REGISTROS, CARPETAS O EXPEDIENTES

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Hoy no es posible negar –porque es imposible negarlo- que los agentes del Ministerio Público leen en las audiencias.  Tampoco se puede negar que algunos de los Jueces de Control le piden al agente del Ministerio Público que dicte: oralidad de lectura más oralidad de dictado, a lo que se suma que la oralidad distrae.   

Alguna vez me pronuncie sobre la verbalización.  Dije que era preferible que un fiscal leyera a que hiciera el ridículo.  Luego me di cuenta que algunos tampoco sabían leer.  Ahora me encuentro con que no solo deben leer sino dictar. Pero aun, nos distrae tanto la audiencia oral que ya se han creado, en casi todas las entidades,  equipos de transcripción de la vídeo grabación para “enterarnos” de lo acontecido.    

Esto lo escribo cuando un abogado “experto en derecho penal” me dice que no le interesa aprender el proceso mexicano porque en vacaciones piensa viajar a un Law School con un Law teacher, para aprender técnicas de litigio para ganar casos. Me puse a pensar en todos los que están escribiendo para ofrecer respuestas acertadas.  ¿Para qué escriben libros sobre derecho y proceso penal mexicano sí, con un curso de técnicas de litigio es posible ganar casos? 

En algunas entidades federativas, más propiamente, en Chihuahua, Estado de México y Durango, sus codificaciones prohibieron al Juez tener acceso a la carpeta de investigación.  Esa “disposición” se ha hecho norma sin ley en casi todas las entidades federativas.  Si el agente del Ministerio Público dicta el contenido documental de lo que está en la carpeta, por lo menos en esas tres entidades federativas, ¿qué problema hay que el Juez tenga acceso, si ya ha logrado el acceso mediante dictado? 

Pero mi problema ahora no son tanto estos problemas que, como ustedes pueden notar, son bastante problema.  Me motiva escribir, darme cuenta, que esa carpeta de investigación que debió llamarse “registro” -como lo refiere la Constitución Federal (Cfr: art. 20, B, VII)-, contiene los documentos originales. Conclusión: los registros que se llaman carpetas que contienen los originales deben llamarse expedientes. Si esto es así es claro que no hemos adelantado nada del proceso inquisitivo.

¿Qué les parece?  El agente del Ministerio Público tiene, en las audiencias, sobre el escritorio, leyendo y dictando, el expediente con documental pública y privada originales.  Claro, si el imputado tiene hambre, se lo puede comer y ya no hay prueba.  La mejor defensa puede ser darle al imputado una botella de salsa cátsup para desaparecer el expediente.  Pero, creo que los que no tenemos hambre de aprender, cómo son las cosas, somos nosotros que seguimos girando en torno a la “averiguación previa” a través de un “expediente” que contiene una “consignación”.

Le pregunte a un Juez de Control que me dijo: “bueno, yo no tengo acceso al expediente y por eso no sé si tiene originales”.  Le pregunte a un Juez en etapa intermedia y me dijo: “Bueno, el Ministerio Público hace referencia a la prueba documental y material, pero yo no sé nunca dónde está esa prueba, solo la admito”.  Le pregunte a los Jueces de Juicio: “Bueno, sabemos que el agente del Ministerio Público tiene un expediente en el escritorio, pero no sabemos qué datos contiene”. Entonces les pregunte de nuevo: “Y si tienen que confrontar al testigo con algún documento o con alguna fotografía”. Respondieron: “¡A sí, lo desprenden de la carpeta y lo presentan!”. Perdón, pero me parece que estamos como idiotas chupándonos el dedo.

Dejemos de mentir: en las Salas de vista los agentes del Ministerio Público, con el expediente original, del cual han dado copia al Abogado defensor, lee y dicta.  Se pasa toda la audiencia buscando entre las páginas, nombres, actores, datos, fuentes, información, fechas y las dicta. Dicta al ritmo con el que el Juez copia.  A veces, no tiene miedo de mentir diciendo que algún documento está por ahí, aunque no sabe dónde.  La oralidad va al ritmo del dictado.  El dictado da el acento a nuestra oralidad.  La inmediación del Juez es, estar en audiencia para copiar al dictado de las partes.  El Ministerio Público tiene, en audiencia, los documentos originales en el expediente al que llama carpeta.

Claro, aquel abogado va a los Estados Unidos para que alguien que no conoce el derecho mexicano le enseñe cómo interrogar y contrainterrogar en Juicio oral a un testigo.  Es lo que ha pasado en Chile y, a partir de Chile, en casi todo lado. ¿Qué nos pasa? 

¿Hace falta que la gente de USAID nos explique qué hacemos con las evidencias, los documentos oficiales, los documentos públicos, los planos, las fotografías, los informes periciales, los informes policiales, los exhortos, y, con ellos, las evidencias materiales, las actas de cadena de custodia, las huellas dactilares, la sangre, la orina, el semen, el lápiz labial? ¿Corresponde a la gente de SETEC decirlo? ¿Lo puede decidir cada entidad federativa? ¿Es necesario un acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial? ¿Debe estar todo esto dispuesto en las Leyes Orgánicas? ¿No basta con que un Juez decida?

