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El “Derecho de entrevistar a un testigo” en el caótico Nuevo Sistema de Justicia Penal

A partir de asimilar la garantía de Defensa mínima a favor del justiciable, uno puede identificar la obligación que tiene tanto el Ministerió Público así como el Juez de Control de respetar el Derecho Fundamental de defensa adecuada, y que comprende, la facultad y atribución por parte de la Defensa de entrevistar a personas en sede Ministerial, su Despacho e incluso ante la negativa se estableció la posibilidad de solicitar el auxilio Judicial con motivo de la preparación de una audiencia, sin perder de vista aquellos casos en que la víctima o los testigos estén sujetas a medidas de protección. Para el logro de lo anterior. Es indispensable, considerar lo establecido en el artículo 126 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que a continuación se transcriben:
Artículo 126. Entrevista con otras personas
Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el Defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El Órgano jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que aquélla establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de protección.
Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia
La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.
Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código.
Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación.
El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención.
Es necesario comprender que la investigación inicial y complementaria del procedimiento penal acusatorio y oral, tiene como objetivo el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se repare. En dicho contexto, la teoría del caso es determinante pues nos permite identificar a las partes que actos de investigación o medios de prueba se requieren en cada audiencia.
Como abogado defensor es claro que tengo siempre en mente la obligación de comenzar a elaborar la teoría del caso, considerando en todo momento que “no se tiene la carga de la prueba”, y que impera el “principio de presunción de inocencia“, hasta que se emita una sentencia firme.
Así las cosas, resulta posible deducir que el abogado personalmente o mediante un investigador privado puede entrevistar a las personas vinculadas (directa o indirectamente) con el hecho probablemente delicitivo desde la investigación inicial, pues es un Derecho Humano contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1.1., 8.2. b y 8.2.e de la Convención americana de Derechos Humanos, de donde se establece que el Derecho a la defensa debe ser efectivo y no meramente formal.
En consecuencia, la recabación de las entrevista permite materializar una defensa efectiva y adecuada por parte del abogado defensor desde la investigación inicial, e incluso, hasta la audiencia de juicio oral; pues con dicho acto de investigación, le resulta posible agotar otras lineas de investigación o alternativas de litigación oral que resulten relevantes conforme a su teoría del caso. Omitir la realización de dichos actos de investigación (entrevistas) implica limitar gravemente el Derecho a una Defensa efectiva y adecuada, en aras de anteponer las formalidades procesales respecto de la entrevista, e incluso, puede derivar en la actualización de los siguientes criterios jurisprudenciales en juicio oral:
TESTIGOS DE CARGO. CUANDO PROPORCIONAN DATOS FALSOS DE SU IDENTIDAD O LOCALIZACIÓN, SU DICHO SE REDUCE A UN INDICIO VEROSÍMIL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 289 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, para la valoración de la prueba testimonial se debe atender a la probidad de un testigo, pues sin ésta no puede producir convicción alguna el testimonio que se rinda. Por tanto, si de las constancias se advierte que los testigos proporcionaron datos de identidad o localización falsos, dado que los domicilios que indicaron son inexistentes o corresponden a terceras personas, lo que impidió localizarlos no obstante las diligencias que con ese fin practicó el Juez de la causa y, los diversos informes que al efecto solicitó a las autoridades competentes, debe concluirse que no se condujeron con probidad, y por ende, sus dichos no pueden producir convicción, en virtud de que no son garantía de veracidad que los hagan insospechables de falsear los hechos sobre los que declararon, por lo que ese medio de prueba se reduce a un simple indicio verosímil, es decir, con mínima probabilidad de certeza, insuficiente para sostener una sentencia condenatoria cuando no se encuentra corroborado con otro medio de prueba.
