EL PRINCIPIO ACUSATORIO EN LA PERSPECTIVA JURÍDICA MEXICANA

Armando Juàrez Bribiesca

La reforma de 18 de junio de 2008 realizada a nuestra Carta Magna por el Poder Reformador se concretó sin importar que un amplio sector estuviese (y sigue estando) en contra, lo anterior no fue sencillo y para entender dicho fenómeno de resistencia al cambio por parte de los operadores del sistema penal, es necesario considerar que desde la conquista nos fue impuesta la modalidad “procesal inquisitiva”, y posteriormente transitamos guiados por el colonialismo académico a la modalidad que tuvo sus orígenes en el código Termidoriano de 1795 y el Napoleónico de 1808, ambas legislaciones francesas que dieron vida al golem denominado “proceso inquisitivo mixto”.[1]

La tendencia hacia la modalidad procesal penal acusatoria y oral, no es producto de la casualidad, pues por el contrario, es una pretensión muy bien planeada desde el ámbito Internacional y que tiene sus raíces en los esfuerzos realizados por Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo; el destacado procesalista y jurista español, desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal impulsó la unificación procesal penal en Latinoamérica con miras en un modelo más evolucionado que tuviese como parámetro la lógica que impera en el common law.

En este contexto, la instauración de una modalidad procesal en nuestro país que está regida por el principio acusatorio y definido por la oralidad se concatena con el estándar jurídico comprendido en las reformas procesales penales que hasta la fecha se han concretado en Latinoamérica en este rubro, pero lo que no queda claro, es si seguimos los planteamientos propios del common law (acusatorio puro) o seguimos la perspectiva del Sistema Continental Europeo (acusatorio formal).

Con base en lo inicialmente expuesto, es necesario nunca perder de vista la utilidad que tiene el sistema jurídico para supra determinar la cultura de un país; los romanos lo entendieron, por ello era indispensable en los procesos de conquista instaurar por la fuerza su sistema jurídico como una forma de asegurar el control, de igual forma lo entendió Napoleón (por ello se instauró por la fuerza en los países Europeos en los que ejerció su control) y actualmente, las potencias también han asimilado la relevancia que tiene el sistema jurídico como forma de control y una vía para lograr los cambios culturales. Es claro que las formas (en su implementación) han cambiado al momento de implementar y concretar modificaciones a los sistemas jurídicos (mediante la coacción económica) , pero preservando los fines (sometimiento, control y cambios culturales modulados).

 

I.- Nuestro contexto

Debemos reconocer que, en aras de asimilar el principio acusatorio en nuestro país, actualmente hemos minimizado el Derecho Comparado, y sin éste, se dio la pauta a la confusión, al pretender definir como “acusatorio” desde el ámbito teórico a un sistema penal que en la legislación secundaria y en la práctica (como actualmente acontece), lo que en realidad impera es la lógica y las formas inquisitivas (tomando como base el Derecho Penal Nazi contenido en nuestra Constitución). Considerando todo lo anterior, es necesario responder las siguientes interrogantes:

¿El principio acusatorio realmente es supra determinante al momento de calificar un sistema de Derecho Penal?

Los procesalistas mexicanos y Latinoamericanos, toman como punto de partida para diferenciar un sistema de otro, la simple acumulación o la separación de funciones; pero debemos considerar que el principio acusatorio sólo es una característica de todo sistema de Derecho Penal moderno con base en el cual resulta posible garantizar lo siguiente:

a.- La imparcialidad de los Jueces;

b.- Un órgano distinto encargado de formular la acusación que se le va a formular al justiciable: “el que juzga no puede acusar”;

c.- Definir adecuadamente el objeto del proceso penal (Cfr. artículo 20, apartado A del texto actual de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: (…) El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen (…)”; y

d.- Que el juez no tenga facultades de dirección del proceso penal (ni aportar hechos o prueba de oficio.

e.- Lo que entendemos como principio acusatorio es bastante confuso, y desde la teoría se han producido errores conceptuales de consecuencias prácticas graves, que han llegado al extremo de aseverar que los Jueces de Control deben buscar la verdad.

En dicho sentido, habría que considerar lo planteado por Ferrajoli, quien, de modo enunciativo precisa las características inherentes al sistema inquisitivo de la siguiente manera:

  1. Iniciativa del juez en el ámbito probatorio;
  2. Desigualdad de poder entre la acusación y la defensa; y
  3. Instrucción escrita y secreta.

Mientras que, al sistema acusatorio, le son esenciales:

  1. Separación rígida entre juez y acusación;
  2. Igualdad entre la acusación y la defensa;
  3. Publicidad; y
  4. Oralidad.

