EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO: LA PERSPECTIVA SUI GENERIS DE UN ABOGADO POSTULANTE Y SU POSTURA EN TRATÁNDOSE DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”

Nelson Mandela

I.- Introducción. II.- El contexto de violencia extrema y particularidades que inciden en la Independencia Judicial en el México actual. III. Algunas consideraciones a favor de la independencia judicial de nuestros Jueces.

         I.- Introducción

1.- Desde el año 2008 nos encontramos en México implementando y asimilando una nueva modalidad procesal penal con profundos matices inquisitivos; y para darle tintes democráticos la denominamos constitucionalmente como acusatoria y oral.

2.- El modelo procesal “adversarial” surge a partir de una contienda o disputa que se desarrolla como el compromiso de dos adversarios ante un juez relativamente pasivo, cuyo deber primordial es dictar un veredicto. El modo no-adversarial está estructurado como investigación oficial. Bajo el primer sistema los dos adversarios se hacen cargo de la acción judicial; bajo el segundo, la mayor parte de las acciones son llevadas a cabo por los funcionarios encargados de administrar justicia. Conclusión, lo acusatorio no necesariamente corresponde a la lógica adversarial (adversarial system or adversary system).

3.- En torno al tema de la verdad en el proceso, habría que considerar los planteamientos de Alberto Binder, quien ya precisó lo siguiente: “Debe quedar claro, porque todavía existe mucha confusión en este tema, un juez del sistema adversarial no busca la verdad, sino que la exige a los acusadores. Y si estos no cumplen con tal (estricta, que se expresa con el principio de carga de la prueba), entonces no queda otro camino que la absolución, es decir, el rechazo de la acusación.”

4.- En el presente artículo pretendo que el lector identifique la pretensión del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por modificar radicalmente el sistema de justicia en general, y resulte fácilmente entendible por qué el legislador mexicano centró sus esfuerzos en instaurar un Derecho Penal de Excepción, de preservar la teoría del delito, ignorando emitir un Código Probatorio y/o reglas probatorias y la pretensión de preservar las facultades y atribuciones que les corresponde a los jueces inquisitivos en la búsqueda de la verdad (excluyendo la figura del jurado).

         II.- El contexto de violencia extrema y particularidades que inciden en la Independencia Judicial en el México actual.

5.- El contexto en el que se asimila e implementa la modalidad procesal acusatoria y oral matizada de la lógica inquisitiva, comprende altos índices de violencia extrema que en México se ha incrementado de forma permanente, desde que se militarizó la Seguridad Pública a causa de la denominada narcoguerra y el surgimiento de las Autodefensas.

 6.- La violencia extrema originada por la narcoguerra, por supuesto que ha impactado en la impartición y administración de justicia (un fenómeno que puede analizarse desde distintas perspectivas). Pero, los expertos siguen buscando sus orígenes en la pobreza, o bien, entendiendo a la violencia extrema que impera como un problema inherente a nuestra cultura, o bien, como consecuencia de omisiones por parte del Estado que fortalecen al narcotráfico y que actualizan una debilidad del Estado para resolver los conflictos sociales (principalmente un problema educativo).

7.- Nos debe quedar claro que la narcoviolencia extrema, debilita la justicia, y dicho debilitamiento da como consecuencia, la reproducción e incremento de dicha violencia extrema. Una paradoja que nos permitirá analizar las relaciones complejas entre la violencia y la justicia, así como su impacto en el ámbito político, económico, social e institucional. Por lo que, debemos analizar dicho fenómeno con otra perspectiva en aras de diseñar otro tipo de políticas públicas radicalmente distintas a las ya probadas y que ya han fracasado.

8.- También nos es entendible, del por qué la política criminal basada en el Derecho Penal del enemigo se encuentra en continua expansión por consecuencia de los niveles de la violencia extrema, y ello resulta peligroso, pues se entiende que el principal objetivo será desde el sistema de justicia el potencializar las sentencias de los justiciables que son procesados por delitos que implican prisión preventiva oficiosa.

9.- En la práctica cotidiana en los Juzgados en el ámbito penal, nos será posible advertir en un futuro, si se concreta la pretensión de vulnerar la independencia judicial vía la reducción de sus salarios, la relevancia que habrá de adquirir la teoría del caso del Ministerio Público y la actividad de los jueces sometidos; orientada ésta actividad, en desestimar la evidencia de la Defensa, transgrediendo con ello el principio de contradicción, igualdad y debido proceso al momento de la valoración (se entenderá esa pretensión orientada también en incrementar los efectos del Derecho Penal de Excepción a cualquier costo). Una realidad que en nada abonaría a nuestra democracia.

