NO HACE FALTA LEY PARA MEDIAR Y CONCILIAR

hablar-o-platicar

Me han hecho una pregunta que se responde con el título del presente ensayo: conforme a los artículos 17 y 20, C, IV de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no hace falta la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para poder realizar mediaciones y conciliaciones en materia penal.

Aunque el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que “en lo relativo a la conciliación y la mediación, se estará a lo dispuesto en la ley en la materia” y es claro que esa ley se encuentra en proyecto en el Congreso, la misma no hace falta para realizar mediaciones y conciliaciones si es posible –como consecuencia de ambas-, arribar a un acuerdo reparatorio.  En estos casos el efecto abre y permite la causa, si dicha causa es mediación o conciliación.  Mas propiamente, toda mediación y toda conciliación exigen arribar a un acuerdo reparatorio.  Es el artículo 17 de la Constitución Federal el que permite, en primer lugar, que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias” y el acuerdo reparatorio es uno de esos mecanismos. Por su parte,  esa misma norma constitucional exige que el mecanismo se regule y asegure “la reparación del daño”.  Finalmente, la ley debe decir cuándo si y cuando no “se requerirá supervisión judicial”.

La Ley General de Víctimas, desde su artículo 7, XXI dispuso que las víctimas tendrán “derecho a tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos” y “tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y la garantía de no repetición”. (Cfr: art. 20)

Bajo esa tesis el artículo 132, VII exige al Ministerio Público, el deber de “solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley” y el 132, VIII, “informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad”.  En el mismo sentido el artículo 133, fracción IV exige a los “ministros, magistrados y jueces, en el ámbito de su competencia” que, en relación con la víctima garanticen, entre otros derechos, “que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad”. 

En el artículo 134 se dispone, como exigencia del Asesor Jurídico Federal de las Víctimas “I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral; II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley;  III. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad; (…) VI. Informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos, y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad”.

Utilizando el Código Nacional de Procedimientos Penales la victima u ofendido tienen derecho (Cfr: art. 109, X) a “participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias”.   El Ministerio Público tiene la obligación de “promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables”. (Cfr: art. 131, XVIII).  Dentro de esa tesitura se dispone, en el artículo 189 que “desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo”.

¿Qué son los acuerdos reparatorios?  Si entendemos con el artículo 183 que son una forma alterna de solución del conflicto el 186 los define como “aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del proceso”.

¿En qué casos haría falta la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias?  Sólo hace falta cuando el Ministerio Público y/o, en su caso el Juez de Control no puedan actuar como mediadores y/o conciliadores. Cuando, conforme lo dispone el artículo 188 del Código Nacional, sea necesario “suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia” bajo el entendido de que “en caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso”.  Esto porque ese mismo numeral dispone que “los acuerdos reparatorios procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio”.

¿Puede el Ministerio Público y/o el Juez de Control proceder como mediadores y/o conciliadores?  No solo pueden sino que a la vez deben promoverlos, facilitarlos, realizarlos y aprobarlos.  En efecto, a la luz del numeral 190 del Código Nacional “los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control cuando sean de cumplimiento diferido o cuando el proceso ya se haya iniciado y por el Ministerio Público, en la etapa de investigación inicial, cuando sean de cumplimiento inmediato”.

¿Qué puede ocurrir si el Ministerio Públicos los admite y/o los rechaza?  El artículo 190 dispone en ese sentido, coherente esta vez con la audiencia de control de la acción del artículo 258 del Código Nacional que “la  parte inconforme con esta determinación del Ministerio Público podrá solicitar control judicial dentro del plazo  de tres días contados a partir de aquél en que se haya aprobado el acuerdo”.   Es importante que “previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción”.  (Cfr: art. 190)

No olvidemos, finalmente, que los acuerdos reparatorios proceden en los mismos delitos en que procede la mediación y la conciliación.  Así lo dispone el artículo 187 del Código Nacional.  En efecto procederán los acuerdos reparatorios en los delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida; en los delitos culposos, o en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas”.   Igualmente no procederán “en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio”.  Para esto el artículo 189 dispone que “las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido”.

Los efectos de los acuerdos reparatorios son los mismos que producen la mediación y la conciliación, esto es que “en caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado, el Ministerio Público lo hará del conocimiento del Juez de control, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal.  El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada”.

¡Vaya lío! No hace falta la ley.  Quizá sea mejor que no haga falta.  Si la que está en el Congreso de la República es la Ley que debe regir estos mecanismos, es más sencillo preverlos con la interpretación sistemática de las normas, tal como lo hemos hecho en este ensayo que aprender y aplicar una ley que se ha redactado como un manual de procedimientos, colmada de formalismos.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas


Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.