objeciones implican una determinada habilidad que requiere de operaciones de razonamiento y decisión estratégica en fracciones de segundo, precisando simultáneamente de capacidad de respuesta inmediata orientada a presentar y fundamentar la objeción ante el tribunal (Cfr. CNPP Artículo 117. Obligaciones del Defensor: Son obligaciones del Defensor: “… XI.   Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales…”). Dicho de otro modo, el litigante debe identificar el momento preciso (oportunidad) para manifestarse en contra del testimonio o evidencia presentados por su contraparte, toda vez que pasado dicho momento los mismos pueden quedar admitidos o registrados. Del mismo modo, al objetar, el litigante debe dejar bien claro aquello sobre lo que se está oponiendo (especificidad) es decir la naturaleza misma de la objeción, a efecto de que el tribunal pueda resolver exactamente respecto de ello. Y por si esto fuere poco, la objeción deberá estar acompañada del fundamento correcto que la avale (Por ejemplo, la objeción en torno a los medios de prueba que se pretenden incorporar al proceso penal, se puede fundar en: relevancia, pertinencia, etcétera, mientras que en lo inherente a las preguntas que le son formuladas al testigo, estas pueden ser objetadas en el sentido de ser: compuestas, poco claras, coactivas, sugestivas, etcétera.), ya que en general se espera que en una audiencia sólo sea admitida información relevante para el caso que se juzga, sin embargo, como se dijera renglones atrás, en un momento dado lo manifestado por el testigo o bien la evidencia presentada pudiera no ser conveniente para alguna de las partes, de allí la necesidad de objetar y exponer el fundamento de ello.

Es por tales razones que en contextos de sistemas adversariales más desarrollados, resulta común encontrar concordancia cuando se dice que el realizar objeciones pertinentes, idóneas y en un momento correcto constituye la habilidad más difícil de manejar para un litigante con poca experiencia.

El Doctor Carlos Natarén y la Maestra Beatriz Ramírez Saavedra, en su libro Litigación oral y práctica forense penal, nos advierten de forma sutil, que dicho momento relevante se actualiza cuando se debe realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes en pugna, de los testigos ofrecidos por cada una de ellas, y en su caso, de los peritos. En este sentido el CNPP a la letra instaura lo siguiente:

 Cfr. Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio

Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado.

Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código.

A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos.

Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas.

 

Luego entonces, desde un panorama general, se puede decir que las objeciones conforman una suerte de herramienta eficaz que le permite al abogado establecer y limitar tanto el discurso del oponente como las pruebas que este pretenda desahogar en el proceso (en el Juicio Oral o en el desahogo de prueba anticipada).

Dicho lo anterior, no resulta difícil concebir que la objeción tenga como objetivo, por un lado, prevenir que se admita información inaceptable, y por el otro, agotar los medios ordinarios de impugnación con el fin de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama conforme a la lógica de la litigación oral establecida en la legislación procesal penal.

Bajo estas premisas, resulta pertinente identificar la exigencia que el nuevo proceso penal le impone tanto al Ministerio Público, a la Defensa y a los Peritos, en su calidad de asistentes técnicos, la obligación de aprender cómo y cuándo formular una objeción, a efecto de que dicha acción sea llevada a cabo de manera responsable y no solamente con fines dilatorios.

Naturalmente, resulta igualmente importante conocer los límites en el uso de las objeciones; en otras palabras, es recomendable tener noción de aquello que se puede decir y hacer a través de estas, así como también estimar cuándo formularlas. En sentido opuesto, la inobservancia de ciertas reglas básicas para objetar en tiempo y forma, puede afectar severamente el desahogo de la prueba trascendiendo al resultado final de la audiencia y desde luego del proceso.

 

II.- Las objeciones

 

Con base en los planteamientos iniciales, debemos identificar que la intención real de la objeción es que el juzgador decida: ¿si se puede o no formular determinada pregunta al testigo, al imputado o al perito (incluso en su calidad de testigo experto)?, generalmente para evitar que pudiera éste emitir una contestación que afecte negativamente la teoría del caso del que objeta.

