A 10 años de la reforma al NSJP

El 18 de junio de 2008 se concretó una reforma constitucional que sentó las bases en el ámbito constitucional con miras a instaurar un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la sociedad civil organizada adquiere un lugar relevante. Sin duda, las reformas al juicio de amparo y en el rubro de Derechos Humanos (6 y 10 de junio de 2011) complementan a la reforma penal, y en conjunto, entrañan e imponen un cambio cultural a todos los operadores del sistema jurídico.

Para lograr dicho cambio cultural, desde la vacatio legisse consideró importante establecer programas orientados a la permanente capacitación de los peritos, policías, agentes del Ministerio Público, Abogados Defensores y Jueces. Los resultados son evidentes, tenemos avances y retrocesos. Y lo anterior es así, pues comenzamos a transitar de un proceso penal inquisitivo mixto que históricamente fue matizado por la lógica acusatoria y oral (Código Termidoriano de 1795 y Código Napoleónico de 1808); y transitamos a una modalidad procesal acusatoria y oral preponderantemente matizada por las instituciones inquisitivas (decantándonos por la modalidad formal del proceso penal acusatorio).

En dicho contexto, podríamos asumir que evaluar los retrocesos y avances en la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal es un ejercicio que resulta posible y viable; la realidad es mucho más compleja y desalentadora, pues las instituciones del sistema de justicia penal se mantiene una cultura de restricción de información, particularmente en virtud de que la justicia penal y su relación con la seguridad ciudadana hacen que estos temas sean social y políticamente muy sensibles. Se mantienen criterios de reserva para entregar información. Los encargados de la información estadística deben solicitar anuencia a los altos funcionarios para atender solicitudes de información y ésta suele tardar en fluir hacia los solicitantes[1].

Luego entonces, en esta primera década ha resultado casi imposible evaluar adecuadamente la trascendental reforma procesal penal; pues, no es posible criticar objetivamente los resultados, aciertos, avances y retrocesos en general por las restricciones que hasta ahora imperan en el rubro de acceso a la información.

Lo anterior, por supuesto que impacta de manera negativa en la percepción social ya que a la sociedad se le oculta la información que le permita obtener una perspectiva respecto de la evolución del proceso acusatorio y oral matizado de la lógica inquisitiva (acusatorio formal), así como de la aplicación por parte de los operadores de dicho sistema; No obstante lo anterior, es necesario considerar las prácticas positivas interinstitucionales y que comprenden la continua capacitación, mediante la cual nos proporcionan los elementos que nos permiten obtener una retroalimentación en aras de identificar las malas y buenas prácticas en los juicios por audiencias en los que la sociedad exige un cambio cultural respecto de las formas de materializar el derecho a la verdad, el principio de oportunidad y al principio de legalidad.

En lo personal, considero que la reforma al sistema de justicia penal es una decisión histórica y positiva para nuestro país, respecto de la cual debemos seguir sumando esfuerzos en aras de lograr su consolidación pues no basta dar cumplimiento con establecer la legislación secundaria correspondiente; es necesario e indispensable, que la sociedad cuente con la información con base en la cual resulte posible identificar y evaluar lo realizado por la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias a fin de materializar el sistema procesal penal acusatorio y oral.

Entre los logros que resulta posible identificar es la expedición (principalmente) de:

a.- El Código Nacional de Procedimientos Penales;

b.- La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales;

c.- La Ley Nacional de Ejecución Penal;

d.- La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes;

e.- El Código Militar de Procedimientos Penales;

f.- La Nueva Ley de Amparo; y

g.- Los protocolos nacionales de: Primer Respondiente, Traslados, Seguridad en Salas, Policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención y la Guía Nacional de Cadena de Custodia.

Además, se reformaron (principalmente):

a.- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

b.- El Código Nacional de Procedimientos Penales;

c.- El Código Penal Federal;

d.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

e.- La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal;

f.- La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro;

g.- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

h.- La Ley Federal de Defensoría Pública;

i.- El Código Fiscal de la Federación; y

j.- La Ley de Instituciones de Crédito.

Con base en todo lo anterior, es posible aseverar que las expectativas de justicia que la sociedad anhela y en la que deposite su confianza, aparentemente no se verán materializadas por el nuevo sistema de justicia penal; y asumo como aparente porque es indispensable socializar la información que surge en este rubro de forma sencilla y objetiva (en aras de revertir el populismo penal y la gestión punitiva de la pobreza).

Muchos al advertir dichas deficiencias y limitaciones en el ámbito de la socialización del sistema de justicia penal en general , incluso se atreverían a plantear el fracaso del proceso penal acusatorio y oral en lo particular (expectativas de transformación en la averiguación de los hechos); un planteamiento simplista e inocente (el anhelo por lo inquisitivo), pues olvidan que la profesionalización y la capacitación de los operadores en el nuevo modelo de justicia es uno de los retos que los operadores (jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, mediadores y conciliadores, asesores de víctimas, peritos, policías y personal del sistema penitenciario y abogados Defensores) asumimos en conjunto y de forma permanente para cumplir con las expectativas que nos impone la sociedad.

Por último, y a 10 años de dicha reforma -solo dos años de vigencia plena-, es dable recordar lo aseverado por el profesor Mirjan R. Damaska, en el sentido de que mientras la ciencia continúe cambiando a la sociedad, a ésta le esperan grandes transformaciones en todos los sistemas jurisdiccionales. Y, estas transformaciones pueden llegar a ser tan trascendentales como las ocurridas en la edad media, cuando las formas mágicas de prueba desaparecieron debido a los prototipos de nuevas técnicas probatorias (La voz de Dios fue reemplazada por la voz del pueblo)… Por supuesto, es imprevisible saber qué formas tendrá la nueva construcción (¿razonamiento probatorio?), mientras nosotros estemos vagando entre dos mundos (modalidades procesales), uno muerto (lo inquisitivo mixto) y el otro incapaz de nacer (lo acusatorio y oral).

[1]Zepeda Lecuona, Guillermo (octubre 2012), Seguimiento del proceso de implementación de la Reforma Penal en México. Informe general, México, Offset Rebosán, octubre de 2012, p. 17 y ss.

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