¿QUÉ PASA CON EL DETENIDO?

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No es posible entender la audiencia de control de la detención en México, desde otras latitudes y legislaciones, porque se trata de una audiencia que se crea en y desde la Constitución Federal.

Sin embargo, México crea leyes que son inconstitucionales y, por ende, suscita distintas respuestas cuando se producen, en las leyes, las instituciones que igualmente tienen respuesta constitucional.  Es lo que ocurre con el control de detención del imputado en materia penal, porque, siendo una la disposición del artículo 16 en su párrafo séptimo, no es ese sino el artículo 19 el que explica la razón por la cual una persona se consigna con detenido ante el Juez de Control.  Por ende, ambas disposiciones constituciones producen antinomia, la que luego se reproduce con las audiencias de control de la detención de los artículos 307 y 308 y, la formulación de imputación de los artículos 309 y 311 del Código Nacional, normas que igualmente producen antinomia.

¿Cuál es la antinomia? Desde el artículo 16, párrafo séptimo de la Constitución Política es posible afirmar que, cuando el Juez de Control no ratifica la libertad del imputado puesto a su orden, esa decisión no supone la libertad del imputado.  Con el mismo fundamento, tampoco supone que el imputado puede irse, abandonando la Sala de Vistas.  Si el Juez de Control no ratifica de legal la detención (Cfr: art. 308), la única consecuencia procesal es que el imputado sigue en la audiencia libre (Cfr: art. 309), sujeto únicamente a las disposiciones que, a partir de ese momento dé el Juez de Control que ha convocado, a solicitud del Ministerio Público, la Audiencia Inicial. (Cfr: art. 307)

Sin embargo, desde ese mismo numeral 16 constitucional es posible concluir –en contrario- que el efecto del control jurisdiccional que no ratifica la detención, debe ser, necesariamente, la libertad y, por ende, no puede continuar la audiencia. En este segundo caso es posible sostener que, son tantas las variables para exigir una legítima detención del imputado por flagrancia, flagrancia inmediata, flagrancia por señalamiento, flagrancia por indicios, y, el modo de detención por caso urgente  que un pésimo procedimiento debe exigir, únicamente, la libertad porque los antecedentes de la detención vician con la detención el procedimiento.   

Voy a desarrollar, en este pequeño ensayo, todos los criterios necesarios para sustentar la primera idea, esto es, que el no ratificar la detención no incide en la audiencia inicial y, por ende, no significa la libertad del imputado.  Posteriormente, en otro ensayo, daré argumentos para pensar en contrario.  ¿Por qué?  Porque es importante resolver con argumentos, que luego sirvan para producir un solo criterio de acción jurisprudencial. Especialmente, porque el proceso se concreta en cada caso. En definitiva, porque es importante que, para casa caso, el Juez cuente con argumentos para resolver a favor de la libertad y/o a favor del proceso. 

Se entiende mi primera hipótesis si se admite que la Audiencia de Control de la Detención no existe, más propiamente, que el Ministerio Público no puede pedir una audiencia de control de la detención, porque, si consigna, lo hace para formular imputación.  Puesto a disposición del Juez, el imputado queda en libertad en relación con el Ministerio Público y en libertad respecto al Juez y lo procedente es, conforme al mismo numeral diecinueve, la vinculación o no vinculación a proceso que depende, eso sí, de la imputación.  Se entiende, igualmente, que la audiencia de imputación tampoco existe sino -como procede conforme al artículo 19 de la Constitución Federal por la cual se consigna con o sin detenido-, para procurar con la formulación de la imputación la vinculación del imputado a proceso.

