Un proceso penal híper garantista (tipo el sistema acusatorio) es un proceso penal Híper costoso

 proceso penal Híper costoso

Martín Eduardo Botero

Un proceso penal híper garantista (tipo el sistema acusatorio) es un proceso penal Híper costoso (que necesita medios económicos, abogados con una alta preparación en materia, términos largos, etc.) que no pueden permitírselo todos los ciudadanos. Así pues, hay que contemperar o balancear la necesidad de lo Ius Punendi estatal con las garantías procesales/constitucionales de todos los ciudadanos.

1. La pesca a mancha de leopardo por parte de la doctrina mexicana (y porque no de la jurisprudencia) entre las instituciones del proceso penal adversarial, inquisitivo mixto y acusatorio a la búsqueda desesperada de dar organicidad, coherencia y unidad al propio sistema jurídico, producirá, a corto plazo, y sin lugar a dudas un “moderno” proceso Prometeo, o simplemente Frankenstein, con la pacifica aceptación de Mary Shelley.

La construcción doctrinal que resulta de la interpolación de sistemas procesales diferentes dentro de un determinado sistema jurídico es más que feliz, porqué, permeado de sugestivas hipotéticas alternativas exegéticas “salvadoras” e interpretaciones discordes conexas a todos los procedimientos. Ello, seguramente, comportara a medio término sobre el plano lógico-sintáctico una radical negación de las garantías, de lagunas exegéticas, con relativas recaídas concretas y “costes” relevantes sobre el plano operativo, tal de volverlo completamente disfuncional.

2. Sería más sencillo, en vez de construir un mostro de laboratorio, seguir las líneas maestras de un “moderno” proceso penal convencional y constitucionalmente orientado, que ve en la Carta constitucional y en los Tratados internacionales sobre derechos humanos, no sólo un “límite” que señala el ámbito dentro del cual las normas procesales pueden legítimamente obrar, sino el mismo fundamento de la estructura y contenido de las normas procesales, de la estructura y del contenido de las responsabilidades de la norma penal y de la sanción penal; la Constitución y los Tratados convencionales constituyen, en fin, la nervadura del sistema penal y procesal.

En donde en tema de garantías procesales el recorrido argumentativo seguido por las Corte Constitucionales se enriquezca de un diálogo constante con la jurisprudencia de las Cortes internacionales (de una común sensibilidad), casi un canon para ahondar y vivificar la misma posición (tales de solicitar un levantamiento del “nivel de tutela” del derecho o garantía en relieve y fundamental instrumento hermenéutico de la Constitución) y, a lo alto, el ethos constitucional que la sustenta. Penetrando, dentro de los requisitos básicos del proceso ecuánime en una sociedad democrática.

3. Y es al interno de esta concepción que encuentra lugar las más auténticas raíces históricas culturales del sistema acusatorio moderno (la esencia del derecho procesal penal incluido en el perímetro de tutela constitucional, de las garantías individuales a él instrumentales y sobre el módulo procesal más idóneo a valorizarle la función) y se desarrolla la tesis de la necesaria interpretación conforme a la Constitución/Convención/Universalidad de las normas penales y procesales (permeables a los apremios hermenéuticos ofrecidos inter alia por la jurisprudencia de las Cortes internacionales).

La idea, en fin, de que la Constitución y los Tratados internacionales en materia de garantías constituyan no sólo un vínculo para el legislador, pero también para el intérprete.

La idea es conferir “dignidad constitucional” al proceso penal que no puede venir sacrificado sobre el altar de la salvaguardia de contrapuestos intereses de relieve constitucional: En una perspectiva de balance con intereses antagonistas atribuibles a la protección del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a pesar de su indeterminación y exigua “falsificación.

4. En suma, la construcción del arquetipo del derecho penal de la libertad, de ascendencia liberal democrática que ve el proceso penal como un sistema de normas garantistas, configurada a la tutela de bienes/valores legítimos y recuperación de los espacios de libertad, y presencia de normas inspiradas al derecho penal del hecho y no discriminatoria de las clases sociales más débiles.

5. Ahora bien, el “Objetivo del proceso penal no es más aquello de verificar la responsabilidad de individuales sujetos por un hecho material humano antijurídico cometido con culpabilidad, pero esencialmente aquello de contrastar “fenómenos” criminales ( y para hacer eso, a menudo ni siquiera hay necesidad de concluir un proceso, pudiendo el objetivo ser alcanzado sencillamente en la fase de las investigaciones preliminares, todavía más si se acompaña de la custodia cautelar, hoy eufemismo que está por prisión preventiva, o bien sin proceso) (Giovanni Flora).

Sin embargo, “el fondo parece claro, y claramente plano: aquello de una Constitución como sistema “abierto” y “parcial”, dónde el ordenamiento formal y abstracto cede a las urgencias axiológico-sustantivas y se enriquece constantemente por la contribución hermenéutica de las Cortes supranacionales en un dinamismo determinado para la concreta efectividad, así como para la más intensa afirmación de los derechos. (Vittorio Manes e Valerio Napoleoni).

Gracias y un fuerte abrazo para todos.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.