El caso de la teoría del caso

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Me ha dado una especial alegría que, superando las legislaciones acusatorias de los Estados de Durango, Quintana Roo y Aguascalientes, el Código Nacional de Procedimientos Penales haya sorteado el “trauma” conceptual de la Teoría del Caso.  

¿Por qué alegría? ¿Por qué trauma?  Porque, todo lo que se ha escrito en defensa de una teoría del caso ha puesto en evidencia la inopia y descubre la necesidad de comprender el proceso acusatorio desde una teoría del proceso.  Algunos han convertido la técnica y la estrategia en norma y, por ende, han confundido totalmente la práctica procesal, realidad que exige conocer el derecho procesal –porque es eso, proceso-, desde su fundamento constitucional, desde el derecho comparado y una teoría del proceso, sin inventar y sin copiar figuras procesales, técnicas de litigio y/o estrategias que no tienen más fundamento que un “manual de litigio”: Un mal manual de litigio que, copiado y traducido del inglés al español, solo cambio la palabra jurado por juez –como si fueran lo mismo-, y así nos fuimos “tragando” el sistema sajón, creyendo que ese estaba implementando un proceso acusatorio.  Entonces, se han enseñado técnicas de litigio que pueden ser utilizadas o no en el proceso acusatorio no así proceso penal, menos aún, una teoría. 

¿Debemos dejar lo escrito en el olvido y superar el “trauma”?  Considero que no.  Por error, por engaño, por ignorancia, hemos asumido en algunas pocas leyes, en una confusa doctrina y en una jurisprudencia sin fundamento el concepto de teoría del caso. O hemos copiado, o hemos inventado, o hemos creado una figura nueva y, por ende, hay que darle respuesta para destruirla y/o para darle forma. (Cfr: Luis Coaña) No podemos dejar el tema sin una explicación legal, doctrinal y/o jurisprudencial.   Es importante distinguir los conceptos para comprender el proceso.  México nos enfrenta hoy al proceso penal copiado por Chile del modelo sajón.  Chile influye, con su literatura y su capacitación, en figuras que no tenían asidero en su propia normativa procesal penal.  Chile admite concepciones propias de la institución de jurado en su codificación que, copiadas a ellos por países Latinoamericanos, exigen hoy una respuesta legislativa (reformas), jurisprudencial (interpretación) y, doctrinal (análisis).

¿Debe el Ministerio Público manejar una teoría del caso? De principio no.  En el Sistema Procesal Penal Acusatorio el Ministerio Público debe manejar una acusación que, definida desde México se llama imputación.  De hecho, si llegara a manejar una teoría del caso distinta a la acusación produce una violación procesal contraria al derecho de defensa.  En efecto, desde el principio acusatorio el abogado defensor y el imputado necesitan conocer la imputación y/o acusación para ejercer con claridad la defensa en las distintas audiencias.  ¿Puede el Ministerio Público no tener teoría del caso? Sí, es muy posible que, en la mayoría de los casos el agente del Ministerio Público no cuente con una teoría del caso, entre otras razones, porque desde la teoría del delito debe contar con un hecho delictivo que se adecue a un hecho delictivo.  No debe manejar una teoría del caso porque el delito no se justifica y, por ende, no exige más teoría que la adecuación –dolosa y/o culposa- de la conducta al tipo penal.  ¿Cuándo debe el proceso manejarse desde una teoría del caso?  La teoría del delito nos enfrenta a valores distintos desde la acusación y desde la defensa que, por lo general, se adecuan a las excluyentes. 

La teoría de la argumentación nos coloca siempre ante un hecho, un concepto y un valor únicos tres factores sobre los cuales se centra el debate.  En la materia penal, cuando las partes coinciden en hechos y conceptos –hecho delictivo y tipo penal-, el debate se concentra en los valores, es decir, si estuvo bien o no lo que se hizo, si la investigación es legal y/o ilícita, si existe alguna causal de justificación, cumplimiento de un deber, legítima defensa, no exigibilidad de otra conducta, etc. y/o si el hecho se encuentra prescrito o la acción extinta.  Se trata de razones de nulidad, excluyentes que eliminan y/o modifican la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y/o las que finalmente eliminan la culpabilidad.  A partir de ese momento, el principio acusatorio –acusación de un hecho típico- centra el debate en esas causales.  El Ministerio Público debe manejar la “teoría del caso” cuando prevé una teoría del caso del abogado defensor.  El abogado debe admitir el debate en juicio oral cuando igualmente considere que a su cliente la asiste una excluyente que debe demostrarse con el desahogo de la prueba.