10.- Debemos recordar, por tanto, lo aseverado por Giulia Giuseppina Milione en su libro “Los poderes ex oficio del juez penal” en el que dicho autor comenta desde un punto de vista puramente histórico, que los orígenes del concepto de discrecionalidad deben ser investigados con referencia a la figura del público administrador; la necesidad de reglamentar y limitar el spatium agendi del poder público que nace en el paso del Estado absoluto al Estado de derecho y el poder discrecional de la Administración pública está configurado como comparación permitida, más bien impuesta, al órgano público. El concepto de discrecionalidad, en otras palabras, nace en el momento en que, fracasando, históricamente, el Estado absoluto, la ilimitación de sus poderes de acción padece una reglamentación legislativa que vincula el ejercicio del poder y lo finaliza al logro del interés público.

11.- Por añadidura, al igual de la evolución apenas observada acerca del derecho administrativo, también el derecho penal sustancial se ha ocupado del tema de la discrecionalidad judicial y, nótese, si los primeros estudiosos del fenómeno concebían la discrecionalidad como concepto amplio, cubriendo todo el campo en que se tiene un poder en la valoración de elementos del caso, la doctrina más reciente, ha constatado que el poder discrecional del juez ha conocido en los últimos cuarenta años una constante ampliación. Las razones se asientan en el paso a un sistema punitivo orientado a destacar la peligrosidad del justiciable, confiando a la pena una predominante finalidad subsumida en potencializar los efectos de la prevención especial negativa.

12.- Podríamos pensar que lo anterior es irrelevante, pero si le aunamos que prevalece un pésimo nivel en la capacitación de las partes procesales y que ello incide en las formas de incorporación, presentación y desahogo de la evidencia en juicio oral; es por lo que, habremos de entender por qué el Estado esta tan interesados en que los Jueces en el ámbito penal conserven las facultades y atribuciones que les corresponden en la búsqueda de la verdad propias de la modalidad procesal inquisitiva pura y con ello subsanar las deficiencias de la Representación social.

13.- Actualmente en juicio, los Ministerios Públicos basan el éxito de sus casos en la flagrancia y en las “confesiones” (sic) previas al juicio, mismas que son desahogadas sin restricciones (convirtiéndose en verdaderas sesiones de lecturas), o con base en evidencia presentada en las formas de terminación anticipada en la lógica de que no existe la negociación de culpabilidad y la cadena de custodia es irrelevante; por lo tanto, el justiciable debe decidir rígidamente; si ir a juicio oral (por una sentencia mayor) o quedarse en la cárcel por un tiempo relativamente menor al optar por una forma de terminación anticipada. Al final, los tiempos que conllevan las sentencias en los delitos de prisión preventiva oficiosa son irracionales, sin importar la forma en como concluye el proceso penal el justiciable será privado de su libertad de forma excesiva (danto la pauta al hacinamiento de las cárceles, autogobierno y vulneración sistemática de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad).

14.- Todo lo anterior, nos permitiría establecer factores que son inherentes a las limitantes que imperan en el ámbito probatorio por la falta de las reglas de evidencia, y su consecuencia, misma que nos permite explicar en un futuro la tendencia, entre la diferencia en las tasas de absoluciones y las formas de privar de la libertad al justiciable, fin principal de los delitos que comprenden la prisión preventiva oficiosa.

15.- Luego entonces, debemos asimilar que la reforma al sistema de justicia penal fue pensada para incrementar la privación de la libertad de los justiciables que cometan delitos que corresponda la prisión preventiva oficiosa.

16- Debemos ser considerar que, respecto de los delitos que implican prisión preventiva oficiosa se estableció un sistema de justicia “clásico” en el que los “hechos” motivos del proceso penal, deben ser juzgados considerando su íntima relación con la privación de la libertad del justiciable y el tipo penal de manera rígida.

17.- Es dable considerar, que en el ámbito de los delitos que les corresponde la prisión preventiva oficiosa, se invierte de facto la carga de la prueba y el justiciable debe probar su inocencia.

18.- La individualización de la pena como un proceso de reinserción social, se vulnera y se transforma en letra muerta, pues el sistema penitenciario se centra más en potencializar los efectos del castigo necesario que le corresponde a la persona privada de su libertad (vía medida cautelar o vía la sentencia) que en fijarse en las posibles oportunidades que tendrán al momento de recuperar su libertad.

