EL ARTE DE RESTRINGIR EL DERECHO DE DEFENSA DE LOS JUSTICIABLES EN LA INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL

Los abogados postulantes nos enfrentamos en la práctica profesional cotidiana a diversos obstáculos, restricciones y limitaciones que trascienden a los Derechos Fundamentales de Acceso a la Justicia y la Tutela Judicial Efectiva de nuestros Representados. Lo anterior, me lleva a reflexionar en torno a la aseveración consistente en que el justiciable en su carácter de indiciado (categorías jurídicas propias del proceso penal acusatorio y oral: indiciado, imputado acusado y sentenciado) no tiene Derecho a intervenir en la investigación inicial del proceso penal acusatorio y oral.  Llevar dicho supuesto al extremo, nos llevaría a conclusiones que corresponden a un Estado Policía o los estándares propios de una dictadura. Desde la perspectiva de nuestra incipiente democracia y en aras de entender lo anterior, es necesario considerar que la notitia criminis es la pauta que permite concretar la querella o la denuncia, y éstas por sí mismas, no generan una afectación a los derechos de los gobernados; el problema se actualiza cuando una persona es señalada como probable responsable de un hecho delictivo en la investigación inicial respecto del cual, es necesario tener datos de prueba que justifiquen dichos extremos. Al estar en este supuesto, el justiciable adquiere la calidad de indiciado[1].

 

Es necesario, no perder de vista que, en la investigación inicial puede resultar posible con base en los registros de la carpeta de investigación que se actualicen las siguientes hipótesis:

  • Se realice la investigación inicial sin causarle ningún acto de molestia y sin requerir la intervención del indiciado.
  • Que se le cite al indiciado en Sede Ministerial para una diligencia investigativa en la investigación inicial y se le causen actos de molestia;
  • Que se le ocasione un acto de molestia al indiciado en la investigación inicial y sin que éste sea llamado a comparecer en Sede Ministerial;
  • Que se le cite a comparecer a la audiencia inicial sin permitirle acceder a los registros de investigación al indiciado.
  • Que se le permita al indiciado acceder a los registros de investigación en la investigación inicial antes de comparecer en Sede Judicial.
  • Que se le cite a comparecer a la audiencia inicial sin permitirle acceder a los registros de investigación al indiciado, causándole actos de molestia y con la reserva justificada de los registros de la investigación.

Las hipótesis anteriormente precisadas, las asimila su Servidor con base en el ejercicio de la profesión y conforme a las formalidades, así como las exigencias establecidos por el Legislador respecto de la investigación inicial en el proceso penal acusatorio y oral[2]; resulta claro que, el Ministerio Público al actuar como órgano investigador, puede decidir quién si y quién no, puede acceder a los registros de la investigación inicial en el proceso penal. Un primer parámetro jurídico para entender la razonabilidad de la decisión del Representante Social es a partir de identificar quienes tienen la calidad de partes y limitaciones que se establecen para éstas en la legislación procesal y demás disposiciones aplicables[3].

 

El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da las pautas generales para identificar las hipótesis de reserva de los actos de investigación, mismas que pueden sintetizarse de la siguiente forma:

 

  • Sólo la víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.
  • El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa.
  • En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales.
  • Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.
  • Se advierte que los actos de molestia se entenderán conforme a las pautas establecidas en el artículo 266 de la legislación procesal que nos ocupa[4].

 

Es correcto interpretar las restricciones de acceso a los registros de investigación, considerando para ello, los supuestos comprendidos en los artículos 218 y 266 de manera aislada, es decir, aseverar que el imputado y su defensor sólo podrán tener acceso a ellos cuando:

 

  • El indiciado sea citado para recabar su entrevista en Sede Ministerial.
  • El indiciado se encuentre en retención o detención;
  • El indiciado sea citado para comparecer como imputado en Sede Judicial; y
  • El indiciado sea sujeto de un acto de molestia.

 

Dicha interpretación nos puede llevar a la adopción de una interpretación perjudicial que puede atentar y transgredir el principio de contradicción, de igualdad entre las partes, el debido proceso y el fair play. Y lo anterior es así, pues si comparamos los supuestos establecidos en dichos preceptos legales y las hipótesis que se actualizan con base en la práctica, nos habremos de percatar que puede ocurrir (como me sucedió en un proceso en la Ciudad de México) que el Ministerio Público realice la investigación inicial, y se les impida el acceso a los registros de investigación al indiciado.

