CATORCE ERRORES PARA LA COADYUVANCIA

Injusticia

La participación de la víctima como coadyuvante debe suponer, para los Asesores Jurídicos, varios objetivos procesales, en algunos casos, de poca importancia, en otros, de una importancia enorme.  En efecto, hay delitos en los que la coadyuvancia es más un estorbo al Ministerio Público, otros en que es preferible la coadyuvancia que la acción pública.  Hoy interesa, desde la norma y desde la constitucionalidad, conocer los errores plasmados en el Código Nacional.

El primer error que igual tiene vicios de constitucionalidad es el momento procesal de su constitución como parte.  El artículo 338 dispone que lo es “dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público” cuando es claro que la víctima puede ser coadyuvante desde la denuncia y durante la investigación (Cfr: art. 20, C, II)

Quizá el segundo error sea su constitución por escrito.  (Cfr: art. 338, I) La víctima u ofendido pueden presentarse en las audiencias y ejercer su función coadyuvante.  Para esto, basta acreditar su condición de víctima u ofendido.

Un tercer error es que, presentada y, por ende, notificada la acusación, la victima y ofendida puedan “señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección”.  Error porque como coadyuvante, la víctima u ofendido no deben esperar la acusación sino que, antes de la redacción de la misma –porque son coadyuvantes- conjuntamente, con el Ministerio Público, pueden redactar la acusación, de modo que no se dé una corrección posterior sino, previa.

Un cuarto error, que a la vez es una disposición inconstitucional que produce desorden, expresa una falta clara de logística, manifiesta negligencia ministerial y produce retraso es que, apenas en etapa intermedia la víctima u ofendido pueda “ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público debiendo hacerlo de su conocimiento por conducto del juez”. (Cfr: at. 338, III) ¿Por qué?  Aunque no se puede sostener que una investigación se termine, es absurdo abrir la etapa intermedia con el cierre de la investigación para abrir de nuevo la investigación.  Menos, que se abra para una coadyuvancia.  La coadyuvancia de la víctima u ofendido –valga la redundancia- tiene como objetivo –por eso es coadyuvancia- que ambos se ayuden y faciliten la investigación, no, como al parecer se pretende, se realicen investigaciones paralelas o contrapuestas. ¡Perdón, pero es de locos pensar en un proceso así!

El absurdo referido en el cuarto error permite el nacimiento de un quinto error.  Si la víctima ofrece pruebas “el Ministerio Público, a más tardar dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de que haya recibido el ofrecimiento de medios de prueba de la víctima, deberá comunicarlo al imputado o a su Defensor para que comparezcan ante su presencia en un plazo que no deberá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente de haberse efectuado la notificación, a tomar conocimiento de ello y, en su caso, para que de así convenir a sus intereses, soliciten la expedición de copia de los mismos y/o su acceso según lo que proceda”. (Cfr: art. 338).

La etapa intermedia tiene como objetivo conocer de las partes –en definitiva- los medios de prueba.  En un proceso normal, en situaciones normales, con partes que litigan en la normalidad, esto es, con lealtad y objetividad, todo ha ocurrido antes de la acusación.  De principio son pocas las sorpresas.  Por el contrario, el artículo 338 nos permite concluir que la objetividad y la lealtad deben darse luego, después, con la etapa intermedia, antes de la audiencia intermedia, primero, con el ofrecimiento de prueba de la víctima, segundo con el descubrimiento probatorio.

Nótese, como sexto error que, con el desahogo de los medios de prueba ofrecidos “tardíamente” por la víctima u ofendido, se da “la entrega de las copias respectivas y del acceso en su caso a las evidencias materiales”.  Este sexto error es una constante del Código Nacional, producto de la desconfianza del legislador.  Como no se comprenden los principios de comunidad de los medios de prueba, como no se confía que las partes hayan tenido acceso a los mismos antes de la etapa intermedia, como no se confía en el método de cadena de custodia, como las actas ya no dan fe del acto, se abre el proceso a la entrega de copias.  Un error que, de hecho, encarece el proceso y produce un sinnúmero de “bodeguitas” de evidencias y actas, copias de documentos públicos y privados, multitud de “carpetas” paralelas.    