El primer tratadista que se enfrenta al concepto -sin que parezca conocerlo-, es el mismo Alberto M. Binder.  No lo hace escribiendo o investigando sobre el tema sino, por el contrario, prologando un libro sobre la teoría del caso.  Ninguno de los tratadistas del Proceso Penal Iberoamericano había escrito sobre la teoría del caso, entre otras razones porque el “principio acusatorio” entiende de acusación.  Porque el “acusatorio” es un principio, no una teoría; porque el acusatorio exige que al imputado se intime de cargos con una imputación.  La legislación centroamericana, por ejemplo, especialmente alejada del modelo sajón, no conoció de esa teoría, porque había comprendido, desde sus propios sistemas, el principio acusatorio.  La doctrina Europea, especialmente la italiana ignoraba la fórmula de esa teoría.  España, más apegada al modelo de Instrucción formal, no necesitaba de ella, utilizando un mejor concepto de “acusatorio” en su proceso que el propio del modelo acusatorio latinoamericano.

¿Se puede olvidar la figura de la teoría del caso?  Dice Binder que “la teoría del caso, posiblemente el núcleo de la litigación en los sistemas adversariales, necesita todavía esclarecimiento, divulgación y hasta adaptación terminológica a nuestras nuevas realidades procesales”. [1]  Las frases utilizadas por el experto argentino merecen su estudio.  Al decir “posiblemente” me permite comprender que se trata de un tema nuevo.  Se suma a esta palabra los conceptos de “esclarecimiento, divulgación y hasta adaptación terminológica”.  Nótese que no hay un rechazo sino un encuentro.  Ese encuentro es el que debemos asumir nosotros si queremos, porque conviene, y/o si no queremos, porque es perjudicial, esta nueva figura.  Una figura que ya lleva diez año de divagar en las audiencias en México. Especialmente, conocer su génesis para saber si estamos asimilando una nueva figura valiosa para el proceso penal acusatorio y/o, si estamos asumiendo otra figura sajona que no puede adaptarse a nuestro modelo.

La “técnica” confundió a la Primera Sala de la Suprema Corte que la cita sin conocer su fuente.  Luego, algunos Tribunales de Circuito la consideran como si de una institución procesal se tratara.  El del circuito de Morelos la exige, como si fuera un “derecho humano” y por ende le permite anular lo actuado para la protección de ese “derecho”.  A nivel local, tanto los Jueces de Control como los Tribunales de Apelaciones la refieren, aun cuando la figura no conste en sus normativas procesales.  La Secretaria Técnica (SETEC) exige su conocimiento en el plan de estudios, para la preparación del examen de acreditación, sin que se pueda conocer la fuente doctrinal que le permite exigir el conocimiento de esa figura y, como lo mencione, la legislación mexicana ha utilizado la figura –y, por ende, la admite como institución procesal-, en cuatro códigos de procedimiento acusatorio. 

La Primera Sala ha dicho que “tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como “teoría del caso”, que puede definirse como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador.[2]  El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (Circuito de Morelos) ha sostenido, entre otras cosas, que “el principio de contradicción rige para los juicios orales de corte acusatorio, el cual sólo se entiende observado cuando tanto la defensa como el fiscal fincan sus respectivas teorías del caso”. [3]