Sin embargo, debemos considerar que en la modalidad inquisitiva mixta ya existía la separación entre juzgador y acusador, pero habríamos de preguntarnos si nuestra modalidad procesal se podía calificarse de “acusatoria”, pues las facultades del Ministerio Público y de los Jueces resultaba desproporcionada respecto del papel que se le otorgaba a la defensa pues la carga de la prueba para demostrar su inocencia la tenía el justiciable.

El cambio de sistema penal implica en nuestro contexto eliminar las ventajas que tiene el Ministerio Público y los Juzgadores y lograr que las partes no se encuentren en un plano de desigualdad, dando la pauta al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y con base en la práctica, nos hemos dado cuenta que lo que actualmente ocurre, es que los Jueces en el nuevo sistema de Justicia Penal pretenden seguir ejerciendo las facultades que tenían en el sistema inquisitivo mixto, es decir, pretenden seguir buscando la verdad. Es necesario para estar en condiciones de asimilar mis planteamientos, considerar lo siguiente:

a.- Podríamos decir que, los Jueces en el proceso penal acusatorio y oral, no tienen las facultades de buscar la verdad y en consecuencia, son Jueces de piedra; lamentablemente ocurre que, dichos planteamientos sólo son ciertos si tomamos como base el sistema penal acusatorio puro propio del common law en el que el Jurado es importante y se tiene el discurso plano de lo razonable. En este punto es dable considerar lo aseverado por Alberto Binder, en el sentido de, por un lado, que un Juez del sistema adversarial no busca la verdad sino que la exige a los acusadores; del otro, que de nada o de muy poco nos sirven las refinadas reflexiones sobre los estándares respecto de la verdad o la prueba en sistemas procesales toscos, impermeables y descuidados en el manejo de la información.

b.- Si analizamos nuestro sistema jurídico, habremos de considerar características evidentes de nuestro Nuevo Sistema de Justicia Penal en el que “los Jueces ejercen sus facultades para buscar la verdad”, para dirigir el debate, no contamos con Jurados y se decide con base en el instrumento de control denominado teoría del delito. Con lo que es posible aseverar, que seguimos la lógica del acusatorio formal propio del sistema continental europeo.

La necesidad de adoptar una perspectiva epistemológica en torno al tema de la prueba se vuelve indispensable. Lo anterior, nos obligará a distinguir los objetivos que imperaban en el proceso penal inquitivo – mixto en el que el Juez tenía como objetivo la averiguación de la verdad, llegando al extremo de su imparcialidad en la búsqueda de la “justicia”.

Lo que nos lleva a ahondar en torno a un tópico complejo en que habremos de analizar si el juez del proceso penal debe o no ser ser neutral; y si el objeto del proceso deber la búsqueda entre la verdad y la falsedad.

La imparcialidad, desde los planteamientos tradicionales nos llevaría a aseverar que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad, dichos planteamientos pueden no ser ajenos respecto de algunas modalidades híbridas en las que imperan los planteamientos propios del sistema del common law, en los que habremos de identificar que el juez tiene facultades y atribuciones inquisitivas para ordenar de oficio la adquisición y práctica de pruebas no solicitadas por las partes. 

Luego entonces, estamos en condiciones de identificar las modalidades procesales por las que hasta la fecha se han instaurado en nuestro país desde la conquista hasta la fecha:

a.- Inquisitivo puro;

b.- Inquisitivo mixto matizado con aspectos propios de la lógica del common law; y

c.- Acusatorio y Oral matizado con aspectos propios de la lógica inquisitiva (Derecho Penal Nazi: en el que procede la prisión preventiva oficiosa por el sólo hecho de invocar el topo penal).

¿El concepto que entraña lo “adversarial” es lo mismo que significa lo acusatorio?

Para responder esta interrogante es necesario considerar que los términos de “sistema acusatorio”, “proceso adversarial” y “principio acusatorio” se han desarrollado en nuestro país desde el ámbito académico que no considera estrictamente el Derecho comparado, y previo a definir lo que de dichos conceptos deberíamos asimilar o entender, es necesario tomar postura respecto de qué perspectiva seguir, es decir, las bases conceptuales y la perspectiva propia del common law o aquellas que se comprenden en el proceso penal acusatorio formal propio del sistema continental europeo.

Luego entonces, habría que entender que el principio acusatorio y lo adversarial se complementan respectivamente, pero no significan lo mismo, pues desde la perspectiva propia del common law lo “adversarial” significa que las partes son las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y sus pruebas al proceso, de ahí que sean ellas quienes deban investigar los hechos conforme a su teoría del caso (tal y como se establece en el artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

Lo acusatorio, por otra parte, significa que son las partes las que tienen la responsabilidad de convencer al juzgador sobre la culpabilidad o inocencia del acusado con base en su teoría del caso, principalmente el Ministerio Público pues éste tiene la carga de la prueba (no como actualmente acontece, que algunos Jueces al solicitarles actos de investigación consistentes en entrevistas conforme al artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo niegan, afirmando erróneamente que las entrevistas son pruebas y que sólo se puede interrogar hasta juicio oral y luego proceder a desechar el recurso de revocación con base en los mismos planteamientos).

