¿En México, se ha implementado un verdadero Sistema Penal Acusatorio o un híbrido Inquisitivo Mixto?

Martín Eduardo Botero

Un proceso que nace desequilibrado es un proceso “imperfecto”.

Martín Eduardo Botero

1.- Más allá de las erróneas terminologías jurídicas manejadas por el legislador mexicano en el código a quo ( por ejemplo, hablando de imputado en la fase preliminar cuando el imputado solamente existe en la fase de juicio o proceso probatorio, de carpeta de investigación cuando el termino más apropiado es fascículo de parte o de interrogatorio cuando el término justo es examen de las partes o de juez de control de garantías cuando mejor sería juez para el control de las garantías), lo que aquí nos interesa es la incompatibilidad de éste último sujeto procesal en la fase instrucción Etapa Preliminar – Etapa Intermedia y dentro un sistema de partes: que sin autónomos poderes de iniciativa probatoria en la fase Preparatoria (Etapa Preliminar: Investigación formalizada) ostenta amplios poderes en la sucesiva fase de Audiencia intermedia (Control de preparación a juicio oral).

La sola figura de un solo juez de control de garantías en la Etapa Preliminar (se recaban datos de prueba) y en la Etapa Intermedia (control de preparación a juicio oral) presenta demasiados peligros para el acusado y para la misma imparcialidad, que están bien testimoniados por la experiencia del sistema mixto: en este tipo de proceso, a pesar de la afirmación de principio del valor sólo preparatorio de la fase sumarial, el conocimiento de los actos precedentes condiciona la instrucción del debate, bajo un dúplice perfil.

La autonomía cognoscitiva del juez respecto a la actividad afirmativa y probatoria de las partes (o sea su pleno conocimiento, garantizada por la disponibilidad de la carpeta procesal, de los hechos y de los actos del procedimiento cumplidos antes del juicio), rinde a éste por un lado – poco propenso a escuchar’ las partes, y por el otro – fatalmente atraído por las perspectivas de recuperación de aquellas informaciones pre constituidas. El mismo juez, en efecto, donde ya se recabaron los datos de prueba, resulta ahora titular de un poder de control preventivo de todos los medios de prueba que las partes solicitan para adquirir al juicio, siendo tenido a dar curso solamente a las solicitudes que reputara útiles.

La utilidad de las adquisiciones probatorias viene apreciada, no ya en la perspectiva del solicitante y con base en la reconstrucción de los hechos por ellas propuestas, sino sobre la escolta de su misma reconstrucción de los hechos, ya madurada por el conocimiento de los actos. Es obvio que la parte perjudicada de tal extra poder es el acusado: porque a veces el Ministerio Público indolente podrá traer beneficio de la intervención socorredora del juez, mientras que el acusado se encuentra contra dos acusadores.

2.- Las normas del ordenamiento judicial están dirigidas a asegurar que la persona llamada a ejercer la función jurisdiccional no sólo sea, sino también aparezca imparcial. Este concepto de imparcialidad es muy preciso: no significa sólo que el juez (de control o garantías) que se pronuncia no tiene que ser partisano, significa que el juez que se ha pronunciado previamente ya no puede pronunciarse después.

Y eso porque, si en una fase del procedimiento (denominada impropiamente investigación formalizada) se ha hecho un concepto, en la fase siguiente (denominada impropiamente audiencia intermedia) tendrá un pre-concepto, y por tanto ya no será imparcial. Se observa en efecto que la imparcialidad tiene que valer como garantía a favor del acusado: por tanto no basta que el juez (de control) sea una persona libre y honrada y por tanto disponible a cambiar las mismas opiniones en el pasaje de una fase a la otra del procedimiento; importa en cambio que el acusado no se considere delante del juez ya pre-juzgado y es decir que sea él a percibir el juez y no el juez a percibirse él mismo, como imparcial. Pongamos el ejemplo, de un juez de control que, en el curso de las investigaciones haya autorizado la detención cautelar de un indagado y luego se encuentra en la fase preparatoria (de carácter formalizado) como juez de instrucción, es decir se encontrará a decidir si aquél mismo indagado tenga que ser vinculado al proceso o no vinculado.

Las medidas cautelares no son una broma: el juez debe tomarlas sobre la base de “graves indicios de culpabilidad.” Ahora bien, si un juez ha autorizado esas medidas, quiere decir que ya ha valorado el caso, que ha entrado en el mérito de la solicitud del Ministerio Publico, y que en todo caso se ha hecho una opinión. Ciertamente, después, en la siguiente fase preliminar tendrá a disposición “todos” los elementos de prueba y podrá cambiar aquella opinión, pero mientras tanto ha ya expresado una propia opinión.