De especial importancia, las codificaciones, porque si es ley es necesario admitir su existencia “procesal”.  Importante porque, cuando una técnica y/o una estrategia se asume equivocadamente en las normas, ya dejan de ser técnicas, tácticas o estrategias, para convertirse en “mandato” procesal.  La figura habrá perdido su encanto.  Una situación que se inicia cuando el Código del Estado de Durango exige, en el artículo 380, que el Juicio se aperture con una teoría del caso, al modelo del Código de Colombia (Cfr: art. 371).[4] Posteriormente, el primer Código para el Estado de Puebla dispondrá, en el artículo 413, que el Juez “(…) en seguida, concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación o teoría del caso y, posteriormente, se ofrecerá la palabra al Defensor, quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa o teoría del caso”.  Para Quintana Roo no hay proceso acusatorio sin teoría del caso,  (Cfr: art. 168),[5] normativa que, en el mismo sentido sigue el Estado de Aguascalientes.[6]  

No podemos ignorar que Sinaloa ha sujetado la objeción a la teoría del caso y, por ende, “por objeciones se entiende todo medio de control o de protección de la teoría del caso que tienen las partes en el proceso y que está dirigida a evitar actuaciones o manifestaciones ilegales o impropias de la parte contraria, en la formulación de alegatos de apertura, durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, en los alegatos de clausura, en los actos tendentes a la ilegal admisión e incorporación de la prueba en juicio y en todo aquello que se traduzca en una violación a los principios rectores del proceso [7]

Pues bien, si el Código Nacional de Procedimientos Penales no ha introducido la “teoría del caso” y esa codificación deroga las anteriores, entonces, la teoría del caso en México deja de ser norma y vuelve a ser técnica, táctica o estrategia de litigio.  Un panorama más propio de la figura sobre la cual podemos producir doctrina.  Pero, si no es norma y, por ende, exigencia procesal, no puede ser parte del contenido temático de los programas de capacitación y/o de los exámenes de SETEC; no puede ser exigencia jurisprudencial que obligue, como lo ha hecho el Tribunal de Circuito del Estado de Morelos, hasta la nulidad de las actuaciones.  Es una figura propia de un manual del litigante que no se puede enseñar como disposición procesal, porque no es una institución del proceso penal acusatorio.  Puede convertirse en una técnica que mejore la imputación que debe formular el Ministerio Público, como lo dispone el artículo 19, de la Constitución Federal.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

[1] MORENO HOLMAN, Leonardo.  Teoría del Caso. Ediciones Didot. Ubijus. Segunda Edición 2012. Prólogo.

[2] [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Pág. 291. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO.

[3] Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito (CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO), Publicación: viernes 13 de junio de 2014, Tesis Aislada (Penal).  En esa decisión se ha sostenido que “permitir el inicio de juicios sin la teoría del caso, llevaría al absurdo de sustanciar procedimientos sin objetivos precisos, que pudieran derivar en la emisión de actos de autoridad ociosos, incongruentes o dilatorios, en tanto que no se conoce lo que se pretende probar durante el juicio, ni las pruebas que servirán de sustento para ello”.  Vale aclarar que el Código de Morelos no exige en sus normas ninguna teoría del caso, con lo cual la decisión jurisdiccional carece de fundamento.

[4] Código Colombia. Artículo 371. “Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio”.

[5] El artículo 168 para Quintana Roo “entenderá por teoría del caso a la actividad intelectual de construcción, revisión y confirmación de una versión central que el Ministerio Público o el acusador privado o la defensa hacen sobre los hechos de relevancia penal, extraída de la conjunción de las hipótesis fáctica, jurídica y probatoria, a cuya guía se articularán sus actuaciones y estrategias a desarrollar respecto al caso concreto, en las distintas audiencias de la fase preliminar o de preparación, y sobre todo en la audiencia de juicio oral, la cual se expondrá, de acuerdo con el objetivo de la audiencia, explicativamente y con propósitos persuasivos ante el juez de control o el Tribunal de juicio oral”.

[6] Aguascalientes. En el artículo 369 dispone: “una vez abierto el debate, el juez concederá la palabra al Ministerio Público, a la víctima u ofendido y su asesor jurídico, para que expongan su teoría del caso de acusación a través del alegato de apertura (…) Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor para que exponga su teoría del caso de defensa”.

[7] Código de Sinaloa. Artículo 359.

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