LIBERTAD O DETENCIÓN EN ESPERA

#DDHH

Es claro el artículo 16 de la Constitución Federal.  Si del Ministerio Público el imputado se recibe detenido por el Órgano jurisdiccional el Juez debe “inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”

La situación del imputado detenido es muy clara.  Desde el año de 1934 llevamos 90 años de experiencia en el proceso de averiguación previa, de consignación con detenido, peor aún, con una consignación que, sin detenido, obligaba al Juez a ordenar la aprehensión, sin “derecho” –sin potestad discrecional- de resolver en contrario.  La libertad era la excepción. La privación de libertad ha sido lo usual, aun cuando no existiera la institución de la prisión preventiva.  Tan claro que el auto que resuelve la situación jurídica se llamaba “auto de formal prisión”, esto es, que la prisión preventiva es implícita, solo salvable con un auto de libertad, en caso de no justificarse la flagrancia o el caso urgente.  Esto, siempre y cuando el Ministerio Público no haya “fabricado” la situación de flagrancia.    

Con la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el Código Nacional conviene hacernos la pregunta: ¿Qué pasa con el imputado en libertad respecto a su situación jurídica?  En la praxis, son posibles dos situaciones.  La más usual es que el imputado se pierda hasta que la causa prescriba. Es igualmente usual que un abogado interponga un amparo contra la orden de aprehensión, aun cuando no se haya ordenado la aprehensión.  Se trata de un procedimiento “por si acaso” que igual, “por si acaso” permite la apertura del amparo.  La segunda situación es que el imputado sea citado, se ordene su comparecencia o, como viene siendo usual, se solicite la aprehensión por el agente del Ministerio Público y/o se ordene la misma por el Juez de Control. (Cfr: art. 141)

Pero, ¿qué ocurre si el imputado es citado a la audiencia y se apersona en delito grave? ¿Qué debe ocurrir si es citado en delito con prisión oficiosa y se apersona a la audiencia? ¿Qué debe decidirse si, citado en cualquier delito se apersona para la audiencia inicial? Las tres preguntas tienen una primera respuesta: Si el imputado se apersona a la audiencia citado, por comparecencia o, por orden de aprehensión, se realiza la audiencia inicial.  En las primeras dos la audiencia se realiza sin detenido (Cfr: art. 312); en la tercera con detenido (Cfr: art. 311), aunque en ninguna situación existe mayor privación de libertad porque la detención en aprehensión acaba cuando el imputado es aprehendido y, por ende, en la audiencia debe encontrarse en libertad.

En todos los supuestos es posible que, con la audiencia inicial se resuelva, entre otras situaciones, la condición del imputado en libertad.  En estos casos la Constitución Política ha sido clara: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.  Sin embargo, tanto la Constitución Federal como el Código Nacional han previsto una “prudente” decisión. En efecto “el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Pues bien, nos vamos acercando a la razón de este ensayo. ¿Qué ocurre con el imputado en libertad cuando, formulada la imputación (Cfr: art. 309), necesita plazo para preparar su defensa? La mayoría de los Jueces de Control –sino casi todos- han resuelto, aplicando “analógicamente” el artículo 19 de la Constitución Política y/o el artículo 313 del Código Nacional que corren los mismos plazos de 72 y ampliación del plazo y/o dúplica de 72 horas conforme al artículo 313. 

Discrepo totalmente de ese criterio que, considero, debe superarse por ser contrario a la Constitución Política, contrario al principio de legalidad, contrario a los principios de continuidad y concentración.  El plazo de 72 más ampliación y/o dúplica solo puede aplicarse -coherente con el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal-, cuando el imputado se encuentre detenido.  Por el contrario, cuando el imputado se encuentra en libertad y es citado, iniciada la audiencia debe procederse hasta el final de la misma resolviendo -sin suspensión de la audiencia-, la situación jurídica.  Si la audiencia se suspende –salvo casos excepcionales-, es nula por violación del principio de continuidad y concentración.

