Una somera reflexión en torno al ejercicio de la profesión de abogado

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”
Albert Camus

Les comento, que recién mi buen amigo José Manuel Saucedo me preguntó: ¿cuál era mi punto de vista en torno a la presunción de inocencia de los justiciables y, el impacto que tienen los medios de comunicación[1] en ésta, así como en la actividad que desarrollamos los Defensores en causas complejas en el ámbito penal?

De inicio debemos considerar que, quienes nos dedicamos a postular y ejercer la profesión de abogados en cualquier materia, en algún momento de la vida habremos de asimilar en carne propia el impacto de los medios de comunicación y las transgresiones que por dicha vía actualiza vulneraciones sistemáticas al Derecho Fundamental y Humano de la presunción de inocencia, así como del debido proceso.

La mediatización[2] de un proceso jurisdiccional, implica someter a un enjuiciamiento público y arbitrario a una persona que, no cuenta en la mayoría de los casos con una sentencia con base en la cual resulte posible advertir que es responsable de la conducta o acto que se le reprocha (presunción de culpabilidad); la sentencia emitida en el proceso penal por el contrario implica, superar adecuadamente los parámetros que se instauran en todo Estado Social y Democrático de Derecho para demostrar plenamente la responsabilidad penal de los justiciables (presunción de inocencia).

Si analizamos con calma lo previamente expuesto, de inicio habremos de identificar la colisión de dos Derechos Humanos, por un lado, la presunción de inocencia; del otro, la libertad de expresión[3]. Lo que conllevaría a reconocer la necesidad de que nuestros Tribunales determinen cuáles son los límites y restricciones entre ambos Derechos Humanos en aras de preservar el debido proceso y los fines que comprende la justicia (el caso Florece Cassez es un buen ejemplo de cómo se pueden viciar las pruebas por el efecto corruptor en testigos y peritos por el montaje, así como por su indebida transmisión).

Considero, que el pronunciamiento en este rubro es indispensable y necesario por parte de nuestros Órganos Jurisdiccionales, ya que impactarían en la deontología de los abogados y también en la deontología de los comunicadores.  

Por otra parte, debemos reconocer el impacto que tienen las redes sociales, las cuales pueden tornarse en el medio más efectivo para mediatizar un proceso jurisdiccional y transgredir de manera indirecta el debido proceso y la presunción de inocencia, al grado tal, que puede definir la parcialidad o imparcialidad del Juzgador.

Con base en los medios de comunicación, se puede actualizar la hipótesis de que se distorsione un proceso jurisdiccional, a niveles tan extremos que afecten la integridad de los intervinientes (con apodos) y sus familias (que generan amenazas). Véase:

Con dichas referencias en mente, ya estaremos en condiciones de advertir el grave desequilibro que impera en México entre el Derecho Humano de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de expresión (en su modalidad de la libertad de información).  Y dicho desequilibrio tiene una explicación racional, pues basta considerar que la presunción de culpabilidad propia del pensamiento inquisitivo prevaleció en nuestro país hasta inicios del presente siglo, en el que, a su vez se reconoció la presunción de inocencia; primeramente, de forma implícita en nuestro sistema jurídico[4] y posteriormente de forma explícita en la reforma de 18 de junio de 2008[5].  

Así las cosas, uno se explica por qué en nuestra jurisprudencia no se ha desarrollado una lógica jurídica con base en la cual resulte posible identificar pautas mínimas que permitan proteger adecuadamente a las personas que intervienen en los procesos penales y, sobre todo, contra el amplio poder con el que cuentan los medios para desacreditar a cualquier persona.

Cuando se vulnera la presunción de inocencia por virtud de una campaña mediatizada y orquestada por los comunicadores de los medios de comunicación, tal vez nos demos cuenta de que, resulte posible que estemos ante un ejercicio arbitrario del derecho a la libertad de informar.

