16 ERRORES PROCESALES DEL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO


ignorancia

En un momento de cambio sustancial en el proceso, en la ética de la función pública y la concepción de los derechos desde el principio pro persona da pena que desde la ignorancia se enseñe y que se enseñe la inopia. 

En efecto, importar desde el modelo sajón el “descubrimiento probatorio” y confrontarlo con la dogmática procesal penal, los principios de inocencia, el derecho de defensa y, el debido proceso nos enfrenta hoy a una figura que nace arrastrando dieciséis errores procesales algunos de los cuales son claramente inconstitucionales  Dieciséis errores que ponen en entredicho la lealtad de las partes, la objetividad del proceso, la inteligencia del sistema procesal penal acusatorio y que nos enfrenta ante una posible farsa procesal.  No ignoremos las contradicciones que surgen de la exposición de motivos. 

Los 16 errores procesales pueden desglosarse de la siguiente forma:

(1). El descubrimiento es una obligación constitucional antes de la primera audiencia ante el Juez y/o la entrevista del imputado ante el Ministerio Público (113, VIII, 217 y 218), no a partir de la etapa intermedia

(2). A partir del Auto de Vinculación se da la apertura de los registros y no puede darse reserva de los registros (Cfr: art 218)

(3). El descubrimiento se realiza luego de que se ha presentado la acusación ante el Juez, esto es cuando el MP pierde competencia y la causa se encuentra en sede jurisdiccional. 

(4). No se señala audiencia intermedia hasta tanto no se haya dado el descubrimiento ante el MP

(5). Consiste en la entrega de los registros de la investigación.

(6). Comprende el acceso a las evidencias materiales recabadas durante la investigación.

(7). Exige el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa

(8). La defensa está obligada a descubrir medios de prueba que pretenda llevar a juicio como prueba. (Cfr: art. 340)

(9). La defensa puede solicitar pericias que puede integrar hasta la audiencia de juicio (Cfr: art. 340)

(10). Registro de todos los documentos que integren la carpeta de investigación

(11). Copia de registros que obren en soportes electrónicos

(12). La defensa proporcionará al ministerio público los medios necesarios para ello.

(13). Evidencias materiales que obren en la carpeta de investigación

(14). Se abre igual acceso a la prueba en coadyuvancia

(15). Coadyuvante puede abrir el proceso a desahogo de pruebas previa

(16). Todo lo realizado puede confrontarse en la audiencia intermedia (344)

Son errores porque no puede exigirse un, con la etapa intermedia, cuando “el descubrimiento probatorio es una obligación constitucional que se exige al Ministerio Público antes de la primera audiencia ante el Juez y/o la entrevista del imputado ante el Ministerio Público, conforme lo dispone el artículo 20, Apartado B, fracción VI, situación procesal que igualmente ha sido avalada por los artículos 113, VIII, referida a los derechos del imputado, y los numerales  217 y 218 relacionada con los Registros de la Investigación.

La propia Constitución Federal dispone (Cfr: art. 20, B, VI), como igualmente lo exige el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a partir de la apertura de los registros, no puede darse reserva con el auto de vinculación a proceso, salvo los casos excepcionales en que el Ministerio Público solicite al Juez la “secrecía” de la investigación.

De especial importancia. El descubrimiento probatorio del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales se exige cuando el Ministerio Público ha perdido toda competencia, cuando el Juez de Control ha asumido tanto la acusación como los datos o medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público.   En efecto, una vez se ha cerrado la etapa de investigación (Cfr: art. 323), finalizado el plazo fatal de la misma (Cfr: art. 334), mismo que puede producir la extinción de la acción penal si no se obedece (Cfr: art. 325), las partes no pueden acudir al Ministerio Público sino que todas las partes –Ministerio Público, Abogado defensor, Víctima u ofendido y Asesor jurídico, e imputado- se someten al Órgano jurisdiccional en la Etapa Intermedia que se ha abierto para ese efecto. 

