ACCIÓN DE LA VÍCTIMA

VÍCTIMAS

 

El Ministerio Púbico ha sido considerado, en la teoría de los Derechos Humanos, la garantía orgánica no jurisdiccional más importante para la protección de los mismos. 

Llama la atención el contraste que produce el Ministerio Público –federal y/o local- en México con el resto del mundo porque, debiendo proteger los bienes ínsitos en los tipos penalescomo derechos de la persona, es común decir que es el órgano más corrupto.  Ese duro juicio –histórico, popular y procesal-, se puede constatar por los salarios que devengan los agentes; por la entrevista de centenares de abogados que se ven forzados a pagar con la finalidad de obtener una consignación en un caso concreto; por la queja de las victimas cuando indican que les cambiaron la denuncia para lograr un objetivo sin tenerlo; por los abogados en causas penales que refieren lo que han de pagar para obtener una libertad en caso de un injusto; por los propios imputados que narran sus personales experiencias; por lo que vamos aprendiendo de tantos defensores públicos que, como héroes, tienen que sacar tiempo y dinero para lograr una acción justa.  ¿Me refiero al sistema anterior? No, me estoy refiriendo al proceso acusatorio.

Todos sabemos que el éxito del proceso acusatorio está en la justicia alternativa y, por ello, en la negociación.  El acusatorio es un proceso de negociación.  ¡Claro, en río revuelto ganancia de pescados y pescadores corruptos! Contrario a lo que dicen la mayoría de los que no saben, el acusatorio es el proceso más corruptible de los distintos sistemas de justicia penal porque si la negociación no es procesal es corrupción.  No es cierto que el “juicio oral” evite la corrupción.  Lo que si es cierto es que se llega a muy pocos juicios orales porque antes se han dado negociaciones –buenas o malas, verdaderas o falsas, honradas o corruptas- y, por ende, el éxito del proceso está, inicialmente, en sede policial, luego en sede ministerial y, finalmente, en el Poder Judicial. Se trata de muchos momentos en los cuales el proceso puede llegar a “negociación” y, por ende, a la “solución” del conflicto.   

Por eso, han sido especialmente importantes las institucionales relacionadas con la víctima:la mediación, conciliación, acuerdos reparatorios; la audiencia de control de la acción; la coadyuvancia de la víctima a lo largo del proceso; la acción civil resarcitoria; la acción privada y la acción particular.  De todas ellas nuestro Código Nacional sólo admitió –con especiales imperfecciones- el control de la acción,  la coadyuvancia y la acción particular.  La víctima tiene una especial función procesal tanto en la Audiencia de Vinculación a Proceso solicitada por el Ministerio Público como en aquella en que actúa como Actora Particular, con su Asesor Jurídico.  Por esto, tenemos que ayudar en la interpretación del Código Nacional en lo que se refiere a ella porque en esto, el redactor ni conocía los árboles ni conocía el bosque y ha producido una selva de problemas especialmente preocupante.

Cuando nos referimos a la víctima u ofendido como actora penal, debemos recordar, con fundamento constitucional, que es la Ley la que “determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial” (Cfr: art. 21) y que, en estos casos y en los de acción penal pública la víctima o los ofendidos pueden “coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley”. (Cfr: art. 20, C, II). Además, la víctima puede impugnar “las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño” (Cfr: art. 20, C, VII).

Conforme al Código Nacional la víctima puede instar la acción particular en “los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión”. (Cfr: art. 427)El artículo en estudio soporta dos lecturas distintas.

Primero, que se trata de una sola modalidad de delitos, esto es, aquellos delitos que, por querella tienen una penalidad alternativa distinta a la privativa de la libertad y la pena no exceda de tres años.  Esa interpretación no soporta una argumentación al absurdo, porque el último supuesto rechaza los anteriores. 

Segundo, que se trata de tres modalidades distintas de delitos que permiten la acción penal particular, esto es, todos los delitos que exigen querella; los que, además tienen pena alternativa a la privativa de libertad y, finalmente, los delitos con pena privativa de libertad que no exceda de tres años.

