UNA BREVE REFLEXIÓN EN TORNO A LA DESTITUCIÓN DEL FISCAL DE LA FEPADE

“La división y el aislamiento tienen un precio. La democracia no prospera en medio del odio. La justicia no se arraiga en medio de la furia. Debemos oponernos a la indiferencia. Debemos oponernos a la apatía. Debemos oponernos al temor.”  Thurgood Marshall

Estimados amigos que tienen a bien seguir el micro sitio, debo comentarles que derivado de la reciente remoción del cargo del Dr. Santiago Nieto Castillo como Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por Don Alberto Elías Beltrán en su calidad de Encargado Despacho de la PGR a raíz de la controversia suscitada con Don Emilio Lozoya, es que me surge la siguiente interrogante:

 ¿Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse respecto del caso, en el que el encargo del Despacho de la Procuraduría General de la Republica (Comunicado 1386/17) con base en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento, y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y que en dicha fecha se removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (en adelante FEPADE)?

La interrogante, nos llevará, por un lado, al análisis de la única vía que les permite a los involucrados el plantear el examen de la constitucionalidad del acto referido (destitución del Fiscal de la FEPADE) y el determinar si es o no competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pronunciarse al respecto; por la otra, definir si le corresponde o no, a nuestro Máximo Tribunal el examinar, si la decisión emitida por el Encargado del Despacho de la PGR se tomó con base en una norma constitucional, y ello será determinante, pensando en los efectos que permitan definir si resulta o no posible, restaurar la esfera jurídica del Fiscal de la FEPADE, sin que ello implique omitir el análisis de la causa que dio la pauta a la decisión de separarlo del cargo. Ante dicho panorama, y a efecto de que resulte posible comprender y asimilar mis dudas, es necesario considerar lo que a continuación les comparto.

 I. LIMINARES

Georg Jellinek en su libro Reforma y mutación de la Constitución, nos advierte en torno a la relevancia de la creación jurisprudencial de la doctrina de los implied powers, asimilando para ello, su íntimo vínculo entre la mutación constitucional y las leyes de reforma constitucional. Respecto de lo anterior, habría que precisar que desde la perspectiva de dicha doctrina, se asimila que: “En el texto de la Constitución duermen hasta ahora poderes desconocidos que descubre la legislación y luego, definitivamente, les da vida el juez”. Incluso, se pondera la interpretación la interna, es decir, “que la interpretación sea firme y despierta, si no interpretáis, entonces subsiste lo que está debajo”; luego entonces y en dicho contexto, estamos en condiciones de asimilar que la interpretación judicial es la que da la pauta a las mutaciones constitucionales.

II. CONSIDERACIONES

 

A propósito del contexto que nos imponen las reformas de 18 de junio de 2008, 06 y 10 de junio de 2011, es necesario también considerar lo siguiente:

a) somera reflexión con base en la historia y el derecho comparado

Así las cosas y siguiendo una postura histórica, así como los planteamientos que surgen desde el derecho comparado, es que habremos de retomar los planteamientos formulados por el Juez de la Corte Suprema de los EEUU John Marshall, respecto del establecimiento de la judicial review en el caso Marbury v. Madison (1803), y el desarrollo de la doctrina de los poderes implícitos (implied powers) en el caso McCulloch v. Maryland (1819).Para entender el tópico propuesto, es necesario no perder de vista el siguiente cuestionamiento planteado por el Juez Marshall a la Corte Suprema de los EEUU:

“¿Acaso podemos interpretar la Constitución de manera que atribuyamos a sus redactores la intención de impedir el ejercicio de los poderes de la Federación, vedando la elección de los medios para llevarlos a cabo?”

La Corte Suprema de los EEUU emitió el siguiente pronunciamiento respecto de dicho cuestionamiento:

 “(…) La Constitución de los Estados Unidos no ha dejado al razonamiento general y abstracto la posibilidad de que el Congreso disponga de los medios necesarios para la ejecución de los poderes atribuidos al Gobierno. A la enumeración de éstos ha añadido el poder para elaborar las leyes necesarias y apropiadas para ejecutar los poderes recién mencionados y todos los demás poderes que la Constitución atribuye al Gobierno de los Estados Unidos o a cualquiera de sus departamentos.

Esta cláusula, se inserta en una Constitución que está llamada a permanecer durante muchos años y durante muchas generaciones y que, por consiguiente, debe poder adaptarse a todas las crisis de los asuntos humanos. Establecer de antemano y para siempre los medios con los cuales el Gobierno debe ejercer sus poderes sería tanto como alterar por completo la naturaleza de este texto, convirtiéndolo en una simple ley o código (…)”.