Así las cosas, una objeción puede presentarse en torno a un punto específico del litigio durante el curso del juicio oral. Y justamente en relación a lo anterior, el Doctor José Daniel Hidalgo en su libro La argumentación en la audiencia oral y pública, Desde los principios de la inmediación y contradicción, acertadamente se formula las siguientes preguntas: ¿Cuándo se debe objetar?; ¿qué preguntas pueden ser objetadas?; ¿en qué casos pueden las partes violentar la objetividad y la lealtad?; ¿en qué casos el Juez o el Tribunal pueden pasarse en sus potestades?; ¿cómo evitar una pregunta o, en su caso, sus efectos nocivos, si ante la objeción el Juez la ha “legitimado”?; ¿qué ocurre cuando no se objeta una pregunta y el Juez o el Tribunal se percata de su inconveniencia procesal?; ¿qué debe pasar si alguna de las partes no objeta una pregunta objetable?

En virtud de lo comentado hasta aquí, queda bastante claro que la exposición de objeciones y su registro durante el procedimiento, resultará importante para que posteriormente la instancia superior que conozca del juicio, recurso o medio de defensa que se ejercite, las tome en cuenta en sus decisiones.

No obstante lo señalado, es preciso mencionar que algunas leyes procesales sólo aceptan los medios de defensa siempre y cuando, de forma previa, los posibles errores percibidos por las partes hayan sido oportunamente objetados. Como consecuencia, los que no se hayan objetado en su momento, posteriormente no se tendrá la posibilidad de enmendarse ante una instancia superior.

Resulta lógico suponer con ello que las objeciones pueden formularse en varios sentidos, o por diversas razones, de ahí que en relación con éstas las preguntas efectuadas por la contraparte se señalan como:

-Preguntas sugestivas

-Preguntas argumentativas

-Preguntas compuestas

-Preguntas especulativas

-Preguntas capciosas

-Preguntas que asumen hechos no probados

-Respuestas espontáneas de preguntas no formuladas al interrogado

-Preguntas repetitivas, etcétera.

 

Del mismo modo, las objeciones también pueden emplearse en relación a la calidad o credibilidad del testigo, o del perito, o de lo que éste presenta para apoyar su dicho. En tal sentido, se podría agregar que las objeciones en el proceso penal acusatorio y oral se formulan con la intención de destacar lo siguiente:

 

– La falta de capacidad del testigo

– La falta de pertinencia del testigo o de su dicho

– La falta de capacidad del interrogador

– Que el perito no está calificado

– Refrescar memoria

– Destacar que se trata de información privilegiada

– Aspectos irrelevantes con la litis

– La prueba de referencia, etcétera.

 

El Doctor Hesbert Benavente Chorres de manera recurrente señala (en sus diversas obras), que se actualizan dos tipos de exigencias respecto del tema que nos ocupa; por un lado, se requiere contar con las destrezas de litigación para que le permitan al operador jurídico o al perito en su calidad de asistente técnico, comprender y asimilar la habilidad que se requiere en aras de realizar las operaciones de razonamiento y decisión estratégica para formular adecuadamente objeciones, y por el otro, se requiere haber adoptado previamente un planteamiento metodológico que cada una de la partes debe realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con la finalidad de dotar de un solo sentido, significado u orientación de los hechos, normas jurídicas –sustantivas y procesales-, así como el material probatorio –también conocido como indicios.

 

III.- Conclusiones

 

Considerando todo lo señalado hasta aquí, es que resulta posible -a manera de aproximación- identificar los requisitos formales (que sean oportunas, pertinentes y fundadas) y técnicos (jurídicos) que se requieren para que una objeción sea aceptada (Cfr. CNPP Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio: Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en contrainterrogatorio. Las partes sólo podrán hacer preguntas a los testigos, peritos o al acusado, respecto de lo declarado por ellos previamente en la investigación cuando conste en los registros, de lo declarado en juicio, cuando tengan  como finalidad acreditar su dicho, o cuando se pretenda ofrecer prueba de refutación respecto de hechos propios que resulten pertinentes para la materia de juicio). Para lo cual, se deberá tener en consideración las exigencias (jurídicas, fácticas y probatorias) que derivan de la teoría del caso, a efecto de que resulte posible planificar la interposición adecuada de una objeción (cuestiones de forma o de fondo) y las consecuencias que de la misma derivan, es decir, la decisión que se espera adopte el Juez e incluso las consecuencias que se pretenden (Vr. gr. interrumpir el desarrollo del interrogatorio del contrario).