Adhiriéndome a la segunda modalidad, y en estos casos, una vez que acredite su situación de víctima u ofendida (Cfr: art. 426), ésta debe  presentar la acusación y/o querella.  En el libelo debe constar el nombre y el domicilio de la víctima u ofendido; nombre del imputado y, en su caso, cualquier dato que permita su localización; el señalamiento de los hechos que se consideran delictivos, los datos de prueba que los establezcan y determinen la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su monto aproximado, así como aquellos que establezcan la calidad de víctima u ofendido. En el mismo escrito debe analizarse los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción, y la petición que se formula, expresada con claridad y precisión”. (Cfr: art. 429)

En cada entidad federativa debe disponerse qué delitos se han de perseguir por querella, esto es, los delitos de acción pública que, para su persecución requieren de la instancia ofendida como principio de procedibilidad.  Luego, el artículo 427 exige interpretar si solo aquellos por querella permiten la acción particular o, los que, por querella tienen pena alternativa y, los que por querella, tienen pena privativa de libertad inferior a tres años.  El artículo 428 exige interpretar si acudir al Juez se hace en Audiencia y/o en el Despacho del Juez para que este convoque a Audiencia. Una interpretación que, además, exige otra, la que se desprende del artículo 431.  En efecto, tal parece que el Juez recibe en Audiencia al Actor Particular, sin que conste alguna de las otras partes y, a partir de esa Audiencia se convoca a la audiencia de Vinculación a Proceso.

Podemos dividir las actuaciones en tres momentos.  El primero, por escrito, para la presentación de la acusación particular sobre la cual se señala audiencia; segundo, en audiencia, cuando el Juez analiza la acusación, otorga plazo para corregir errores y tercero, cuando el Juez ordena la citación o alguna medida precautoria y celebra la audiencia de vinculación a proceso. 

En mi experiencia yo eliminaría esa primera audiencia.  En efecto, conforme al artículo 431 “en la audiencia, el Juez de control constatará que se cumplen los requisitos formales y materiales para el ejercicio de la acción penal particular” y, “de no cumplirse con alguno de los requisitos formales exigidos (…) prevendrá al particular para su cumplimiento dentro de la misma audiencia y de no ser posible, dentro de los tres días siguientes”.  La víctima u ofendido pueden solicitar, con la acusación y las prueba, la orden de comparecencia en contra del imputado o su citación a la audiencia inicial, y el reclamo de la reparación del daño. (Cfr: art. 430)

No es nada conveniente -en especial para el principio de inmediación y contradicción-, que el Juez reciba a una de las partes para admitir o corregir el libelo de acusación y, luego, cite a la otra parte, conjuntamente con la primera.  Es lo procesalmente aceptable que el Juez reciba por escrito la acusación, realice correcciones y luego, realizadas las correcciones, señale audiencia con la finalidad de recibir a todas las partes en audiencia inicial.  De ese modo, al citar al imputado, le da a conocer la acusación e igualmente le previene sus medios de defensa y su abogado defensor.

Desde nuestra Codificación, admitida la acusación, conocidos los datos de prueba con que cuenta la acusadora particular y ordenada la citación o la comparecencia, el Juez de control convocará, dentro de los cinco y/o diez días siguientes,  para que las partes se presenten a la audiencia inicial.  La citación del imputado a la audiencia debe realizarse “a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que se fije la fecha de celebración de la misma”. (Cfr: art. 431).  El Juez debe informarle al imputado “en el momento de la citación el derecho que tiene de designar y asistir acompañado de un Defensor de su elección y que de no hacerlo se le nombrará un Defensor público”.  (Cfr: art. 431)

“A la acusación de la víctima u ofendido, le serán aplicables las reglas previstas para la acusación presentada por el Ministerio Público” disposición que nos coloca ante una contradicción: ¿Es la imputación, la vinculación o la acusación la que incoa al principio acusatorio? Desde el artículo 19 constitucional la imputación permite al Juez la vinculación de la que surge la acusación. Por ende, el error procesal se resuelve con el control constitucional porque, “todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos del auto de vinculación a proceso”.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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