DESOBEDIENCIA LEGÍTIMA A LA AUTORIDAD

libros_ardiendoEn un momento clave en la implementación de un nuevo Sistema de Justicia  Penal, resulta importante dar crédito a las leyes, respeto a las instituciones, autoridad a los Jueces.  Lo contrario se llama anarquía, de lo que es sinónimo desconcierto, desgobierno, caos.

Quizá entonces haya que revisar el Juicio de Amparo en aquello que contribuya al caos procesal mediante la suspensión del acto reclamado; su concepción cuando no hay violación de garantías; el triste amparo para efectos que nunca resuelve sobre el fondo y, por qué no, a conceptos jurisprudenciales ambiguos como los relacionados con el principio pro persona, suplencia de la queja a favor de la víctima, los ofendidos o al imputado cuando los tres cuentan con la asistencia de un profesional en derecho, peor aun cuando no cuentan con derecho procesal.  Todo esto se puede resumir en la urgente necesidad de que nuestros Tribunales manejen –disculpen mi atrevimiento- una teoría de los derechos humanos, sepan lo que es un derecho humano y, porque los distinguen, comprendan cuándo es necesario garantizar un derecho humano.

Desgraciadamente no exagero cuando digo esto. ¿Qué derecho humano queda incólume en nuestra jurisprudencia obligatoria? Basta leer las tesis actuales y algunas viejitas.  Suficiente con percatarnos que hoy no hay tesis jurisprudencial que resista los cambios, que algunas de ellas quedan en desuso porque no estaban protegiendo derecho humano alguno.  Entonces, ¿Qué derechos humanos dieron fundamento al derecho en las últimas décadas? ¿Cuál fue el fundamento de ese derecho, si una Ley cambia el concepto del derecho humano?  Si hoy es necesario el control difuso de Convencionalidad es porque la Constitución Política no ha sido suficiente para entender el derecho en las Leyes.  Pero, repito, la forma en que el Juicio de Amparo nos ha enseñado amparar ha sido “interpretar” el derecho desde la Ley, cuando el juicio de garantías es “oponer” la ley que se cuestiona al derecho humano o al derecho constitucional.

Con esta intención me quiero referir a un solo concepto y, a partir de éste, tratar de medir los alcances de las decisiones de nuestros Tribunales de Circuito, las Salas, el Pleno de la Suprema Corte que, lógicamente, influyen con sus decisiones –tesis aisladas o jurisprudenciales- con las constantes resoluciones de los Jueces de Distrito contra las decisiones de, por lo menos, los Jueces de Control en el Proceso Penal Acusatorio.  Me refiero a la citación de un imputado en libertad a la Audiencia Inicial. Con ese objetivo conviene tener la diferencia de que “las citaciones judiciales, acorde a la doctrina, son el llamamiento por parte del juzgador a una persona para que se presente al juzgado o tribunal en el día y hora que se le designe, esto, con la finalidad de escuchar una providencia, el desahogo de una diligencia judicial o presentar una declaración. El citatorio previo al emplazamiento no es una citación judicial, sino una formalidad de éste, mediante el cual el notificador o actuario -ante la búsqueda ineficaz del demandado para emplazarlo- lo requiere a fin de que lo espere a diversa hora y día para ser emplazado”. [1]

Nuestra Primera Sala ha resuelto, como siempre, descubriendo el derecho en la norma secundaria.  Se trata de una mala práctica procesal de un Tribunal protector de derechos humanos.  Luego, al estudiar la figura de la citación, comete un segundo error cual es, comprender los alcances de esa citación desde su efecto procesal cual es la posible formulación de imputación para vinculación a proceso.  Ninguna de las dos figuras es privativa de libertad. Un tercer error es conceptualizar ambas figuras procesales –imputación y vinculación- desde las Leyes secundarias, cuando ambas tienen contenido constitucional.  Un cuarto error es restar potestad al Juez de Control que cita y señala a la audiencia. Un quinto error es descubrir las figuras procesales desde la actividad del Ministerio Público –que imputa y solicita vincular-, cuando es claro que el que señala la Audiencia y controla la legalidad y constitucionalidad de la misma es el Juez de Control.  A partir de aquí, es claro que lo que se resuelva será equívoco.

El desglose que de la audiencia hace la Primera Sala resulta, a todas luces, una apología del delito, un elogio a la desobediencia civil, una clara instigación a la criminalidad, un aplauso a la desobediencia del imputado a las órdenes o mandatos del Juez.  En efecto, en los cinco errores anteriormente citados la Primera Sala razona como un litigante carente de ética y, en las cinco ideas que desgloso a continuación lo hace como un abogado cómplice del delito. 

Primera idea: “Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión”.

Segunda idea: “El auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida”.

Tercera idea: La citación “coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir”. 

Cuarta idea: “A partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión”.

Quinta idea: “A partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal”.

Nuestra querida Primera Sala, luego de desglosar esas cinco ideas, que más que llamar a la recta Administración de Justicia, lo hace en “complicidad” con la delincuencia, concluye: “ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente”. [2]

El Código Penal Federal –para citar uno solo de los treinta y dos- dispone en relación con el delito de desobediencia “Artículo 179.- El que sin excusa legal se negare a comparecer ante la autoridad a dar su declaración, cuando legalmente se le exija, no será considerado como reo del delito previsto en el artículo anterior, sino cuando insista en su desobediencia después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la administrativa, en su caso, para que comparezca a declarar”.  Esa desobediencia raya con el desacato en los artículos 178 y 180).

La desobediencia (al mandato) y el desacato (a la autoridad que actúa) se encuentran, igualmente, en los artículos 281 y 282 del Código Penal para el Distrito Federal cuando disponen: Artículo 281.- (…) al que desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad.  (…) Artículo 282.- (…) al que por medio de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales”.

¡Cuando una autoridad manda se obedece! ¿No es así? ¡Cuando una autoridad jurisdiccional resuelve, se ejecuta! ¿Es así como debe procederse?

Creo que no hace falta escribir más.  Para entender la evolución del proceso penal en México es suficiente reflexionar las ideas expuestas en la tesis jurisprudencial de la Primera Sala mientras meditamos en, por ejemplo, los conflictos suscitados por los hechos cometidos en Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. ¿Qué les parece?  

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

[1] Décima Época. Registro: 2005741. CITATORIO PREVIO AL EMPLAZAMIENTO. NO ES UNA CITACIÓN JUDICIAL, SINO UNA FORMALIDAD DE ÉSTE.

[2] Décima Época. Registro: 2005048. SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE “FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN”, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA).