La European Center for Transitional Justice (ECTJ): Los procesos de paz en Colombia

Milán, junio 27 de 2016
Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
E. S. D.

Señor Presidente

La comunidad internacional observa con mucha atención en estos tiempos, las negociaciones y conclusión de un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) entre la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Merced al excelente trabajo realizado por los negociadores de la Habana, ya se dispone de una buena comprensión de la situación actual, así como los resultados de dicho Proyecto de Acuerdo.

La European Center for Transitional Justice (ECTJ) con sede en Europa y varios países de América latina, no puede no saludar como signo de buenos auspicios, la ceremonia celebrada el 23 de junio de 2016 en la Habana para la firma del acuerdo sobre el fin del conflicto entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Esto supone una elección de perseguir la paz y la democracia.

La gestión postconflicto es una obra a largo plazo que exige recursos técnicos, materiales y financieros considerables, el desarrollo de una capacidad institucional adecuada, así como recursos humanos experimentados y altamente calificados. El plan de acción sobre justicia de transición implica la realización de reformas políticas, institucionales y económicas complejas y difíciles.

El gobierno que Usted preside señor Presidente Santos, reconoce la contribución del proceso de paz a la reconciliación nacional, la recuperación de la crisis económica, la promoción del crecimiento económico y el desarrollo sostenible, incluida la erradicación de la pobreza, asegurando a la vez el pleno respeto de los derechos humanos. En primer lugar y, ante todo, sin dejar atrás su compromiso con las generaciones actual y futuras.

El proceso de paz en Colombia deberá hacer frente a variados desafíos y el factor tiempo es de vital importancia. Teniendo en cuenta que las prioridades en un primer momento, propias de una situación de postconflicto, son esencialmente de gestión de crisis, reconstrucción y rehabilitación (metas a corto y medio plazo) y, por lo general, van evolucionando hacia cuestiones más parecidas a las que se enfrentan todos los países en contexto de postconflicto armado, es decir reforma institucional, jurídica, económica y legislativa (metas a largo plazo).

Sin lugar a dudas, el conflicto armado ha tenido efectos devastadores sobre la economía local, regional y nacional colombiana. Las estructuras sociales y sobre todo del medio ambiente: la cantidad de petróleo derramado a ríos y mares –por culpa de atentados terroristas a los oleoductos– ha entrañado un elevado alto coste social y económico (el cual incluye el daño medioambiental), por no hablar de datos oficiales, sobre refugiados, desplazados internos, mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad, combatientes y civiles, todas ellas categorías de personas diversamente afectadas.

A esto se suma el alto coste que supone la pérdida de la diversidad biológica, así como la pérdida económica o renunciar a beneficios, daños a la propiedad móvil o inmobiliaria o a personas.

Ello se añade a los costes a largo plazo del desempleo para la economía, la sociedad y las personas afectadas, tales como un mayor riesgo de desempleo y de pobreza en el futuro. Por tanto, el precio de quedarse de brazos cruzados es, era muy alto.

En los últimos años, el debate público se ha centrado con mayor frecuencia en el «coste de la Paz» y no en las ganancias que podrían conseguirse si se emplearan las políticas adecuadas. Estas podrían ayudar significativamente a impulsar la economía colombiana con el paso del tiempo.

Las reformas estructurales y la adecuada coordinación de las diferentes políticas como base para la gestión de la transición del conflicto, desempeñan un papel esencial en el mantenimiento y consolidación de la paz y la seguridad y, en particular, crean un entorno propicio para el desarrollo del sector privado y la estabilidad macroeconómica y a la prevención de la recaída en el conflicto.
La realización del proceso de Paz exige lograr un equilibrio entre el impulso económico, la dimensión social y el desarrollo sostenible. Sólo será posible completar la reconciliación nacional si todos los ciudadanos – empresarios, trabajadores, consumidores, etc.– perciben que ello redunda en su interés.

