La policía: ¿el eslabón más débil del sistema de justicia penal acusatorio?

 “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”

Confucio

Previo y posterior a la concreción de la reforma de 18 de junio de 2008, al Sistema de Justicia Penal, se plantearon advertencias desde todos los ámbitos mismas que resultaban coincidentes en señalar las graves limitaciones con las que contaban los cuerpos policíacos para enfrentar los retos que supone actualmente la seguridad publica en este nuevo siglo (nacional e internacional) y la urgencia por modificar la legislación en dicho rubro para lograr que la seguridad, así como el orden interno siguieran siendo competencia exclusiva de las fuerzas policiales civiles. Lo anterior, necesariamente actualizaba el replantear su organización y capacitación en el corto, mediano y largo plazo en los tres niveles de gobierno.

En dicho contexto, también resultaba determinante el identificar las áreas de oportunidad desde un punto de vista multisectorial y multifactorial, lo que en conjunto actualizaba la necesidad de materializar políticas públicas que nos hubiesen permitido materializar la reorganización nuestras policías y lograr la seguridad que la sociedad legítimamente exige. Al final, la realidad es contundente, y debemos reconocer que la criminalidad transnacional avanzó mucho más rápido que las propias instituciones del Estado, y en consecuencia, las decisiones hasta ahora tomadas han resultado absolutamente insuficientes.

Aunado a lo anterior, habría que considerar que las condiciones laborales que rige a nuestras policías son propias del siglo pasado (vergonzosos salarios y prestaciones), lo que da la pauta a fomentar las prácticas corruptas que tanto afectan a la ciudadanía y que potencializan las actividades de la delincuencia a niveles y formas nunca vistas.

Todo lo anterior, nos impone la abligación de asimilar la política criminal como política pública a partir de los postulados contenidos en el artículo 1, 21, 73, fracción XXIII y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera distinta y transversal, con la finalidad de que con una renovada perspectiva logremos en el país estandarizar la función policial y consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo que acabo de mencionar, no deviene en una pretensión irrealizable o una exigencia imposible o mero romanticismo que pueda omitir el Estado Mexicano; éste, primeramente debe reconocer la decisión estúpida de optar por una lucha abierta contra el crimen organizado (al igual que la propuesta de otorgarles amnistía), sin una visión definida y orientada a fortalecer a nuestras policías lo que actualmente nos tiene al borde de iniciar un proceso de militarización del país, y con ello, las fuerzas militares estarían habilitadas para cumplir tareas de control social.  

Debemos oponernos enérgicamente a la pretensión de militarizar las Instituciones Públicas, pues ello, entraña un grave retroceso para nuestra incipiente democracia, y de concretarse, dicho régimen jurídico devendría en un límite que impediría la materialización de los Derechos Humanos en nuestro querido México. Tengamos muy presente que la propuesta de Ley de Seguridad Interior es… muy limitada y excesivamente peligrosa. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad son sus características principales.

Tampoco perdamos de vista que, de aprobarse se actualiza un riesgo real y latente de un posible golpe de Estado por los Militares; quienes sutil y discretamente se esfuerzan por ampliar significativamente sus facultades y atribuciones vía la militarización de la seguridad pública.

Por último, les comento que mis planteamientos surgen a partir de mi compromiso con los principios y valores propios de nuestra democracia, así como el compromiso permanente con los Derechos Humanos. No debemos permitir, que México se sume a la tendencia de otros países que han optado por delegar tareas de orden y seguridad a las fuerzas militares, también es necesario oponernos de forma enérgica al régimen de excepción (Derecho Penal del Enemigo) y el uso excesivo de la fuerza con el pretexto de anteponer la seguridad y abatir con ello los índices de criminalidad. El fracaso es evidente, y las consecuencias, simplemente… pueden ser fatales si permitimos que nuestras policías sigan siendo el eslabón más débil de nuestro sistema de justicia

Véase:

A.PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

B.PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

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