Mis ideas surgen con base en mi incipiente experiencia en el ámbito penal, y considero, que el ejercicio de mi profesión como abogado debe estar garantizado por el Estado Mexicano, tal y como se desprende de los PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS, Adoptada en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en la Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990, véase:

Garantías para el ejercicio de la profesión

16.- Los gobiernos garantizarán que los abogados:
a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas;
b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y
c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.
17.- Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.
18.- Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.
19.- Ningún tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado se negará a reconocer el derecho de un abogado a presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que el abogado haya sido inhabilitado de conformidad con las leyes y prácticas nacionales y con estos principios.
20.- Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo.
21.- Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible.
22.- Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional.

Luego entonces, los abogados debemos tener en mente, que la libertad de informar no es absoluta y puede ocurrir que en su ejercicio, los medios de comunicación transgredan y vulneren el debido proceso y la presunción de inocencia cuando se trata de las personas que intervienen en un proceso penal.

En este contexto vale la pena considerar el caso de Lori Berenson Mejía Vs. Perú con sentencia de 23 de junio de 2005, en el que fue exhibida por la DICONTE ante los medios de comunicación como autora del delito de traición a la patria, cuando no había sido legalmente procesada y condenada.

En dicho caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 159 retoma los planteamientos de la Corte Europea, misma que ha señalado que [el derecho a la] presunción de inocencia puede ser violado no sólo por un juez o una Corte sino también por otra autoridad.

[…]

[el] artículo 6 párrafo 2 [de la Convención Europea] no puede impedir a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, pero lo anterior requiere que lo hagan con toda la discreción y la cautela necesarias para que [el derecho a] la presunción de inocencia sea respetado[6].

En el párrafo 160 de dicha resolución, nos precisa que el derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella[7].  

Es necesario analizar el párrafo 161 de la referida sentencia de la Corte Interamericana, pues de manera concreta, ésta considera que el Estado (peruano) violó, en perjuicio de la señora Lori Berenson, el artículo 8.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en el proceso penal en la jurisdicción militar.

Una vez, que asimilamos todo lo expuesto, debo comentarles que en un caso que hace tiempo tuve, los familiares me contrataron para llevar la Defensa de un justiciable que había sido expuesto a los medios de comunicación; situación que por supuesto identifique y por lo que solicite una fe de hechos ante un notario con aplomo y excelente preparación, quien elaboró dicho documento notarial.

Lamentablemente, al iniciar dicho proceso penal me vi enfrentado con los medios de control para-institucionales y por la presión a la que se sometió a la familia del imputado, es por lo que no tuve más opción que revocarme de dicho asunto.

Con todo, es dable concluir formulándoles las siguientes interrogantes:  

¿Los medios de comunicación pueden arbitrariamente transgredir la presunción de inocencia de un justiciable?

¿Los medios de comunicación pueden incidir en la parcialidad o imparcialidad de los Jueces?

¿Los medios de comunicación pueden arbitrariamente transgredir el Derecho al debido proceso de un justiciable?

¿Los medios de comunicación pueden etiquetar dolosamente a los operadores del sistema jurídico en aras de transgredir con ello su dignidad?

 ¿Cómo ciudadanos debemos permitir el ejercicio arbitrario del Derecho a informar por parte de los medios de comunicación?

¿Se deben establecer límites a la actividad de informar por parte de los medios de comunicación respecto de los procesos jurisdiccionales?

Podría seguir formulando interrogantes, pero el punto mas importante es que Usted este en posibilidades de emitir una opinión con base en su criterio. 

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Notas:

[1] Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios…

[2] Tr. Intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades o funciones.

[3] Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

[4] PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar “los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”; en el artículo 21, al disponer que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público”; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole “buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos”. En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

[5] Cfr. Artículo 20, apartado B), De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

[6] Cfr. Eur. Court H.R., case Allenet de Ribemont v France, judgment of 10 february 1995, Series A no. 308, párrs. 36 y 38.

[7] 251 Cfr. Caso Tibi, supra nota 3, párr. 182; Caso Ricardo Canese, supra nota 3, párr. 153; y Caso Cantoral Benavides, supra nota 25, párr. 120.