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¿Potencializar o limitar el derecho penal nazi?

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Cisterna de sol

El rincón de la bibliografía: Amélie Nothomb

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Ideas sobre derecho penal en México

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Al reflexionar en torno al derecho penal, uno advierte que los teóricos no se asumen el análisis de los delitos de prisión preventiva oficiosa (ppo en adelante) y las defensas que asumen los abogados de los justiciables en el contexto del derecho penal nazi o derecho penal del enemigo instaurado a nivel Federal por el Poder Reformador de la Constitución en nuestra Carta Magna (derrotero que no cambiará con el actual presidente electo AMLO).

El catálogo de dichos delitos que se encuentran en el artículo 19 de nuestra Constitución (Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud), implica anteponer la sanción penal antes que el proceso mismo; y con ello, es posible suprimir y excluir. a dichos justiciables de la sociedad (prevención especial dirían los expertos); decisiones políticas fundamentales que vulneran la presunción de inocencia y que devienen en determinantes para establecer la condena y que ésta sea un elemento del delito que limita el actuar de cualquier defensa, así mismo disminuyeron los estándares probatorios de quién pesa la carga de la prueba (a nivel federal los estándares probatorios son otros). Por lo que el Ministerio Público detiene a los justiciables para investigar y recabar elementos probatorios que a su vez le permitan justificar la intervención del justiciable en grado de probabilidad en el hecho delictivo (vinculación a proceso) m, pero una vez que cumple con dichos parámetros, la carga de la prueba se invierte sobre el justiciable con pruebas que resulten suficientes, para que las pruebas de cargo sean refutadas, y los argumentos de la Defensa resulten pertinentes para plantear una duda razonable o la inculpabilidad (juicio oral).

Si entendemos al proceso penal como un procedimiento, mediante el cual un individuo es llamado a responder por la comisión probable de un hecho delictivo y del que existen elementos probatorios para justificarlo, queda claro el estándar de la carga de la prueba que le corresponde el Ministerio Público y a la defensa si atendemos los parámetros propios del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Actualmente, en tratándose de la legislación secundaria los esfuerzos se advierten orientados en potencializar el régimen de excepción y limitar el derecho humano a la libertad con la finalidad de establecer mayores hipótesis que permitan y posibiliten la procedencia de la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada.

Incluso, en un Estado Social y Democrático de Derecho partimos y asumimos que el principio de presunción de inocencia, le impone al Ministerio Público aprobar la culpabilidad del justiciable más allá de toda duda razonable, y en consecuencia, no podría exigírsele a un individuo probar su propia inocencia para evitar ser condenado.

En dicho contexto, deberíamos reflexionar respecto de las razones subjetivas con base en las cuales partimos para criminalizar hechos que les corresponde la prisión preventiva oficiosa (el catálogo del artículo 19 de nuestra Carta Magna); y asumir, que no dependen de la mera contingencia de si con la criminalización y la ppo se previenen eficientemente o no. Refutar dichas “razones” que se encuentran inherentes en las decisiones políticas fundamentales, se vincula con la importancia de que nuestra sociedad es consiente y comprende los valores y principios que la definen (lo que no acontece).

Con todo, habríamos de preguntarnos:

¿Qué lineamientos democráticos debemos establecer en aras de refutar la cuestión de la criminalización y la definición de hechos delictivos que merecen prisión preventiva oficiosa con base en parámetros del derecho penal nazi?

Mucho les falta a nuestros teóricos para replantear y reformular, el ámbito de las sanciones y el derecho penal a partir de un conjunto de principios y valores que provean su estructura, así como su definición atendiendo a las auténticas formas democráticas y no fomentar el arte de encubrir las formas autoritarias con vestigios democráticos, así como ajenos al Sistema Internacional de los Derechos Humanos.

Véase el texto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2011

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

 

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