ACTA Y/O ACTO PROCESAL

escanear0002El acta fue, por muchos años, el principal medio procesal para demostrar o conservar un dato de prueba. Las inspecciones de lugares, objetos, personas y cosas se demostraban con el contenido del acta como documento, por lo general público, aunque era posible demostrarlo, igualmente, a través de documentos privados que no fueran cuestionados en audiencia y/o con acta notarial.

Hoy, es posible que el acta se vea acompañada por otras formas de registro.  De hecho, es ya común que la palabra “registro” sustituya la de “acta” y, por ende, que con el acta se integren videos, fotografías, testigos, peritos, etc.  Esto ha permitido, ya en muchos casos, que no por el acta y/o registro, sino por los demás medios de comprobación, se pueda demostrar un hecho o un suceso.  Es decir, la existencia o no del acta no necesariamente invalida el acto, aun cuando, en algunas situaciones –como ocurre con el cateo- el acta circunstanciada -como mandato constitucional-, sea casi el único modo comprobatorio del acto.  Sin embargo, la fuerza probatoria o no del acta y, por ende, la validez o no del acto dependen del caso concreto y de las fuentes subsidiarias que se hayan utilizado para esa demostración.

El Código Nacional utiliza acta en 9 ocasiones y en 129 la palabra registro. Esta realidad obliga analizar los “contenidos de acta” que fuera el presupuesto probatorio del sistema procesal, por los “contenidos de registro”, esto es, la segunda supera ya la primera y, por ende, hace necesario demostrar el acto más por su registro que por su acta.  Aún ello, es importante comprender que para el aseguramiento de narcóticos (Cfr: art. 235) y el cateo (Cfr: art. 288), se prioriza el concepto de acta; para el debate, se utiliza indistintamente el de acta o registro (Cfr: art. 484) y, para la carpeta de investigación (Cfr: art. 44, 197, 217), actas de audiencia (Cfr: art. 50 y 61), las sentencias (Cfr: art. 71); los controles (Cfr: art. 183); la denuncia (Cfr: art. 223); cadena de custodia (Cfr: art. 227), aseguramiento de bienes (Cfr: art. 233); la inspección (Cfr: art. 267), la conservación de los datos de prueba y la prueba anticipada (Cfr: art. 306), etc., el Código Nacional prioriza el registro.

En lo que interesa ahora conviene hacernos una pregunta: ¿Se demuestra el dato de prueba y/o se conserva el medio de prueba en el registro y/o puede ser demostrado por un medio distinto al registro mismo? 

Si el acta identifica el acto, nula la primera es posible anular la segunda pero, si existen otros medios de demostrarlo, la ausencia del acta no invalida el acto probatorio y/o el acto procesal probatorio.  Se entiende, entonces, que la respuesta a esta pregunta cambia, casi radicalmente, los criterios de verdad, los de legitimidad del acto probatorio y, aquellos necesarios para definir si un medio de prueba es o no legal, por ende anulable, saneable y/o convalidable y, lógicamente, la diferencia entre lo lícito y lo legal en el proceso penal acusatorio. Especialmente, si el acto puede ser saneado o convalidado, entonces, es necesario su desahogo previo para su identificación procesal.

Relacionado con la cadena de custodia el artículo 228 del Código Nacional dispone que “cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento”.

Analicemos la disposición con los artículos 99 y 100 del Código Nacional.  Desde el primer numeral “los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código podrán ser saneados, reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado”. 

Son ejemplos clásicos del saneamiento, la ausencia de firma en una sentencia, en un acta, o en el recibido de un documento.  Si la persona que omite firmar aún está viva, se puede procurar la misma; si está muerta, en algunos casos puede ser suplida, por ejemplo, con testigos del acto, no así en el caso de la sentencia que exige la firma de quien la dictó bajo pena de carecer de valor de documental.  Cuando un hallazgo, el aseguramiento, la inspección, una entrevista, etc., carece de acta de su contenido, pero se ha realizado ante testigos, se ha video filmado y/o simplemente grabado, entonces, los testigos, la video filmación y/o la grabación puede suplir en su desahogo su ausencia. 

En relación con el segundo numeral “los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al Ministerio Público o a la víctima u ofendido quedarán convalidados cuando las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; cuando ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento mientras se realiza el acto, y cuando “dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento”. (…) También quedarán convalidados los defectos de carácter procesal que no afecten derechos fundamentales del imputado, cuando éste o su Defensor no hayan solicitado su saneamiento dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo”.

Este numeral nos enfrenta -en relación con los distintos posibles casos concretos-, a otras distintas interpretaciones, por ejemplo, en relación con los alcances de la nulidad, anulabilidad, nulidad relativa, absoluta y el recurso de revocación horizontal dentro de las audiencias.  Se entiende lo anterior si utilizamos la siguiente frase: en razón de que el acto puede ser saneado y/o convalidado, todas las decisiones en audiencia y todo conocimiento de un acto u hecho en audiencia permiten, para evitar su saneamiento y/o convalidación, con las distintas incidencias para hacerlo prevalecer, el recurso de revocación sobre lo que se resuelva.  

¿Significa esto que no hace falta el acta para demostrar el acto?  No.  Lo que significa es que, en razón del principio de libertad probatoria el acto puede ser demostrado con el acta pero, igualmente, con cualquier otro medio de prueba que sea idóneo y, a la vez, lícito, esto es, conforme al artículo 388 del Código Nacional, “podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los derechos fundamentales” y/o las mismas pruebas ya concebidas, como ocurre con la video filmación, o la declaración de los mismos oficiales de policía actuantes cuando son interrogados como testigos de la diligencia.   

Este mismo criterio que, como se vio, influye en la concepción y alcances del recurso de revisión (Cfr: art. 465), lo hará, igualmente en los conceptos de carpeta de investigación, porque puede ser no un documento sino un chip y, en los propios del “registro” de los actos judiciales, cuando pueden demostrarse mediante una fotografía, un fax, una grabación digital, etc. Una realidad que cuestiona muchos los alcances, entre otros, del equívoco artículo 337 relacionado con el “descubrimiento probatorio.  ¿Puede la defensa –por ejemplo-, exigir como registro una carpeta de investigación que contenga en documento las entrevistas y pericias realizadas?  Si son apenas datos de prueba (Cfr: art. 261) soportan cualquier “medio” que los soporte y permita su reproducción y/o el conocimiento de su contenido. 

Con esto quiero decir -para que aprendamos a descubrirlo en la lectura del Código Nacional de Procedimientos Penales-, que el documento únicamente como papel es ahora la excepción para dar paso a, lo que sea y registre fielmente su contenido probatorio.  Cuando el abogado defensor solicite copia de la carpeta de investigación es posible que el agente del Ministerio Público le entregue un chip, un disco, un vídeo, un engargolado de documentos y, por ende, las partes y los sujetos en audiencia deben contar con los mecanismos para dar a conocer sus contenidos de acto, documento y/o prueba.  Un nuevo desafío especialmente para aquellos que no logran comprender que documento no es únicamente papel impreso.    

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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