 

En mi experiencia, y al actualizarse dicho supuesto, le di cuenta al Juez de Control en el inicio de la audiencia inicial y éste requirió al Ministerio Público para que diera cuenta de ello, al tener la palabra la palabra la Representación Social manifestó que efectivamente no les había dado acceso a los registros de investigación al indiciado y que él le había dado la copia de la Carpeta de Investigación al Defensor de Oficio previo al inicio de la audiencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias en Sede Judicial?, pues el Juez de Control no entendió el debate y sólo otorgó una hora para imponernos de la Carpeta de Investigación y se le dio trámite a la misma. ¿Cuáles son las consecuencias procesales? Las consecuencias procesales son graves, pues se facilitan las peticiones que realice en Sede Judicial el Ministerio Público, quien conoce la Carpeta de Investigación y si se trata de un delito grave ni siquiera se da el debate pues el Juez de Control le puede incluso sugerir se imponga la prisión preventiva oficiosa (se facilita el encarcelamiento cautelar de los justiciables y dará como consecuencia el incremento desmedido de la población penitenciaria). Dicha violación se hizo valer en amparo indirecto, pero… los Órganos Federales consideraron que no existía ninguna violación al respecto a Derecho Fundamental o Humano (inicial, cautelares y vinculación). 

 

Explicarle lo anterior a un justiciable es harto complejo pues se le debe dejar claro que con base en el Derecho Penal del Enemigo (régimen de excepción), los Tribunales Mexicanos lo pueden tratar como un objeto (como a un animal) y no como un sujeto de Derechos (implica respetar la dignidad humana). 

 

Otro punto que debemos considerar los abogados postulantes, es que el simple inicio de la carpeta de investigación no entraña ningún acto de molestia para los gobernados; el problema se actualiza cuando un justiciable adquiere la calidad de indiciado, y por tanto, es necesario que se respete lo establecido en el artículo 1, 14, 16, y 17, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en conjunto con lo establecido en el precepto 218 y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pugnando por una interpretación más favorable para el justiciable permitiría identificar el Derecho Fundamental de tener acceso a los registros de investigación en la investigación inicial desde el momento en que se actualiza una imputación informal en la investigación inicial en contra de su persona.

 

No paso por alto, que la interpretación que realiza el suscrito puede resultar desatinada para aquellos que se encuentran envenenados por la lógica inquisitiva mixta que impero en el siglo pasado, con todo es necesario que se vayan asimilando las pautas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho a la Defensa que se tiene desde que se inicia una investigación en un proceso penal. Es decir, el Derecho a la Defensa parte desde el momento en que una persona es señalada como posible autor o partícipe de un hecho punible en la investigación inicial por lo que es necesario tutelar adecuadamente el Derecho Humano establecido en el artículo 8.2.b., en aras de evitar que se transgreda su esfera jurídica a través de actos de investigación que ignora y respecto de los que no se puede oponer jurídicamente.

Ignorar todo lo expuesto, nos llevaría a los extremos de considerar que los justiciables sólo pueden ejercitar su Defensa a partir de que:

  • Los indiciados son formalmente imputados de un hecho probablemente delictivo;
  • Los indiciados son privados de su libertad; y
  • A partir de que el indiciado advierta un acto de molestia.

Consideramos que, se deben considerar los parámetros convencionales que permitan el oportuno ejercicio del Derecho de Defensa (Véase el caso Barreto Leiva Venezuela).  Me resulta claro que, desde el momento en que existe un señalamiento en contra de un gobernado éste adquiere la calidad de indiciado al actualizarse una imputación informal en su contra (adquiriendo la calidad de parte) y a partir de la cual se realiza una investigación a cargo del Ministerio Público en un proceso penal. Corresponde entonces a los abogados postulantes identificar en que momento de la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público en la investigación inicial le causa una afectación a la esfera jurídica del justiciable pues el objetivo no es suspender o paralizar la investigación inicial del proceso penal; el objetivo es estar en condiciones de igualdad al momento de debatir, anular o contrarrestar los argumentos que llegue a plantear el Ministerio Público en la audiencia inicial o en la formulación de la imputación ante el Juez de control. Por último, los invito a criticar la siguiente tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro:

 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley.

[1] Cfr. Artículo 16, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 255, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[2] Cfr. Artículo 211, fracción I e inciso a, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[3] Cfr. Artículo 6, 10, 11, 12, 13, 16, 129, 218, 262, 266 y 315 (principalmente), ídem.

[4] Artículo 1, 14, 16, y 17, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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