El artículo 337, en relación con el 340 impide que se señale audiencia intermedia hasta tanto no se haya dado el descubrimiento probatorio ante el Ministerio Público, es decir, la causa que ya ha sido cerrada se mantiene abierta ante el Órgano acusador y el órgano jurisdiccional sujeto a ese descubrimiento, cuando ya, de principio, la Etapa de Investigación se cerró y se abrió la Etapa jurisdiccional.  Peor aún, permite que el Imputado y su abogado defensor puedan abrir la investigación ofreciendo medios de prueba que han de ser desahogados, entre ellas, pruebas periciales (Cfr: art. 340).  Igualmente, se abre el proceso a la víctima u ofendido para la Coadyuvancia, misma que igualmente y con error, abre el proceso al desahogo de pruebas y periciales (Cfr: art. 338)

El principal error de todos los citados es exigir al Imputado y al Abogado defensor ese descubrimiento violando el derecho (técnica y estrategia) de defensa.  Conforme al artículo 337 el “descubrimiento” que ya debió darse en audiencia, “consiste en la entrega de los registros de la investigación” antes de la Audiencia intermedia. Sin embargo, por mandato constitucional, la carga de la prueba corresponde únicamente al Órgano acusador (Cfr: art. 20, A, V).  Es claro que la defensa debió tener acceso en el ejercicio de la defensa desde la Audiencia de Control de la Detención y/o desde la Audiencia Inicial, no al final, con el cierre de la misma. Por ende, el artículo 337 abre a un descubrimiento que ya se debió dar; abre un descubrimiento procesal que estar por debajo del descubrimiento constitucional; descubre en la Etapa Intermedia, cuando la Constitución Política exige que descubra en la Etapa de Investigación. Por tanto, es un descubrimiento inconstitucional, e innecesario.

El “descubrimiento” inconstitucional del artículo 337 exige “el acceso a las evidencias materiales recabadas durante la investigación”, exige “el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa”, obliga a la defensa a “descubrir medios de prueba que pretenda llevar a juicio como prueba. (Cfr: art. 340), permite a la defensa solicitar pericias que puede integrar hasta la audiencia de juicio (Cfr: art. 340); que el abogado defensor pueda obtener registro de todos los documentos que integren la carpeta de investigación; copia de registros que obren en soportes electrónicos, para lo cual, la defensa proporcionará al ministerio público los medios necesarios para obtener esos soportes, y finalmente, acceso a las evidencias materiales que obren en la carpeta de investigación”.

Todo esto significa que desde el artículo 337 del Código Nacional la “carpeta de investigación” no es un cuaderno de trabajo del Ministerio Público, sino, un expediente donde se localizan documentos públicos y privados originales, informes y periciales, fotografías, planos, objetos materiales, entrevistas, declaraciones, denuncias, los medios de prueba del Ministerio Público, a los que se acumulan los medios de prueba del Abogado defensor y, los medios de prueba del Asesor jurídico en la Coadyuvancia de la víctima.  Cuidado que igualmente se contengan documentos sometidos a secreto, fotografías que no pueden ser divulgadas porque ofende la dignidad de víctimas, imputados, ofendidos, menores de edad. Marcas, secretos de oficio, secretos profesionales, documentos que informan de datos, etc. Se podría mencionar, así, la promiscua carpeta de investigación del Ministerio Público.

Pero…, ¿dónde están los documentos originales, las evidencias materiales, los resultados de una investigación técnica, científica, en un proceso penal por delito?  ¿Significa esto, conforme a la inteligencia del artículo 337 que todo está en la carpeta de investigación? ¿No pasan esos originales a la custodia del Tribunal de Enjuiciamiento para la apertura del Juicio?  ¿Siguen en la carpeta?  ¿Tiene el Fiscal de Juicio, durante los debates, la carpeta con los originales? ¿Cómo se entiende, entonces, al final de todo esto, la razón procesal de las actas de aseguramiento, de las actas de cadena de custodia?

A la luz del artículo 344 del Código Nacional, todo lo que ha ocurrido y se ha discutido en esa inconstitucional audiencia de descubrimiento ante el Ministerio Público puede igualmente ser discutido en la propia audiencia Intermedia ante el Juez de Control. (Cfr: art. 344); peor aún, la Audiencia Intermedia en el Proceso Penal Acusatorio tiene, entre sus varios objetivos procesales, primero, que el Ministerio Público, con la acusación, señale “los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación” (Cfr: art. 335, VII) y “los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de  la misma” (Cfr: art. 335, X).

No podemos olvidar, desde el principio de economía procesal pero, especialmente, desde los principios de inmediación y contradicción que se da en la Audiencia Intermedia, que, conforme al artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales “si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios”.

¿Para qué el artículo 337 del Código Nacional suscita una “audiencia de descubrimiento” ante el Ministerio Público, si la Audiencia intermedia es ya, una audiencia de descubrimiento ante el Juez de Control? ¿Para qué una “audiencia de descubrimiento” si ese descubrimiento debe darse desde la Investigación? ¡Por ignorancia!

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

 

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