¿Por qué puedo decir que no existen ambas audiencias, si es una realidad procesal de que ambas existen?  (Cfr; arts. 308 y 311).  La respuesta puede entenderse mejor si, de inicio nos hacemos una segunda pregunta: ¿La persona detenida en la audiencia inicial está detenida por el Juez, lo está mediante una decisión de medida cautelar y/o precautoria, lo está porque existe un auto que así lo dispone? No.  Entonces, una tercera pregunta: ¿Cuándo el Ministerio Público pone al imputado a la orden del Juez, ese imputado queda automáticamente detenido? No. Una cuarta pregunta: ¿Si el imputado es puesto a la orden del Juez, ese poner a la orden obliga al juez? No. ¿Se pone al imputado a la orden del Juez para que el Juez controle su detención? No. ¿El imputado se encuentra detenido en la audiencia inicial porque el Juez ordenó su detención? No. ¿Entonces?  La única respuesta constitucional es que el Ministerio Público, luego de ordenar la retención del imputado decide solicitar audiencia inicial y, con esa finalidad, remite al imputado y lo pone a la orden del Juez.  Esto se ha llamado antes y ahora consignación con detenido.

Es importante entender que, puesto a la orden del Juez vence el período de retención del imputado a la orden del Ministerio Público.  Es igualmente importante recordar que ese imputado sólo pudo estar detenido legítimamente a la orden del Ministerio Público en razón de una orden de retención, que “legitima” la detención ministerial por 48 horas. Se suma que esa detención sólo es constitucional si se justifica porque se ha producido en flagrancia (Cfr: art. 16, párrafo quinto) y/o, porque se haya actualizado alguna causal del urgencia (Cfr: art. 16, párrafo sexto).  No se ignore, sin embargo, que conforme al artículo 140 del Código Nacional, “en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección”.  Igualmente, el artículo 149 del Código Nacional le exige al Ministerio Público que “si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código” disponga “la libertad inmediata de la persona”.  Más aún, la Constitución Federal le permite, conforme al párrafo décimo del artículo 16, poner en libertad al detenido, a pesar de la flagrancia y a pesar de encontrarse dentro del plazo de 48 horas de la retención, especialmente si dicho plazo ha vencido.

Por tanto, la detención del imputado en flagrancia y, por el mismo supuesto de la urgencia, que no obliga al Ministerio Público mantener la detención, menos aún obliga al Órgano jurisdiccional, especialmente cuando la libertad de tránsito es un derecho humano con protección constitucional (Cfr: art. 11), cuando al imputado le acompaña el principio por el cual se presume su inocencia “mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa” (Cfr: art. 20, B, II).  Nuestra Constitución Política ha exigido a los particulares entregar al detenido a la autoridad inmediatamente (Cfr: art. 16 párrafo quinto); la autoridad ha de ponerlo a disposición del Ministerio Público “inmediatamente” (Cfr: artículo 16 párrafo quinto) y la retención por 48 horas exige una decisión ministerial (Cfr: artículo 16 párrafo décimo).  Finalmente, cuando el Ministerio Público consigna a un detenido a la orden del Juez de Control, la Constitución Política le otorga a ese Órgano jurisdiccional el largo plazo de 72 horas para justificar una privación de libertad posterior “con un auto de vinculación a proceso”.  Aún más, el propio imputado puede ampliar ese plazo de 72 horas, para que el Juez resuelva. (Cfr: art. 19, párrafo 4), plazo que la ley ha ampliado hasta por otras 72 horas.

Todo lo dicho permite una pregunta: ¿Por qué el Ministerio Público consigna al imputado con detenido ante el Juez de Control?  La inercia procedimental -antes del Sistema Acusatorio- no da una respuesta coherente a esta pregunta y, si se quiere una, ésta es “por puro automatismo jurídico”, esto es, si el imputado es detenido seguía así hasta un Auto de Formal Prisión y/o el Auto de Libertad y/o hasta la “suspensión del acto” en el Amparo.  El Ministerio Público se cuestionaba –aún se lo cuestiona- si puede poner en libertad al imputado que le es puesto en disposición detenido por la policía en, por ejemplo, delitos graves. [1]  Así como la detención por particulares no obliga a las Instituciones de policía; la detención policial no obliga al Ministerio Público, la puesta a disposición tampoco obliga al Órgano jurisdiccional.  La única diferencia es de eficacia.  Si la policía sabe poner en libertad y el Ministerio Público juega con la puesta en libertad, puede continuar con investigaciones importantes de delincuencia.  El Juez, por el contrario, no tiene más remedio procesal que ordenar la libertad y/o la prisión preventiva cuando se encuentre ante las razones procesales del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal.  