¿Habrá quedado esto claro en los Manuales de Litigio de USA que se han traducido, para volverlos a copiar y traerlos? ¿Será que hicimos una mala traducción de ellos del inglés al español? ¿Nos lo tienen que enseñar los chilenos?  ¿Debe U.S.A enseñarnos también esto? ¿Conviene redactar más manuales? ¿Más formatos? ¿Más machotes? ¿Más guías? ¿Hace falta otro Protocolo u otra Guía de la Suprema Corte para una decisión?

Son preguntas retóricas, con algo de sarcasmo,  encaminadas a que pensemos qué hacer y cómo proceder, encaminadas a tomar decisiones sin esperar que otro venga y decida por nosotros, encaminadas a no “jugar” de ingenuos.  Son preguntas que nos descubren la verdad. Estamos implementando un nuevo modelo de Administración de Justicia, hemos asumido el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y, sin embargo, queremos que otro nos diga lo que debemos hacer sin decidir nosotros. 

Los oficiales de policía siguen modelos y formatos de actuación en la investigación de la escena del crimen.  Los peritos, siguen protocolos para la custodia y procesamiento de las evidencias.  Los despachos de las agencias fiscales reciben documentos y evidencias.  Los agentes se apersonan a la audiencia con lo que quieran, con lo que necesiten demostrar el Juez y a las partes.  Los defensores tienen derecho de acceso a los registros.  ¿Se necesita para todo esto una ley? ¿Se necesita un reglamento o decreto? ¿Se necesita todo esto en un expediente?

No olvidemos que en el trámite pueden existir muchos registros.  Son comunes el registro de la detención (Cfr: art. ); la denuncia (Cfr: art. 223); los de cadena de custodia (Cfr: art. 227); los distintos registros para el aseguramiento (Cfr: art. 260); todos aquellos que podemos llamar actos de molestia (Cfr: art. 266) y, lógicamente, los actos que producen o registran prueba como la inspección (Cfr: art. 267), el reconocimiento de personas (Cfr: art. 277), de fotografías (Cfr: art. 279) y de objetos (Cfr: art. 280).  Igualmente el cateo (Cfr: art. 282), las intervenciones de comunicaciones (Cfr: art. 297 y 298), la destrucción de esos registros (Cfr: art 300).  Especialmente el registro de la prueba anticipada (Cfr: 306) que es realizada en audiencia por el Juez.  De especial importancia el derecho que tiene el imputado y su abogado a acceder a los registros (Cfr: 308).  Un cúmulo de registros que quizá se puedan entender cuando lleguemos a comprender la figura del “descubrimiento probatorio” (Cfr: art. 337). ¿Se refiere a estos registros el artículo 347 cuando, con el Auto de Apertura a Juicio se exige remitir los registros?   

Se trata de registros que, como se vienen tratando, conforman una “carpeta de investigación”.  ¿Debe conformarse con originales?  La realidad es siempre que no. No se puede admitir una “carpeta” con originales.  Así como una pistola, un cuchillo, etc., no se encuentran en la carpeta, aunque consta el registro, del mismo modo no se encuentran las huellas dactilares, la hemáticas, las de saliva, la droga, herramientas, etc., pues todas ellas tienen, en el Ministerio Público un lugar de bodega, en el cual igualmente se mantienen los documentos, tales como pericia documental de necropsia, de huellas, de sangre, etc.

A ese registro tienen acceso las partes y pueden tener copia de los mismos, sea copia de fotos, de planos, de pericias y fotos de evidencias.  Las partes legitimadas no tienen que esperar que este “libre” el registro, para tener acceso a él, porque el que tiene el agente del Ministerio Público es copia y es su instrumento de trabajo, y los originales están al servicio de las partes. Si hay un reemplazo de partes, no hace falta sacar fotocopia a la carpeta del agente del Ministerio Público, porque se fotocopian originales.

Pero, la carpeta de investigación y/o el registro de la misma es –y/o puede ser, en sentido moderno-, un instrumento técnico con un chip en el cual un agente guarde, filme y grave todo lo que está investigando.  El Ministerio Público puede enviar el registro al abogado defensor por internet o cualquier otro medio idóneo.  Un agente menos moderno puede tener un “cuaderno de notas” o algo parecido en que introduce las mismas copias que ofrece, si interesa, al abogado defensor.  Libro de notas que puede tener ralladuras, comentarios, etc., pues las originales se encuentran en el Despacho al servicio de las partes.

En la Guía del Poder Judicial de la Federación se dispone, citando a Luis David Coaña Bé, que “no se trata de una incorporación automática de las distintas pruebas que se hayan recabado por parte de la institución de la representación social envestida de fe pública, sino una bitácora del agente del Ministerio Público para llevar un registro de la investigación que realiza”. [1]Así tiene que ser o, de lo contrario, seguiremos con expedientes que contienen pruebas para dictar a los Jueces.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

 

[1] Coaña Bé, Luis David, “¿Competencia por razón de sistema?, en http://miguelontiveros.com/home/expertos_luisdavid_01.php, consultado el 14 de marzo de 2014).  Citado en GUÍA, de apoyo para el estudio y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de Judicatura Federal. México, 2014. Página 33.