El arte de privar a las personas de su libertad en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

“En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia”.

Eduardo de J. Couture

Los Derechos Humanos contenidos en los Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, tiene un carácter subsidiario y complementario, según el cual el respeto, garantía, promoción y protección de los derechos humanos son tarea primaria y primordial de los Estados. Dichos parámetros, los debemos tener en cuenta quienes nos avocamos a la Defensa de los Justiciables en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues debe quedarnos claro que la primera defensa de los derechos humanos se inicia en sede judicial por parte de los abogados postulantes.

Asimilar lo anterior, es decir la defensa de los Derechos Humanos es una actividad que debe realizarse en observancia a los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano. 

En dicho contexto, habremos de considerar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en torno al derecho a la libertad personal contempla las restricciones respecto de este Derecho Humano, y el trato que los Estados deben otorgar a todas las personas privadas de libertad, de forma concreta en el artículo 1, 5, 7 y 8 de la citada Convención.

Los artículos previamente enunciados, ya han sido motivo por parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su constante jurisprudencia respecto de las detenciones arbitrarias, al reiterar que:

“(…) la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de esos requisitos exigidos por la Convención[1] (…).

Igualmente, la Corte Interamericana también se ha abocado al análisis de la necesidad de la privación de la libertad de los justiciables y sus conclusiones han sido las siguientes:

 “(…) del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la Convención cuando se priva de libertad, durante un período excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena[2].

Por otra parte, debemos considerar el pronunciamiento de la Corte Interamericana en torno a la práctica inquisitiva de preservar las múltiples violaciones, abusos de poder y arbitrariedad con base en decisiones de autoridades y que se contienen en el caso de la “Panel Blanca”, en el que la Corte se limitó a determinar lo siguiente:

“(…) que se encontraron elementos suficientes, graves y convergentes, no desvirtuados por el Estado, que demuestran que, al ser detenidos arbitrariamente, se violó el derecho a la libertad de los señores […] violación cometida por el Estado en contravención de las obligaciones prescritas en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)”

Así las cosas, es necesario considerar el caso García Asto, en el que la Corte Interamericana también declaró la falta de motivación de las privaciones preventivas de libertad. En concreto, la realizada al señor García Asto, por un lado. por haber permanecido privado de su libertad un mes y veinticinco días sin haber sido procesado ni condenado, tiempo que transcurrió entre la primera orden de detención -a la postre anulada- y la segunda, que determinó una nueva medida cautelar. Por otra parte, la Corte Interamericana consideró que el fundamento de la decisión no constituía motivación suficiente, ya que el juez había presumido, por “la gravedad del hecho imputado y las consecuencias jurídicas que acarrearía la probanza de los mismos”, y por tanto, el imputado trataría de eludir la acción judicial. En consecuencia, se declaró incumplida la obligación establecida en el artículo 7.3 de la Convención.

Es indispensable asimilar que la garantía prevista en la segunda parte del artículo 7.5 de la Convención se aplica específicamente al caso de personas detenidas preventivamente en espera de juicio. Entre los principios establecidos por la Corte para que la prisión preventiva sea legal, se encuentra el de razonabilidad de su duración.

Al interpretar qué debe entenderse por “plazo razonable”, usualmente la Corte analizó el artículo 7.5 -segunda parte- de la Convención en relación con el artículo 8.2 de la misma. En términos generales, entendió que cuando el plazo se tornaba irrazonable, la medida cautelar devenía punitiva, atentando así contra el principio de inocencia.

En relación con el objetivo que comprende el plazo razonable la Corte Interamericana ha señalado, en el caso Suárez Rosero, que el principio al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención “tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”.

En este caso la Corte determinó además que de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva […].

En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos[3]

En el similar sentido, la Corte Interamericana ha precisado en el caso Acosta Calderón que la prisión preventiva es una medida que reviste características de cautelar, no punitiva. Con base en ello, su prolongación la transforma en un castigo cuando se ejecuta “sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la persona a la que se le aplica esa medida”[4]. Sin embargo, la Corte consideró innecesario evaluar si el tiempo transcurrido de prisión preventiva constituía “plazo razonable” para que la víctima fuera juzgada, ya que había determinado previamente la arbitrariedad de la medida.

En torno a la prisión preventiva es necesario también considerar lo que la Corte Interamericana ha establecido en el caso Palamara Iribarne, pues señala de manera concreta que el carácter de la medida cautelar de prisión preventiva, y además, lo excepcional que debe imperar en su aplicación. Por tanto, en torno a los requisitos necesarios para decretarla, se deben considerar que solo resultará procedente cuando existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.

Con base en lo anterior, se pretende que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad y que se acredite la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención.

La Corte Interamericana, no pierde de vista y adopta lo instaurado en el “Segundo Principio del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas”, el cual señala que el arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.

Y es precisamente en el caso Bayarri que la Corte Interameticana adopta dicha lógica al momento de establecer que la prisión preventiva y el derecho reconocido en el artículo 7.5 de la Convención, actualizan límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar tan gravosa. En consecuencia, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento.

Es dable entonces deducir que dicho derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad.

Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.

Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por tanto, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. No obstante todo lo anterior, aun y cuando existieran razones sólidas para mantener a una persona en prisión preventiva, en ningún momento se deberá perder de vista lo instaurado en el artículo 7.5 de la Convención Americana, pues dicho numeral garantiza que aquella sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable.

Una vez que tenemos una somera noción de lo anteriormente expuesto, y que se vincula con la medida cautelar de prisión preventiva y las omisiones que se pueden  actualizar en el proceso penal por parte del Ministerio Público e incluso por el Juez de Control en el proceso penal, es que habremos de exponer un caso real en el que unas personas detenidas no les ha resultado posible recuperar su libertad, por razón de causas arbitrarias, en las que no se justifica la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva y sobrepasando con ello los límites que imponen la ley y la razón.

En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, con un mínimo de razón pensaríamos que debería decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe, pero actualmente bajo la lógica del nuevo sistema de justicia penal ello no ocurre, y lo anterior es así, por lo siguiente:

En la firma llevamos un asunto, en el cuál se han actualizado los siguientes problemas: 

A.- En asunto Federal, los Defensores de la firma planteamos el sobreseimiento, y en dicha audiencia, el Ministerio Público manifestó no tener medios de prueba suficientes y que lo correcto resultaba ser plantear el desistimiento, por tanto, debería negarse el sobreseimiento y resultar procedente su petición por la falta de elementos por él referida. Situación a la que el Juez de Control accedió y desestimo los argumentos, así como la petición de los Defensores conforme a lo establecido en el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que a continuación se transcribe:

Artículo 144. Desistimiento de la acción penal

El Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia.

La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esa facultad.

El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento.

En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada.

B.- Una vez que transcurrido más del tiempo razonable para tener dicho desistimiento, y vía el Juez de Control, requerimos al Ministerio Público para que lo presentará y que se le apercibiera para dichos efectos.

C.- En fecha posterior, contestó el Ministerio Público y refirió por escrito al Juez de Control que todavía estaba a la espera de que, el documento en que se autorizaba el desistimiento le fuera remitido por su superior.

Con base en el escrito de cuenta previamente referido y que fue presentado por el Ministerio Público, el Juez de Control de oficio aperturo la etapa intermedia y refirió que la Representación Social presentó escrito de acusación y fijo las fechas para la etapa intermedia.

D.- Una vez notificados del acuerdo que recayó en lo anteriormente expuesto, nos constituimos en el Juzgado y nos comentaron que NO se tenía tal escrito de acusación y que habrían de realizar un saneamiento.

F.- Ingresamos escrito precisando esas irregularidades (abusos de autoridad propios de la Alemania Nazi) y solicitamos audiencia para debatir en torno a dichos abusos de autoridad al tratarse de una modalidad de privación de libertad de nuestros Representados por omisiones y decisiones de la Representación Social y el Juez de Control.

G.- Es dable considerar que el día en que se ingresó el documento previamente referido, se emitió el acuerdo por parte del Juez de Control en torno al saneamiento que nos comentaron en sede judicial y del que referimos no contenía el escrito de acusación.

El exponer el presente caso ante el grupo nacional de penalistas, es con el objetivo de reflexionar en torno a las modalidades de privación arbitraria de la libertad de los justiciables a quienes representamos (Chicanas procesales propias del sistema inquisitivo mixto). Y, que llame nuestra atención todas las decisiones por parte del Juez de Control y del Ministerio Público, orientadas en prorrogar en los máximos procesales posibles, la estancia de nuestros defendidos en la cárcel; pues habremos de concluir que dichas decisiones no tienen nada de brillante y si nos permiten identificar la preservación de las prácticas del anterior sistema inquisitivo y la vulneración del juego limpio, así como el debido proceso.

Es claro, que lo establecido en el articulo 144 Código Nacional de Procedimientos Penales respecto del requisito de contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esa facultad, actualiza una vulneración a Derechos Humanos; pues en la especie, comprende implicitamente una hipótesis mediante la cual le resulta posible a la Representación Social y al Juez de Control seguir afectando la esfera jurídica del justiciable  de forma directa o indirecta con base en una facultad que se contrapone con los estándares propios de un Estado Social y Democrático de Derecho  (privación arbitraria de la libertad de los justiciables). Lo que incluso, se contrapone con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y con ello, se impide lograr la protección y materialización más amplia a las personas conforme a la interpretación de lo dispuesto en el artículo 1° y 133 constitucional. Si analizamos todo lo anteriormente expuesto,  nos será posible identificar la obligatoriedad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) al haberse incorporado a nuestro orden jurídico, previa aprobación y ratificación de su contenido por el Congreso de la Unión. Lo previamente analizado, se concatena plenamente con las siguientes tesis de Jurisprudencia emitidas por el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONALEl primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

Por último, debemos comentarles que no perdemos de vista los medios de Defensa, pero… También consideramos, lo retardado de los mismos y lo que repercutirá en la la esfera jurídica de nuestros representados, principalmente en su libertad en lo que se logra su sustanciación (justicia retardada . 

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[1] López Álvarez, párr. 69; Palamara Iribarne, párr. 198, y Acosta Calderón, párr. 111.

[2] García Asto, párr. 106; Acosta Calderón, párr. 75, y Tibi, párr. 180.

[3] Suárez Rosero, párr. 77.

[4] Acosta Calderón, párr. 75.