La investigación objetiva y adecuada en la fase no judicializada del proceso penal

Los principales encargados de investigar adecuadamente un hecho probablemente delictivo, son: la Policía, los Peritos y el Ministerio Público. Quienes incluso, cuentan con facultades y atribuciones diferenciadas con la finalidad de realizar todas las diligencias necesarias en la investigación no judicializada del proceso penal para allegarse de los datos y elementos de convicción indispensables que les permitan cumplir el objeto del proceso.

En dicho contexto, es dable precisar que la investigación de un hecho probablemente delictivo en nuestro sistema penal comienza con la noticia criminis, en su modalidad de querella o denuncia; lo que de inmediato actualiza la obligación de respetar el deber de objetividad, la debida diligencia, la transparencia, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez, la lealtad y el respeto irrestricto a los derechos humanos contemplados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Es necesario no perder de vista que el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instauró en el artículo 20, el Derecho Fundamental que tiene el justiciable de solicitar y obtener información cuando una investigación de un hecho probablemente delictivo se está desarrollando en su contra, así como el de aportar datos de prueba e incluso proponer actos de investigación; pues, es indispensable asimilar que, de inicio es una obligación del Ministerio Público en su calidad de servidor público y en el ejercicio de sus funciones de investigación, el emitir un pronunciamiento al respecto de las peticiones formuladas por el justiciable .

En caso de negativa, omisión o negligencia a todo lo anterior (conforme a lo establecido en el artículo 218 del CNPP y 225, fracción XXVIII del CPF); el justiciable puede recurrirlas mediante el recurso, juicio o medio de defensa que para ello establece la legislación, con el objetivo de que el Ministerio Público ordene y cumpla con lo solicitado, incluso para que disponga de las medidas de apremio que para ello comprende el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin duda, los derechos fundamentales y humanos exigen la realización de una investigación objetiva cuando se trata de la modalidad no judicializada; lo que concatena con las garantías contempladas en los artículos 8.2 y 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, desde las actuaciones previas al inicio formal de un proceso penal. Lo contrario, podría tener un efecto desfavorable y no justificado que trascendería en la esfera jurídica del justiciable, tal y como ya lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala Sentencia de 27 de noviembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas).

Por último, les comento que todo lo anterior se concatena con los siguientes criterios emitidos por nuestros Tribunales, en las tesis de rubro:

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO EN CUANTO A QUE SE LE CITE A COMPARECER Y RINDA ENTREVISTA CON EL CARÁCTER DE INDICIADO EN AQUÉLLA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA DICHA OMISIÓN PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Cuando en su demanda de amparo el quejoso acredita fehacientemente que previamente ha solicitado al Ministerio Público que se le cite a comparecer y rendir entrevista con el carácter de indiciado en la carpeta de investigación, y éste hace caso omiso de dicha petición, lo cual se impugna como acto reclamado, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad ministerial responsable no determine en definitiva la carpeta de investigación en que solicite al Juez de control la cita para la audiencia inicial y, por ende, deberá abstenerse de formular la imputación en su contra; lo anterior, a fin de respetar su derecho de defensa, evitando que se ocasionen daños y perjuicios de difícil reparación para el quejoso

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO EN CUANTO A QUE SE LE CITE A COMPARECER Y RINDA ENTREVISTA CON EL CARÁCTER DE INDICIADO EN AQUÉLLA. SI DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA DICHA OMISIÓN SE ADVIERTE QUE LA CARPETA NO HA SIDO JUDICIALIZADA MEDIANTE PETICIÓN AL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA EL EFECTO DE QUE EL AGENTE RESPONSABLE NO DETERMINE EN DEFINITIVA LA INVESTIGACIÓN INICIAL. Cuando en el juicio de amparo se reclama la omisión de ser citado a comparecer y rendir entrevista con el carácter de indiciado en la carpeta de investigación, previa petición formulada en ese sentido por el quejoso al Ministerio Público responsable, y de los hechos narrados en la demanda o de los documentos que se anexan a ésta no se advierte que esa indagación ha sido judicializada mediante petición al Juez de control para la audiencia inicial, procede conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no sea determinada en definitiva la investigación inicial a cargo de la autoridad responsable; sin embargo, si de la demanda de amparo o de sus anexos se aprecia que ya se judicializó la carpeta de investigación, debe negarse la medida cautelar, pues no podría suspenderse lo que ya se ha ejecutado, porque sería dar un efecto restitutorio, lo cual es propio de la sentencia de amparo en lo principal.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EN EL AMPARO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SE ABSTENGA DE DETERMINAR EN DEFINITIVA AQUÉLLA, ELLO NO IMPLICA LA PARALIZACIÓN DE SU FACULTAD DE INDAGAR E INTEGRAR DICHA CARPETA. La suspensión provisional otorgada en el amparo a efecto de que el Ministerio Público se abstenga de determinar en definitiva la carpeta de investigación, no implica la paralización de su facultad de indagar e integrar ésta, sino que la medida cautelar así decretada tiene como fin que no se dé un cambio de situación jurídica, pues en caso de que se judicialice la carpeta de investigación, el quejoso puede verse afectado en su derecho de defensa, al quedar consumada la etapa de investigación inicial, haciendo improcedente el juicio biinstancial.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. AL SER DESFORMALIZADA LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN LA QUE SE INTEGRA, SÓLO DEBEN REGISTRARSE EN AQUÉLLA LAS ACTUACIONES QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 260, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONSTITUYAN PROPIAMENTE ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN (DATOS DE PRUEBA), DE LOS QUE EVENTUALMENTE PUEDEN GENERARSE PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. El sistema acusatorio se caracteriza, principalmente, porque existe una división bien definida entre las funciones de jurisdicción y de acusación, las cuales se desenvuelven durante las distintas etapas del procedimiento, por medio de una metodología de audiencias que propician la oralidad y permiten el debate entre las partes, con base en el principio de contradicción. Dichas etapas tienen objetivos claramente establecidos, pero de manera genérica puede decirse que, en las primeras etapas, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares; en tanto que, en la etapa de juicio, las esenciales. Lo anterior pone de manifiesto que, el sistema procesal penal acusatorio y oral está diseñado de tal manera que el juicio constituya la etapa procesal central de éste, en el que se asegura el pleno respeto de los derechos humanos de las partes; por ello, se estableció que las etapas preliminares, estén a cargo de un Juez de control, distinto al que, en su caso, conocerá del juicio; un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de órdenes de aprehensión y de autos de vinculación a proceso; y, la distinción entre datos de prueba, medios de prueba y pruebas. En razón de la preeminencia que se concede a la etapa de juicio, se tiene como resultado la desformalización de la investigación, pues el Ministerio Público ya no debe formar un expediente de averiguación previa, cuyo contenido era la base del juicio, pues aportaba el mayor número de pruebas relevantes para decidir la contienda, sino que, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los que se generan datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. Esto significa que no existe una carga para la autoridad investigadora de integrar en dicha carpeta, oficios o diversas comunicaciones, ni levantar constancia de cada uno de los actos que realiza pues, se reitera, sólo debe registrar actuaciones que, en los términos descritos, constituyan propiamente actos de investigación.

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