Por ello, debería haber tantos beneficiarios del proceso de paz como sea posible, con medidas compensatorias para aquellos que salgan perdiendo. El escepticismo de los ciudadanos con respecto al proceso de paz sólo podrá superarse si las políticas abordan las preocupaciones más importantes de los ciudadanos. La mera comunicación no será suficiente.

Es evidente, por tanto, que deben hacerse todos los esfuerzos para velar por que se genere un «dividendo de la paz» como resultado de los procesos de reconciliación nacional y que redunde en beneficio de toda la sociedad, incluidos los más vulnerables.

El proceso de Paz debería ser visto como una inversión y no como un gasto, ser visto como lo que es una oportunidad política, una respuesta constructiva a este reto en tanto en cuanto aborda aspectos de fundamental importancia del conflicto, entre otros, reparar los daños sufridos por las víctimas y prevenir el nacimiento de conflictos, ahorrando vidas humanas y daños materiales. Su potencial es innegable y hay que aprovecharlo.

Los argumentos esgrimidos a favor de este nuevo enfoque de justicia transicional no sólo son humanitarios y morales, sino también políticos y económicos: la paz estable y duradera, el fortalecimiento del Estado de derecho y el desarrollo económico y social permiten, en particular, convertir las políticas comercial, agrícola, financiera y medioambiental en instrumentos de lucha por la paz y la seguridad, poner fin a los combates y aliviar el sufrimiento de la población civil, además desempeña un papel fundamental para la estabilidad del continente Latino americano.
El alto el fuego y el cese de las hostilidades definitivo, el desarme y la colaboración entre las Partes, el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico, fomentaran el desarrollo de una conciencia ciudadana y lógicamente un cambio de actitud entre los ciudadanos. Ese nuevo impulso de compromiso y responsabilidad colectiva para recorrer un largo camino de transición pacífica hacia formas de vida respetuosa de los derechos civiles fundamentales y la dignidad humana.

Colombia es el segundo país del mundo con más víctimas civiles de minas antipersona después de Afganistán, por lo que un desminado rápido y eficiente del país será fundamental una vez alcanzada la paz para evitar más víctimas y borrar las señales del conflicto.

Una labor capital en la Colombia posterior al conflicto, será conseguir renovar su fuerza económica, lo que supone crear más empleo y lograr mayor estabilidad y avances sociales reales. La estabilidad del país, junto con algunas de las necesarias reformas y reestructuraciones de la economía en su conjunto y la liberalización comercial contribuirán a tal fin.

Resultan especialmente importantes las políticas de empleo y crecimiento, incluida la lucha contra el desempleo juvenil y el desempleo a largo plazo, y la creación de puestos de trabajo no precarios y duraderos, disponiendo de la flexibilidad necesaria de un mercado laboral equilibrado gracias a niveles adecuados de protección social.

Un planteamiento nacional, regional y local inclusivo será el medio más eficaz para superar los abundantes desafíos que deberá afrontar el país.

Una vez que se ha logrado resolver el conflicto, la fase de reintegración económica y social de los guerrilleros de la FARC-EP (entre los cuales los niños soldados exigen una atención muy especial) es un factor esencial para el mantenimiento y la consolidación de la paz, a fin de prevenir conflictos ulteriores derivados de la desocupación y la exclusión de los jóvenes y anular la amenaza de desestabilización por parte de antiguos combatientes.

Una cuestión fundamental para la coherencia del proceso transicional es la inclusión de determinados sujetos en la vida política que se viene a constituir, eso tendrá consecuencias sobre el pacto constituyente que dará origen al nuevo orden y sobre todo en lo que concierne la cristalización de la memoria colectiva que está a fundamento de éste.

La necesidad de desmontar las organizaciones criminales, incluyendo las que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo son otro elemento imprescindible para alcanzar la paz.

Notamos con satisfacción que, al ser excluidos de toda amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, el acuerdo de paz se ajusta al Derecho internacional penal y humanitario, y a los instrumentos y normas internacionales de aplicación en el ámbito de los derechos humanos.

La paz constituye una condición indispensable para iniciar el desarrollo político, económico y social del país. No hay desarrollo sin Paz y estabilidad duradera, ni habrá paz sin justicia.