En consecuencia, debemos comentar que la clasificación de las objeciones puede ser tan diversa, que requiere un estudio mayor que incluso podría dar la pauta a desarrollar una teoría de las objeciones (dicho planteamiento deriva de las opiniones de los juristas citados). Ello, sin perder nunca de vista que la finalidad de los medios de defensa en el nuevo sistema de justicia penal, es controlar la formalidad y justicia de las decisiones judiciales.

Por último, no se debe perder de vista que si las partes -con base en su teoría del caso y en la legislación- estiman que un determinado acto procesal (el cual se debe regir por los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración) se desvía de su finalidad (cuya característica debe ser preponderantemente oral y acusatoria), comprendiendo vicios que se pudieran traducir en defectuosos, injustos o ilegales (nulidad o ilicitud), deben ejercer de forma oportuna y adecuada los medios de defensa comprendidos en el nuevo proceso penal acusatorio y oral.


[1] Maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

[2] Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Documento en prensa: Falta incorporar los datos bibliográficos donde fue publicado.

La vinculación a proceso para el Código Nacional de Procedimientos Penales

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La Audiencia de Vinculación a Proceso –a diez años de experiencia- debió exigir algunas respuestas precisas al Código Nacional.  Si el artículo 307 logra comprender las exigencias del artículo 19 de la Constitución Federal, a partir del artículo 308 se repiten todos los errores normativos y de interpretación que se han suscitado hasta ahora.

Si el legislador federal hubiera analizado con propiedad todos y cada uno de los párrafos del artículo 19 y, en lugar de contar con la experiencia y normativa surgidos a partir del Estado de Chihuahua hubiera pedido consejo a entidades federativas que, con la legislación y la práctica habían superado esos defectos, hubiéramos podido construir la mejor audiencia del proceso penal acusatorio en México.  La audiencia de vinculación es mexicana y no encuentra génesis en la legislación comparada.  Empero, una es la audiencia que nace en las codificaciones anteriores a la reforma del 18 de junio y otra, muy distinta, la que surge del mandato constitucional, como ocurre con la riqueza de la legislación, las decisiones de los Jueces y, la doctrina surgida a partir del Código Modelo en los Estados de México, Morelos, Baja California, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Yucatán y el Estado de Chiapas.

La Constitución Política es clara y, a la vez, más sencilla que la normativa unificada.  Si el Ministerio Público ha consignado con detenido el Juez de Control debe convocar a la Audiencia Inicial y/o de Vinculación a Proceso.  Así lo entendió el artículo 307 del Código Nacional. En efecto, ese artículo dispone que “en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación”.

Como el imputado se encuentra detenido, la primera diligencia, mandada por el párrafo siete del artículo 16 es la de “ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”.  Con ello, el Juez revisa los actos anteriores al momento procesal en que el imputado le es consignado.  El artículo 19 permite -una vez ratificada esa detención-,  resolver la situación jurídica del imputado, dentro “del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición” mediante el dictado de “un auto de vinculación a proceso” que la justifique o, en su defecto, con un auto de no vinculación a proceso.  Se inician, con esa puesta a disposición, los actos procesales,  por ende, el proceso y, consecuentemente, la situación jurídica que debe enfrenta el imputado. Es por eso que, aunque no ratifique la detención, como acción del Ministerio Público, el Juez puede continuar con la audiencia, resolviendo el futuro del imputado en una causa en la que se ha  procedido a su formalización. Se le llama, por esa razón, jurisdiccionalización de la investigación. 

La Constitución Federal nos enfrenta ante dos situaciones procesales en relación con el detenido.  La primera es ratificar o no la detención en razón del acto de los particulares, de los oficiales de policía y/o del Ministerio Público que, conforme al párrafo décimo del artículo 16 debió ser valorada, previamente, por el agente del Ministerio Público, esto es, si la detención lo fue, realmente, por flagrancia y/o caso urgente.  Esa revisión se exige al Juez de Control quien debe “ratificar la detención u ordenar la libertad”.  La segunda situación es la detención ante el Órgano jurisdiccional, porque el imputado le ha sido consignado.  En este segundo supuesto la Constitución Política exige que, luego de que el agente del Ministerio Público formule imputación, el Juez resuelva sobre la detención a través de la vinculación o no vinculación a proceso.  Se trata de una misma detención con un doble efecto.     