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LAS IMPUTACIONES DE CARGO PREVALECEN SOBRE LAS DE DESCARGO -CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE LAS EMITAN Y DE QUE CONTRADIGAN LA IMPUTACIÓN HACIA EL INCULPADO-, SI ÉSTAS NO JUSTIFICAN LA POSIBLE ANIMADVERSIÓN O MOTIVO POR EL CUAL LOS TESTIGOS DE CARGO HABRÍAN DE SEÑALAR A UNA PERSONA DISTINTA DEL VERDADERO CULPABLE O AUTOR DEL HECHO IMPUTADO, SOBRE TODO SI LA VERSIÓN DE LAS VÍCTIMAS SE CORROBORA CON EL RESTO DE LAS PRUEBAS. La cantidad de testigos, por sí, no determina la mayor veracidad de sus testimonios, en función del elevado número de personas que declaren, pues el hecho de que se presenten a declarar varios testigos que afirman un hecho de forma idéntica no implica, necesariamente, que los eventos hayan acontecido de la manera en que lo refieren, sobre todo cuando confrontando esas versiones con las imputaciones de cargo y otros indicios, no logran desvirtuar a estas últimas, pues es válido comprender que la aparición posterior de una versión contraria a la de los declarantes de cargo (que incluso fueron víctimas), lleva implícita también la afirmación de los deponentes, en el sentido de que las víctimas que imputan el hecho mienten o no dicen la verdad y, ello, a su vez, implicaría admitir la pretensión dañada de perjudicar deliberadamente al inculpado; por tanto, quien pretende controvertir en esas condiciones a las imputaciones de cargo, deberá no sólo limitarse a sostener una versión opuesta (con las citadas derivaciones implícitas), sino justificar, además, la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado; no obstante, si sólo se allegan testimonios de descargo (independientemente de su número) que se limitan a contradecir la imputación, pero sin aportar, además, dato alguno del porqué los imputadores pudieran mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al enjuiciado, es claro que de la ponderación y confronta de ambos tipos de narrativa, deben prevalecer aquellos que provienen de las víctimas, sobre todo cuando la versión de éstas se corrobora con el resto de las pruebas, tales como periciales, documentales, huellas materiales, vestigios o, en general, todo aquello que siendo legalmente incorporado a los autos converja en prueba indiciaria o circunstancial que así lo establezca.
Lo anterior es relevante, pues el nuevo sistema de justicia implica permite, por un lado, que las partes se encuentren en contacto directo con el juez y los testigos; por el otro, el derecho a realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio debidamente preparado, lo que deviene en la herramienta eficaz para desenmascarar al testigo mentiroso.
Es por lo anterior que resulta importante, que el abogado Defensor entreviste a los testigos que resulten pertinentes en aras de identificar nuevas líneas de investigación, conocer lo que saben, identificar posibles contradicciones, identificar debilidades en sus testimonios, analizar la verosimilitud de sus versiones, etcetera, con la finalidad de establecer las fortalezas o debilidades en nuestra teoría del caso. Y no como actualmente ocurre, que se impide que se entrevisten testigos y se incorporen por lectura las entrevistas del Ministerio Público en aras de facilitar el encarcelamiento de los justiciables.
Luego entonces, si a los Defensores se nos impide material y mediante criterios Institucionales del Poder Judicial, entrevistar a las personas vinculadas de forma directa o indirecta con el hecho probablemente delictivo; lo que en el fondo se pretende, es debilitar el Derecho de Defensa (confrontar) y con ello facilitarle el trabajo al Ministerio Público para que a éste le resulte posible incorporar por lectura las entrevistas por él recabadas y con base en los criterios jurisprudenciales previamente referidos, justificar la sentencia de mérito que potencializa el encarcelamiento de los justiciables a partir de materializar los efectos negativos de la prueba de referencia ante laausencia de un código o reglas probatorio en nuestro sistema jurídico.