El punto de partida para lograr una mejora real es político. Solo una solución política puede proporcionar una vía sostenible para la consolidación de la paz y la transición pacífica y transparente a la democracia.

Colombia necesita un planteamiento equilibrado del fenómeno de justicia transicional, que sea integral desde el punto de vista geográfico y que esté basado en la solidaridad y la responsabilidad.
El proceso de transición ha de basarse en la reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y los principios democráticos.

El refrendo del Acuerdo Final es fundamental para que Colombia pueda preservar su potencial de crecimiento futuro, fomentar la confianza empresarial, el desarrollo económico y la creación de empleo. Colombia debe mejorar el clima empresarial y la competitividad de sus industrias, atraer inversiones extranjeras directas y agilizar el ritmo de las reformas.

Estos objetivos requieren en particular la modernización de las administraciones y la actualización de las instituciones relacionadas con el comercio. No obstante, para que esto sea así, las dos Partes interesadas en el diálogo social deberán mostrar su buena voluntad.

Si bien un acuerdo entre el Gobierno y las FARC es una condición fundamental e ineludible para alcanzar la Paz en el país, el conflicto es mucho más profundo que un enfrentamiento entre guerrilla y Gobierno.

La persistencia de la delincuencia organizada y de la corrupción en Colombia obstaculiza la reforma política, frena el desarrollo económico y cuestiona el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, la consecución efectiva de la paz en el país requiere muchas medidas para reducir las desigualdades y potenciar una cultura de paz postconflicto.

Por último, acogemos con satisfacción el acuerdo alcanzado entre las partes de crear, una vez firmado el acuerdo definitivo de paz, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición como mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial para construir conjuntamente un relato histórico veraz de lo ocurrido, porque solo sobre la descripción honesta del pasado y la asunción de todas las responsabilidades es posible construir un futuro reconciliado y dar respuesta a los derechos de todas las víctimas.

Obstáculos técnicos, políticos y Acuerdo Final

No cabe duda de que el obstáculo a vencer para la construcción de la paz estable y duradera lo constituye en gran medida, el pleno conocimiento y aprovechamiento de la gama de instrumentos, la coherencia entre los instrumentos legales, el enfoque coordinado y el establecimiento de prioridades, incluidas la opinión de las partes interesadas y el diálogo bilateral institucionalizado para la gestión del postconflicto.

Los beneficios potenciales de dichos instrumentos sólo se harán realidad si se agiliza su aplicación.

Éste podría ser un buen momento para poner en marcha un proyecto preparatorio de elaboración de un plan general de acción y ejecución de política específica de justicia transicional que se centren en la búsqueda de la verdad, mecanismos de rendición de cuentas judicial y programas de compensación que incluyan a las víctimas dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo Final. Los planes presentados deberían indicar con exactitud las medidas que han de tomarse en cada uno de los compromisos para la implementación de los mecanismos de la justicia transicional.
En ellos se establecería un calendario de reformas y medidas en favor de las víctimas –más de 7,5 millones de colombianos–, se definirían los papeles respectivos de las autoridades públicas y de otras organizaciones, y se determinaría cómo está previsto que se financie cada plan. Estos objetivos no pueden conseguirse de la noche a la mañana.

Esta misma lógica debería aplicarse a la regulación de las diferentes medidas y mecanismos del Sistema Integral. Por ejemplo, establecer la lista de las medidas legislativas y no legislativas necesarias para poner en práctica las orientaciones del programa de La Habana. La adopción de la lista es sin prejuicio del alcance o contenido de las propuestas de medidas que se negociarán en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Final.

Es importante mantener un enfoque constante, que combine diálogo permanente y compromiso e integre seguridad y desarrollo.