Cuando empezamos a estudiar los artículos 308 a 319 del Código Nacional, de nuevo, se regresó a lo antiguo y caduco, a lo ya cuestionado por la codificación de CONATRIB, a la experiencia negativa –tanto doctrinal como jurisprudencial- del Estado de Chihuahua despreciándose la experiencia de las entidades federativas que, con docilidad, acogieron en las normas la reforma del 18 de junio del 2008.  Cuando la Constitución Política exige al Ministerio Público un único discurso imputativo, fundamentado en los datos de prueba y el estudio jurídico del mismo desde el Derecho Penal, el Código Nacional permitió, como lo hizo Chihuahua, un discurso imputativo y otro discurso vinculatorio, un discurso probatorio y otro discurso jurídico para, finalmente, resolver sobre la medida cautelar.  Se repite, entonces, la cultura de la antigua y superada “audiencia de formulación de la imputación”.

Confrontando las normas –control difuso- con el artículo 19 de la Constitución Política, es posible considerar que uno es el discurso imputativo, exigido constitucionalmente al Órgano acusador y, otro, la decisión que toma el Juez en relación con esa imputación, esto es, vincular o no vincular a proceso.  Por ende, no ha existido nunca una audiencia de imputación ni un discurso vinculatorio como se introdujo en la norma. No existe un discurso vinculatorio porque vincular es lo que debe hacer el Juez de Control, cuando se ve convencido por el discurso imputativo.   La Constitución Política exige, con los hechos en tiempo, modo, lugar y circunstancias, que el Ministerio Público los analice conforme a la Ley penal vigente y los datos de prueba que demuestren “que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. 

Si seguimos el sencillo discurso del artículo 19 constitucional podemos comprender -contrario al artículo 308 del Código Nacional-, que la medida cautelar no se legitima antes de la vinculación a proceso sino, por el contrario, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo constitucional, cuando el Juez de Control haya ordenado el Auto de Vinculación a Proceso.  Porque existe una decisión que vincula al imputado al proceso, porque existe un hecho delictivo, porque es posible la participación del imputado en ese hecho, porque existen datos de prueba, entonces, “el Ministerio Público (…) podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad (…)”.

El artículo 19, párrafo cuarto rompe la secuencia normativa que, desde el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 viene interpretando equivocadamente la Constitución Federal.  Nunca ha existido el derecho del imputado de “renunciar al plazo” porque el plazo nunca ha sido del imputado sino del Juez y, nunca ha existido “dúplica” del plazo, estos es, 72 + 72 horas, sino, la obligación constitucional de que el Juez resuelva dentro de 72 horas y la posibilidad de que el imputado le otorgue prórroga de ese plazo.  Cuando la constitución refiere “plazo constitucional” lo hace en relación al que tiene el Juez de Control para definir la situación jurídica del imputado.  En efecto, el párrafo de referencia dispone que “el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley”.

Finalmente, el artículo 19, párrafo quinto dispone que “todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso”.  Si no se entiende éste párrafo es posible cometer los errores que ahora introduce el Código Nacional de Procedimientos Penales.  Ese párrafo significa que, contrario a cualquier proceso acusatorio, en el de México no es la acusación sino la imputación, la que construye el hecho delictivo que se adecúa al tipo penal.  Ese párrafo significa que en México la litis se fija en la etapa de investigación no en la etapa intermedia como ocurre en las demás legislaciones latinoamericanas.  Ese párrafo significa que la acusación ha de ser coherente con la vinculación, que el auto de apertura a juicio debe admitir el mismo de la vinculación, que en caso de sentencia, éste debe pronunciarse sobre el hecho de la vinculación.  En definitiva, que desde la primera audiencia -en la primera etapa- y no en la audiencia intermedia -en la segunda etapa-,  México exige comprometer al Ministerio Público en el hecho delictivo.

No ignoro que, para concluir como lo hago, estoy interpretando la norma constitucional.  Pero no es posible entender el proceso penal mexicano sino desde el artículo 19 constitucional. Desde ese numeral surge un proceso distinto al tradicional sistema acusatorio.  Para ello no conviene interpretar la Constitución Política desde la norma sino que las leyes secundarias han de interpretarse conforme a la Constitución. Por eso, no son claras y, por el contrario, confusas e inconstitucionales, las normas que procuran regular la audiencia más mexicana del sistema procesal acusatorio.  Una audiencia que no se puede interpretar ajenos a su evolución normativa y su interpretación constitucional.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.