Debemos entender que lo adversarial y reiterar que el principio acusatorio no se materializan ante un Jurado, pues los planteamientos actualmente se formulan ante un Juez lego que se inmiscuye en la contienda, e incluso omite los planteamientos formulados por la Defensa (afirmando que la cadena de custodia es irrelevante y que los protocolos de actuación no son ley), limitando el principio de contradicción para dar la pauta a decisiones jurisdiccionales que debemos calificar como injustas pues en nuestro país es necesario Defender los principios propios de una democracia y con base en una perspectiva jurídica  cosmopolita (conforme al pensamiento de Jürgen Habermas).

¿El juez en el proceso penal acusatorio y oral es un mero espectador?

Desde la perspectiva del proceso acusatorio formal (sistema continental europeo), se llega a considerar que el juez no es un mero espectador, y debe ser un decisor proactivo ante lo que se le plantea, adoptando un mayor protagonismo, e incluso omitiendo determinadas reglas propias de un proceso penal que se concibe desde la perspectiva del common law. Pero, antes de emitir juicios equívocos, es necesario considerar los desarrollos emanados del “proceso penal adversarial norteamericano” y analizar meticulosamente los planteamientos propios “del proceso penal acusatorio formal Europeo”, para posteriormente identificar los planteamientos eclécticos que surgen al reflexionar respecto de éstas dos modalidades (debe quedar claro que estoy convencido de los esfuerzos por implementar una modalidad mas evolucionada del proceso penal).

Así las cosas, es necesario comentarles que el sistema “adversarial” norteamericano no se entienden sin el Jurado, de manera que la posición del juez deviene en mero espectador y las partes son quienes definirán el proceso, y el Jurado es quien decide de verdad.

Luego entonces, y bajo una perspectiva inquisitiva mixta, es necesario recordar que poco fue lo que aprendimos respecto al principio acusatorio, pues no hemos roto las cadenas que tenemos respecto del pensamiento envenenado por la lógica inquisitiva, en sentido estricto y clásico; y la realidad es tan crítica, que sólo podemos explicar el principio acusatorio de forma simplista, aseverando que: el acusador (Ministerio Público) y quien emite las decisiones jurisdiccionales (Jueces) no pueden ser la misma persona, y para que se emita la condena es necesario que se cuente con la acusación.

¿Por qué el principio acusatorio se toma como base para definir el proceso penal sin considerar para ello el sistema penal y el contexto institucional?

Es evidente que, el contexto institucional resulta necesario para definir a un sistema penal como acusatorio; claro, si para ello tomamos como parámetro la práctica jurídica que de éste emana, y se contrasta con el proceso inquisitivo mixto que implica en su esencia limitar y restringir Derechos Fundamentales de naturaleza procesal.

Lo que nos llevará a identificar las amplias facultades que se le han otorgado al Ministerio Público, rompiendo con ello con la igualdad procesal y sin perder de vista el protagonismo que tienen los Jueces al defender su rol protagonista como buscadores de la verdad.

Si analizamos lo anterior, habremos también de identificar la vigencia y/o limitación de las garantías de naturaleza procesal en el proceso penal a partir del Derecho Penal del enemigo.

A efecto de avanzar en nuestro esfuerzo por identificar el impacto del principio acusatorio en nuestro sistema de justicia penal, es necesario distinguir entre la lógica inquisitiva y la lógica acusatoria, como modalidades que definen un proceso penal.

II.- Conclusiones

Como abogado postulante, considero que los académicos deberían aclarar los planteamientos previamente formulados, e ir más allá, a efectos de definir los siguientes tópicos desde la perspectiva del common law y desde la perspectiva del acusatorio formal propia del sistema continental europeo:  

  • En el common law qué define el proceso penal: ¿El principio acusatorio o el Due Process of Law?
  • ¿El término “acusatorio” qué aporta como principio a un proceso penal?
  • ¿Es lo mismo el principio acusatorio que el Due Process of Law?
  • ¿Qué facultades y atribuciones tienen los Jueces en el proceso penal acusatorio y oral?
  • ¿Es necesario decantarnos por Jueces que sean terceros imparciales, o es necesario, pensar que no son imparciales y que tienen facultades para dirigir el debate y buscar la verdad (lo realmente importante es precisar si estanos ante un principio que permita su confeccionamiento orgánico o procesal)?
  • ¿El tratamiento que se le da a la libertad como principio debe ser el verdadero parámetro supra determinante en la calificación de un sistema de Derecho Penal?
  • ¿Qué estándares debemos seguir respecto de las destrezas que imponen las técnicas de litigación oral?
  • ¿Qué estándares debemos seguir respecto de la valoración de las pruebas y los parámetros de la verdad en el proceso penal acusatorio y oral?

