¡El debido proceso si es un Derecho Humano¡

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Los países Latinoamericanos que han suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, con ello, han adquirido un compromiso complejo, orientado en materializar las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; luego entonces, cualquier violación al debido proceso  (artículo 14 de la CPEUM) debe sancionarse mediante la decisión jurisdiccional que declare la nulidad o ilicitud de los medios de prueba y de las actuaciones que lo merezcan conforme los parámetros Constitucionales y Convencionales.

Es dable precisar, que la evolución del debido proceso tiene en la mayoría de los países Latinoamericanos una evolución histórica nacional que se concatena con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La evolución histórica es la que permite identificar, que el costo de no considerar el debido proceso como un Derecho Humano en México ha sido muy alto, al grado de que los justiciables en el siglo pasado tenían la obligación de probar su inocencia a partir de la vigencia de la presunción de culpabilidad, y sin perder de vista, que el ministerio público se encontraba investido de facultades y atribuciones que le facilitaban el comprobar la culpabilidad de los procesados.

Si uno aborda el tema de la presunción de culpabilidad, incluso desde el ámbito jurisprudencial, habrá de advertir que la presunción de inocencia se reconoció implícitamente a inicios de este siglo y de forma explícita a partir de la reforma de 18 de junio de 2008, y es en este contexto, que uno entiende los graves daños que ocasionaron los planteamientos sometidos al populismo penal y la gestión punitiva de la pobreza, un binomio mediante el cual, se privilegiaba la seguridad y en consecuencia se limitaban gravemente los Derechos de los justiciables.

Desde mi punto de vista el debido proceso es un derecho humano y de su materialización depende su eficacia, pues obliga a comprenderlo en un en torno y un contexto institucional en el que se logra el respeto y protección del resto de los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos.

Bajo esta perspectiva, el debido proceso es un conjunto de formas y normas a favor de los justiciables mismas que deben cumplirse y respetarse por parte del Estado, y con ello, se actualiza la relación íntima entre el acceso a la justicia y el debido proceso con el objetivo de no frustrar los fines de la justicia comprendidos en el objeto del proceso Cfr. Artículo 20, apartado A, fracción I.

El debido proceso sería, entonces, una aspiración de todo individuo a recibir un trato justo, digno, de forma tal que se cumpla con lo que establecen las leyes y los acuerdos internacionales. Pensar que el debido proceso no es un Derecho Humano, es omitir la historia y dar la pauta al “indebido proceso”. Es dable precisar en este punto, las malas prácticas en el proceso penal que incluso aún prevalecen y que incluso podrían catalogarse como fraude a la ley.

Lo anterior, es así porque me refiero a las investigaciones Ministeriales que inician por un delito no grave en contra del imputado Ticio, en la que se transgreden diversos derechos Fundamentales y Humanos en la detención, posteriormente se le libera en el desarrollo del proceso “X” por quedar demostrada la ilegal detención o la insuficiencia de los medios de prueba o que incluso merecen ser sancionados con la nulidad o la ilicitud; posteriormente Ticio es inmediatamente reaprehendido, al concluir la última audiencia correspondiente al proceso “X” para iniciar inmediatamente el proceso “Z” por delitos más graves.

Resultará importante para los fines de la defensa, el análisis y utilización de las actuaciones practicadas en el proceso “X”, para incorporarlas como material probatorio en la carpeta de investigación del proceso “Z”, y ello es así, porque los “nuevos datos de prueba” incorporados en la nueva imputación, deberán ser analizados en cuanto a su legalidad y el que obren como dato en la nueva carpeta de investigación correspondiente al proceso “Z” en contra de Ticio, implica que deberán ser sujetas a un nuevo análisis respecto de su posible ilicitud o ilegalidad conforme las reglas comprendidas en el nuevo sistema penal acusatorio.

A efecto de entender lo anteriormente expuesto, es indispensable considerar el Derecho Fundamental instaurado por el Constituyente Permanente en nuestra Carta Magna en el apartado A, fracción IX, en el sentido de que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula” en consecuencia necesaria, son ilícitos los medios de prueba por la forma en que fueron obtenidas, y podrán ser ilícitas aunque su proceso de adquisición “haya sido legal”, le corresponde al defensor analizar si la forma de su incorporación al procedimiento fue ilícito y si con ello se vulneraron gravemente los Derechos Fundamentales y  Derechos Humanos de Ticio.

Por último, habremos de recordar que la presunción de inocencia se entiende como una garantía de trato, libertad, verdad y seguridad respecto de la forma en cómo se obtienen los medios de prueba, todo lo anterior, con la finalidad de que el sistema de justicia inspire a la sociedad la confianza suficiente respecto de la función de la jurisdicción penal, los valores políticos que la legitiman y el contexto institucional en que se materializa la vigencia plena del debido proceso entendido éste como un Derecho Humano.

Véase:

Época: Novena Época
Registro: 200234
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo II, Diciembre de 1995
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P./J. 47/95
Página: 133

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Época: Décima Época
Registro: 2005716
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)
Página: 396

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un “núcleo duro”, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al “núcleo duro”, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la “garantía de audiencia”, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

 

 

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