Una breve reflexión en torno al tópico de acceso a la justicia desde la perspectiva procesal penal

Les comento que hace unos meses, fui invitado a compartir algunas ideas en torno al acceso a la justicia en el Estado de Tamaulipas; en dicho evento, resultó posible que las reflexiones y experiencias compartidas, fueran nutridas por las dudas y cuestionamientos de los participantes. Lo cual, posteriormente me llevo a retomar los planteamientos del Profesor de Filosofía  Isaiah Berlin respecto del fracaso de las utopías y la nueva realidad postutópica, que a mi parecer va orientada también hacia al fracaso.

El abordar el tópico del acceso a la justicia, nos obliga a considerar lo aseverado por Cappelletti y Garth, en el sentido de que el tema a estudio no se define con facilidad, pero nos sirve para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los auspicios generales del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual y socialmente justos.  

Luego entonces, bajo dichos parámetros podríamos asumir el análisis del acceso a la justicia, considerando para ello la materialización de los Derechos Fundamentales de naturaleza procesal orientados por las directrices que impone el acceso a la justicia y las limitaciones que surgen a partir del derecho penal nazi instaurado en nuestra Constitución.

En dicho contexto, podríamos aseverar que el proceso penal deviene en la garantía que modula y limita el ejercicio del ius puniendi y que obliga a respetar la presunción de inocencia. Pero, no debemos olvidar, que para el Estado el proceso penal es un instrumento que le permite cumplir con sus funciones a través de las instituciones comprendidas en el sistema de justicia penal.

Ahora bien, es dable considerar que los derechos fundamentales de naturaleza procesal se definen conforme a los parámetros contenidos e instaurados por los movimientos internacionales de los Derechos Humanos que invita a repensar e interpretar el objeto del proceso penal, sus fines y límites que dan como consecuencia el modelo procesal penal garantista a partir de nuestra Constitución, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrito en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, instrumento internacional que dio la pauta al sistema interamericano de derechos humanos y libertades fundamentales, que sin lugar a dudas impacta de manera positiva en el sistema de justicia penal.

Es necesario, comenzar a reflexionar si los textos Internacionales de Derechos Humanos han impactado de manera positiva o negativa, en los países del continente Americano pues por un lado se plantea el denominado imperalismo de los Derechos Humanos, y por el otro, el constitucionalismo de los Derechos Humanos íntimamente vinculado con el derecho penal del enemigo. Esto último, debemos entenderlo como una nueva modalidad para ejercer el poder político y la base del desequilibrio que permite potencializar el ius puniendi en aras de preservar la “seguridad”.

Lo anterior incide en el diseño de las políticas públicas, y en la forma en como se plantean los mecanismos institucionales que permiten la resolución de los  conflictos y la organización de los juzgados (lo que luego, se llamaría gestión judicial), entre otros temas. Esta problemática fue advertida por Cappelletti y Garth, quienes sobre esa base identificaron aspectosproblemáticos substanciales que incidían de manera determinante en el acceso a la justicia.

En este punto, se había percibido un vacío; es decir, un aspecto de la realidad que no coincidía con la lógica y coherencia de los cuerpos  normativos. Ya que estos planteaban que todos eran iguales ante la ley,  pero en la práctica, no todos lograban acceder a esa igualdad.  Así, tal como viene ocurriendo actualmente, al comenzar a crecer la demanda efectiva a la administración de justicia y, más concretamente, a los  tribunales en el ámbito penal. 

Con todo, es obligatorio advertir del fracaso que se avecina; materializado este por el uso indiscriminado de la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, no solo por el impacto y costo económico; pues también da la pauta a no lograr obtener los resultados esperados (principalmente la expectativas de respeto a la dignidad humana y a la presunción de inocencia). De esta manera, podríamos retomar los planteamientos que Cappelletti y Garth adecuadamente calificaron, y con base en éstos reaccionar ante el excesivo formalismo y su íntima vinculación a los parámetros propios del derecho penal de la Alemania Nazi.

Para entender lo expuesto en líneas anteriores, es que los invito a que analicen tres momentos inherentes al movimiento internacional de acceso a la justicia:

a.- Primer movimiento de acceso a la justicia: surgido en los años 50 y 60, este movimiento se apoyó en la idea de acercar la justicia formal, es decir,  la producida en los tribunales y las cortes, a todos los sectores  sociales, ya que se planteaba la discriminación clasista y racial  detrás de las limitaciones de la posibilidad del reclamo de los  derechos constitucionales.

b.- Segundo movimiento de acceso a la justicia: se enfocó en la protección de los intereses difusos, cubriendo un aspecto desplazado por la primera. 

c.- Tercer movimiento de acceso a la justicia: se enfocó en cuestionar la utilización unilateral de la justicia formal, es decir, de los aparatos creados para la administración del derecho formal.

Desde  esta perspectiva emergieron como propuestas los métodos  alternativos de solución de conflictos como vías alternas para dirimir las controversias (redefinir el conflicto), y cuyo objetivo es acercar a las partes  para la composición del conflicto y no el cumplimiento formalista de las leyes (en nuestro país pensamos en los delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa que se impone atendiendo el tipo penal) y para dar respuesta a la excesiva  carga de trabajo de los Tribunales, como instrumentos de descongestión de los aparatos estatales (lo cual no cambiará al prevalecer los parámetros inquisitivos y neonazis respecto de la imposición de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada).

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