No debe perderse de vista el extenso debate respecto del uso y admisión de las declaraciones previas en el juicio oral que ha surgido en el common law; que va desde la regla que aceptaba el uso de las declaraciones previas con la finalidad de impugnar la credibilidad de un testigo, hasta el uso inadmisible de de declaraciones previas de un testigo al actualizarse la prueba de referencia. El debate ha sido largo, y se ha llegado al extremo de que el declarante-testigo debe estar sujeto al contrainterrogatorio no solo con relación a la declaración previa sino también con su contenido.
Con la finalidad de entender el debate, les habré de compartir el siguiente fallo, emitido en ese sentido:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el xx de xxxxx de dos mil diecisiete, la defensa solicitó el auxilio para que señalará día y hora para que los CC. xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx y xxxxxxx, en su carácter de testigos, fueran entrevistados por el investigador privado de los imputados.
SEGUNDO. Este órgano jurisdiccional, previó a acordar la petición del defensor, mediante proveído de xx de xxxxxxxxxx del año en curso, estimó oportuno requerirle al ministerio público para que informara si conforme a lo establecido en el artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los testigos requeridos para ser entrevistados se encontraban sujetos a protocolos especiales de protección.
En acatamiento a lo anterior, el fiscal hizo las manifestaciones que estimó conducentes y respecto a la solicitud de entrevista de los testigos, refirió que la defensa particular no había solicitado que se recabará su entrevista como acto de investigación, además de que era complicado que los testigos tuvieran el interés de cooperar y rendir alguna entrevista que les beneficiara o robusteciera su teoría del caso, máxime que para ello se encuentran las figuras del examen directo en la etapa del juicio, el contra interrogatorio y el interrogatorio cruzado.
TERCERO. Una vez desahogado el requerimiento formulado al fiscal, la administración de este Centro de Justicia, mediante proveído emitido el xxxxx siguiente, en la parte que interesa, estimó que lo procedente era negar la solicitud de la defensa relativa a entrevistar a los testigos y que fueran citados para ser entrevistados por el investigador privado de los
imputados.
Lo anterior, al considerarse que conforme a la técnica de litigación, sería en la audiencia correspondiente donde los aludidos testigos podrán declarar y en su caso ser interrogados personalmente.
CUARTO. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito remitido vía electrónica el xxxxxxxx de los presentes, la defensa del imputado, interpuso el presente recurso de revocación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Oportunidad del medio de impugnación. El recurso de revocación fue interpuesto en tiempo, porque el escrito se presentó dentro del plazo de dos días que tenía para hacerlo; toda vez que, la determinación impugnada se notificó el xxxxxxx de xxxxxxx de dos mil diecisiete y la promoción se recibió el xxxxxxxxxx siguiente.
SEGUNDO. Síntesis de los agravios.
El defensor de los imputados, en sus motivos de inconformidad refiere que el auto
combatido es ilegal, por las razones siguientes:
1. Vulnera lo dispuesto en la fracción VI, apartado B del artículo 20 Constitucional, porque las imputadas tienen derecho a recabar entrevistas como actos de investigación para su defensa;
2. Atenta contra el principio de igualdad de armas, pues la defensa de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en aptitud de entrevistar como acto de investigación a los testigos xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx y xxxxxxxxxxx, para así favorecer su teoría del caso en términos de los numerales 129 y 216 del mismo ordenamiento legal.
3. Viola el principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, toda vez que a la defensa le sería imposible preparar un contrainterrogatorio como técnica de litigación, si no recaba previamente las entrevistas de los testigos y obtener así mayor información sobre los hechos probablemente delictivos; y,
4. Con la entrevista de los policías se pretende encontrar mayores líneas de investigación que permitan llegar al esclarecimiento de los hechos.
TERCERO. Decisión.
Los agravios esgrimidos por la defensa de las imputadas son infundados.
Previo a señalar el motivo por el cual se arriba a dicha conclusión, es dable señalar que el juicio oral puede concebirse como la sede en la que los litigantes presentan su teoría del caso, su versión estratégica e intencionada de los hechos, de modo de persuadir al tribunal oral su posición, contando para ello con evidencias que sean capaces de apoyar cada una de sus propuestas fácticas y en definitiva su relato de lo ocurrido.