Con respecto a los obstáculos políticos, se mencionan, entre otros, los siguientes: los desacuerdos relativos al reparto de poder entre representantes políticos, partidos y órganos de gobierno a nivel nacional y regional; los conflictos políticos internos y la tradicional desconfianza entre adversarios políticos, con el consiguiente retraso del proceso legislativo y de la recuperación económica; la inestabilidad y la falta de consenso por las medidas de estabilización democrática; el fundamento jurídico para el reconocimiento de las FARC-EP que sea respetado en la práctica; las interferencias del mundo político en la reforma de la administración pública, así como el reconocimiento por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales de que las FARC- EP deben desempeñar un papel fundamental en la democracia y en el desarrollo de una cultura que valore la contribución que éstas puedan aportar, incluida la representatividad y la capacidad de aportar valor añadido tanto en el ámbito del diálogo social y civil como en beneficio de sus miembros.

Otro desafío es la reforma y la consolidación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Es sumamente importante que el Acuerdo Final refleje una pluralidad de puntos de vista y esté fundamentado de la manera más escrupulosa y objetiva. El Acuerdo Final debería redactarse de manera que resulte fácilmente comprensible para los posibles usuarios finales, y no sólo para las autoridades legislativas.

En fin, señor Presidente Santos, reiteramos nuestro firme apoyo al proceso de paz colombiano, y pedimos a las partes que eliminen las imprecisiones y colmen las lagunas de los acuerdos provisionales alcanzados hasta la fecha, especialmente en el caso de los relativos a la justicia transicional y a la reparación a las víctimas del conflicto armado, así como que suscriban, en julio de 2016 a más tardar, un acuerdo final que incluya la desmovilización de los guerrilleros de la FARC y el decomiso de su armamento.

Pedimos a las partes que, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales especiales que se crearán al objeto de enjuiciar a los presuntos autores de delitos relacionados con el conflicto, establezcan un mecanismo que cuente con la participación de terceros que gocen de legitimidad y credibilidad, y recordamos la competencia atribuida por el Derecho internacional vigente a los organismos multilaterales de derechos humanos y a la CPI de supervisión del cumplimiento de las normas internacionales.

Animamos al Gobierno de Colombia a que modifique gradualmente de manera renovadora el papel que desempeñan sus fuerzas armadas, a fin de que se vaya restringiendo a medida que aumente la presencia de las fuerzas policiales civiles en las zonas posconflicto, y a que vele por el pleno respeto del debido procedimiento legal y de los derechos civiles y políticos por parte de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Reconocemos el esfuerzo político, de realismo y perseverancia demostrados tanto por el Gobierno de Colombia como por las FARC para acercar sus antagónicas posturas, creando progresivamente un espacio de compromiso que ha permitido avanzar en la búsqueda de una paz estable y duradera y promover así un acuerdo único en la historia, que pone a las víctimas en su centro y establece como prioridades la verdad, la justicia sin impunidad, la reparación verdadera de los daños sufridos y la no repetición; reconocemos asimismo el importante papel de las asociaciones de víctimas, de las ONG y de la sociedad civil para la consecución de estos acuerdos.

Hacemos un llamamiento al ELN para que sin más excusas ni dilaciones se comprometa de manera firme y decidida con la paz en Colombia iniciando un proceso negociador con el Gobierno colombiano que lleve a su integración social y política en paz.
Reiteramos nuestra disposición a prestar toda la asistencia posible en apoyo a la aplicación del Acuerdo de Paz definitivo, y renovamos al efecto nuestro llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que creen un fondo fiduciario para acompañar la fase post-conflicto.

A este propósito, el pasado mes de noviembre de 2015, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció el nombramiento de Eamon Gilmore a fin de “acompañar a Colombia en los esfuerzos para poner fin a uno de los conflictos más largos y violentos del mundo”. Cabe asimismo observar que la representante de la UE prometió en Bogotá el pasado 26 de mayo de 2016 ayudas por 575 millones de euros para colaborar en la financiación del posconflicto producto de la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Una primera ayuda que no será la única, pues es solo el comienzo, puesto que “lo mejor está por llegar”.

Muchas gracias.

Cordialmente,
Martin Eduardo Botero
Presidente
European Center for Transitional Justice
Italia