Nota importante: Se recomienda analizar la audiencia proyectada, así como los planteamientos formulados por el grupo y expuestos adecuadamente por nuestro amigo Fernando Alpuche.

Véase:

A.- Tesis:

SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ACOTACIÓN DE LA FACULTAD DEL JUEZ ORAL DE FORMULAR PREGUNTAS A LOS TESTIGOS O PERITOS CON EL FIN DE ACLARAR SUS DICHOS, EN RELACIÓN CON EL INTERROGATORIO O CONTRAINTERROGATORIO REALIZADO POR LAS PARTES, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 371, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. El sistema penal acusatorio es un tipo de proceso penal adversarial, de acuerdo con el artículo 2 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues implica una contienda entre partes en situación de igualdad procesal sometidas a la jurisdicción. Por otro lado, el artículo 371, último párrafo, del ordenamiento mencionado, introduce una facultad a los miembros del tribunal oral, en el sentido de permitirles formular preguntas a los testigos o peritos, con el fin de aclarar sus dichos, en relación con el interrogatorio o contrainterrogatorio realizado por las partes. Ahora bien, esta última disposición es coherente y resulta plenamente justificada, máxime si con el interrogatorio de las partes, se observa por el Juez, alguna duda en la declaración del testigo o perito cuando en una respuesta se hace alusión a una expresión técnica realizada por el perito, o bien, un testimonio que presente multiplicidad de expresiones que requieran de una aclaración expresa por el testigo. Por tanto, es importante acotar esa posibilidad de aclaración del Juez, pues éste no puede usar esa facultad para producir prueba o inducir respuestas, ya que de permitirlo, se violentaría la imparcialidad que rige en el modelo procesal referido, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que aquél debe evitar ser intermediario de las preguntas del Ministerio Público o de la defensa, o agregar elementos a las interrogantes de éstos, ya que el último párrafo del artículo 371, no permite, en el momento formular aclaraciones por el Juez oral, introducir circunstancias no expuestas en las preguntas de los interrogatorios de las partes, ya que el juzgador no es un litigante, por lo que debe formular preguntas aclaratorias neutras, sin inducir la respuesta, pues de lo contrario se produciría prueba por el órgano jurisdiccional que debe ser imparcial. Por estas razones, las preguntas aclaratorias del Juezoral, preferentemente, podrían formularse al final del debate, pues así no se introducen elementos nuevos de convicción o extraños a las respuestas del interrogatorio previo de los testigos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ACTUACIÓN QUE EL JUEZ DEBE TENER PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, CONTRADICCIÓN Y EQUILIBRIO PROCESAL PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.Aun cuando se reconozca el nivel de debate que en otras latitudes y en el plano teórico ha suscitado el tema de cuál debe ser el papel del Juez en el proceso acusatorio, este tribunal estima que, conforme a un sistema procesal penal racional de corte acusatorio y, particularmente, conforme a los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal y las reglas sistemáticas consagradas en los dispositivos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez no puede estimarse como un simple observador del quehacer de las partes, pero tampoco puede conducirse como elemento protagónico cuya actuación injustificada represente un obstáculo para que las partes puedan ejercer a cabalidad sus derechos en el procedimiento probatorio. Por el contrario, de acuerdo con los lineamientos de tal sistema, aplicados en lo conducente y desde la perspectiva de la Constitución Mexicana, y visualizados sobre todo desde la racionalidad integral de la operatividad y eficacia perseguidas, la función del Juez implica una gran responsabilidad en cuanto al seguimiento y la dirección de las audiencias, por eso pasa a ser el sujeto más importante en la triada procesal que debe buscar, mediante la ponderación racional, el constante equilibrio entre partes como base de la característica fundamental de adversariedad, esto es, una de las esencias metodológicas del sistema acusatorio. Lo anterior significa que el criterio que se estima congruente con los referidos principios constitucionales, es el que admite que dicho juzgador no puede permanecer impasible ante la notoria incongruencia o despropósito del actuar deficiente o tendencioso de las partes, pero tampoco asumir una postura de manipulación o interferencia en el debido ejercicio del derecho de aquéllas en relación con las pruebas y contrariando el principio de imparcialidad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
B.- Vídeos
A efecto de comprender los vídeos se recomienda analizar previamente la relevancia de los conceptos de dato de prueba, medio de prueba y prueba conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/38/8.pdf

[1] Conf. Ferrajoli, Luigi; Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995; ver p. 566.

Conferencias:

I.- Fernando Alpuche

Presentación Penalistas. CDMX. Julio 2017

 

II.- Roberto Martínez Hernández

La prueba de referencia