Ahora bien, una de las pruebas centrales del sistema lo constituyen precisamente los testigos propios, esto es, los que apoyan alguna parte de la teoría del caso o versión estratégica que la parte desarrollará durante el juicio correspondiente. Son precisamente estos testigos la base sobre la que se construirá y desarrollará en el juicio oral, la teoría del caso de cada parte, por lo que toda la etapa de investigación y preparación del juicio tendrá entre otros aspectos la misión de definir aquellos testigos que realmente constituyen un soporte para la señalada teoría.
De ahí, la importancia que posee para los objetivos del juicio, la técnica de examinación directa, pues a través de ella es que puede extraerse del testigo y entregarse a los jueces, la información que permitiría acreditar las versiones de cada parte.
Ahora bien, los artículos 371 y 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen las disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio, que en lo que interesa señalan lo siguiente:
a) Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente y su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones, o de otros documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas realizadas por las partes;
b) Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después de contrainterrogar al testigo, perito o al acusado;
c) Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima, en su caso.
El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia;
d) Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código;
e) A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; y,
f) Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas.
De lo anterior, es dable concluir que los testigos deberán ser interrogados personalmente y su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas realizadas por las partes.
Que los testigos, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el juez podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por el deponente y autorizar el contrainterrogatorio.
Ahora bien, en el caso, tal como se señaló anteriormente, la defensa solicitó el auxilio judicial de este Centro para que señalara día y hora para que los testigos XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX y otros testigos, fueran entrevistados por el investigador privado de los imputados.
Petición que este órgano jurisdicción no estimó necesaria, toda vez que conforme a la técnica de litigación, será en la audiencia correspondiente donde podrían declarar y en su caso ser interrogados personalmente los aludidos testigos, que son los elementos de seguridad que aprendieron a las imputadas.
Decisión que no vulnera lo dispuesto en la fracción VI, apartado B del artículo 20 Constitucional, como lo propone el recurrente, toda vez que los testigos podrán ser interrogados por la defensa en el proceso y la defensa podrá cuestionar en dicha etapa procesal, la veracidad de sus manifestaciones plasmadas en el informe policial homologado.
En efecto, el derecho a interrogar testigos en el proceso existe por una razón muy clara, permite al imputado cuestionar la veracidad de la acusación que pesa en su contra frente al juzgador; protección que es elemental para la justicia de un proceso penal, instruido con el propósito de encontrar la verdad.
Así, el acto de interrogar es la manera más simple de emprender la defensa propia. Por tanto, el hecho de que no se cite a los referidos testigos para que el investigador privado realice la entrevista que pretende la defensa alguna en modo alguno implica que no serán interrogados en el proceso y tampoco se podría cuestionar la veracidad de las manifestaciones sostenidas en su informe policial homologado frente al juzgador y emprender su defensa propia, con el propósito de encontrar la verdad.
Además, como bien lo refirió el fiscal, es complicado que los testigos tengan el interés de cooperar con ellas y rendir alguna entrevista que les beneficie o robustezca su teoría del caso, por lo que no le asiste razón al recurrente al señalar que se atenta contra el principio de igualdad de armas.
Finalmente, la determinación de este órgano jurisdiccional no vulnera el principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, toda vez que se reitera la defensa podrá cuestionar a los elementos de seguridad en audiencia; tanto por las manifestaciones vertidas en el informe policial homologado, como por el juzgador, si lo estima necesario, podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga e incluso a solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un nuevo interrogatorio y después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar a los testigos en relación a lo manifestado. Consecuentemente, debe declararse infundado el recurso de revocación.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 465 y 466, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos
Penales, se
RESUELVE:
Único. Se declara infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensa de los imputados XXXXXXXXXXXXXXx y XXXXXXXXXXXXX.