No obstante, lo previamente expuesto, me resulta indispensable abordar de manera somera un hecho que ocurrió en 1857 pues en dicho año la Corte Suprema de los EEUU emitió la deleznable sentencia en el caso Scott v. Sandford, y con base en ésta, se mutó en sentido negativo la Constitución de los EEUU; lo anterior es así, pues a través de dicha sentencia se pretendió legitimar la esclavitud y con ello, transgredir el equilibrio constitucional lo que por supuesto dio como resultado: la Guerra Civil.

b) Somera reflexión con base en la historia de México

 

La función actual de los ministros de nuestra Suprema Corte de justicia de la Nación comprende (entre muchas otras), la facultad y atribución de interpretar nuestra Carta Magna como Tribunal Constitucional.

Nuestra Historia también nos otorga casos relevantes, en torno al tópico planteado y subyace en el caso Miguel Vega, en el cual se instauraron las bases respecto del papel que como intérprete y defensor del orden constitucional tienen nuestro más Alto Tribunal, declarando como inconstitucional el artículo 8º de la Ley de Amparo. Es dable precisar, que en dicha resolución se pronunciaron respecto de la omisión de la Ley de amparo de contemplar que los actos jurisdiccionales debían estar sujetos a la revisión por vía de amparo; lo que en la especie generaba una afectación directa en la vigencia y respeto de los derechos humanos.

En consecuencia, el caso Miguel Vega permitió a nuestra Suprema Corte ejercer una revisión judicial efectiva sobre los actos del Poder Legislativo que transgrediesen el orden jurídicopor vía de la interpretación constitucional de las leyes.

La afectación al Juez Miguel Vega, derivaba de una resolución emitida por el Tribunal Superior por estimar ignorancia o descuido al emitir aquél un fallo que atentaba con lo establecido en las leyes vigentes, por lo que se le separó de su cargo como Juez por el lapso de un año (decisión debidamente fundada y motivada). Y, además se le impuso como sanción al Juez Vega la prohibición de ejercer la profesión de abogado por el mismo lapso de tiempo, y ello, implicó la vulneración de su derecho a la libertad de trabajo.

Como consecuencia de dicha sentencia, el ex Juez Miguel Vega interpuso una demanda de juicio de amparo, aun cuando en la Ley de Amparo de 1869, en el artículo 8 se establecía que no era admisible el recurso de amparo en negocios judiciales. El Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, basándose en la prohibición expresa de la norma, no dio entrada a la demanda, desechándola de plano. Con base en dicha resolución, el Juez Vega interpuso un recurso de apelación ante la Suprema Corte, atrayendo consigo la revocación del auto del juez de distrito.

En la sentencia emitida en dicho, la Suprema Corte de Justicia amparó y protegió a Miguel Vega contra la providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa de suspenderlo por un año en el ejercicio de su profesión de abogado, lo cual vulneraba en su persona el derecho reconocido en el artículo 4º constitucional, y además, desarrolló un ejercicio de interpretación jurídica garantizando la supremacía del texto constitucional sobre una norma inferior, a través de la declaración implícita de inconstitucionalidad del artículo 8º de la ley de amparo, cuyo contenido limitaba la eficacia del juicio de amparo y de una tutela efectiva.

III. EPÍLOGO

La interpretación constitucional de las leyes es una función inherente a la actividad jurisdiccional, ya que nuestros Tribunales les compete resolver los conflictos respecto de los cuales se busca desentrañar el sentido de la norma jurídica, para que de esta forma y en el caso de que prevalezca la vaguedad o ámbitos de oscuridad en su contenido como se actualiza en el caso sujeto a reflexión, en aras de que les resulte posible subsanarlas en aras de materializar la adecuada administración de justicia conforme al parámetro de regularidad constitucional.

Si analizamos, lo expuesto en el presente tópico es que de manera natural habremos de preguntarnos ¿en qué casos y en tratándose de los Derechos Humano, se debe llevar a cabo una labor de interpretación para lograr el reconocimiento y garantizar su reconocimiento, así como su tutela efectiva? De ahí que, resulta relevante la interpretación constitucional que da la pauta a las mutaciones constitucionales y que devienen en la herramienta más importante y efectiva, que permite incluso reparar y superar las falencias que llegasen a existir en la estructura normativa de nuestro sistema constitucional.

Tal vez sea la oportunidad para una mutación constitucional en sentido positivo, y si se actualiza el peor de los casos, es decir, una mutación constitucional en sentido negativo; es valido concluir que en caso de actualizarse ese último supuesto, se puede dar la pauta al exponencial incremento de la ya existente exasperación social. Pues necesariamente implica, que se imponga una visión restringida y apegada a la legalidad respecto de las sanciones que de mutuo propio se le impuso a un servidor público nombrado por el pleno del Senado (de facto y sin un debido proceso).

