DE LA PRUEBA PERICIAL

PERITO

Cuando han pasado 10 años, es fácil descubrir lo nuestro y lo ajeno en el proceso penal acusatorio mexicano. Solo se han equivocado –y lo siguen haciendo- los que han buscado fuera lo que hay dentro y los que quieren interpretar lo nuestro con criterios de afuera.

Me refiero a todos los que no han sabido hacer una lectura constitucional del proceso acusatorio. Esto significa violar el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, con la experiencia de una década el Código Nacional de Procedimientos Penales igualmente copió sin respetar las normas que imperan en nuestro modelo. ¡Qué importante se hace ahora la interpretación constitucional que ha de hacer los Tribunales de Circuito, la Primera Sala y la Suprema Corte de Justicia para acomodar a la Constitución Política los principios ajenos y las instituciones inconstitucionales de nuestra legislación acusatoria!

Uno de esos temas ha sido el concepto de “dato de prueba”. Muchos -especialmente aquellos que han capacitado a los oficiales de policía, peritos y agentes del Ministerio Público- se han atrevido decir que el dato de prueba no es prueba. Peor aún referir a peritos y policías que “lo que ustedes hacen no tiene valor probatorio, son simples datos de prueba”. “Una pericia es prueba, únicamente, cuando se desahoga ante el Tribunal de Enjuiciamiento”. Es común que algunos Jueces de Control –desgraciadamente muchos-, interrumpan al orador cuando “confunde” –según ellos- el concepto de dato con el concepto de prueba. Han producido confusión en los oficiales de policía, los peritos técnicos y científicos que son los principales “constructores” del medio de prueba para el proceso penal.

¿Qué valor tiene un informe pericial que como dato de prueba se integra al proceso dentro de la etapa de investigación? ¿Qué valor cuándo, por ejemplo, se introduce para dar fundamento al control de la detención y/o la vinculación a proceso? La respuesta es aplastante: La prueba pericial tiene valor probatorio suficiente para dar motivo constitucional al dictado de una Sentencia condenatoria por Procedimiento Abreviado y/o, para justificar la Sentencia absolutoria de Sobreseimiento. En consecuencia, no hace falta su desahogo ante el Juez de Control para que esa autoridad jurisdiccional pueda valorar el medio de prueba y dictar con la pericial ambas sentencias. Si casi el 95% de las causas penales se resuelven sin tener que arribar a la Etapa de Juicio entonces, la pericial puede dar motivo probatorio suficiente para resolver el 95% de las causas penales. En muchos casos, este argumento se puede utilizar igualmente para la prueba policial que acompaña el Informe policial homologado.

¿Pero, no es cierto que el proceso penal acusatorio cambia radicalmente el modo de actuar y proceder de los policías y los peritos? No, no es cierto. Cuando un oficial de policía y/o un perito –que actúan como oficiales de policía y/o como peritos, sin violar derechos humanos y conforme a las técnicas mínimas aprendidas- deben asistir al Juicio oral y/o son convocados a alguna audiencia preliminar para ser interrogados por los actos policiales y/o periciales realizados, es el único momento en que se “sufre” una diferencia en el modo como inicialmente han desahogado el medio de prueba. En el informe policía y/o en el informe pericial han actuado por si, respondiéndose a sí mismos las preguntas hipotéticas que se han hecho sobre un hecho delictivo. Posiblemente han comentado con otros peritos los mismos resultados. Es común que estudien en consejo algunos casos. Por el contrario, en el desahogo de ese medio de prueba ante el Juez y/o Tribunal han de responder hacia otros, no mediante sus propias preguntas hipotéticas –que ya no son hipótesis- sino ante las preguntas que puedan hacer, de forma directa el que interroga y/o contradiciendo, el que contra interroga.

No siempre una respuesta pericial y/o policial es conclusiva. Es común que a la conclusión final se arribe cuando esas teorías policiales y/o periciales sean cuestionadas en el desahogo del medio de prueba en audiencia. Los médicos forenses, por ejemplo, no pueden concluir diciendo que la muerte es homicida, porque no integra con el dato científico los supuestos jurídicos del tipo penal que le permitan arribar a esa conclusión, como si lo puede hacer el Juez de Sentencia. Pero, el Juez de Enjuiciamiento tampoco puede concluir en homicidio sin la necropsia que revele tipo de muerte o la existencia misma de un cadáver. Es por esto que, dentro de la teoría del delito se exige comprobar no solo los elementos descriptivos sino, especialmente los normativos y los subjetivos específicos. El perito suma al juicio del juez muchos de estos elementos. Para el homicidio, por ejemplo, manera de muerte y medio empleado.

Lo anterior no significa que una conclusión policial y/o pericial sea falsa. Quizá sea posible decir que es una conclusión unilateral cuando, por ejemplo, no es producto de una decisión de consejo. Para Taruffo, solo la prueba de ADN le es, hasta ahora, prueba científica irrefutable, todo lo demás es conclusión técnica y/o científica pero no irrefutable. Entonces, la conclusión técnica y la conclusión científica de un perito y/o de un oficial de policía pueden y deben ser cuestionadas en su desahogo; en la confrontación de pareceres científicos con otros peritos; en confrontación con pareceres jurídicos cuando el científico es cuestionado por el jurista; y especialmente en la relación que guarda una prueba científica y/o técnica idónea con los demás medios de prueba –documental, testimonial, confesional, etc.- que constan en los registros de la investigación y/o resulten el cúmulo de medios de prueba desahogados en la audiencia jurisdiccional.

¿Por qué la Constitución Política permite el procedimiento abreviado (Cfr: art. 2.A.VII), la conciliación y/o la mediación, los acuerdos reparatorios (Cfr: art. 17), la suspensión del proceso (Cfr: art. 20.A.VII) si no se ha desahogado la prueba ante el Juez para su control y admisión? La Constitución Federal que exige como objeto del proceso el “esclarecimiento de los hechos” (Cfr: art. 20, A, I) e impide al juez “delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas” (Cfr: art. 20, A, II) porque el Tribunal solo “considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio” (Cfr: art. 20, A, III) exige, igualmente que solo se puede condenar “cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado” (Cfr: art. 20, A, VIII) misma que admite la terminación anticipada “si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación” (Cfr: art. 20, A, VII)

¿Quién ofrece al Juez y/o Tribunal la convicción que exige la norma Constitucional? Para la mediación, la conciliación, los acuerdos reparatorios, el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso -que se resuelven sin tener que desahogar prueba en juicio-, ofrece convicción el dato pericial y policial cuando el mismo no ha sido cuestionado por al abogado defensor, el asesor jurídico de la víctima y el estudio crítico que debe hacer el Juez a la hora de acudir y valorar los datos de prueba que constan en los registros de la investigación. Ofrece convicción que, admitidos los datos de prueba se suma a los mismos el reconocimiento informado, ante autoridad judicial, de forma voluntaria y con conocimiento de las consecuencias de la participación en el delito por parte del propio imputado.

Mientras no se haya cuestionado la prueba policial y/o pericial son fuente de convicción. Por esto, el proceso penal es un proceso de partes y una evolución en etapas o fases procesales.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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