El debido proceso a partir de la interpretación de la CIDH

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Entender los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al debido proceso y lo que éste comprende, implica considerar también lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido (en adelante Corte IDH). Lo anterior, nos obliga a entender el debido proceso en un sentido concreto y desde la perspectiva internacional, en consecuencia es indispensable considerar lo que acordó la Corte IDH en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, respecto de la obligación que tienen los Estados de proteger y garantizar los Derechos Humanos, y que: “Esta obligación implica el deber de los estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar públicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. […]. La obligación de garantizar […] no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

En este sentido, es dable también considerar lo que la Corte IDH ha determinado respecto del proceso jurisdiccional, precisamente en la Opinión Consultiva OC- 9/87, entendiéndolo como un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal.

Luego entonces el debido proceso, por un lado, supone el conjunto de prerrequisitos que deben observarse en las instancias procesales para lograr la adecuada protección de cualquier otro derecho en un Estado Social y Democrático de Derecho; por el otro, marca una relación particular e intima entre los procedimientos Nacionales e Internacionales.

En este contexto, la relación entre el debido proceso nacional y el debido proceso internacional, se centra en el deber de los Estados de realizar un control de convencionalidad, tal y como lo señaló la Corte IDH en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, estableciendo que ésta obligación se extiende a los “órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles”.

Lo anterior se concatena con lo que Corte IDH afirmó en la Opinión Consultiva OC-16/99, respecto de que: “[…] para que exista el debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal […]. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación.

Por último, también resulta importante considerar lo que la Corte IDH estableció en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, en el sentido de que “[…] todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos que vulneren derechos internacionalmente protegidos, según el artículo 1.1 de la Convención Americana. Además, los artículos 8 y 25 de la Convención concretan, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del mencionado principio de generación de responsabilidad por los actos de cualquiera de los órganos del Estado”.

Con base en todo lo anterior, uno entiende porque el debido proceso se entiende como un Derecho Humano que impone la obligación de establecer un contexto institucional en el que resulte posible respetar, proteger y exigir otros Derechos. Incluso se entiende el por qué la CIDH desde la perspectiva subsumida en el sistema sistema internacional de Derechos Humanos interpreta vis a vis cada Derecho Humano, pero incluso desde dicha perspectiva se entiende la importancia del debido proceso como un Derecho Humano y prerrequisito que a su vez permite la vigencia, protección y exigencia de una amplia gama de Derechos Humanos.

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