Véase:

i) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A lo largo de su jurisprudencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el papel central que juegan la libertad de expresión y el derecho a la información en un Estado democrático constitucional de Derecho, como piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Sin embargo, el proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos y acusados. Es decir, la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos a los medios periodísticos no puede justificar la violación a la presunción de inocencia, como regla de trato en su vertiente extraprocesal, por parte de las autoridades que exponen como culpables a los detenidos. En este sentido, se estima que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo. Por el contrario, deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie. Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. En el mismo sentido, al dictar sentencia en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte Interamericana condenó enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme. Al respecto, dicho tribunal sostuvo que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquélla.

ii) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. ELEMENTOS A PONDERAR PARA DETERMINAR SI LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITE CUESTIONAR LA FIABILIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO. La sola exhibición de personas imputadas en los medios de comunicación representa una forma de maltrato que favorece el terreno de ilegalidad y que propicia otras violaciones a derechos humanos. Por tanto, estas acciones deben ser desalentadas con independencia de si ello influye en el dicho de quienes atestiguan contra el inculpado. Al respecto, pueden consultarse las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1a. CLXXVI/2013 (10a.) y 1a. CLXXVIII/2013 (10a.), (1) de rubros: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS.” y “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.”. Ahora bien, cuando se plantea una violación en este sentido, la exposición mediática (y la información asociada a ella) tienen que ser suficientemente robustas para que pueda considerarse que han generado una percepción estigmatizante y que ésta ha elevado, de modo indudablemente significativo, la probabilidad de que los testimonios y las pruebas recabadas contengan información parcial y, por ende, cuestionable. Algunos de los elementos que el juez puede ponderar al llevar a cabo esta operación son: 1. El grado de intervención y participación del Estado en la creación y/o en la divulgación de la información. Cuando el Estado es quien deliberadamente interviene para crear una imagen negativa y contribuye a su formación, los jueces deben ser especialmente escépticos para juzgar el material probatorio. 2. La intensidad del ánimo estigmatizante que subyace a la acusación y su potencial nocividad. 3. La diversidad de fuentes noticiosas y el grado de homogeneidad en el contenido que las mismas proponen. Con apoyo en este criterio, el juez valora si el prejuicio estigmatizante ha sido reiterado en diversas ocasiones y analiza su nivel de circulación. También analiza si existen posiciones contrarias a este estigma que, de facto, sean capaces de contrarrestar la fuerza de una acusación. Cabe aclarar que si bien la existencia de una sola nota o la cobertura en un solo medio puede generar suficiente impacto, eso ocurriría en situaciones excepcionales, donde el contenido y la gravedad de la acusación fueran suficientemente gravosas por sí mismas para generar un efecto estigmatizante. 4. La accesibilidad que los sujetos relevantes tienen a esa información. Al valorar este aspecto, el juez puede analizar el grado de cercanía que él mismo, los testigos o los sujetos que intervienen en el proceso tienen con respecto a la información cuestionada. Si la información es demasiado remota, existirán pocas probabilidades de que el juzgador o tales sujetos hayan tenido acceso a la misma; consecuentemente, la fiabilidad de las pruebas difícilmente podría ser cuestionada. Estos criterios no pretenden ser una solución maximalista, capaz de cubrir todos los supuestos. Se trata, tan sólo, de criterios orientadores que facilitan la tarea de los tribunales al juzgar este tipo de alegatos. Es decir, se trata de indicadores que, por sí mismos, requieren apreciación a la luz de cada caso concreto. De ningún modo deben interpretarse en el sentido de que sólo existirá impacto en el proceso cuando un supuesto reúna todos los elementos ahí enunciados. En conclusión, el solo hecho de que los medios de comunicación generen publicaciones donde las personas sean concebidas como “delincuentes”, ciertamente viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla procesal. Sin embargo, para evaluar el impacto que estas publicaciones pueden tener en un proceso penal, es necesario que los jueces realicen una ponderación motivada para establecer si se está en condiciones de dudar sobre la fiabilidad del material probatorio.

Amparo directo en revisión 2537/2013. Carmen Sandoval Trejo. 18 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente por razón de improcedencia del recurso: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Patricia del Arenal Urueta.

iii) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la Integridad Personal

iv)  Un punto relevante resultará el analizar el alcance de la secrecía de las investigaciones ministeriales en el caso concreto, pues ésta deriva y se impone a razón de la prevalencia del Derecho Fundamental y Humano de la presunción de inocencia; y tiene como finalidad el evitar (transgredir la dignidad humana) la estigmatización, maltrato o tortura de los indiciados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal: 

La investigación objetiva y adecuada en la fase no judicializada del proceso penal

Comments