PRISIÓN PREVENTIVA AUTOMÁTICA

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados establecerá nuevas hipótesis de delitos por los que se amerita prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva automática ampliará el catálogo de delitos que comprende el régimen de excepción contenido en nuestra Constitución, con el ello se potencializará el Derecho Penal de cuño nazi.

El proyecto fue aprobado por 19 votos a favor del bloque Morena-PES-PT, 3 en contra y 4 abstenciones, por los delitos:

· El mal uso de programas sociales con fines electorales;

· La corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; y

· El robo de hidrocarburos y productos petrolíferos o petroquímicos.

La pretensión por ampliar este catálogo en posteriores reformas a nuestra Carta Magna será permanente, pues el morenista Erasmo González llamó a los legisladores a aprobar el dictamen, y señaló que en el futuro habrá tiempo para ampliar el catálogo de delitos, y expresó:

“Reitero la disposición del grupo parlamentario para seguir procesando más delitos y no solamente, reitero, los que se quedaron, sino otros, pero hoy es urgente irnos con los que son de una amplia generalidad, como la corrupción”, sostuvo.

Instaurar un Estado Autoritario encubierto con ropajes democráticos implica transgredir la presunción de inocencia y los los derechos humanos, pues con ese populismo punitivo y la gestión punitiva de la pobreza, muchas personas inocentes serán sujetas a la prisión preventiva automática.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara deja para ser aprobados en un futuro, los siguientes delitos que ameritan prisión preventiva automática:

· Abuso sexual contra menores.

· Feminicidio.

· Robo a casa habitación.

· Robo a transporte de carga.

· Desaparición forzada.

· Transporte de explosivos y portación de armas.

La prisión preventiva automática transgrede la jurisprudencia emitía por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al imponerse en atención al tipo penal y ser una pena anticipada. Véase:

77. Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.  De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.  Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3).  En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida.  Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos.

111. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.  En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.  Este concepto figura en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla general (artículo 9.3).  Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida.  Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos[78].

117. La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente que las causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. En cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas condiciones, deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse.

B) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad

69. Este Tribunal ha observado que la prisión preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática”[55], pues “es una medida cautelar, no punitiva”[56].

106. El Tribunal entiende que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática[144].En este sentido, el Tribunal ha señalado que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva[145].