¿DÓNDE ESTÁN LOS ORIGINALES?

cincel y martillo

El Senado ha presentado ya la primera reforma al Código Nacional (03-12-14).  Si el Código Nacional nos dejaba disconformes la iniciativa de reforma parcial sigue girando en torno a la carpeta.  Hemos regresado a 1934 en que la “carpeta” es una consignación que contiene “datos de prueba” con la prueba que ha “desahogado” el Ministerio Público.  No les extrañe que pronto regresemos a la “fe ministerial” que, como sabemos, era “fe policial”.

En efecto, en la propuesta de reforma del artículo 218 se dispone que “los registros de la investigación, incluyendo todos los documentos, fotografías, vídeos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y cualquier otro dato de prueba que obre en la carpeta de investigación, son estrictamente reservados” y, conforme a la propuesta para el artículo 314 la prueba que ofrece la defensa ya no se desahoga ante el Juez, en audiencia sino que “el imputado o su Defensor, podrán solicitar al Juez de Control que admita los medios de prueba para que sean incorporados a través del Ministerio Público a la carpeta de investigación”.  ¿Dónde están los originales?  Para los redactores del Código Nacional no hay duda: en la carpeta.

En el Sistema Acusatorio, que no cuenta con carpeta, cuando se presenta la acusación que abre la etapa intermedia el Ministerio Público puede ofrecer al Juez los documentos y evidencias, los planos y fotografías, etc., y, una vez discutidas y admitidas  y, depende de lo que dispongan las Leyes Orgánicas, éstas se remiten al Tribunal o siguen bajo la custodia del Ministerio Público.  Pero, se trata de “medios de prueba” de las partes en razón del principio de comunidad probatoria.  Esto es así porque la “carpeta de investigación” deja de “existir” en tanto en Juicio se interrogan testigos, policías, peritos y se introducen documentos, documentales oficiales o privadas, etc.  En México, esos documentos siguen en la “carpeta” y se introducen a través de la carpeta, aun cuando es claro que una carpeta de trabajo no puede -en un proceso de datos de prueba que se ventilan en las audiencias preliminares-,  contener documentos y evidencias originales. 

Conforme al artículo 271 del Código Nacional “el Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo”.  Hasta aquí no se entiende que la “custodia” o “bodega” de esos registros deba ser una carpeta, máxime cuando el mismo numeral discrimina que “cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido (…).  El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados”.  Registro en este caso se confunde con el viejo concepto de acta.

Sin embargo, el artículo 337 de Código Nacional, de cuyos contenidos –aclaro- discrepo casi totalmente, indica que “para los efectos de este artículo se entenderá por registros de la investigación, todos los documentos que integren la carpeta de investigación”.  El numeral en estudio es norma y debe ser respetada.  Pero, como norma demuestra la ignorancia total de lo que es un sistema acusatorio, como más tarde demostrada la ignorancia de lo que es una estrategia de defensa.  Pero, bajo ese presupuesto normativo debemos admitir que todos los originales han de conformarse en un solo documento al modo del antiguo expediente. 

Ese mismo numeral posteriormente integra como registro las “fotografías, vídeos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico”.  Entonces, en esta segunda oportunidad registro no es, necesariamente, carpeta de investigación.  Nótese en ese mismo numeral cuando dispone que “tratándose del acceso a las evidencias materiales que obren en la carpeta de investigación, ello implicará el derecho de la defensa de obtener imágenes fotografiadas o videofilmadas de las mismas, así como la práctica de pericias a cargo de peritos de la defensa, o a petición de la misma si no los hubiere, la práctica de pericias a cargo de peritos oficiales sobre dichas evidencias”.  Es claro que lo material no puede contenerse en un documento, salvo su fotografía.

Desde el artículo 337 se entiende por “descubrimiento probatorio”  a cargo del Ministerio Público “la entrega material a la defensa, de copia de los registros de la investigación, como del acceso que debe dar a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la investigación”.   Si debe darse acceso es porque, con cierta lógica, esas evidencias no pueden integrarse a un expediente o carpeta.  Por eso, “la entrega de las copias solicitadas (documentos) y el acceso a las evidencias materiales referidas (fotografías o vídeos), deberá efectuarlo el Ministerio Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa”. En caso de que, violando el derecho de defensa se mantenga el “descubrimiento probatorio a cargo de la defensa” conforme al artículo 337 en estudio “consiste en la entrega material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados en juicio”.

Con los datos y/o medios de prueba que hemos referido párrafos antes, debemos considerar además aquellos que han de soportar la “confidencialidad” por tratarse de datos personales de las partes, testigos, ofendidos, víctimas, partes procesales; datos de prueba que exigen su protección mediante secreto, como pueden ser documentos privados; fotografías pornográficas de, por ejemplo, menores de edad; archivos de correspondencia confidencial; secretos que han sido declarados con ese título a nivel privado u oficial, etc.   El tratamiento de estos documentos impide, por un lado, su fotocopia y, por otro lado, su uso indiscriminado en un expediente o carpeta de trabajo.  

No se olvide que la propia Constitución Federal exige secreto de las audiencias públicas “por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos” (Cfr: art. 20,B, V) y cuando se protege de las víctimas el “resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección” (Cfr: art. 20, C, V).  En el mismo sentido el artículo 218 del Código Nacional dispone que “en la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados”. 

En un sistema procesal con “expediente” es común, cuando se necesita, que lo tenga alguien.  El agente del Ministerio Público en su escritorio; el abogado defensor en la sala de estudio; algunos de los auxiliares en fotocopia; el Tribunal de Alzada, en apelación; el Juez Penal en resolución; el Tribunal de Juicio en la redacción de la sentencia.  Quienes redactaron el Código Nacional no pudieron desprenderse de ese hábito.  Por eso, cuando se habla de registros, carpeta, archivos, se señala el “expediente”.  Es por eso que a veces no se encuentra.  En el sistema acusatorio todos los documentos y evidencias se encuentran bajo custodia. Las partes tienen de él copia.

Así se debe entender cuando se lee del artículo 218 –sin considerar la propuesta de reforma- que “el imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista”.  Es especialmente importante entender, que no se tratan de documentos en un expediente porque, “a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado”. (Cfr: art. 20, B, VII).  En igual sentido se dispone que “en ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Sin embargo, la imprecisión terminológica, producto de la imprecisión normativa hace decir a los numerales relacionados lo uno o lo otro.  Se entiende sacar copia de los documentos en registro; se entiende identificar los objetos en archivo o tomar fotografías.  Se entiende pedir copia de vídeo.  Pero, cuando se usa, únicamente, la palabra copia de, el numeral esta refiriendo el expediente.  Así el artículo 219 dispone que “una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente”.

La existencia de un “registro” distinto al “expediente” y/o “carpeta” se entiende de la lectura del artículo 220 del Código Nacional.  En efecto, “el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos”.  Este numeral supone información en la carpeta e información fuera de la carpeta.

El Ministerio Público debe administrar una bodega de causas penales pendientes en la cual se almacene, conforme a claros protocolos de actuación, los documentos públicos y privados, la prueba documentada, los informes policiales y periciales y, las evidencias materiales.  Todo ello referido en la carpeta o fotocopiado nos permite comprender que uno es el cuaderno de trabajo del Ministerio Público, otro el del abogado defensor y otro, como debe ser, la prueba en custodia del primero.  Esto debe ser así aunque se entienda distinto del estudio normativo que hemos hecho. ¡Vaya lió!

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.