19.- Un juicio oral está garantizado por la Constitución, sin embargo, ante el impedimento de negociar las penas, los justiciables se ven obligados, e incluso forzados, a optar por las formas de terminación anticipadas que optar por ejercer su derecho a un juicio oral, y, por lo tanto, no serán juzgados conforme a las formas democráticas que corresponden a un juicio justo y por un tribunal de Enjuiciamiento que respete el debido proceso y el fair play.

20.- Las formas de terminación anticipada y las salidas alternas, implica reducir la proporción de casos que sean decididos por un Tribunal de Enjuiciamiento que deba conocer del juicio oral, pero para que procedan deben ser autorizadas por los Superiores Jerárquicos de los Ministerios Públicos, con lo que se burocratiza el proceso penal en perjuicio de los justiciables.

         III.- Algunas consideraciones a favor de la independencia judicial de nuestros Jueces.

24.- Ahora me ocuparé del tema de la independencia judicial, considerando previamente que, en el curso general de la naturaleza humana, un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale al poder de someter su voluntad. Por tanto, la íntima relación entre la permanencia y los salarios de los jueces respecto de su puesto es un postulado establecido en una Constitución Democrática como la nuestra que debe dar la pauta a la vigencia plena de la independencia judicial.

25.- En aras de entender la relevancia de lo previamente expuesto, valdría la pena considerar los planteamientos contenidos en el Federalista en el que, al ocuparse del tema relativo a la independencia judicial, los autores (A. Hamilton, J. Madison y J. Jay), consideraron que la independencia completa de los Tribunales es particularmente esencial en una Constitución. Y ello es así, pues la independencia judicial es necesaria para proteger la Constitución y a los derechos individuales de los efectos de esos malos humores que las artes de hombres intrigantes o la influencia de coyunturas especiales esparcen a veces entre el pueblo, y que, tienen la tendencia a ocasionar peligrosas innovaciones en el gobierno y graves opresiones en perjuicio de las minorías.

26.- Por tanto, después de la permanencia del cargo, nada puede contribuir más eficazmente a la independencia judicial de los jueces que el proveer en forma estable su remuneración. Pues, la remuneración de los Jueces representa las características propias de prudencia y la eficacia, y puede afirmarse con seguridad que unida a la permanencia en el servicio, asegura la independencia judicial mejor que las constituciones de cualquier Estado en lo que respecta a sus propios jueces.

 27.- Los delincuentes que incurren en delitos que implican prisión preventiva oficiosa, deben considerar que cuando mayor sea la manifestación y efectos de la violencia extrema; mayor será la respuesta del Estado, quien habrá de concebir nuevas facultades y atribuciones que le permitan abatir de forma contundente dichos efectos. Lo que necesariamente implica, fortalecer la independencia judicial.

28.- Ahora que entendemos el valor que tiene la independencia judicial en un contexto en el que la narcoguerra potencializa los efectos negativos de la violencia extrema, bien valdría la pena considerar también que los abogados postulantes entendemos nuestra realidad y los retos que se nos presentan.

 29.- Con todo, debemos reconocer que los abogados postulantes no litigamos ante jurados, y carecemos de reglas probatorias y/o un código probatorio que reduzca el umbral de discrecionalidad de los jueces en el ámbito penal. Con la emisión de dicha normativa, incluso se fortalecerían las técnicas de litigación oral propias de la lógica adversarial.

30.- Una gran mayoría de abogados mexicanos han optado por formarse bajo las reglas probatorias de los EE. UU., Puerto Rico o Inglaterra (en cursos en el extranjero), pero se inadvierte que dichas formas de litigación oral son el resultado de siglos de tradición, práctica y evolución legislativa, que adquieren vigencia y razón de ser, bajo la figura de los jurados. Nosotros planteamos nuestro caso, ante Jueces que son proclives a pretender buscar la verdad (algunos).

31.- A medida que se entienda y asimile la lógica adversarial, se entenderá que las exculpaciones dependerán más de la destreza para materializar las técnicas de litigación oral por parte de la defensa que de la presunción de inocencia del acusado. Por mientras, tendremos que seguir tolerando a Jueces proclives y ansiosos de irrogarse de “facultades y atribuciones en aras de buscar la verdad como si fuesen jueces de la modalidad inquisitiva pura”.

32.- Por último, los invito a sumar esfuerzos para desterrar la legislación de guerra que corresponde al régimen de excepción, pues de lo contrario y en la especie, estaremos ante el nacimiento de un régimen totalitarista en el que las libertades civiles podrán ser gravemente restringidas y las pretensiones por vulnerar la independencia judicial seguirán latentes.

Seamos prudentes y defendamos la independencia judicial de nuestros Jueces, así como un proceso penal más democrático y respetuoso de las libertades civiles.