3.- La clave de bóveda del sistema penal acusatorio es la separación entre procedimiento (Investigaciones Preliminares) y proceso (Debate) que esté fundamentado en la idea de un proceso sin Instrucción. En efecto, con la subrogación del juez instructor se asegura una adecuada y efectiva independencia y tercería del juez, y por lo tanto su específica capacidad e “idoneidad” a juzgar. La ratio de la reforma del nuevo enjuiciamiento penal es garantizar la imparcialidad del juez en los procedimientos.

El proceso sin Instrucción es la idea de la reforma italiana del Código de procedimientos penales de 1988, que ha dado origen a la implementación del sistema penal acusatorio. Con la adopción del nuevo código de procedimiento penal tal fase ha venido a menos y ha sido reemplazada por la fase de las investigaciones preliminares, dirigida a averiguar la consistencia de la noticia de crimen.

En Italia, para superar la Instrucción se ha dado vida a dos figuras procesales independientes en la etapa de investigaciones preliminares, que caracterizan en pleno el sistema acusatorio: El juez para las Investigaciones Preliminares, sin autónomos poderes de iniciativa probatoria, con funciones predispuestas a garantizar el indagado en la fase de las investigaciones preliminares y el juez de la Audiencia preliminar.

La Instrucción se refiere a la Instrucción denominada Preparatoria, ya vigente en el sistema inquisitivo y Mixto, en los que era difusa la idea que, siendo la Instrucción un “complejo de actos dirigido a investigar cuándo y por quién un determinado crimen ha sido cometido y a preparar al juzgador los elementos necesarios para la comprobación de la verdad” ella se verifica tanto en el período anterior al debate, cuánto en el debate mismo” (MANZINI). La instrucción ‘preparatoria’ sirve a la formulación de la acusación, aquella procesal predispone a la decisión, produciendo “los elementos para la libre convicción del juez en el debate” (MANZINI).

Propio contra la lógica del cúmulo de conocimientos adquirida por el juez en estas dos fases, se advirtió la diferencia entre Instrucción «Paciente, obra de búsqueda y reunión de medios de prueba y el Debate, como el lugar de recepción, adquisición, y valoración de los medios de prueba. Y para eliminar el peso de la ‘primera’ instrucción sobre la decisión final, la reforma renunció el esquema mixto desarrollado en dos fases (proceso = instrucción – debate), a favor de un esquema monofásico (proceso = debate), en el que el debate ha de ir precedido por una fase – no procesal – con función “no preparatoria” pero solamente preliminar.

Probablemente la mayor novedad es la centralidad y valor absoluto del método probatorio en el curso del debate, según la regla de irrelevancia de las actividades desarrollada antes del juicio, útil para la toma de decisiones en el ejercicio de la acción penal. Así pues, la decisión de privar al juez del debate de la posibilidad de conocer los actos de investigación rubrica el repudio de omnisciencia consolidada por el viejo volumen procesal, constituido “por la acumulación” de todos los actos del procedimiento, desde la notitia criminis en adelante: gracias al cual el órgano judicial heredaba todas las informaciones recogidas en la fase de la instrucción.

Sin embargo “Quien considere las cosas bajo el aspecto práctico y real, y no bajo un concepto abstracto y ficticio, tendrá que convenir que la excesiva prohibición de lecturas en el debate, hoy dominante, se fundamenta sobre un presupuesto, para no decir otra cosa, muy ingenuo; es decir qué el juez ignore lo que está en los actos o que puede ser expuesto oralmente, en la discusión, con o sin artificios, por el Ministerio Publico o el defensor. Aunque si quisiera ignorarlo, no lo podría, porque los jueces, tienen el deber de tomar cognición, antes del debate, de todo el contenido del volumen procesal y en el debate tienen que hacer caso a todo lo que exponen las partes.”

El juez, aunque pudiendo utilizar incluso sólo una parte de las carpetas procesales y sólo a determinadas condiciones, dispone del entero fascículo procesal, debe estudiarlo en el pre debate, para prepararse al juicio: es fácil que ‘absorba’ la impostación imprimida por la instrucción y esperara luego del debate una confirmación de tal impostación. Muchas gracias.

Para una mayor profundización de la materia vid. Spangher Giorgio, appunti di Procedura penale: i fascicoli del processo penale.

 

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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