Un séptimo error es que la Etapa Intermedia ha ampliado, con la investigación, los plazos.  La investigación se cierra para abrirse de nuevo.  Claro, con un octavo error y es que en esa Etapa jurisdiccional el Ministerio Público sigue mandando, dirigiendo, tomando decisiones.  Se octavo error produce un noveno error porque esos mandatos, dirigencias y decisiones deben repetirse en la audiencia intermedia, produciéndose una repetición de la repetición de lo repetido.

En efecto “una vez que el Ministerio Público entregue copia al imputado o a su defensa de dichos registros y/o les dé acceso a ellos y, siempre y cuando la defensa no haya solicitado dentro de los tres días siguientes a que ello aconteciere que se dé acceso a sus peritos para la toma de fotografías, videos o práctica de alguna pericial y notificará a la defensa el cierre del descubrimiento probatorio. En caso que la defensa haya solicitado el acceso con peritos a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido dentro del plazo señalado, contará con un nuevo plazo de tres días contados a partir del día siguiente de su solicitud para presentarlos ante el Ministerio Público, a fin de que en presencia del mismo lleven a cabo la toma de fotografías o videos o muestras en su caso, o la práctica de pericia respectiva, hecho lo cual, el Ministerio Público hará constar en  la carpeta de investigación el cierre del descubrimiento probatorio a su cargo notificándolo a la defensa para los efectos del artículo 340”.  (Cfr: art. 338)

Todo lo escrito hasta aquí da una especial pena.  Un poco de tristeza.  Nos permite percatarnos del cúmulo de formas que se han introducido.  No olvidemos que el Código Nacional se escribe 100 años después del nacimiento del Proceso Acusatorio Moderno. Tanto error sólo expresa ignorancia, quizá –mejor-, un poquitito de soberbia, es decir, ese deseo de hacer las cosas distintas porque la ignorancia atrevida se atreve “mejorar” lo que ha producido la doctrina, el derecho comparado y la jurisprudencia extranjera.  Más aún, “superar” la experiencia de diez años del modelo en nuestras entidades federativas todas las cuales ya contaban con Etapa intermedia. El ignorante, sin preguntar al que sabe que podía explicarle, produjo formas sobre las formas, procesos sobre los procedimientos, trámite del trámite.

Un décimo error es que en esa etapa la víctima u ofendido puede “solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto” porque, como es lógico, abre la etapa intermedia -que ya se abrió para la investigación del hecho delictivo y la participación del imputado-, a la comprobación del daño, la demostración de los efectos del hecho delictivo y la acción y responsabilidad del imputado y/o de un tercero, en ese efecto.

Pues bien, diez errores del artículo 338 producen igualmente una serie de errores en el artículo 339.  El primero y, por ende, el décimo primer error es la tautología.  Claro “si  la víctima u ofendido se constituyera en coadyuvante del Ministerio Público” porque sólo puede ser coadyuvante del Ministerio Público, “le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquél” porque no puede presentar una acusación distinta, ya que no es acusadora sino coadyuvante.  A pesar de ello “el Juez de control deberá correr traslado de dicha solicitud a las partes”.

Nótese, porque es de “perogrullo”, cuando ese artículo dispone que “la coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima u ofendido no alterará las facultades concedidas por este Código y demás legislación aplicable al Ministerio Público, ni lo eximirá de sus responsabilidades”.  Claro, por mandato del artículo 21 de la Constitución Política, como se trata de un delito de acción pública, que no se ha abierto a la acción particular, la acción la ejerce, únicamente, el Ministerio Público. Es por esto que la acción de la víctima u ofendido es sólo coadyuvante.

Finalmente, el artículo 339 dispone que “si se trata de varias víctimas u ofendidos podrán nombrar un representante común, siempre que no exista conflicto de intereses”.  Se entiende, ante el silencio normativo, que el interés en conflicto lo es en relación al daño causado por el delito, porque no puede darse en relación a la acción penal pública y, por ende, respecto al hecho que se acusa al imputado en la acusación.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas


Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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