“La constitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales”

“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.”

Martin Luther King

El debido proceso legal conforme a lo estándares internacionales de Derechos Humanos, debería ser reconocido en nuestro sistema jurídico en el marco en el que resulte posible materializar las garantías mínimas, con el objetivo de que los justiciables tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses, en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal respecto del Ministerio Público y los Asesores Jurídicos que representan a las víctimas.

La ratio essendi consiste en verificar si es correcto declarar inconstitucional el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el agravio de que aun y cuando establezca la posibilidad para que el Juez de Control requiera al Procurador con la finalidad de que éste último este en condiciones de solicitar cualquiera de las hipótesis del diverso 324, consistente en que se subsane la omisión de los Fiscales subalternos, consistente en: presentar en tiempo la solicitud de sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o la formulación de la imputación, y si ello implica una violación al principio de imparcialidad del Juez.

Bajo dichas premias, en dichos amparos en revisión se determinó, la constitucionalidad de dichos preceptos del Código Nacional, y se definieron las facultades y atribuciones del juzgador ante el incumplimiento de las obligaciones del Ministerio Público en los supuesto previamente indicados.

Es claro, que al analizar en el presente caso debemos realizar un examen considerando los Estándares Internacionales de Derechos Humanos para concluir si estamos ante el incumplimiento o cumplimiento por parte del Estado Mexicano de respetar la igualdad, la no discriminación y el respeto al principio dispositivo en los procesos penales, a favor o en perjuicio de los justiciables; pues en el fondo, se debe distinguir, si ¿se antepone antepone la política criminal por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sobre su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos?, y por consecuencia, identificar la forma en como se asumen los compromisos internacionales; lo anterior porque nos resulta claro, el  vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el respeto a los principios de igualdad y no discriminación a partir de entender y materializar el principio dispositivo, y sobre todo, el papel de la víctima en el nuevo sistema de justicia penal.

Con la finalidad de poder identificar si dichas obligaciones internacionales se cumplen o no, es necesario analizar la convencionalidad de las resoluciones emitidas en los Amparos en Revisión 119/2018 y 1087/2017 (aisladas) y que corresponden a las ponencias de los Ministros Norma Alicia Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quienes pertenecen a la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues en los casos concretos se dieron respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Son aplicables al caso concreto los criterios que ha emitido esta Sala respecto de conclusiones no acusatorias, conforme al análisis de diversos ordenamientos procesales?

¿Son aplicables al caso concreto los criterios que ha emitido esta Sala respecto de conclusiones deficientes, conforme al análisis de diversos ordenamientos procesales?

¿Es inconstitucional que el Juez de Control haga del conocimiento del Procurador que el Ministerio Público no cumplió con cualquiera de las obligaciones consistentes en solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación, dentro de los quince días siguientes al cierre de la investigación complementaria?

Véanse las resoluciones:

Amparos en Revisión 119/2018.

Amparos en Revisión 1087/2017.