En los casos de crimen y delincuencia organizada es posible sostener, casi sin error, que una persona se encuentra detenida porque el Ministerio Público así lo ha decidido y, una persona se encuentra en prisión preventiva porque el Ministerio Público así lo ha solicitado.   Como esa detención no obliga al Juez –repito-;  porque esa detención no ha sido ordenada por el Juez y porque se trata de una potestad del Ministerio Público judicializar la investigación y, porque se trata de una obligación del Ministerio Público, judicializar para abrir el proceso, predeterminando los hechos que conformen la litis, entonces, la razón por la cual se consigna con o sin detenido es para que el Juez convoque, celebre y presida la Audiencia Inicial (Cfr: art. 307) y/o de Vinculación a Proceso (Cfr: art. 215), misma que debe realizarse con un pequeño obstáculo producido por el Ministerio Público, y es que el imputado se encuentra detenido con la única decisión del propio Ministerio Público, a la orden del Juez de Control. 

Ya podemos entender, con la lectura del enunciado que antecede, por qué el artículo 16, en su párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, ahora, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales obligan al Juez “controlar” esa detención.  La norma Constitucional dispone que “en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”.  A la luz de esa disposición el artículo 308 del Código Nacional dispone que “inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. (…) El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad”.

¡Concluyamos!  ¿Qué pasa si no hubo detención en flagrancia que exige la puesta en libertad del imputado? ¿Qué pasa si el Juez denota que no se han cumplido con las exigencias de una detención por caso urgente? ¿Qué pasa si después de esa audiencia el Juez de control no ratifica de legal la detención? 

El artículo 16, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da la respuesta.  En efecto, ese artículo dispone que “en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”.  ¿Qué reservas de ley existen para la libertad?  La primera es que el Ministerio Público -órgano constitucional convocado al ejercicio de la acción penal pública-, ha consignado con detenido (Cfr: art. 21).  La segunda reserva es que el Ministerio Público no ha consignado pidiendo al Juez de Control el control de la detención sino, solicitando la audiencia para la vinculación a proceso y/o audiencia inicial.  La tercera reserva es que el Ministerio Público ha solicitado esa audiencia para formular imputación.  La cuarta reserva es que el Ministerio Público ha decidido, en protección de un derecho del imputado y en cumplimiento del debido proceso, formalizar y/o judicializar el proceso. La quinta reserva es que el Ministerio Público ha decidido pedir la audiencia para fijar la litis.  Finalmente, como sexta reserva, que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar, contra una persona a la que persigue, una medida cautelar que favorezca los intereses del bien común y los derechos de las personas víctimas u ofendidas del delito.   

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.


Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

 

[1] Nota. La detención en flagrancia por delitos graves y la creación de delitos graves para lograr la detención en flagrancia y/o para producir detenciones por caso urgente ha hecho ineficaz la detención y la investigación por delito en México y, por ende, nos ha llevado a la impunidad de muchas personas en muchas causas penales por dos razones.  Primero, porque la flagrancia no permite la detención de los verdaderamente implicados en un hecho ilícito, especialmente cuando se trata de crimen o delincuencia organizada, porque la detención en flagrancia asoma, únicamente, una punta del iceberg, que obliga detener a los partícipes menos implicados en la organización. Segundo, porque la flagrancia atisba al resto de la organización, esto es, a los autores intelectuales. Cuando nuestras Instituciones de policía sepan poner en libertad al detenido en flagrancia para continuar con la investigación, lograrán identificar a los verdaderos partícipes y podrán descubrir las causas y los efectos de esas organizaciones, a la vez que podrán desmantelar sus estructuras dentro y fuera del país, a la vez que pueden perseguir el producto de esa delincuencia, porque han podido determinar los flujos bancarios, comerciales, económicos, y los bienes que son producto o instrumento.