DESCUBRIR EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO:

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Conocer del proceso acusatorio exige hoy conocer el derecho desde los derechos humanos; contar con una teoría constitucional, porque “cualquier dato o prueba obtenido con violación de los derechos humanos será nulo”, como reza la teoría de los frutos del árbol envenenado, aunque deban analizarse esos medios desde la teoría de la supresión hipotética, esto es, cuando “provengan de una fuente independiente, exista un vínculo atenuado, o su descubrimiento sea inevitable.

Ya desde la iniciativa del Código Único del Senado se ofreció un procedimiento extraño que ha sido asumido por el Código Nacional de Procedimientos Penales que podrá ser equívoco en su interpretación y/o ambiguo en sus efectos, porque involucra erróneamente al imputado y, por ende, el derecho de defensa.  Me refiero al proceso de “descubrimiento” que introduce el artículo 336 de esa iniciativa cuando dispone que “no podrá celebrarse la audiencia intermedia sin que previamente se hubiere llevado a cabo el descubrimiento probatorio entre las partes intervinientes”.  Una institución que ya fue copiada en el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Me interesa mantener el argumento desde su génesis, esto es, desde la iniciativa del Senado, para conocer la figura que asume el Código Nacional y comprender, desde el inicio el error o el acierto.  Los que “crean” con la norma ese nuevo “procedimiento” lo “explican” en la exposición de motivos, sin un previo estudio o análisis de estadística.  Se proponen “el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa con el objeto que, entre ésta y el órgano acusador exista un previo intercambio de los medios probatorios que pretenden ofrecer para ser llevados a juicio, en términos de las reglas que se prevén para ello”.

No se ignore que se está  redactando -para todo un país y para 31 entidades federativas- un conjunto de normas para facilitar el proceso penal, luego de 10 años de experiencia mexicana en el mismo. Los argumentos que “justifican” la figura procesal son contradictorios: primero atribuyen culpa a la defensa y, luego, admiten actos de deslealtad del Ministerio Público.  En efecto, el procedimiento surge -según se dice-, de un “reclamo” del Ministerio Público. 

“Hasta ahora, el Ministerio Público ha venido siendo la única parte obligada a realizar la entrega material a la defensa de todos los datos de prueba existentes en su carpeta de investigación, y, más aún, de aquéllos que sean beneficiosos a la defensa. Por su parte, hasta hoy la defensa no ha tenido la misma obligación, lo cual se ha traducido en una desigualdad en perjuicio de la institución persecutora de los delitos. Se trata de una fase dentro de la parte escrita de la etapa intermedia que se conoce como descubrimiento probatorio que hasta ahora no se ha previsto en los códigos procesales acusatorios que aplican en el país y, que se muestra como necesaria para garantizar un principio de igualdad de armas entre el órgano acusador y la defensa”. (Exposición de motivos)

No es al imputado –que no acusa, sino que se defiende- al que corresponde la carga de la prueba.  Como bien lo indica la norma constitucional “al órgano acusador” (Cfr: Art. 20, A, V).  Por eso, la institución se apoya en un criterio “ingenuo” y en un principio “falaz” que solo demuestra –con todo respeto-, ignorancia en la pragmática de la audiencia y en el desahogo de pruebas y desconocimiento de las técnicas de litigio y su fundamento procesal.   Ingenuidad y falacia que conviene expresar –en este proceso de descubrimiento- para revelar, por un lado, la importancia de la contradicción en la inmediación del órgano jurisdiccional y, por otro, esa “triste” aceptación de que el proceso acusatorio es ya un proceso producto de la corrupción en muchas jurisdicciones. 

Esa iniciativa descubría que “los años transcurridos y la experiencia ganada en los Estados de la República que aplican el acusatorio, acreditan que, no obstante el deber de objetividad y lealtad que rigen en esta materia la actuación del Ministerio Público, acontece que las viejas prácticas influenciadas por la aplicación del inquisitivo demuestran a la vez, que el órgano acusador en no pocas ocasiones oculta total o parcialmente al imputado y/ a su defensa datos probatorios que obran en su carpeta de investigación, o bien, no le hace entrega oportuna de los mismos afectando la defensa del acusado”.

