Lo humano de los derechos es que sean humanos

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Para que haya derecho es necesario que se trate de una fuente lícita. ¿Cuál es la fuente de los derechos humanos?

Para responder la pregunta, quiero seleccionar, entre decenas, una sola tesis aislada, además reciente. Me refiero a la del 2012 del Tercer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que parece, de principio, correcta. 

El Tribunal resuelve, con una aparente lógica constitucional que “con la adición al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos del ofendido o la víctima de un delito, cuyo objeto fue otorgarle la calidad de parte dentro de un proceso penal, dotándola de los medios necesarios para hacer efectivas sus prerrogativas, entre las que se encuentra su derecho a obtener la reparación del daño causado por el delito; consideración que se refuerza con la reforma a los artículos 1o., 103 y 107 constitucionales, de donde se advierte que el juicio de amparo ya no se limita a la protección de las denominadas garantías individuales de los gobernados, sino también de los derechos humanos reconocidos por la propia Norma Fundamental, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

De inmediato cita –sin especial necesidad, sin la necesidad de ese fundamento- la Convención y el Pacto Internacional para concluir en una injusta igualdad de derechos procesales analizando que “luego, si los artículos 8, numerales 1 y 2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 14, numeral 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promueven el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos entonces, la víctima u ofendido y el imputado tienen igualdad de derechos durante el juicio penal ante los tribunales”.

Con todo ello concluye que “el ofendido o víctima de un delito sí tiene legitimación para instar el juicio de amparo indirecto contra la resolución del tribunal de apelación que confirma el auto de libertad emitido a favor de un inculpado al vencimiento del plazo constitucional, porque si bien tal acto no afecta directamente la reparación del daño sí implica que, de facto, esa reparación no ocurra, por afectar la pretensión reparatoria elevada a categoría de derecho fundamental”.[1]

No deja de preocupar esa tendencia a citar las normas que contienen derechos humanos, a veces de la Convención Americana de Derechos Humanos, a veces del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc., con la finalidad de decir lo que ya dice la ley, lo que está claro, por ejemplo, en la Constitución Política.  No ignoro hasta la fecha los conceptos de control concentrado y control difuso tanto a nivel constitucional como convencional.  Entonces, si el derecho y /o la norma no exige control, no hace falta citar ni la Constitución –control difuso de constitucionalidad-, ni la Convención –control difuso de convencionalidad-.  No se olvide que, cuando se cita un argumento de autoridad es que el criterio propio carece de la misma, por ejemplo, cuando parece que la ley no es suficiente.

Pero, si reflexionamos ahora sobre el texto de lo que se ha resuelto, esa decisión nos enfrenta ante una solapada prisión por deudas contraria al artículo 17 de la Constitución Federal, con lo cual convierte el fundamento –y los propios derechos humanos que se citan- en una falacia.  En efecto, el derecho de recurrir no estriba en el derecho de impugnar sino en el de no afectar la pretensión reparadora de la víctima.  Nótese cómo el argumento esconde un modo de citar los derechos humanos, en contra del imputado, so capa de que se está resolviendo en protección de iguales derechos humanos de la víctima y, desde esa óptica, la “igualdad de derechos humanos” se utiliza para hablar de “igualdad de derechos procesales”.

Tuve que resolver -como Juez- en una ocasión: una pareja de norteamericanos habían asaltado un Casino en Nevada, sustrayendo seis millones de US dólares en billetes.  Cuando llegaron a mi país, los abogados que conocieron de su detención celebraron con los imputados un contrato de cuota litis con relación al bien objeto del delito.  Esto mismo nos puede ocurrir con los derechos humanos, es decir, que busquemos una fuente ilícita –como puede serlo una ley injusta y/o una decisión jurisdiccional- para darle contenido –como fuente- a los derechos humanos. Entonces se logra lo que hoy se ha logrado con “éxito”: el expansionismo de los derechos humanos sin contenido humano, peor aún, los efectos inhumanos del derecho humano, como ocurre, por ejemplo, con un mal entendido derecho de expresión que lleva a ofender, calumniar, injuriar, degradar, difamar, etcétera.

No se olvide que uno es el derecho y otros sus efectos.  ¿Cuándo el artículo primero de la Constitución Federal dispone que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” se refiere a derechos o se refiere a efectos?  Es claro que la “discriminación” por ejemplo, no es un derecho sino, un efecto de cualquier derecho humano: los derechos –que de previo deben ser derechos- deben respetarse sin discriminación. Aún ello, no es fácil admitir un ciego como notario público para que de fe o un paralítico como guardia de seguridad, para perseguir a los ladrones, lo que nos obliga admitir algunas “discriminaciones”, aunque hoy muchas personas han aceptado “auto discriminarse”, lo que nos coloca ante un serio problema en relación con la verdad de sus derechos.

En efecto, piénsese si una persona quiere ser coche y ser tratado como coche sujeto, en la carretera, a las leyes de tránsito; o que un hombre quiera casarse con, por ejemplo, una vaca; o que a alguno le sea preferible ser un animal, para admitir un trato igual a la mascota, porque se siente, quizá, discriminado como persona y aceptado como amuleto.  Piénsese igualmente en la “auto esclavización” de muchos en el ámbito afectivo, laboral, profesional, familiar, educativo, etcétera. ¡Cuántas mujeres, por ejemplo, soportando la agresión intra familiar como un mal menor! ¡Cuántas, admitiendo componendas inmorales en las injustas relaciones de trabajo! Pero, igualmente, cuántos niños soportando, al interno del ambiente familiar, la discriminación, el trato despectivo, el hambre, la soledad, la agresión y, los distintos problemas entre sus progenitores. ¡Cuántos niños producto de las secuelas psicopatológicas del divorcio! ¡Cuánto suicidio por no hallar un sentido humano a la vida humana! ¡Cuántos deseos de respuesta sin respuesta cuándo, por ejemplo, se procura una respuesta equívoca desde la sensualidad! ¡Cuánta trata de personas! ¡Cuánta prostitución! ¡Cuánto pederasta!

Para que –a futuro- un pederasta –por ejemplo- no pida matrimonio con un mejor de edad, los derechos humanos exigen una fuente lícita.  Nada mejor que la persona humana como fuente de los derechos humanos.  Con esa finalidad, hoy se hace cada vez más obligatorio estudiar filosofía de la persona; filosofía de la conducta; filosofía de la sociabilidad; sociología; antropología y, por qué no, religión, esa tendencia de las personas de sentirse “ligadas” –re ligare- a un ser Superior, que les ofrece respuestas más claras que aquellas que queremos dar “los sabios” de los derechos humanos.

Cuando una persona no entiende la dimensión de lo humano, es muy difícil –sino imposible- que pueda comprender –conocer y disfrutar- sus prerrogativas.  Si los derechos humanos son humanos, es claro que debemos tener un concepto mínimo de lo humano.  Claro, lo humano es lo que aúna. Por eso, cuando nos sentimos discriminados de lo humano, es posible que nos sintamos igualmente discriminados de los derechos, y nos sintamos discriminados por los humanos. ¿Qué hay que hacer? Nunca procurar unos derechos exclusivos –porque nos sentimos discriminados- sino, volver a lo humano.

[1] [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2669. OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE LIBERTAD DECRETADO A FAVOR DEL INCULPADO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL, YA QUE TAL DETERMINACIÓN, DE FACTO, IMPLICA QUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO NO OCURRA.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.