La vinculación a proceso para el Código Nacional de Procedimientos Penales

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La Audiencia de Vinculación a Proceso –a diez años de experiencia- debió exigir algunas respuestas precisas al Código Nacional.  Si el artículo 307 logra comprender las exigencias del artículo 19 de la Constitución Federal, a partir del artículo 308 se repiten todos los errores normativos y de interpretación que se han suscitado hasta ahora.

Si el legislador federal hubiera analizado con propiedad todos y cada uno de los párrafos del artículo 19 y, en lugar de contar con la experiencia y normativa surgidos a partir del Estado de Chihuahua hubiera pedido consejo a entidades federativas que, con la legislación y la práctica habían superado esos defectos, hubiéramos podido construir la mejor audiencia del proceso penal acusatorio en México.  La audiencia de vinculación es mexicana y no encuentra génesis en la legislación comparada.  Empero, una es la audiencia que nace en las codificaciones anteriores a la reforma del 18 de junio y otra, muy distinta, la que surge del mandato constitucional, como ocurre con la riqueza de la legislación, las decisiones de los Jueces y, la doctrina surgida a partir del Código Modelo en los Estados de México, Morelos, Baja California, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Yucatán y el Estado de Chiapas.

La Constitución Política es clara y, a la vez, más sencilla que la normativa unificada.  Si el Ministerio Público ha consignado con detenido el Juez de Control debe convocar a la Audiencia Inicial y/o de Vinculación a Proceso.  Así lo entendió el artículo 307 del Código Nacional. En efecto, ese artículo dispone que “en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación”.

Como el imputado se encuentra detenido, la primera diligencia, mandada por el párrafo siete del artículo 16 es la de “ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”.  Con ello, el Juez revisa los actos anteriores al momento procesal en que el imputado le es consignado.  El artículo 19 permite -una vez ratificada esa detención-,  resolver la situación jurídica del imputado, dentro “del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición” mediante el dictado de “un auto de vinculación a proceso” que la justifique o, en su defecto, con un auto de no vinculación a proceso.  Se inician, con esa puesta a disposición, los actos procesales,  por ende, el proceso y, consecuentemente, la situación jurídica que debe enfrenta el imputado. Es por eso que, aunque no ratifique la detención, como acción del Ministerio Público, el Juez puede continuar con la audiencia, resolviendo el futuro del imputado en una causa en la que se ha  procedido a su formalización. Se le llama, por esa razón, jurisdiccionalización de la investigación. 

La Constitución Federal nos enfrenta ante dos situaciones procesales en relación con el detenido.  La primera es ratificar o no la detención en razón del acto de los particulares, de los oficiales de policía y/o del Ministerio Público que, conforme al párrafo décimo del artículo 16 debió ser valorada, previamente, por el agente del Ministerio Público, esto es, si la detención lo fue, realmente, por flagrancia y/o caso urgente.  Esa revisión se exige al Juez de Control quien debe “ratificar la detención u ordenar la libertad”.  La segunda situación es la detención ante el Órgano jurisdiccional, porque el imputado le ha sido consignado.  En este segundo supuesto la Constitución Política exige que, luego de que el agente del Ministerio Público formule imputación, el Juez resuelva sobre la detención a través de la vinculación o no vinculación a proceso.  Se trata de una misma detención con un doble efecto.     

Cuando empezamos a estudiar los artículos 308 a 319 del Código Nacional, de nuevo, se regresó a lo antiguo y caduco, a lo ya cuestionado por la codificación de CONATRIB, a la experiencia negativa –tanto doctrinal como jurisprudencial- del Estado de Chihuahua despreciándose la experiencia de las entidades federativas que, con docilidad, acogieron en las normas la reforma del 18 de junio del 2008.  Cuando la Constitución Política exige al Ministerio Público un único discurso imputativo, fundamentado en los datos de prueba y el estudio jurídico del mismo desde el Derecho Penal, el Código Nacional permitió, como lo hizo Chihuahua, un discurso imputativo y otro discurso vinculatorio, un discurso probatorio y otro discurso jurídico para, finalmente, resolver sobre la medida cautelar.  Se repite, entonces, la cultura de la antigua y superada “audiencia de formulación de la imputación”.