Es común que, desde el Poder Ejecutivo los problemas se resuelvan –sin resolver- creando una comisión que los estudie.  Nos pasa igual, ahora, en el proceso.  Cuando hay corrupción, en lugar de hacer que las instituciones funcionen creamos otras para hacer que funcionen las que no lo hacen. En efecto, hemos exigido lealtad (Cfr: art. 128); objetividad (Cfr: art. 129). Hemos dicho que los “antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva” (Cfr: art. 259).  Hemos procurado que toda prueba deba desahogarse ante el Juez que, en definitiva, debe resolver. La práctica ha considerado la entrega de una copia de la “carpeta de investigación” y, hemos podido exigir, en la propia audiencia, el tiempo requerido para estudiar la carpeta, aun cuando ese documento “no tenga valor”. Ahora producimos descubrimiento probatorio.

Se trata de una nueva figura procesal que ya es vieja y que procura lo que ya se había ordenado con fuerza constitucional.  Al imputado, “le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso”. (Cfr: art. 20, B, VI).  “El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa”.

No hace falta una audiencia de “descubrimiento probatorio” si el imputado y su abogado defensor han tenido acceso, desde un principio, a los registros.  No hace falta si la acusación exige el ofrecimiento de los medios de prueba.  Pero, si un mandato constitucional no se obedece, si dentro de la vacatio legis se admite por los “expertos” actos de corrupción en el conocimiento de los medios de prueba, no es posible admitir luego, con ingenuidad, un proceso de “descubrimiento” como el que se propone.  Menos aún decir que “ante tales situaciones, la defensa no ha contado tampoco con un mecanismo de control efectivo que le garantice no sólo que el Ministerio Público le hará entrega oportuna de todos los datos de prueba que le requiera y obren en su carpeta de investigación que le permitan poder preparar con oportunidad su prueba y el ofrecimiento de sus medios de prueba”, porque solo esa frase demuestra la ausencia del Juez en el proceso y la falta de ética en el órgano acusador.

 “Las reglas del descubrimiento probatorio son que, ningún dato de prueba que no se haya descubierto por las partes según corresponda, podrá ser utilizado en juicio como prueba, quedando obligadas las mismas, si pretenden su desahogo en juicio, no sólo a su descubrimiento sino a su ofrecimiento en la audiencia intermedia. Se prevé entonces la obligación del Ministerio Público de hacer entrega material a la defensa de absolutamente todos y cada uno de los datos probatorios con los que cuente en su carpeta de investigación y que no le hubiere hecho entrega anteriormente, o de aquéllos que le fueren solicitados, y de manera muy especial, los que le beneficien al acusado”.

Bajo ese criterio el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales dirá que “el descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público, consiste en la entrega material a la defensa, de copia de los registros de la investigación, como del acceso que debe dar a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la investigación. La entrega de las copias solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas, deberá efectuarlo el Ministerio Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa. Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, consiste en la entrega material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados en juicio. La defensa sólo estará obligada a descubrir aquellos medios de prueba que pretenda llevar a juicio como prueba”.

La norma procesal que se comenta no soporta una Teoría del Proceso ni los principios propios del proceso acusatorio; no ha admitido la realidad de que el proceso penal busca la verdad para facilitar la reinserción del imputado a la sociedad y no vuelva a delinquir.  La norma procesal no soporta el principio de cadena de custodia desde una Teoría de la Prueba.  No ha entendido lo que significa defensa adecuada.  La norma no comprende los principios de contradicción e inmediación.  La norma no ha entendido las reformas en Derechos Humanos.  No se entiende que el proceso acusatorio no es un proceso de “astutos” que procuran “salirse con la suya”.  Es un procedimiento donde un país procura resolver un problema –el conflicto penal- y convoca a los suyos para encontrar respuestas. Como repite el Dr. Benavente Chorres, el proceso, porque es teleológico exige –con lectura y mandato constitucional- un proceso epistémico en el esclarecimiento de los hechos.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas. 

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.