Ante mi conclusión son posibles muchos cuestionamientos.  Tres de ellos pueden ser: ¿Por qué puedo negarle al imputado el derecho de preparar su defensa después de escuchar la imputación y/o la vinculación a proceso en audiencia inicial? ¿Si el detenido cuenta con 72 + 72 horas para preparar su defensa por qué el imputado en libertad no cuenta con ese plazo?  La primera respuesta que debe darse es que los “eternos” plazos de 72, más el “eterno” plazo de ampliación de otros 72 dependen, conforme al artículo 19 de la Constitución Política, únicamente, cuando el imputado se encuentra detenido.  En efecto, “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso”. Pero, tercera pregunta: ¿por qué puede un Juez impedir que el imputado y/o su abogado defensor prepare su defensa?

El fundamento de mis respuestas la ofrece el artículo 20, Apartado B, fracción VI de la Constitución Política.  “El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación (…) cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa”.  Conclusión: Cuando el imputado es citado para comparecer con abogado a la audiencia inicial surge el plazo para preparar su defensa.  Así me permite concluir el artículo 310 del Código Nacional cuando dispone que “si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud”.  Mientras que el imputado detenido cuenta con 72 + 72 para preparar su defensa, esto es, 144 horas, el imputado en libertad cuenta con 15 días para hacerlo. 

¿Pero, qué pasa con todas esas audiencias en las que el Juez de Control ha suspendido el proceso con la imputación; ha ordenado la prisión preventiva; y/u ordenado una medida cautelar y ha fijado plazo para que el imputado prepare su defensa –detenido o en libertad- señalando continuación de la audiencia inicial?  Todas esas audiencias son nulas, la privación de libertad por prisión preventiva es una violación de sus derechos fundamentales y, la continuidad igualmente nula, así como los actos que de ella dependen porque se han violado -sin razón procesal y constitucional alguna-, los principios de continuidad y concentración.  

Cuando el imputado se encuentra en libertad y es citado a la audiencia inicial (Cfr: art. 313) lo único que procede es, por parte del Ministerio Público, formular imputación, solicitar vinculación a proceso, pedir medida cautelar y plazo complementario. Por parte del Juez de Control procede otorgar al imputado su derecho de defensa, cerrar debate y resolver respecto a la vinculación, la medida cautelar y el plazo.

Lo que he sostenido, ¿es un problema de criterio?  Creo que no. ¿Significa que todos los Jueces vienen procediendo contrario a la Constitución Política y a la Ley? Considero que sí.  Iniciada la audiencia inicial con imputado es libertad es imposible suspenderla.  Solo puede ser suspendida por las razones extraordinarias previstas en el artículo 315 del Código Nacional, es decir, “en casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado”.  No se olvide cuando el artículo 7 del Código Nacional dispone que “las audiencias se llevarán de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este Código”.  El artículo 8 dispone que “las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento”.

Pero, ¿qué pasa si conforme lo permite el artículo 314 en relación con el numeral 315 el imputado o su defensor solicitan el desahogo de pruebas? ¿Puede suspenderse la audiencia para ese fin? No.  La audiencia para el desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 314 y que debe interpretarse sistemáticamente a la luz del artículo 315 es, únicamente, para cuando el imputado se encuentre detenido.  Cuando el imputado se encuentra en libertad puede, dentro del plazo de emplazamiento de quince días ofrecer los medios de prueba para que sean desahogados, luego de la imputación y solicitud de vinculación, antes o después de su declaración. (Cfr: art. 314) en la única audiencia inicial (Cfr: art. 307). 

No se olvide con esto que el “plazo constitucional” para el desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 314 no es el que refiere el artículo 19, párrafo cuarto cuando dispone que “el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley” sino, el “plazo constitucional” al que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción VI, esto es, el plazo “antes de su primera comparecencia ante juez” en el cual, el imputado y su defensor “podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa”.

Con este pequeño ensayo resuelvo una pregunta que me vienen haciendo en las capacitaciones de Jueces y en las que he encontrado respuestas muy distintas a la mía.    

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

 

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