Confrontando las normas –control difuso- con el artículo 19 de la Constitución Política, es posible considerar que uno es el discurso imputativo, exigido constitucionalmente al Órgano acusador y, otro, la decisión que toma el Juez en relación con esa imputación, esto es, vincular o no vincular a proceso.  Por ende, no ha existido nunca una audiencia de imputación ni un discurso vinculatorio como se introdujo en la norma. No existe un discurso vinculatorio porque vincular es lo que debe hacer el Juez de Control, cuando se ve convencido por el discurso imputativo.   La Constitución Política exige, con los hechos en tiempo, modo, lugar y circunstancias, que el Ministerio Público los analice conforme a la Ley penal vigente y los datos de prueba que demuestren “que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. 

Si seguimos el sencillo discurso del artículo 19 constitucional podemos comprender -contrario al artículo 308 del Código Nacional-, que la medida cautelar no se legitima antes de la vinculación a proceso sino, por el contrario, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo constitucional, cuando el Juez de Control haya ordenado el Auto de Vinculación a Proceso.  Porque existe una decisión que vincula al imputado al proceso, porque existe un hecho delictivo, porque es posible la participación del imputado en ese hecho, porque existen datos de prueba, entonces, “el Ministerio Público (…) podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad (…)”.

El artículo 19, párrafo cuarto rompe la secuencia normativa que, desde el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 viene interpretando equivocadamente la Constitución Federal.  Nunca ha existido el derecho del imputado de “renunciar al plazo” porque el plazo nunca ha sido del imputado sino del Juez y, nunca ha existido “dúplica” del plazo, estos es, 72 + 72 horas, sino, la obligación constitucional de que el Juez resuelva dentro de 72 horas y la posibilidad de que el imputado le otorgue prórroga de ese plazo.  Cuando la constitución refiere “plazo constitucional” lo hace en relación al que tiene el Juez de Control para definir la situación jurídica del imputado.  En efecto, el párrafo de referencia dispone que “el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley”.

Finalmente, el artículo 19, párrafo quinto dispone que “todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso”.  Si no se entiende éste párrafo es posible cometer los errores que ahora introduce el Código Nacional de Procedimientos Penales.  Ese párrafo significa que, contrario a cualquier proceso acusatorio, en el de México no es la acusación sino la imputación, la que construye el hecho delictivo que se adecúa al tipo penal.  Ese párrafo significa que en México la litis se fija en la etapa de investigación no en la etapa intermedia como ocurre en las demás legislaciones latinoamericanas.  Ese párrafo significa que la acusación ha de ser coherente con la vinculación, que el auto de apertura a juicio debe admitir el mismo de la vinculación, que en caso de sentencia, éste debe pronunciarse sobre el hecho de la vinculación.  En definitiva, que desde la primera audiencia -en la primera etapa- y no en la audiencia intermedia -en la segunda etapa-,  México exige comprometer al Ministerio Público en el hecho delictivo.

No ignoro que, para concluir como lo hago, estoy interpretando la norma constitucional.  Pero no es posible entender el proceso penal mexicano sino desde el artículo 19 constitucional. Desde ese numeral surge un proceso distinto al tradicional sistema acusatorio.  Para ello no conviene interpretar la Constitución Política desde la norma sino que las leyes secundarias han de interpretarse conforme a la Constitución. Por eso, no son claras y, por el contrario, confusas e inconstitucionales, las normas que procuran regular la audiencia más mexicana del sistema procesal acusatorio.  Una audiencia que no se puede interpretar ajenos a su evolución normativa y su interpretación constitucional.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.