¿QUÉ HAGO CON LA EVIDENCIA?

investigador

En los delitos patrimoniales el proceso enfrenta el tema del aseguramiento del bien.  ¿Qué pasa con ese bien?  La respuesta es muy sencilla: se devuelve a la víctima.  Sin embargo, a partir de esa respuesta, surge una serie de preguntas que deben responderse desde el punto de vista probatorio.

¿La evidencia se resguarda cuidando la cadena de custodia? ¿Se deja en bodega o se entrega a la víctima? ¿Cómo se hace la valoración y la inspección, si ha sido entregada a la víctima? ¿La valoración e inspección se realiza ante de devolverla? ¿Debe, entonces, hacerse inspección y valoración bajo el procedimiento de prueba anticipada? ¿Debe la víctima presentar el bien en juicio? ¿Puede la víctima vender o donar el bien o debe dejárselo hasta juicio? ¿El donatario y/o el adquirente, se convierte en testigo y debe dejar el bien a expensas del juicio? En definitiva: ¿Cuáles diligencias deben realizarse con su aseguramiento y qué diligencias para su devolución?

La imputación (Cfr: art. 311) que conforma el hecho de la acusación (Cfr: art. 335) sobre la cual se ordena el Auto de Apertura a Juicio (Cfr: art. 347) que conforme el alegato de apertura que inicia el Juicio Oral (Cfr: art. 394) parte de la veracidad del objeto sobre el que recae la conducta que se acusa.  No siempre se cuenta con el bien objeto y/o instrumento del delito. Piénsese los casos en que el autor se desprende del bien, sin que pueda ser asegurado.  No por ello se impide la realización del juicio si es posible demostrar la existencia del bien, las características del mismo y, su valor.  Pero ¿si se cuenta con el bien como objeto o instrumento del delito entonces, el desahogo del mismo para su conocimiento, individuación, valoración en la inmediación del Juez y contradicción de las partes exige la presencia del bien en la audiencia?

Objeto de la persecución penal en delitos contra la propiedad es -cuando se puede-, obtener el bien, inspeccionarlo, valorarlo y devolverlo.  Mal haría la Policía, el Ministerio Público o el Órganos jurisdiccional con mantener en su poder –mediante aseguramiento- el bien objeto o el bien instrumento del delito, salvado el caso de su decomiso (Cfr: art. 250).  Sin embargo, la distinta naturaleza de los bienes hace cambiar esta realidad. Por eso, se aplica analógicamente lo que dispone el artículo 237 del Código Nacional cuando dispone que los objetos “después de que sean examinados, fotografiados, o videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito”.

Algunos “instrumentos” del delito igualmente pueden ser devueltos.  Por ejemplo, el vehículo en accidente de tránsito (Cfr: art. 239) y, el mismo vehículo como instrumento para cometer el delito, como los casos en que el imputado sustrae el vehículo para asaltar, secuestrar, dañar.  Esta realidad implica al propietario como tercero, posiblemente como víctima u ofendido y, lógicamente, como testigo del hecho ilícito en cuanto al instrumento empleado.  En estos casos igualmente se realiza la devolución, aunque, supeditada a las exigencias probatorias necesarias, esto es, que se realicen los “peritajes necesarios” (Cfr: art. 239) y, lógicamente, que “no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora”. (Cfr: art 239)

El resguardo del bien no está supeditado al juicio oral y, por ende, a su aseguramiento y custodia sino a intereses y consecuencias civiles del mismo bien objeto o instrumento y, por ende, al interés de terceras personas.  En el caso de vehículos, por ejemplo “el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación judicial” (Cfr: art. 240). Pueden existir casos en los que el bien deba ser exhibido en juicio.  En estos casos “las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes” (Cfr: art, 246)

Si se ha levantado acta en su aseguramiento, la misma, en tratándose de cadena de custodia se rompe hasta que se realicen las pericias correspondientes y se entrega en posesión, propiedad y/o depósito que al que corresponde.  Por eso, aún en los casos que dichos bienes “estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo” se puede ordenar su devolución siempre y cuando se realicen, como se dijo, “las diligencias conducentes” y se deje “constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes”.  Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera”.  (Cfr: art, 246)

Conforme al mismo artículo 246 del Código Nacional “dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda”.  Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación.

Como el bien objeto o instrumento del delito no pierde su capacidad de propiedad el artículo 247 del Código Nacional dispone, con su devolución, “la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado”.  “La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o la instancia correspondiente en las Entidades federativas por los depósitos a la vista que reciba”.  Igualmente, “previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario correspondiente”.

Finalmente, conforme al artículo 248 del Código Nacional, “cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido enajenados o haya imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la titularidad del derecho de devolución el valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable”.  No se ignora con esto, que algunos bienes pueden ser asegurados lo que implica, temporalmente, la pérdida de su posesión.  En estos casos “el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga (…).  En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda”.

Igualmente, “cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes. (Cfr: art. 232)

En conclusión, la situación del bien, instrumento, objeto o producto del delito depende del tipo de juicio, del tipo de delito, del tipo de prueba, del tipo de bien.  Sin embargo, demostrada la propiedad de la víctima u ofendido debe entregarse a los mismos.  Esto es así salvo que se ordene -formal y temporalmente- su aseguramiento por cuestiones de investigación; su embargo, porque deba responder por los daños y perjuicios; su decomiso, por pérdida de la propiedad sobre el mismo; su destrucción, por tratarse de control de bienes fungibles y otros y/o cuando se trate de drogas psicotrópicos o estupefacientes, etc.  “Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación”. (Cfr: art. 229)  

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.